Tras el asesinato de un servidor de la Dirección de Fomento y Desarrollo Productivo, ocurrido la tarde del martes 14 de noviembre en el centro de la ciudad, la prefecta brindó una rueda de prensa donde arremetió contra dos comunicadores.

«Eso hizo que se abriera una brecha de amenazas. A ese señor le sigo un juicio porque ha puesto en riesgo vidas inocentes, a mi familia y el progreso de Esmeraldas, puesto de que desde ahí trabajamos con zozobra», señaló la autoridad.

En agosto de 2023, el periodista publicó en el medio digital Hoja de Ruta un reportaje sobre el patrimonio de Zambrano, lo cual consta en la documentación pública del sitio web de la Contraloría General del Estado. La noticia llegó a los oídos de la prefecta, por lo que realizó un video de respuesta donde lo insultó, pero no pudo desmentir la información.

Zambrano señaló que puso una denuncia en contra del periodista y que ya van cuatro funcionarios a los que les han arrebatado la vida, por lo que aseguró que ha presentado las denuncias en Fiscalía.

Adicionalmente, aprovechó la situación para atacar al comunicador Sigifredo Quiñónez, quien dirige el medio Etiqueta Negra que informa sobre noticias locales de la provincia. Zambrano lo acusó de «motivar el odio a la prefecta de Esmeraldas» y apuntó que Quiñónez posee supuestos nexos con bandas delincuenciales.

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«Lo que pasa es que, por ejemplo, allá en Pallatanga nos están ayudando con las casas y bueno por el partido ese que nos está apoyando, por eso estamos aquí», le dijo Rosendo Cayambe al periodista Andrés Durán.

El hombre agregó que todavía no les entregan las casas y que el proyecto comenzaría a construirse en marzo, pero aún no arranca. «estamos acá porque lo que ofreció debe cumplir. Nosotros acudimos por eso».

Cayambe expresó que «que lo se ofrece, debe cumplirse y no engañar a la gente como los políticos anteriores que engañan al pueblo». Según su declaración, el jefe político nos dijo que si nosotros no íbamos que nos botaban de la lista de las viviendas». (MIB)

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¿Generales reincorporados?

En una reunión del mando policial de este lunes, Juan Zapata tuvo una reunión con jefes de zona, subzonas y más de 6 mil uniformados. Sin embargo, en la reunión asistieron dos coroneles que el pasado 23 de septiembre fueron desvinculados por el primer mandatario, Freddy Goyes y Giovanni Ponce. La ciudadanía se cuestiona ¿qué pasó con la disposición del gobernante?

Caso de María Belén B.

El 30 de septiembre, el ministro del Interior, Juan Zapata, conversó con el mandatario para que aplace el tiempo de siete días para la captura de Cáceres. Aludió que no es recomendable descabezar a la institución, posterior, Lasso aumentó 48 horas al operativo ¿Zapata sugerirá más tiempo?

En una entrevista, el ministro recalcó que únicamente realiza una función administrativa en el Ministerio del Interior. Destacó el “respeto en las decisiones del mandatario”. El titular aludió a un silencio del estado, “yo no puedo dar más información porque no quiero entorpecer las investigaciones. Nuestros mejores hombres están haciendo esta gestión (…) Que le caiga todo el peso de la ley” expresó con respecto al caso del fugitivo, en una entrevista a un medio local.

Reiteró que los mejores especialistas están en la búsqueda del prófugo. Sin embargo, el pasado 02 de septiembre, policías del “bloque de búsqueda” en el caso fueron encontrados libando con dos mujeres. Según la versión de los gendarmes “fue para adquirir información”.

¿Habrá logros en la gestión de Zapata?

La cabeza del Ministerio del Interior expresó, como un logro del Gobierno, la incorporación de 8.500 hombres y mujeres de la institución. Informó sobre el presupuesto de USD 1.200 millones hasta el 2025 repartidos en: USD 128 millones en equipamiento básico, protección personal, dotación de equipos tecnológicos, medios logísticos y sistemas de drones; USD 4 millones para equipamiento y fortalecimiento de servicio de frontera; USD 9 millones para adquisición vehicular tipo bus y camión; USD 307 millones renovación de la flota vehicular.

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 “El Director Distrital del MIES-Guaranda fue cesado de forma inmediata de su cargo debido a los acontecimientos de dominio público, que comprometen los principios de esta administración e incurren en una falta grave (…) se ha procedido con el inicio de una investigación a los funcionarios que estuvieron involucrados”, expresó el MIES.

En un video que se viralizó en redes sociales se observa a un grupo de funcionarios del MIES saliendo en estado de embriaguez de un centro infantil. Esta no sería la primera vez que el funcionario utilizó las instalaciones del centro y los vehículos para libar, informó Comunicaciones Bolívar.  

“El director haciendo cantina. Señor Max Chango diga por qué hace cantina y todos los colabores suyos oliendo a cantina. Porque se agacha, sea varón Hable señor Max Chango” manifestó un usuario su inconformidad. (A.M.B)

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En la comparencia, Ríos niega que Gottifredi sea su asesor, pero reconoce que son colaboradores hace años. «No es mi asesor, es una persona que conozco hace 12 años». La directora conoció al ciudadano en su paso por la Cámara de la Industria de Cuenca (CIC) y aseguró que es un abogado aduanero más.

«Coincidíamos, yo estaba en las funciones de presidenta ejecutiva de la CIC y el era presidente de la Cámara ecuatoriana americana en Cuenca. No es funcionario público. No está en mi despacho», dijo.

Según un reporte de Teleamazonas, Ríos y Gottifredi trabajaron juntos en una de las empresas importadoras más grande del país.

¿Quién es Francisco Gottifredi?

Gottifredi es un abogado cuencano, miembro de la directiva en Azuay del partido de Gobierno, CREO. Es socio de la firma Gottifredi Pozo, junto con Fabián Pozo, quien además, es esposo de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Por lo que existiría un posible conflicto de intereses.

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“Me fui porque creo que puedo ser más útil en otros espacios. Creo que hemos un trabajo bueno en lo que hemos podido. Tenemos un diagnostico bastante claro de lo que pasa y también de las posibilidades de avanzar y los frenos que se tienen. […] Voy a aportar desde afuera desde la construcción de los barrios de paz y la implementación de jueces de paz en las zonas denominadas rojas”, dijo la experta en entrevista con A Primera Hora.

Los resultados que arroja la Comisión de Pacificación son poco alentadores. Al menos el 10% de los funcionarios del sistema carcelarios, policías, guías, funcionarios, trabajan para las bandas delictivas. “Nada de lo que está pasando sucedería si no existiera la complicidad de los funcionarios. No se tendría el vínculo interno y externo si no estuvieran involucrados”.

Para Curbelo no existe un rechazo generalizado a la corrupción que alimenta los problemas de violencia e inseguridad en el país. “La corrupción mata tanto como una bala. Impide que tengamos salud, educación. Hay que abordar este tema como lo que es: un asesinato social”.

Represión más que rehabilitación

Sobre su salida dijo que fue una etapa de gran aprendizaje. “Enfrentarse a mundos así es complejo. Por la misma razón que entré a la comisión salgo de ella. Para buscar una forma que me permita hacer más rápido lo que quiero hacer. Hay limitaciones y no me interesa que me usen. Yo soy muy independiente. […]  No me interesa estar en algo que a veces no comparto”.

Añadió que se está enfatizando más en la represión que en la rehabilitación y eso es algo que no comparte. “La Roca es una muestra de eso. […] Es una cárcel pensada para una represión, un castigo extremo. Tal como está pensado es un lugar de castigo y aislamiento total”, expresó. MIB

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«Hacemos el lanzamiento oficial de la web http://depuracionec.com para ayudar al Presidente Guillermo Lasso a depurar las instancias gubernamentales de infiltrados correístas que representan estancamiento, corrupción y amenaza de desestabilización», escribió en su Twitter.

No quedó allí. Balda se refirió a los funcionarios «correístas» como «corruptos» y una «plaga» que debe controlarse. «Los correístas corruptos son la peor plaga y debe ser neutralizada en la sociedad. Si no lo hacemos volverán a saquear el Ecuador y reinará la impunidad. No importará quién gobierne, lo corromperán y se tomarán el gobierno y el país. Por ello debemos actuar antes que sea tarde».

Reacciones

La abogada Dolores Miño reaccionó sobre las declaraciones en un tuit. «¿Depuraciones? Esto es persecución política, y contradice los más básicos fundamentos de una democracia! ¿Guillermo Lasso usted apoya esto?».

La asambleísta de UNES, Jhajaira Urresta también se pronunció. » Guillermo Lasso, Fernando Balda perseguidores de la democracia en Ecuador. Auxilio CIDH y Defensoría del Pueblo vivimos en lawfare constante, atentando la democracia y la dignidad de la política participativa».

El formulario

El formulario de la página web solicita la provincia, el nombre completo del funcionario, la dependencia en donde trabaja y la «relación política o de otra índole con la organización criminal de los prófugos y sentenciados u otros».

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En un afán de blindar al presidente Guillermo Lasso, quien no compareció ante la Comisión”, Correa indicó “solo responderé a lo que concierne a mi cargo como secretario de la Administración Pública desde el 24 de mayo de 2021”.  

De manera que no respondió si él tenía acciones en Banisi, banco relacionado Lasso en Panamá o si fue gerente de Livercostas, a pesar de que la Superintendencia de Compañías lo indicaba así antes del 24 de mayo.

El funcionario agregó que “desde que soy secretario cumplo con la ley”. Se negó a dar la información fuera de ese período y que permitiría entender los presuntos nexos del presidente con empresas en paraísos fiscales. De esa forma, determinar si existe una violación a la Constitución y el pacto de Ética.

Ante las preguntas de la asambelísta Victoria Desintonio, el asambleísta Diego Ordóñez acudió en su auxilio y calificó de “impertinentes” las interrogantes de la legisladora. “¿Cómo se le puede preguntar sobre unas supuestas transferencias insinuando que no se hicieron como funcionario?”, dijo en una parte de su intervención y solicitó que las preguntas no afecten a la intimidad de Correa.

Por otro lado, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, no asistió a la comparecencia y se excusó por medio de una carta.

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“Considerando la necesidad de evaluar y mejorar nuestro equipo de trabajo, cumplo con disponer que ponga a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción; así como, la renuncia a los contratos de servicios ocasionales, respectivamente a consideración de la suscrita de manera inmediata”, dice parte del comunicado.  

Entre los miembros del equipo Legislativo se encuentran Cecilia Velasque, coordinadora general de Participación Ciudadana; Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales y Gustavo Isch, secretario de Comunicación, quien fue parte del gabinete de Moreno. 

También el coordinador general de Protocolo, Paul Abad; el asesor institucional y exasambleísta por Pachakutik, Eddy Peñafiel; asesor de Presidencia, Oscar Sánchez y la asesora política, Diana López.  

Contratos en la Asamblea

Llori también se defendió de las acusaciones de reembolso de viáticos en un viaje. «Estuve 3 días en Guayaquil y 3 días en Tena, no un día como mienten en redes sociales. No tengo viáticos sino reposición de gastos, no escojo hoteles donde me hospedo, es responsabilidad de equipo de avanzada», explicó.

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José Yúnez ocupará la Secretaría General de la Presidencia, Galo Robalino será el nuevo director del Centro de Inteligencia y Ralph Suastegui ocupará la dirección de CNT.

«Tengo el agrado de conocer a los tres nuevos funcionarios. De Ralph puedo decirles que desde muy joven entró a trabajar a la fundación Ecuador Libre. Como saben ese es el tanque de pensamiento que sostiene los planes de Gobierno y de CREO desde el 2012», dijo Lasso de Suastegui.

«Galo Robalino assume la dirección del Centro de Inteligencia que debe ser al servicio del Estado ecuatoriano, no del partido de gobierno», explicó el mandatario.

Sobre Yúnez, Lasso dijo que lo conocía por su trabajo en el sector público y la «honestidad» que lo caracteriza.

El presidente tuvo un pedido para los flamantes funcionarios. «Les pido que lean el Código de Ética que consta en el decreto 4 y que obliga a los funcionarios del gobierno cumplir con determinadas normas como la prohibición del nepotismo», precisó

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«El ataque que sufrió CNT es una consecuencia de la falta de estructura y procesos internos. En medio de las investigaciones llevadas a cabo existe una fuerte sospecha de colaboración interna», dijo la ministra Vianna Maino.

Entre las acciones que tomarán está: designar a un experto que evalúe la situación real de CNT, también se declaró el Estado de emergencia institucional en la compañía para poder tomar acción.

Además se realizará una auditoría externa con expertos a nivel internacional y dotarán a CNT de un grupo de expertos en cyber seguridad. Para este objetivo van a crear la Agencia Nacional de Cyberseguridad.

También se anunció que guardarán la información en nubes internacionales y no solo en servidores físicos locales.

Secuestro de información

El ataque pertenece al virus informático de la familia RansomEXX y mantendrá los datos incriptados hasta que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) pueda resolverlo o se efectúe un pago de USD 90 millones.

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Entre abril y junio de 2021, Zárate ocupó el cargo de contralora subrogante debido a que Celi estaba en prisión por el proceso penal que se lleva en su contra.

«Recibí llamadas con distintos tonos. Una persona que se hizo pasar por Fabián Pozo, Secretario jurídico de la Presidencia. Me dijo que el presidente Lasso estaba preocupado por Contraloría, que tenía una semana para cambios estratégicos y que me entregarían una lista de nuevos funcionarios», dijo la exfuncionaria.

Siete días después llamó la misma persona con un tono hostil. Zárate siguió la corriente para sacarle información. «Te dimos una semana. Viste lo que pasó a José Augusto Briones. Que pena ¿no? Y me colgaron».

Incendio e información

Zárate indicó que la Secretaría general y archivo general se incendiaron, pero los documentos pudieron recuperarse.

El incendio de octubre de 2019 afectó las áreas de talento humano, predeterminación y responsabilidades. En el caso de ésta última, la información de procesos se perdió por lo que pidieron que las personas que tenían pendientes envíen sus pruebas y documentos. En total tenían que realizar 22.858 reposiciones, solo se han entregado 4.294.

A pesar de que Carlos Riofrío, actual responsable de Contraloría indicó que se reconstruyeron todos los informes no ha remitido nada de información a la Comisión de Fiscalización.

Zárate también explicó que se calificaron 1.000 informes pasados del tiempo reglamentario y que no se han tomado medidas sobre el asunto.

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“Desde el 1 de julio se realiza el retorno progresivo al trabajo presencial. Los ciudadanos que tienen la segunda dosis de la vacuna y han pasado los 14 días en el proceso de inmunización o aquellos que se han recibido vacunas unidosis y que tienen los 14 días de inmunización”, dijo el funcionario en rueda de prensa.

El aforo lo maneja cada institución del Estado central. También controlará el número de contagiados y vacunados. “Mantener la disciplina, permitir la circulación de aire en los lugares del trabajo, distanciamiento social, lavado de manos y que todos los ecuatorianos nos vacunemos”, añadió.

El pasado 17 de junio, Donoso aseguró que “el plan será progresivo y seguro”, lo que indica que no todas las instituciones regresarán a la normalidad laboral de forma inmediata.

Cambios en la vacunación

Desde el  5 de julio se adelantan los grupos de edad. Durante la semana se vacunarán diariamente las personas de 55 años (lunes 5), 54 años (martes 6), 53 años (miércoles 7), 52 años (jueves 8), 51 años (viernes 9), 50 años (sábado 10) y 49 años (domingo 11). Las personas con enfermedades agravantes se seguirán vacunando de acuerdo a la programación por grupos de edad hasta el 18 de julio.

El sábado 3 y domingo 4 de julio, todos los Centros de vacunación del país estarán abiertos, para atender a las personas de 56 años para arriba que no se han vacunado todavía. El lunes 12 de julio se inicia la Fase 3, que tiene como objetivo reducir la transmisión comunitaria, se vacunará diariamente por grupos de edad de los 16 hasta los 48 años.

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Y aunque los gobernantes pueden escoger a funcionarios diplomáticos de cuota política, un gran número de ellos debe tener carrera diplomática para atender problemas de los ecuatorianos residentes. No obstante, Moreno también designó su cuota política en esos cargos.

Cuota política

En el caso del embajador de Ecuador en España el puesto fue ocupado por Cristóbal Roldán, padre del exsecretario de Gabinete, Juan Sebastián. Roldán estuvo desde 2017 en el puesto.

En una entrevista en 2020 para diario El Comercio, el embajador dijo que era necesario tener embajadores de cuota política y cito de ejemplo a Ivonne Baki, embajadora en Estados Unidos. «Gracias a ella hay un gran acercamiento a organismo financieros internacionales, como el BID, BM o el FMI, o que gracias a su labor se pudo concretar la visita oficial del Presidente Moreno a Washington», dijo.

Cónsul en Miami

A diferencia de España, por el Consulado de Ecuador en Miami sí cambiaron de funcionarios. Pamela Jalil ocupó el cargo hasta 2020 cuando Moreno nombró a Francisco José del Castillo Andrade que posee procesos judiciales por estafa en 2017 y 2019; por cobro de dinero en 2018 y 2019; deprecatorio en 2017 , ;inspección preparatoria; ejecución de laudo arbitral; pago de haberes laborales; confesión judicial; entre otros, publicados en la página oficial del Consejo de la Judicatura.

Hasta 2020, en España, 133.084 residentes son ecuatorianos. En Miami viven alrededor de 100.000. En esta ciudad estadounidense así como Nueva York o Nueva Jersey, el retraso en la emisión de pasaportes es un tema del que aún se quejan los residentes, problema que se ahondó con la pandemia.

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Al inicio de su gestión manifestó que su trabajo estaría enfocado en mejorar la calidad de los servicios y prestaciones de la Seguridad Social, para el beneficio de afiliados y jubilados. En Chimborazo se registran 55.055 afiliados generales, 4.750 afiliados voluntarios, 2.955 trabajadores del hogar, 17.663 empleadores y 54 mil beneficiarios del Seguro Social Campesino.

Carrasco reemplazó al Carlos Mora García en la institución pública. Llegó a su cargo como abogada de la Universidad Estatal de Bolívar y magíster en Derecho Laboral. Además, es especialista en Consulta Jurídica Laboral y posee un diplomado en Contratación Laboral.

Funcionarios se aprovechan de este recurso

Con 124 votos, el pasado 13 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional decidió censurar y destituir de su cargo a Christian Antonio Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por incumplimiento de funciones y obtener un carné de discapacidad de forma irregular. La asambleísta de la Revolución Ciudadana Marcela Holguín solicitó investigar los beneficios que adquirió con este recurso una semana previa al hecho.

Este documento, entregado por el Ministerio de Salud Pública desde el 2013, representa importantes beneficios como la exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos y devolución del impuesto al valor agregado (IVA). Además, otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, ascensos y nombramientos en la función pública.

Alrededor de 3.000 personas recibieron el documento de forma ilegal, entre ellos; Marcia Arregui, Fabricio Villamar, Israel Cruz y el periodista Fernando Villavicencio.

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Al primer mandatario lo acompañarán su esposa, Rocío González, que es presidenta del Comité del Plan Toda Una Vida, Caridad Vela, secretaría de comunicación de la Presidencia, el canciller Luis Gallegos, y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki.

A estos cuatro funcionarios se unen el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. También el ministro de Economía, Mauricio Pozo. Ambos ya viajaron a Estados Unidos entre el 12 y el 15 de enero pasado.

“El Presidente mantendrá encuentros con autoridades del Congreso, representantes de entidades de cooperación internacional, relaciones internacionales, comercio, asuntos ambientales y organismos multilaterales de financiamiento”, dice el comunicado de la Secom, que da cuenta del Decreto Ejecutivo firmado por Moreno.

Viaje de Lenín Moreno

El pasado 12 de enero, Moreno pospuso su viaje a Washington debido al asalto al Capitolio. “Roldán asistirá a encuentros de alto nivel relacionados con temas económicos, de salud. Ultimará detalles para el viaje del señor presidente cuya fecha se anunciará próximamente. El secretario tendrá la compañía del ministro de Economía, Mauricio Pozo y Salud Pública, Juan Carlos Zevallos”, informó el Ejecutivo en esa ocasión.

Reuniones en zoom

Roldán, Zevallos y Pozo viajaron a Estados Unidos para negociaciones de salud y economía. Sin embargo, una fotografía lo mostró a él y al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos en una reunión por zoom en la embajada de Ecuador en la capital estadounidense.

«En nuestra agenda prima el trabajo permanente y articulado en cooperación internacional. En esta ocasión, queremos impulsar la colaboración para un acceso a un mayor número de vacunas. También fortalecer la relación económica entre Ecuador y los organismos multilaterales», escribió Roldán en un tuit.

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El comentario del funcionario aparece en un audio donde se refiere a las quejas sobre el espacio que ocupan las obras del premio Mariano Aguilera en el Centro de Arte Contemporáneo.

«Los cartones» a los que hace referencia Sacoto son una serie de obras llamadas «Regeneración Urbana» del artista guayaquileño Juan Pablo Toral, quien ganó el Mariano Aguilera en 2004. El premio es considerado el más importante del arte en Ecuador y se entrega desde 1917.

Toral explicó a un medio que su obra eran en efecto unos cartones que reflejaban la silueta de los mendigos guayaquileños que en ellas dormían. Toral los llevo al Parque Centenario a realizarse unas fotos y la serie de cartones se convirtió en una crítica y denuncia a la desbordante mendicidad que aquejaba a la «Perla del Pacífico».

“Desde que recibí el premio hubo bastante polémica, pero los expertos y los críticos la han catalogado como una pieza que marcó un antes y un después en el arte contemporáneo del país. Como bien dice este funcionario, son cartones que sirven para una fogata, pero también es una obra que 16 años después sigue activando debates y reflexiones”, dijo Toral en una entrevista.

Darles en la trompa a la Fundación Museos

En los audios, Sacoto también habló sobre su intención de destronar a la Fundación Museos, una columna importante para el mantenimiento de los museos de la Capital.

«Como director de Creatividad, Memoria y Patrimonio; yo apunto lo mismo que cuando comenzamos, yo quiero darle en la trompa a la Fundación Museos y yo quiero destronar a la Fundación Museos y eso se logra con un Centro Cultural Metropolitano (CCM) fortalecido. Eso es lo que voy a pelear y eso es lo que yo quiero», dijo

El funcionario agregó «Si se municipaliza la Fundación Museos, pues que pena. Yo quiero restregarles en la cara todo lo que nosotros hemos venido haciendo y logrando sin recursos, sin quejarnos, sin estar llorándole a nadie», dijo.

Sacoto se defendió y le dijo al El Comercio que “lo que estaba haciendo era una arenga porque hemos pasado una etapa larga, compleja y de muchísimo trabajo y están un poco fundidos. La idea era arengarlos para poder meter ñeque. Estrictamente, lo que quiere decir esta frase de darles en la trompa es gestión”.

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Durante 2015 y julio del 2020, “Aguilar y otros participaron en una conspiración para pagar y ocultar sobornos a funcionarios ecuatorianos de ese entonces, incluida la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador). Con el fin de obtener y retener negocios para la empresa comercial”, indica el comunicado del organismo.

El documento continúa especificando el monto de USD 300.000 como la coima entregada a funcionarios públicos, a cambio de beneficios para la empresa.

Sin embargo, la justicia norteamericana afirmó que, según varios documentos sujetos a investigación, la cifra prometida por Aguilar a los funcionarios ecuatorianos ascendía a los USD 870.000 dólares.

Actualmente, el caso sigue en proceso de investigación. El Departamento de Justicia de los EEUU declaró que se presume la inocencia de Aguilar hasta que el proceso demuestre lo contrario. Así también, manifestó que, por el momento, los otros nombres de los implicados en este delito se mantienen en reserva.

Los cargos

Javier Aguilar, mexicano de 46 años,  trabajó como gerente comercial de la petrolera, en Houston. Según el Departamento de Justicia de los EEUU, Aguilar y otros funcionarios habrían sobornado a funcionarios del Gobierno ecuatoriano. Con el objetivo de beneficiarse ilegítimamente de contratos con la compañía.

En EEUU, Aguilar enfrenta cargos por lavado de activos y, también, por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Según la justicia estadounidense, Aguilar no solo habría entregado sobornos a funcionarios públicos del Ecuador. Además, falsificó acuerdos de consultoría para encubrir a los intermediarios de las coimas. (JEB).

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“400 personas fueron separadas de sus puestos como parte del proceso de preliquidación. Mantendremos la nómina al mínimo y esperamos que en 15 días se les entreguen sus liquidaciones a través de un proyecto de inversión de la Empresa coordinadora de Empresas Públicas”. Esas fueron las palabras que usó Madero para justificar el desempleo.

Por otro lado, el gerente indicó que el pasado 30 de julio se pagaron las remuneraciones a 774 trabajadores, a quienes se les debía los salarios de abril, mayo, junio y julio. Muchos de estos funcionarios realizaron plantones para exigir los pagos.

Madero informó que existen 800.000 paquetes sin entregar, ya que el ciudadano debe pagar por el envío. Las personas que quieran acceder a la paquetería pueden ingresar a la página web de Correos del Ecuador a la sección Avísame.

Para hacer frente a la liquidación, la compañía realizará un cruce de cuentas con el Sector Público para saldar pagos pendientes. De igual forma se escribieron 52 cartas de cobro de los servicios postales en Asia, Oceanía y África.

El gobierno se justifica en cierre de empresas

El 19 de mayo de 2020, el presidente Lenín Moreno dispuso la extinción de ocho empresas públicas y la supresión de tres más. Sin embargo, para el 18 de julio, volvió a firmar otro decreto para aplazar por 60 días más la existencia de siete empresas públicas. Se trata de Medios Públicos, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Tame, Siembra y la Unidad Nacional de Almacenamiento.

Una semana después, 500 trabajadores de los Medios Públicos fueron notificados. De los 112 que quedaron, el 80% pertenece al área administrativa. Con los nuevos despidos de Correos del Ecuador, la lista de despedidos en menos de un mes ya suma 900 familias sin sustento.

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Según la investigación de la FGE, los procesados solicitaban y emitían documentos a favor de los reos para otorgar beneficios penitenciarios y logren la libertad bajo la modalidad de prelibertad o semiabierto. Los procesados laboraban en las áreas de dirección, salud, educación y gestión judicial.

En el allanamiento, las autoridades encontraron nueve teléfonos móviles, equipos electrónicos y documentación, los cuales fueron presentados durante la audiencia de formulación de cargos. El Juez señaló el inicio de la instrucción fiscal de noventa días. De ser culpables, los procesados enfrentarían una pena de uno a tres años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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