“Estamos contentos por la sentencia. Agradecemos a Dios, nuestros abogados, la Coordinadora Nacional Campesina. Lo que le pedimos al Estado que no se quede en papeles. Nosotros siempre hemos sido olvidados y esperamos que se cumpla y no nos mientan como han hecho siempre”, dijo a los medios Susana Quiñonez, una de las afectadas.

Sin agua ni luz

“La situación de los campamentos es horrible. No tenemos luz, agua. No tenemos nada. Los cuartos son pequeños, una barbaridad. Nos quedamos ahí para que verifiquen la verdad porque querían taparla, pero nosotros estamos en resistencia. Los campamentos siguen igual, la empresa se burla de nosotros. Querían tumbar los campamentos para eliminar evidencia por eso nos quedamos ahí. Si toca morir ahí, allí moriremos”, agregó Susana.

Por otra parte, July, quien también resiste en los campamentos. “Estoy muy feliz porque hemos tenido un avance respecto al caso, pero no queremos que esto quede impune, sino que el Estado reconozca lo han hecho con nosotros. Nos han intimidado. No hemos tenido avances por parte del Gobierno, seguimos en los campamentos sin luz, sin agua”.

El Proceso

La abogada de los empleados de Furukawa, Alejandra Zambrano, indicó cuáles son las incidencias de esta sentencia.  “El 15 de octubre recibimos la sentencia de apelación de la Corte Provincial donde se indica que hubo violaciones a los derechos humanos a este grupo de personas. Concluye que hubo trabajo infantil, violación del derecho al trabajo. Establece que los contratos de arrendamiento solo son una pantalla para cubrir la relación de trabajo que existía con estos 123 trabajadores”.

Otras violaciones son el derecho a la salud, vivienda, educación y vida digna. La afectación a la dignidad humana es el centro en este caso.  “En el caso de la esclavitud, se llegó a identificar con los testimonios de los trabajadores, que existía una violación”.

En este caso existen 1.244 afectados. Sin embargo, cada afectado debe comparecer en su propio juicio. Un segundo grupo de 216 afectados también demandaron a la empresa y solicitaron reparación. La audiencia se realizará el próximo 16 de noviembre. Para los 123 trabajadores, el Estado deberá entregar una indemnización por años de trabajo y otra por entrega de tierras (5 hectáreas).

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En abril del 2021, la Corte Constitucional condenó a la empresa japonesa por esclavizar a 123 agricultores. En esta plantación, los abacaleros laboraban más de 10 horas al día, en condiciones infrahumanas de hacinamiento, sin protecciones para la maquinaria agrícola, sin agua potable, luz ni saneamiento.

Además de lesiones en las extremidades, todos los agricultores sufrían alguna enfermedad crónica, infecciones en la piel o enfermedades respiratorias. Incluso, muchos niños fueron obligados a trabajar desde muy temprana edad.

El fallo determinó una indemnización económica, además de la entrega de cinco hectáreas de tierra de cultivo, a cada uno de los demandantes. También exigieron disculpas públicas en los principales periódicos del país.

La sentencia también dispuso a los ministerios del Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud emitir disculpas públicas en sus páginas web, por no haber actuado oportunamente, para frenar estas prácticas, desde sus competencias.

Sin embargo, el proceso de reparación a las víctimas sigue sin cumplirse, pues Furukawa apeló al fallo de la Corte. Incluso, ahora buscan calificar de invasores a los empleados y negar el trabajo infantil, a fin de desestimar la sentencia.

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Quito, 13 agos, (La Calle).-La reparación a las víctimas de empresa Furukawa sigue sin cumplirse, así lo explicó Jaqui Gallegos, al noticiero La Ventana de Radio La Calle.

La vocera explicó que la empresa japonesa apeló el fallo de la Corte Constitucional que garantizaba el cumplimiento de las demandas de los empleados de esta empresa. “Se busca calificar de invasores a los empleados de Furukawa, en definitiva se ha abierto un proceso alterno de persecución en los campamentos donde habitan con sus familias”.

Gallegos insistió en la importancia de la reparación a las familias. “El Estado reconoció la esclavitud moderna que mantiene a las victimas en una condición difícil de cambiar”.

Al respecto se pregunta: ¿qué sucede con el agro, la agroindustria y la agroexportación? ¿Existen más organizaciones que mantienen a sus trabajadores con situaciones de esclavitud moderna?

La situación lleva más de 40 años sin solución y se la hizo visible gracias a la intervención de especialistas en Derechos Humanos que asumieron el costo de las representación para las víctimas.

Gallegos se mostró preocupada por la situación de los empleados, pues no cuentan con instrucción educativa incompleta y sufren de atropellos legales y discriminación racial.

El 19 de abril, la Corte Constitucional emitió un fallo para que la Empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador indemnice a los 123 exempleados afectados por las condiciones de salud, trabajo y vivienda.

Más de 1.200 personas deberían ser indemnizadas. Para 2019, Furukawa reportó una ganancia de USD 12 millones de dólares.

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La funcionaria, en dos ocasiones, se excusó de asistir a las comparecencias e informar las acciones adoptadas, en el caso de los trabajadores de la empresa japonesa. Para ausentarse, Garzón alegó las actividades para manejar la crisis sanitaria por el coronavirus.

Ante las faltas de la ministra, los legisladores resolvieron aplicar los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estos artículos señalan que si el funcionario público no comparece, será causal de enjuiciamiento político.

A través de una misiva, Garzón indicó que el Ministerio cumplió con la sentencia impuesta. También que remitió informes sobre el caso y que, una vez controlado el problema de la nueva variante, asistirá a la Asamblea.

Sin embargo, varios legisladores, como Fernanda Astudillo, Fernando Cabascango, Mario Ruiz, entro otros, expresaron su malestar por el comportamiento de Garzón. Ante esta situación, proponen continuar con el debido proceso.

Ruiz aseveró que es obligación de la ministra comparecer no solo por el caso Furukawa, sino también por el proceso de vacunación.

Furukawa es un caso de esclavitud moderna, en el que la empresa fue condenada por esclavizar a 123 agricultores. En esta plantación, los abacaleros laboraban más de 10 horas al día, en condiciones infrahumanas de hacinamiento, sin protecciones para la maquinaria agrícola, sin agua potable, luz ni saneamiento.

Además de lesiones en las extremidades, todos los agricultores sufrían alguna enfermedad crónica, infecciones en la piel o enfermedades respiratorias. Incluso, muchos niños fueron obligados a trabajar desde muy temprana edad.

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La empresa intenta acusarlos de invasores de estas tierras en las que los trabajadores cosechan abacá. Entre el 18 y 19 de marzo, la Policía Nacional amedrentó a las personas para que abandonen este espacio. En estos territorios también habitan los trabajadores.

El Gobierno encubre los hechos

Guardias, funcionarios de la empresa y agentes de la Policía, acompañados del exviceministro de Agricultura y actual gerente de la empresa, Byron Flores, atemorizan a los trabajadores.

El Gobierno encubre este tipo de violencia a pesar de los informes de la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, las comunicaciones conjuntas de Relatores de Naciones Unidas y la reciente Resolución Judicial Constitucional.

Las víctimas piden a la Defensoría del Pueblo las garantías jurisdiccionales para proteger a cerca de 172 empleados. Ellos, desde hace varios años, aún exigen justicia y reparación.

Son mil personas que trabajan y viven en las 23 haciendas que tiene Furukawa en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas.

Furukawa, la esclavitud moderna

El informe final de la Defensoría del Pueblo del “caso Furukawa” alerta sobre la continua situación de esclavitud moderna que sufren los trabajadores. Los abacaleros en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones del Ecuador sufren omisiones de parte del Estado.

“El Estado ecuatoriano ha incumplido sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos de las y los trabajadores de la empresa Furukawa, afectando la vida digna, la prohibición de esclavitud, la integridad personal, la identidad, la familia y el interés superior del niño, por la omisión de control adecuado de parte de las autoridades respectivas”, reza el Resumen ejecutivo del Informe del caso.

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