En Ecuador durante los últimos años, USAID ha destinado fondos a Fundamedios, una ONG que se presenta como defensora de la libertad de prensa, pero con cuestionamientos sobre su respaldo a comunicadores identificados con posiciones no progresistas. Además, se registraron aportes a otras organizaciones de la sociedad civil y proyectos que, si bien promueven la gobernabilidad y la transparencia, también tienen un mecanismo de influencia en la política interna ecuatoriana.

La presencia de USAID en Ecuador fue objeto de controversia en administraciones pasadas. Durante el gobierno de Rafael Correa, la agencia fue expulsada en 2014 bajo acusaciones de injerencia en asuntos internos. Sin embargo, en 2019, bajo la presidencia de Lenín Moreno, se reactivaron los acuerdos de cooperación, permitiendo nuevamente su operación en el país.

Organizaciones críticas con la presencia de USAID en Ecuador señalan que su financiamiento podría estar sesgado hacia grupos afines a la política exterior estadounidense, debilitando el desarrollo de una prensa verdaderamente independiente y de una sociedad civil autónoma.

¿Injerencia política?

En 2011, la investigadora estadounidense Eva Golinger aseguró que muchas organizaciones ecuatorianas, algunas vinculadas al movimiento indígena, recibían fondos financieros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la USAID y la NED (National Endowment for Democracy) para desestabilizar la administración del presidente Rafael Correa.

De igual manera, señaló que la exasambleísta de Pachakutik y actual prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán formaba parte de la Corporación Empresarial Indígena, misma que recibía recursos de la USAID. También resaltó que su asesor era Norman Baily, «veterano» de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA), quien fue jefe de una misión especial de inteligencia del gobierno de EE.UU., en Cuba y Venezuela.

“La USAID ya no es lo que fue en un principio: una organización que ayuda al desarrollo, a fines humanitarios. Ahora tiene objetivos políticos y más que todo en América Latina», resaltó.

Financiamiento

En 2024, varios acuerdos vinculantes entre organizaciones ecuatorianas y Estados Unidos han dado lugar a millonarios desembolsos. Según ForeignAssistance.gov, estos acuerdos son compromisos formales que resultan en desembolsos inmediatos o futuros, que pueden incluir contratos, subvenciones y otros tipos de asistencia:

• Futures Group Global; organización dedicada a mejorar la salud y el bienestar, firmó un acuerdo por USD 14,1 millones.
• Corporación Favorita; una conocida empresa ecuatoriana, recibió un proyecto de asistencia por USD 3 millones.
• Fundación Pachamama; dedicada a la conservación de los ecosistemas amazónicos, firmó un acuerdo de USD 4,8 millones con USAID.

Fundamedios y Participación Ciudadana

Corporación Participación Ciudadana, dirigida por Ruth Hidalgo, ha sido una de las organizaciones más críticas hacia los gobiernos progresistas en Ecuador. En 2024, recibió USD 627.343 de USAID para el «Proyecto de Asociación Innovadora entre Democracia y Gobernanza».

Por su parte, Fundamedios, una ONG defensora de periodistas y medios que no siguen la línea del progresismo, fue objeto de controversia durante años. En 2012, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Adam Namm, indicó que la organización había recibido USD 300.000. En 2024, esta ONG continúa recibiendo apoyo.

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El medio digital habría publicado un video sobre la detención de Topic hace cuatro años, por la agresión a su hermano. Según Fundamedios, esto sería un «intento de censura a la radio».

El mensaje señala que es un hecho aislado y por el cual no existe un proceso legal. De acuerdo con el abogado, este clip podría causar un impacto negativo en la vida de su defendido.

Además, recalcó que la información pudo ser relevante en ese momento, sin embargo, ahora es «obsoleta e irrelevante».

«Solicito la eliminación del video o bien, la pseudo anonimización de datos personales”, reemplazando el nombre de Jan Topic por una “X”, o la “desindexación”, indica.

La página web a la que redirige el correo, con la firma del abogado, no funciona. No obstante, esta le pertenecería a corporativo Lawyers And International Auditors In Data Protection LLC, cuyo domicilio es Miami, Estados Unidos, recopiló Fundamedios.

Por su parte, Garzón indicó que le preocupa ceder a esa petición, pero cambiará el nombre de Topic por una «x» y hará público el correo.

El polémico video

Además, en el mismo año, la jueza Yessenia Mogrovejo solicitó prisión preventiva en su contra por el presunto delito de violencia intrafamiliar. La Policía llevó a los hermanos Topic a una Unidad Judicial luego de que se denunciara una pelea entre los dos en su domicilio.

Según la parte defensora, cuando Topic llegó al domicilio de Andjelko Topic (hermano) lo atacó cuando estaba en la cocina. Uno de los empleados de la casa indicó que el agredido estaba totalmente ensangrentado y no podía ingresar a la casa.

Jan, quien estaba acompañado por su padre, indicó que la propiedad era suya y al llegar notó que la casa estaba habitada. Según él, su hermano le habría atacado primero, por lo que lo golpeó “en defensa“. (N.J.C)

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El 5 de junio gran parte de los trabajadores del medio de comunicación fueron despedidos. Una fuente confirmó Fundamedios que fueron notificados a través de llamadas telefónicas. La razón sería una »reestructuración».

Por otro lado, les informaron que ya no se venderá la versión impresa del diario, sino que solo permanecerán en el ámbito digital. La empresa está atrasada con el pago del IESS y con cuatro salarios.

¿Y los sueldos impagos?

A los empleados que se mantienen en el medio de comunicación les informaron que los últimos cuatro sueldos impagos les entregarían poco a poco. Hasta el momento el correspondiente al mes de febrero en los próximos días y el salario de marzo en aproximadamente 3 semanas.

Sin embargo, esta »solución» no implicaría ningún tipo de alivio, al contrario se incrementa la incertidumbre. A inicios del 2023 llegó un representante y reunió a los trabajadores en un auditorio.

En la reunión manifestó que el medio de comunicación no quebraría, y ofreció ponerse al día con las obligaciones laborales en tres meses pero no se cumplió.

Los jubilados

El Grupo El Comercio también adeuda a 300 personas por jubilación. Se suponía que el 25 de abril de 2023, la Junta General de Accionistas del diario se iban a reunir para conocer y resolver el “ejercicio económico 2022”. 

Sin embargo, el 1 de mayo, varios de los jubilados mencionaron para Radio La Calle que los dirigentes les mencionaron que no hay dinero. Asimismo, que se pretendía pagar en cuotas.

El Fantasma González

El mayor accionista de Albavisión, Ángel González, mejor conocido como el “Fantasma González” apareció con la ayuda de los hermanos Alvarado en el 2015, en la política.

El 25 de mayo Fundamedios publicó un informe sobre los balances financieros de este medio. El documento expuso un presunto deterioro administrativo, pues el mayor accionista de este medio de comunicación se habría auto prestado USD 8 millones y logró eliminar un hipoteca sobre una planta de El Comercio. (A.G.M).

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El director de Fundamedios, César Ricaurte señaló que recorrió 17 provincias y «pudo evidenciar que los medios estarán sufriendo una crisis en su credibilidad”.

La organización enfatizó en que la certificación fue evaluado con «altos estándares de la industria» desarrollados en Estados Unidos y Europa , y adaptados a la realidad ecuatoriana. Uno de los objetivos es que los medios puedan ser reconocidos por la audiencia como fuentes creíbles y cumplidores de estándares de calidad internacionales.

Cuestionamientos a Fundamedios

Para el jurista constitucional, Romel Jurado Fundamedios ha jugado un papel muy triste en la historia de los derechos de la comunicación social en el Ecuador. A pretexto de la libertad de expresión «siempre ha estado de parte de las empresas mediáticas», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Agregó que no es algo nuevo que «intente colonizar ciertos espacios respecto a los medios de comunicación digitales».

En las protestas de junio del 2022, Radio La Calle junto a otros medios de comunicación fueron víctimas de hackeo. En este sentido la organización reportó los altercados pero recalcó que los medios de comunicación eran “plataformas de opinión identificadas con el correísmo”.

Una tendencia evidente

Varios casos dejan en evidencia la inclinación ideológica de la ONG que dice proteger la libertad de expresión a los medios de comunicación. En la trama de la falta de pagos a los extrabajadores de El Comercio, Fundamedios involucró al correísmo.

Se presume que los hermanos Alvarado entregaron en bandeja de plata el medio de comunicación a Ángel González más conocido como «el fantasma». El objetivo de estas «facilidades» habrían sido para que el control editorial beneficie al correísmo.

Sin embargo, estas acusaciones no indican cómo los presuntos negociados con los hermanos Alvarado y el correísmo influye en la falta de pagos y la irresponsabilidad en las obligaciones con los exempleados y colaboradores de El Comercio.

¿Quiénes están detrás de Fundamedios?

Entre los socios ecuatorianos de Fundamedios se encuentra el caricaturista de El Universo, Xavier Bonilla Bonil, quien claramente ha expresado su tendencia política y carece de crítica al Gobierno de Guillermo Lasso.

Otro de los aliados de Fundamedios es el periodista y director de la Revista Plan V Juan Carlos Calderón, un «fuerte crítico» de la investigación periodística «El Gran Padrino», en donde se expusieron presuntos entramados de corrupción en el Gobierno de Lasso, señaló que este trabajo no tenía voluntad de verdad, sino de espectáculo.

A ellos se suma, el periodista Christian Zurita quien investigó el «Caso Arroz Verde» o «Caso Sobornos» junto al actual asambleísta, Fernando Villavicencio. En la investigación se reveló el presunto mecanismo de sobornos en el período del expresidente Rafael Correa.

Zurita tiene bien marcada su línea ideológica y política, por lo que su crítica no va direccionada a la gestión de Guillermo Lasso. Sin embargo, admitió en una entrevista en Ecuavisa que el exvicepresidente Jorge Glas «está preso por la fuerza de las circunstancias, no por las pruebas construidas por la Fiscalía».

En la lista de socios sobresalen periodistas y directores de los medios hegemónicos del país como Jean Cano, editor de La Hora; Carlos Jijón, director de la República Ecuador; Mónica Almeida, directora de El Universo; y Tania Tinoco (+), quien era periodista de Ecuavisa.

Ante la clara inclinación política de Fundamedios, realmente ¿qué medios accederán a este sello de credibilidad? (A.G.M).

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“La ministra María Elena Machuca revisó junto a César Ricaurte, director de Fundamedios, el proyecto Casa de la libertad de expresión. Una asociación público-privada, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Pichincha”, escribió la cartera de Estado en un tuit.

El Ministerio también informó que Machuca indicó que “el objetivo de la celebración del Bicentenario no es solo rememorar los actos históricos. También realizar un análisis de las libertades obtenidas en estos 200 años. Y añadió que el punto focal debe ser la investigación”.

El Museo de la memoria

No obstante, el Ministerio de Cultura todavía tiene pendiente una deuda con las víctimas de delitos de lesa humanidad: el Museo de la memoria. Forma parte de la ley de Reparación de las víctimas de delitos de lesa humanidad de 2013. Hechos ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.

En su disposición general segunda, la ley obliga al ministerio rector en materia de cultura, en el plazo de 90 días, iniciar la creación del Museo de la Memoria. Cuyo fin es documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Ecuador.

“Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de coordinación que realizó la Defensoría del Pueblo y las demandas de las víctimas, luego de más de seis años desde la promulgación de la norma, este espacio no se creó. El museo debe preservar nuestra memoria histórica y ser un mecanismo de reparación. Un trabajo no solo para las víctimas directas e indirectas documentadas en estos hechos, sino para la sociedad en general”, indicó la defensoría del Pueblo en un pedido de mayo de 2020.

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“Los Alvarado entregaron El Comercio en bandeja de plata”, dice un hilo de Twitter de esta organización, retomando una información del 2016 que indica la supuesta colaboración entre los hermanos Alvarado y González en la adquisición de medios en Ecuador.

“Según la fuente a la que accedió Fundamedios, los hermanos Alvarado sugirieron a Ángel González la compra de El Comercio. Para animarlo le ofrecieron: “pauta oficial; contratación de los servicios de imprenta; un nuevo canal de televisión así como la regulación y entrega de 8 frecuencias de radio. A cambio pidieron parte del control editorial del diario para favorecer al correísmo y USD 530.000”, añaden.

Los vacíos

Fundamedios apunta que tras el quiebre de Alianza PAIS en 2017, “el fantasma” buscó un contacto con Lenín Moreno y aunque mencionan que Guadalupe Mantilla de Acquaviva  vendió la empresa de su familia por USD 45 millones, no informan de los pormenores de este negocio.

Tampoco indican cómo los presuntos negociados con los hermanos Alvarado y el correísmo influye en la falta de pagos y la irresponsabilidad en las obligaciones con los exempleados y colaboradores de este medio de comunicación.

Igualmente Fundamedios, un organismo que tiene el objetivo de proteger los intereses de los periodistas en el país, tampoco ha indicado cuáles serán las soluciones que ofrece el gobierno de Guillermo Lasso a los extrabajadores de El Comercio.

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Una investigación realizada por el portal Periodistas Sin Cadenas expuso que “desde marzo del 2020 a noviembre de 2021, el Ministerio del Trabajo reportó la desvinculación de 22.948 trabajadores de la información y la comunicación.”

Al momento, extrabajadores de los medios públicos y medios privados como La Hora, El Comercio y El Universo se encuentran en medio de peleas legales por indemnizaciones justas y el pago de sus liquidaciones.

El trabajo periodístico señala también que hubo despidos con tintes de «represalia política». Además, recalca que aparte de los problemas que esto genera a los periodistas también “constituye un deterioro de la información que reciben las audiencias”.

Otra problemática importante generada por los despidos es que la carga laboral se duplicó para los trabajadores de los medios antes mencionados. Ahora, deben adaptarse a otros roles y generar contenido para las diversas plataformas.

Medios públicos

Los despidos e incertidumbre en cuanto a pagos y liquidaciones en los medios públicos iniciaron en 2017, durante el gobierno de Moreno. La situación se mantuvo hasta mayo del 2020, cuando Moreno decretó el cierre de estos espacios.

En marzo del 2021 se extendió el plazo para la liquidación y con Lasso en el poder la situación no cambió. El mandatario solo añadió otro aplazamiento para la liquidación de once instituciones públicas, entre esas, la empresa que contiene a los medios públicos.

De todos los casos este es el más preocupante, pues hasta el momento ha dejado a 500 personas sin trabajo.

La Hora, El Universo y El Comercio

Estos medios privados registraron varios despidos en 2020, bajo justificación de que los ingresos habían bajado debido a la pandemia. Varias de estas empresas expusieron que era complicado mantener sus ediciones impresas en circulación.

Lasso y su preocupación por El Comercio

Ayer, en horas de la tarde, el presidente Guillermo Lasso se reunió con extrabajadores de diario El Comercio para analizar su situación. Además, porque Fundamedios publicó un artículo donde señalaba que los trabajadores fueron afectados en su salud mental debido a la inestabilidad laboral.

Sin embargo, es claro que no solo los trabajadores de El Comercio son los afectados. La misma preocupación debería existir por los trabajadores de los medios públicos y los más de 6 millones de personas que trabajan en la informalidad o no tienen un empleo.

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«La salud mental de los colaboradores y ex trabajadores de diario El Comercio se está desgastando: estrés, agotamiento mental, depresión, insomnio y crisis nerviosas son algunos de los efectos que experimentan actualmente. La crisis económica que arrastra el medio de comunicación desde antes de la Pandemia ha repercutido en el retraso sostenido en el pagos de los sueldos y de las obligaciones patronales, lo que ha generado un ambiente de inestabilidad laboral y económica que hace mella en los colaboradores», dice parte del artículo.

De acuerdo con la información, esta es una de las razones para que este lunes, «el presidente Guillermo Lasso se reúna con los ex trabajadores del periódico quiteño para escucharlos».

260 colaboradores fueron despedidos en 2020 y los que siguen trabajando no recibieron los salarios de noviembre, diciembre ni el décimo tercer sueldo.

No son los únicos…

Los trastornos de salud mental como depresión, ansiedad y estrés no sólo están presentes en los trabajadores de El Comercio, sino en las más de 6 millones de personas que trabajan en la informalidad o no tienen un empleo.

También están presentes en los trabajadores de los medios incautados que han solicitado al Ejecutivo ayuda para el pago de sus liquidaciones, un deber que solo ha quedado en promesas de campaña. Hasta la fecha no ha existido una reunión entre estos extrabajadores y el presidente.

Cinco personas han fallecido sin recibir su jubilación. Carlos Reyes, uno de ellos, está gravemente enfermo y necesita efectivo para comprar sus medicinas debido a la crisis de medicamentos en el sector público.

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El proyecto de Ley, apoyado por 107 legisladores, fue presentado para proteger a las víctimas de violencia sexual digital y ciberacoso.

No obstante, la ambigüedad en las figuras reformatorias modificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) restringe la libertad de expresión y obstaculizarían la lucha contra el crimen.

La reforma del artículo 178 del COIP resalta la mayor polémica al señalar que “la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique, o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros, datos personales, mensajes de datos, voz, audios o video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicaciones privadas o reservadas, por cualquier medio o por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años”.

La decisión del legislativo no tardó en generar respuestas por parte de entidades y organizaciones de la sociedad e internacional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) expresó su preocupación debido a que “la reforma causa un efecto negativo en las investigaciones penales que dirige la FGE, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes contra la corrupción se obtienen mediante esta clase de excepciones (…) esta ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se considerarían ilegales y no podrían ser utilizadas como prueba en los juicios penales”, señaló la entidad en un comunicado en su Twitter.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que  “la norma criminaliza en forma agravada y desproporcionada algunas expresiones o acciones en el ámbito digital que están contempladas en los códigos Civil y Penal”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «preocupa que el nuevo estatuto pueda afectar a periodistas que, en el ejercicio de su trabajo, tienen que revelar información».

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, añadió que «la generalidad de la ley permite que los periodistas puedan ser demandados por incurrir en el delito de violación de la intimidad, sin establecerse diferencias respecto de asuntos de interés público».

De igual forma, Estudio de Medios (Fundamedios) rechazó la aprobación de la normativa ya que “representa una vulneración extrema a los derechos y a las garantías constitucionales; además incluye contenido relacionado con el manejo e incautación de contenido digital que como se señaló anteriormente no responde a la finalidad del proyecto”. La  también encontró restricciones a los derechos y libertades en los artículos 18,497 y 499.

Fiscalía informó que remitirá un informe técnico a Presidencia, mientras que las organizaciones esperan que el presidente Lenín Moreno reconsidere los contras de la Ley y la vete antes de finalizar su mandato.    

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“Fundamedios cree que las amenazas de uno de los implicados contra Bonil deben tomarse en serio e insta a las autoridades a activar los mecanismos que sean necesarios para garantizar la seguridad de quienes defiende el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión”, indicó el organismo.

El pasado 6 de agosto, Bonil publicó una caricatura en diario El Universo bajo el título de “Huyecaminos”, donde representa a Jacobo Bucaram como el correcaminos de los Looney Tunes, en referencia a su condición de prófugo para evitar la orden de captura en el caso de venta de pruebas de Covid-19 por parte de dos extranjeros.

El caricaturista colocó su trabajo en Twitter y el mayor de los Bucaram Pulley contestó con palabras soeces y una amenaza. “Dios te salve y te proteja que no te encuentre porque como hombre vas a tener que defenderte maldito HP”.

El pasado 8 de agosto, uno de los extranjeros que aseguró haberle vendido USD 321.000 en pruebas de Covid-19 a Bucaram en Guayaquil, terminó muerto en la penitenciaria del Litoral, mientras que su compañero resultó con heridas en el cuerpo. Hasta el momento, el paradero de Bucaram Pulley es desconocido por la justicia.

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