Este es el segundo caso de un periodista que tiene que abandonar el Ecuador. La primera en hacerlo fue Karol Noroña, reportera de GK, que cubría la crisis carcelaria y el crimen organizado. 

La Fundación informó que denunció las amenazadas desde hace ocho meses a diferentes autoridades nacional como la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y el Consejo de Comunicación.

Sin embargo, no se habrían tomado las acciones necesarias y las llevadas a cabo «resultaron revictimizantes y sometieron a la persona en cuestión a mayor vulnerabilidad y riesgo».

«Como Fundación exigimos a la Fiscalía y al Consejo de Comunicación que revisen sus mecanismo de atención a periodistas amenazados y que diseñen e implementen un protocolo adecuado y ajustado a normas e instrumentos internacionales (…) no queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida», reza el comunicado.

El Consejo de Comunicación se pronunció en sus redes sociales. Replicó que se contacto con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para gestionar asistencia policial. También manifestó que mantienen una política y mesas técnicas de protección para profesionales de la comunicación.

Sobre la denuncia

1. El 13 de abril del 2023, a las 09:37, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre la reciente amenaza de muerte que había recibido. La víctima le consultó si existía la posibilidad de hacer una denuncia por vía telemática, porque temía salir de su vivienda, pero la abogada le dijo que eso no sería posible y le explicó que todas las denuncias, sin importar de qué tipo fueran, se deben realizar de manera presencial. 
2. En la misma llamada, la abogada del Consejo de Comunicación le recomendó a la víctima que ingresara al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal de la Fiscalía (SPAVT). La víctima quiso conocer cómo funcionaba este mecanismo, pero solo le enviaron un documento con información resumida de en qué consiste el SPAVT. Ese texto, obviamente, no podía absolver todas las inquietudes que derivan del ejercicio periodístico, el mismo que podría entrar en conflicto con el SPAVT. Enviar un archivo pdf con información inútil en un contexto de amenaza contra la vida es un maltrato contra cualquier periodista en condición de riesgo y contra el periodismo en general. Este episodio también evidencia la falta absoluta de protocolos estatales y la falta de interés de las autoridades por garantizar la seguridad de los periodistas en Ecuador, aunque esta es su responsabilidad ineludible. 
3. La víctima hizo una segunda llamada, esta vez a un funcionario de la Fiscalía, quien le recomendó poner la denuncia de manera presencial, pese a su historial de amenazas. 
4. De forma incomprensible, la denuncia quedó asentada como intimidación y no como amenaza de muerte, pese a la insistencia de la víctima. De nuevo, esto revela la ausencia de protocolos para atender a una persona con reiteradas amenazas en contra de su vida.
5. Aunque había un riesgo inminente, una funcionaria de la Fiscalía envió a la víctima a sacar una copia de su cédula y a comprar un sobre manila en un local ubicado fuera de esa dependencia porque, según ella, no tenía material. Si la amenaza tenía como origen una peligrosa banda delincuencial, como lo relató la víctima, enviarle a comprar fuera de la Fiscalía es, por decir lo menos, una gran irresponsabilidad. La víctima era vigilada de manera permanente y temía por su vida en cualquier lugar. 
6. A todo esto se suma que la funcionaria le informó que esa denuncia iba a ser enviada a su localidad de origen debido a que esa ciudad había sido el escenario de los hechos. Consideramos que este es el punto más preocupante y que merece una revisión inmediata por parte de la Fiscalía General. Los casos de periodistas amenazados no deben ser tratados en las dependencias más cercanas de la Fiscalía o de la Policía pues las amenazas surgen, precisamente, en esos contextos. Derivar el caso al lugar de origen de la amenaza solo traería como consecuencia mayor exposición para una víctima, para su equipo de trabajo y para su familia. Exigimos que estos casos de alta vulnerabilidad sean tratados desde Quito, así como ocurre con casos de crimen organizado de alta peligrosidad.

Exigencias

La Fundación exhorta a las autoridades estatales a implementar verdaderos programas de capacitación para su personal, de carácter permanente y acorde con los niveles de riesgo que la prensa enfrenta en Ecuador para garantizar su libre ejercicio.

El primer caso

El 28 de marzo, el medio digital GK informó que su periodista Karol Noroña tuvo que abandonar el Ecuador debido a que su vida corre peligro.

A través de un comunicado, GK anunció que accedieron a información que amenaza la vida e integridad física de su reportera, debido a “su trabajo periodístico en la cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado”.

Por protocolos de seguridad, non es posible revelar su paradero. Sin embargo, está en un destino seguro y cuenta con una red de apoyo.

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En lo que va de las manifestaciones, la Fundación Periodistas Sin Cadenas denunció la agresión física de 13 periodistas y algunas detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional.

En la manifestación del 14 de junio en la provincia de Cotopaxi, el periodista Luis Alfredo Chiluisa y su camarógrafo del medio de comunicación Cordillera recibieron agresiones por grabar el brutal ataque que recibía un manifestante por parte de policías y militares.

Los agentes golpearon y amenazaron a los periodistas con la detención. Además, los agentes involucrados rompieron uno de los celulares de los agredidos. Frente a los hechos, la Policía emitió un comunicado ofreciendo disculpas y asegurando que el hecho se investigará.

«La Policía Nacional ha Dispuesto a la Dirección Nacional de Asuntos Internos el inicio de un proceso administrativo en el que se determine la responsabilidad de servidores policiales en el hecho», dice el comunicado.

Detenciones arbitrarias

Asimismo, en la noche del 15 de junio detuvieron a David Toctaguano, periodista y estudiante. Los agentes policiales vestidos de civiles que lo arrestaron se negaron a identificarse. Horas más tarde lo liberaron.

Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció el 15 de junio, el arresto de José Ayala y Efraín Alajo, miembros del grupo de relaciones públicas de la organización.

Agresiones por parte de manifestantes

Así también, la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios) dio a conocer la agresión de Juan Carlos Sola y Brayan Borja. Ambos periodistas del medio digital La Voz Ciudadana EC. Un grupo de manifestantes en Guaranda les propinaron golpes y palazos, impidiéndoles que graben.

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