Exigieron acciones a la Asamblea y al Ministerio de Trabajo, subrayando el contexto de crisis económica. “No se puede ser indiferente: la organización sindical no puede ser perseguida”. De igual manera, anunciaron que elevarán la denuncia a instancias internacionales.

ANTEP revela cifras y condiciones críticas

Por su parte, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) denunció que más de 80 empleados de Arca Continental han sido despedidos en los últimos meses, no por bajo desempeño, sino por integrar el sindicato. Según la organización, la empresa incrementó la presión laboral al eliminar el apoyo de estibadores para conductores, obligándolos a realizar tareas físicamente exigentes sin compensación. Ante las protestas, la respuesta fue una ola de despidos.

“Coca-Cola promociona felicidad, pero en Ecuador destapa precarización y persecución”, criticó la ANTEP, acusando a la multinacional de usar su imagen corporativa para encubrir prácticas antisindicales.

El patrón de represión sindical se extiende

La situación en Arca Continental no es aislada. Edwin Bedoya, presidente del FUT, había denunciado previamente despidos masivos en SOLCA Tungurahua, donde directivos habrían iniciado una campaña de “desprestigio” contra el sindicato local. Además, señaló que trabajadores de Arca Continental enfrentaron represalias por participar en marchas del Día del Trabajador.

Estos casos se suman a críticas globales contra Coca-Cola por presuntas violaciones laborales. Mientras la empresa mantiene su narrativa de responsabilidad social, sindicatos ecuatorianos exigen transparencia y respeto a los derechos de organización, advirtiendo que continuarán movilizaciones hasta lograr justicia laboral.

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La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

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»No ha sido más que una quema de ocho llantas porque fundamentalmente lo que buscan es una reacción atolondrada y violenta del gobierno que no se va a dar (…) irán los grupos que siempre protestan y caotizan las cosas», dijo en entrevista a Visionarias.

Asimismo el funcionario manifestó que desde el gobierno tuvieron un »diálogo muy productivo» con líderes del sector indígena del Chimborazo, quienes descartaron asistir a las próximas movilizaciones.

De igual manera, mencionó que el diálogo previo y las mesas técnicas impidieron que las protestas se incrementen y radicalicen. Por ejemplo, resaltó que la compensación monetaria a los transportistas por la focalización de los subsidios, en realidad es una medida para beneficiar a los usuarios y que no suba el valor de los pasajes.

La advertencia de la Conaie

Este 2 de julio, la Conaie convocó una movilización en el Parque El Arbolito, en Quito, para entregar a la Asamblea un proyecto de ley relacionado a la consulta libre e informada para el consentimiento de obras en los territorios de las comunidades indígenas. El llamado congregó a más de un centenar de personas.

“Las estructuras populares no saldremos para una o dos horas sino hasta tener resultados como siempre se ha hecho”, advirtió el presidente del movimiento indígena, Leonidas Iza, frente a los cuestionamientos de su participación en la jornada del 4 de julio.

Iza indicó que posiblemente algunas delegaciones provinciales se sumen a las manifestaciones. También anunció que la segunda semana de julio la asamblea del movimiento indígena tomará decisiones frente a las acciones del gobierno de Daniel Noboa. (AGM).

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El FUT junto a la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) convocaron a una nueva movilización a nivel nacional a partir de las 16h00.

Las organizaciones sociales calificaron a las medidas del gobierno como un »paquetazo antipopular». La UNE manifestó que el incremento del precio de los combustibles implica subir el costo de la vida, la inflación y el índice de la pobreza.

El pasado 19 de junio las organizaciones realizaron una movilización que partía desde la Caja del Seguro, en Quito, hasta el Banco Central. A la convocatoria acudieron alrededor de 300 personas.

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»El Ministerio tendrá la inmensa responsabilidad de aplicar la tabla sectorial en el trabajo por horas», dijo Núñez en entrevista para Sonorama.

Informó que a criterio de la cartera de Estado, la base del pago por hora sería de USD 2.87 tomando en cuenta que el sueldo básico es de USD 460 y 160 horas laborales al mes. la división de estos valores definen el pago por hora. También recalcó que existirá otro tipo de cálculo en el caso de las horas extra, incluso, podría sobrepasar los USD 5.

La funcionaria consideró que no existe una precarización laboral, pues el trabajador tendrá el derecho de ser afiliado al seguro social y los empleadores tendrán las mismas obligaciones. Además manifestó que se regirán en base a una tabla sectorial.

La oposición

Este 1 de febrero el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentará ante la Corte Constitucional un recurso de amicus curiae a esta propuesta de la Consulta Popular. La presidenta del FUT, Marcela Arellano, indicó que hay una “falsa información” que el trabajo por horas va a provocar incremento del salario.

“Que un trabajador por horas va a ganar USD 15, igual que gana un trabajador en Estados Unidos, eso no va a ocurrir acá en el Ecuador, no solamente pierde derecho, sino obviamente el trabajo por horas acá en el Ecuador es absolutamente barato. Recordemos que la canasta básica familiar en Quito está en más de USD 800, hay una brecha de alrededor de USD 340 para acceder a la canasta básica familiar y un trabajador por horas en el mes no va a lograr los USD 460″, enfatizó. (AGM)

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El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por medio de un comunicado, se refirió a este tema en particular. «Mientras los salarios se incrementaron en el 2.2%, esta medida significa un incremento del 25% en el impuesto que más golpea a la economía de los de abajo». Según la estimación del Fondo Monetario Internacional (FMI), la recaudación de este impuesto sería de USD 1.380 millones que se destinarían al conflicto interno armado, sin embargo deja de lado las obligaciones del Estado para la salud, educación y los GAD.

¿Entonces?

El FUT plantea varias opciones que dejarían USD 14.928 millones anuales en las arcas estatales para que se cumpla con las obligaciones frente a los sectores sociales y estratégicos.

El cobro a los grandes deudores de impuestos equivaldría a USD 4.511 millones, la contribución especial de 5% a las ganancias extraordinarias a las 100 empresas más
grandes, USD 300 millones; la eliminación en el 30% de beneficios tributarios a grandes grupos económicos, USD5.700 millones; la recaudación de al menos el 10% de la elusión y
evasión tributaria, USD 700 millones; el uso responsable de una parte de la reserva monetaria, USD 1.600 millones.

La restitución del 5% del impuesto a la salida de divisas (ISD), USD 1.400 millones; la negociación soberana de la telefonía celular por 15 años, USD 600 millones; la administración estatal del OCP, USD 117 millones. El FUT expresó que la reducción del IVA al 10% dejaría USD 1.230 millones y el alza del salario básico a USD 550; USD 840 millones.

Por su parte el expresidente Rafael Correa dijo que otras alternativas pueden ser. «Volver el ISD a su anterior valor de 5%. Impuesto único a las utilidades de la banca (más de USD mil millones, récord histórico). Impuesto único a los grandes patrimonios. – Eliminar beneficios tributarios y arancelarios». Además de «ahorrar USD 50 – 60 millones de una consulta inoficiosa».

El economista Alberto Acosta Bureno expresó – en su cuenta de X – que «la metida de mano al bolsillo de los ciudadanos al elevar 3 puntos de IVA» sería de USD 2.000 millones y que irá a la cuenta única del tesoro «que es una CUENTA MÁGICA porque todo lo que TOCA LO DESAPARECE».

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Los miembros de la organización sindical manifestaron que el valor de estas remuneraciones debe cubrir el costo de la Canasta Familiar Básica que actualmente está en USD 782.42, según datos del INEC.

Los miembros de la organización señalaron que el mandatario ofreció elevar el salario básico anualmente hasta llegar a un sueldo de USD 500 en 2025. Sin embargo, la conmoción social y su repentina salida deja inconclusa su promesa.

El FUT planteó que la elevación del SBU no debe ser menor al 22.22% al actual. La organización resaltó que se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución.

»Lo que si perjudica al país es la elusión, evasión y remisión de impuestos que suman más de 13.000 millones de dólares, recursos económicos que en un gran porcentaje se van a los paraísos fiscales, perjudicando el trabajo, la vida, la salud, educación y la seguridad de los sectores populares», resaltó la organización sindical en un comunicado.

Ante esta situación, el sector de trabajadores expresó su descontento sobre el incumplimiento de aumento salarial. José Villavicencio, presidente del FUT, expuso que esperarán la posesión de Daniel Noboa para plantear las exigencias que prometió el anterior gobierno. Además, aclaró que “el Consejo Nacional del Trabajo tiene plazo para resolver este requerimiento hasta el mes de noviembre de este año”.

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Desde esa época, el país estaba sumido en graves escenarios de explotación, como pésimas condiciones para trabajar, disminución de salario, sobrecarga en las horas de trabajo y no se reconocían los derechos laborales, comentó Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE.  “Las jornadas laborales iban más allá de 10 o 15 horas y por todas esas condiciones los obreros se levantaron”.

No todo se ejecutó de manera correcta dentro de la movilización, pues entre los objetivos de este levantamiento se infiltraron los intereses de los grupos acomodados, refirió Marcela Arellano, presidenta del FUT. “No hubo una autonomía de clases, los objetivos del movimiento de trabajadores no estuvieron claros”, señaló.

Solicitudes de los obreros en Guayaquil

Con el lema “pan, techo y un lugar digno para trabajar” los obreros en Guayaquil exigían el respeto a las ocho horas de jornada laboral, ocho horas de descanso, ocho horas recreación, incremento salarial, beneficios de ley y mejoras de condiciones laborales.

Arellano apuntó que solicitaban la creación de un documento que reconozca los derechos laborales, el acceso a salud y el respeto a los grupos sindicales como representantes de los trabajadores.

Papel de los medios de comunicación

Los medios tradicionales de ese entonces cumplían un solo rol, beneficiar a la oligarquía de la Costa y Sierra y encubrir los crímenes de Estado.

“Los grandes medios como El Comercio y El Universo buscaban minimizar lo que sucedía en las plantaciones de banano, caco y azúcar. Pretendían callar la voz de los trabajadores que exigían respeto a su condición laboral”, mencionó Chiluisa.

Para Arellano, los medios de comunicación y la Iglesia justificaron la masacre de cientos de ecuatorianos. “Ellos decían que la gente que murió estaba vinculada a delincuentes o vándalos, igual que ahora”, detalló.

Logros de la movilización

A partir de la movilización del 15 de noviembre de 1922, se reconoció la necesidad de los grupos sindicales, su organización y la importancia de una representación laboral. Según la presidenta del FUT, esta lucha es la expresión más alta de los trabajadores frente a la injusticia laboral y social.

“De allí tuvimos varias enseñanzas como organización. Entendemos que el movimiento de trabajadores no debe ser infiltrado por los intereses de otras clases, debe mantenerse la autonomía y la independencia de clase”, enfatizó.

Para Chiluisa, esta masacre se consagra como el “Bautizo de sangre del movimiento obrero”. Además, mostró los verdaderos intereses de un Gobierno que protegía los intereses de la banca y promovía la injusticia social y laboral. (N.J.C)

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La nueva representante es sindicalista y se considera socialista y feminista. Se desempeñó como secretaria ejecutiva nacional del Partido Socialista Ecuatoriano.

El proceso se llevó a cabo en el XXI Congreso Nacional Ordinario de Ceosl en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, el 12 de noviembre de 2022.

También se escogió al Comité Ejecutvio y al Tribunal de Disciplina para el periodo 2022-2025. Las elecciones contaron con una veeduría del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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La mañana de este lunes 18 de julio, representantes de las organizaciones del FUT como Ángel Sánchez y Mesías Tatamuez, acompañados de la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas acudieron a la Corte Constitucional con el fin de presentar una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 457.

El dirigente del FUT, Ángel Sánchez sostuvo que Decreto 457 atenta contra los derechos laborales, la cual busca precarizar la relación laboral y despedir a más trabajadores.

«No se puede a cuenta de optimizar el Estado seguir despidiendo al personal, cuando lo que se necesita es trabajo, dinamización, y producción. Por eso estamos demandando, por su forma y por su fondo el Decreto 457», dijo Sánchez

Así también, el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT ), Mesías Tatamuez aseguró que el Decreto empieza por despedir a todos los trabajadores de contrato, que son alrededor de 60 mil trabajadores.

«Lo que va a pasar, es que el Gobierno solo por cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por cumplir con una política tan neoliberal va a seguir con los despidos masivos», sostuvo Tatamuez.

Disminución de maestros

Por su parte, la presidenta de la UNE, Isabel Vargas recalcó el problema del régimen Costa respecto a la falta de profesores y el hacinamiento de los estudiantes.

«Claramente la Constitución garantiza el derecho que no sean suprimidas las partidas en educación y en salud. Actualmente, existe una disminución de maestros en el régimen Costa, ya no hay maestros para impartir las clases, están los estudiantes hacinados», dijo.

Además, Vargas advirtió al presidente Lasso de continuar con las movilizaciones e hizo un llamado a los padres de familia para actuar frente a la crisis en el sistema de educación.

«Le decimos al presidente de la República que pague la deuda social, que se comprometa con el pueblo ecuatoriano, caso contrario nosotros seguiremos movilizados en las plazas y calles», aseguró.

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«El presidente no ha atendido nuestras demandas, hasta la fecha ningún resultado. Ante la negativa, nos hemos convocado de manera progresiva para el 22 de junio de 2022 a movilizarnos aquí en la capital», dijo Simbaña en rueda de prensa la mañana de este lunes 20 de junio.

Simbaña manifestó que las bases de AMARU de la Costa, Sierra y Amazonía están llegando a Quito. Una vez en la ciudad se concentrarán en la sede de la organización para marchar pacíficamente el próximo miércoles.

Además, recalcó que coincidirán con la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Sin embargo, no aseguró que se adhieren a las manifestaciones de la CONAIE.

Diálogos con el Gobierno

AMARU mencionó que los diálogos con el Gobierno Nacional «no ha servido de nada». Precisó que en cuatro ocasiones solicitó reuniones con el presidente Lasso. Sin embargo, en un año de peticiones, no ha sido atendida.

«Han habido reuniones que quedaron en palabras, a la final se minimizaron nuestros planteamientos. Es un año sin ninguna respuestas. Nos mandaron a la Dirección de Conflictos, pero sin resultados. No hay voluntad política para responder», expresó Simbaña.

También exhortó al Gobierno Nacional a no criminalizar la protesta social. «No puede ser que se criminalice por estar parado y reunido en una esquina».

Frente a ello, la organización hizo un llamado a la Asamblea Nacional a tomar las «mejores decisiones». «En manos de la Asamblea también están los destinos del país, entonces asambleístas actúen junto al pueblo frente a la crisis del Ecuador», manifestó.

Demandas de AMARU

Simbaña señaló que han pedido al régimen de Lasso atender sus problemas económicos y sociales, que son:

1. Condonación de deudas en la banca pública;
2. Solicitud de semillas de ciclo corto e insumos para enfrentar la crisis alimentaria;
3. Agilizar los procesos de adjudicación de las tierras comunitarias e individuales;
4. Fortalecr el sistema de salud y seguro campesino y la red de salud del Ministerio en lo urbano y rural
5. Fortalecer la educación en la ruralidad;
6. Reformar los reglamentos y leyes crediticias tnto para la banca pública como privada, debido a los altos intereses;
7. Establecer políticas públicas de protección del medioambiente, agroecológica y del agua;
8. Fortalecer el sistema de red vial para transportar los productos a la ciudad;
9. Fortalecer la economía comunitaria e intercultural;
10. Destinar becas para el sistema universitario para los pueblos y nacionalidades; e
11. Iniciar programas de vivienda rural.

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José Villavicencio, de la Unión General de Trabajadores (UGTE), sostuvo que es momento de alzar la voz y pedir “que se vayan todos”, porque no han resuelto los problemas del pueblo ecuatoriano. “El Ejecutivo no ha resuelto el problema de los trabajadores, de la juventud, de los maestros. Una Asamblea Legislativa que sigue discutiendo los problemas al interno, mientras existen leyes que no se tratan como el Código del Trabajo, la reforma a la Ley de Educación, la reforma la Ley de Comunicación. Se aferran a los cargos, cuando el pueblo ecuatoriano exige seguridad”, dijo.

Cuestionó la vinculación de la Policía y las Fuerzas Armadas en actos de corrupción. De qué seguridad hablamos. La soberanía en peligro, los trabajadores, los ciudadanos de la provincia de Esmeraldas han denunciado la problemática que están viviendo por la inseguridad y quienes deben cuidarla son los militares que, obviamente, están involucrados en otras cosas y no en cumplir con las principales obligaciones que ellos tienen”, sostuvo.

Señaló que la razón para movilizarse no es únicamente conmemorar los 136 años de la masacre de los mártires de Chicago, sino decirle al Gobierno que están en contra de su política neoliberal, porque no ha resuelto las principales necesidades de los ecuatorianos. “Nos tomaremos las calles, las plazas y los mercados para exigir que se resuelvan esos problemas”, aseguró.

De igual forma, criticó que se haya pedido la extradición del exmandatario, Rafael Correa, luego de haber conseguido el asilo político en Bélgica. «Así actúan las autoridades en este país, a través del pacto, de los actos de corrupción, porque dejan en libertad a gente con sentencia por cohecho y asociación ilícita y ahora resulta que ni siquiera salen con grilletes”, sentenció.

¿Qué dice la UNE?

Por su parte, Isabel Vargas, de la UNE, insistió en que el Magisterio irá este 28 de abril a la Corte Constitucional para pedir que el presidente Lasso actúe en derecho.

“Para decirle que la sentencia emitida por la Corte no ha sido cumplida por el mandatario, por lo tanto nosotros haremos las todas las acciones jurídicas, pero también junto con la movilización. Este 28 de abril, el Magisterio está en la Corte y el Primero de Mayo junto a la clase obrera, para recordar a esos mártires de Chicago. Si no son capaces de gobernar entonces que se vayan todos”, dijo.

Postura del Frente Popular

El presidente del Frente Popular, Nelson Eraso, dijo que este Primero de Mayo ratifican la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, de los trabajadores públicos y privados, pero también la unidad del pueblo descontento. Aseguró que en la marcha conmemorativa participarán sectores de la juventud, trabajadores, maestros, campesinos, pequeños y medianos por productores sectores de los bananeros, agricultores, azucareros y regantes.

“Más del 45% de ecuatorianos estamos en condiciones de pobreza y más del 40% en condiciones de extrema pobreza. Es necesario establecer, entonces, que las políticas gubernamentales han significado un golpe al bolsillo de los más pobres”, dijo.

Criticó los supuestos acuerdos entre el correísmo y el Gobierno y aseguró que la excarcelación del exvicepresidente, Jorge Glas, significó un golpe a los sectores medios, sugiriendo que esta ocurrió a cambio de la abstención de UNES en la votación de la Ley Tributaria.

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Entre ellos se encuentra los escándalos y sospechas que envuelven a la Policía y las Fuerzas Armadas, con respecto a sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos, así como la liberación de privados de libertad.

El comunicado también cuestiona la compra y venta de votos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como, las negociaciones y acuerdos a espaldas de sus electores. También señalan que rechazan las actuaciones de los jueces y tribunales en «encubrimientos criminales».

Reforma Laboral

El frente dice que la reforma laboral que propone el Gobierno es la continuidad de la «merma progresiva de derechos laborales». Esto debido a que, durante la pandemia se aprobó la denominada “Ley de Apoyo Humanitario”, que impusieron los grandes sectores industriales.

Por tal motivo, el FUT hace un llamado a la Corte Constitucional por la inconstitucionalidad de la ley aprobada y otras normas demandadas.

“La Ley de Apoyo Humanitario está vigente casi dos años, los efectos son irreversibles: la calidad del empleo ha reducido y se han perdido miles de empleos”, menciona en el comunicado.

Los miembros del FUT exigen que se garanticen empleos dignos, en el marco del pleno respeto y ejercicio de los derechos laborables. Además, el gremio asegura que se ha presentado un nuevo proyecto del Código Orgánico del Trabajo, que cobijará al sector público y privado en una sola ley. Según el comunicado, el proyecto se encuentra en trámite en la Asamblea Nacional.

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El 17 de marzo fue la primera reunión. Aquí se sentaron las bases para el diálogo del 5 de abril. Los agremiados buscan una evolución en materia de derechos laborales, según explicó el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y miembro del FUT, José Villavicencio.

Uno de sus requerimientos es que los sindicatos puedan conformarse por 10 trabajadores, sin embargo, el Ejecutivo señala que deben ser a partir de 50. Existen otras diferencias en cuanto a la distribución de las 40 horas laborales, el desahucio y la indemnización por despido intempestivo. También plantean la jubilación patronal acumulativa, consiguiendo que una persona añada ese derecho de trabajo en diversas empresas y acceda a este beneficio en 25 años. El empleador debe aportar al IESS el 10% del salario mensual desde el primer día de la relación laboral.

«Hemos ratificado nuestra postura de que exista la voluntad de discutir un solo Código Integral Laboral. El Gobierno ha planteado que su propuesta es una ley paralela», declaró el dirigente advirtiendo que si el Gobierno no cede a tratar una sola ley, el FUT abandonaría la mesa del diálogo. «Sin consenso, no tendría lógica», acotó.

El Gobierno y sus pretenciones de «acuerdos»

En mayo van a comparar el contenido de los dos proyectos con el Código Laboral vigente. El FUT quiere demostrar «aspectos regresivos que violan convenios y la constitución», manifestó Edwin Bedoya, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).

Actualmente, no existe ningún tipo de acuerdo y si el Ejecutivo insiste «en su plan neoliberal, tendrá una respuesta en las calles», aseguró Villavicencio. El diálogo es encabezado por el consejero presidencial Diego Ordóñez. Según él, en principio concluyeron que no abordarán temas relacionados al derecho colectivo del trabajo.

De acuerdo al funcionario, «hay abundantes razones» para que el Gobierno no ceda al crear una nueva ley que exista con la ya vigente. Es necesaria una normativa que «regule los contratos hacia el futuro, eso no pasa por una reforma al Código de Trabajo actual sino por establecer nuevos esquemas de contratación», indicó Ordóñez.

El FUT ratificó las movilizaciones convocadas para el 23 de marzo

También afirmó ‘que no habrá precarización laboral’ y criticó el proyecto del FUT. Según Ordóñez «hace inmanejable la contratación laboral y la generación de empleo». Explicó que las 40 horas laborales pueden ser distribuidas hasta en seis jornadas semanales.

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«El Frente Unitario de Trabajadores participa en esta movilización en pro de la defensa de los recursos del país; no queremos privatizaciones de ningún tipo (…)», dijo José Villavicencio, dirigente del FUT mientras caminaba por las calles del Centro Histórico capitalino.

A los trabajadores del FUT se unieron gremios de estudiantes y maestros, así como colectivos de mujeres, entre otros.

Portando banderas rojas, y con la consigna «únete pueblo, únete a luchar, contra este gobierno neoliberal», decenas de personas se congregaron al finalizar la tarde del 23 de marzo en el Tradicional Parque de El Ejido, frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y partieron hacia el centro histórico.

Al ingreso al casco colonial, se encontraron con varias calles cerradas, recoge Sputnik en su portal web.

«No podemos permitir que se privaticen empresas, las empresa públicas nos pertenecen, jamás aceptaremos que empresarios las manejen», dijo Jaime Varela, un extrabajador postal.

Otras voces

Lucía Salazar, una maestra de un colegio público dijo que privatización es sinónimo de mayor pobreza, de elevación de precios y deterioro de la calidad de vida.

¿»Cómo vamos a apoyar eso?», preguntó Salazar, al ingreso al Centro Histórico, donde ya eran cientos los que marchaban.

Quienes protestaron el 23 de marzo sostienen que la Ley de Fomento de Inversiones es un paso hacia la privatización de empresas públicas.

¿Ley de privatización?

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso sostiene que no piensa privatizar ninguna empresa, y que la ley es un instrumento legal necesario para captar inversiones para una cartera de proyectos de, al menos, USD 30.000 millones, para diversos sectores, entre ellos, el minero, petrolero, eléctrico y de infraestructura, con los que se busca generar empleo y reactivar la economía.

El presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (Cedocut), Mesías Tatamuez, dijo que si se privatizan áreas estratégicas, como la petrolera, no habrá recursos para educación y salud.

Hasta el momento el Gobierno, aparentemente no logra los 70 votos necesarios para que pase la ley.

Este 24 de marzo, los trabajadores sindicalizados planean ir a la Asamblea Nacional para apostarse en la puerta del recinto legislativo. Ellos van a exigir que no se apruebe la Ley de Inversiones.

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Quito 23 mar (La Calle).-«Existen varias voces que critican la postura inicial de algunos dirigentes de trabajadores que mostraban su apoyo y favoritismo a Lasso, José Villavicencio no se ha vendido a ningún gobierno de turno, eso sí se los aseguro”, respondió el Presidente de la Unión General de Trabajadores en una entrevista en Radio La Calle.

Ante la crítica situación de los trabajadores del Ecuador, varias organizaciones sindicales liderados por el Frente Unitario de Trabajadores esperan reunirse hoy a las 16:00 en la caja del Seguro Social para plantearle al gobierno nuevas alternativas que favorezcan al sector.

Villavicencio argumentó que el gremio plantea la elaboración de un nuevo Código Laboral partiendo de tres bases: principio de la progresividad de los derechos, concepción del trabajo como un deber social y fundamentalmente combatir la desigualdad social.

“El gobierno debería preocuparse por su misma sombra, no si hacemos movilizaciones”, dijo el dirigente

El gobierno en vez de dar respuesta a la motivación de las protestas sociales las ha criminalizado la lucha, “pero le vamos a demostrar al país de que nosotros tenemos una propuesta para que no siga satanizándoles a los trabajadores y a dirigentes sindicales” dijo.

Recalcó que las mujeres serán uno de los pilares fundamentales en estas movilizaciones. «Lasso ha ignorado la enorme desigualdad de condiciones y explotación en la que la mujer se desarrolla en la esfera laboral», dijo.

“Lasso estuvo preparado para dirigir el Banco de Guayaquil, no el Estado Ecuatoriano”

Villavicencio, inició su entrevista recordándole al gobierno que debe preocuparse por las necesidades más elementales del país: salud, empleo, seguridad y educación.

Ejemplificó que con la venta del Banco del Pacífico o el planteamiento de la Ley de Inversión la situación empeora para la clase obrera del país, pues detrás del discurso de promover las alianzas público – privadas, se despedirán a cientos de empleados, además se pretende privatizar la salud, educación, sostuvo en la entrevista. “Vender las instituciones del estado no va a general empleo”, cuestionó.

“Esta ley lo que busca, presidente Lasso, no es generar empleo, sino seguir favoreciendo a sus amigos: a la banca, a los grandes grupos económicos de este país”, dijo enérgico al referirse a la catalogada «Ley de Privatización».

Aseveró que si Lasso deseara generar empleo incentivaría, a través de políticas públicas promover el agro, la pequeña y mediana industria y el turismo. En este último Lasso tiene una deuda pendiente con la seguridad y la situación carcelaria.

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El anuncio fue realizado el mes pasado frente a las inconformidades del impago del Gobierno al IESS y ratificado el 14 de marzo. La jornada tiene como punto de encuentro la Caja del Seguro Social, donde se prevee rechazar las políticas del Gobierno y exigir el pago de la deuda a la institución, pues los únicos afectados son los ciudadanos.

“Se incrementarán los precios y tarifas de esos servicios como la tecnología, los combustibles, como la energía eléctrica, las carreteras, los peajes. También exigimos que en el caso del Banco del Pacífico sea entregado en dación de pago al IESS como parte del pago de la deuda que tiene el gobierno”, expresaron los líderes del gremio sindical.

El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), Ángel Sánchez, sostuvo que las «acciones de lucha» serán retomadas.

“Incumplimientos y desatención de los ministerios de Finanzas y del Trabajo, y de la Corte Constitucional, porque no se ha hecho nada por las demandas de inconstitucionalidad a varias leyes”, denunció el dirigente.

Mientras que el presidente Nacional del Frente Popular, Nelson Erazo, dijo que la lucha regresa para defender el cumplimento de los derechos que están siendo vulnerados.

“Hemos decidido retomar la movilización junto al Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a defender los derechos que hoy pretenden seguir siendo negados por parte del Gobierno Nacional”, expresó.

Por su parte, en el Centro Histórico de Quito ya se visualiza presencia policial, negocios bloqueados y calles cerradas con vallas.

En el transcurso de la semana se prevén más movilizaciones.

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Entre las propuestas del FUT se incluye la delimitación de la jornada laboral de 8 hora y diarias y 40 semanales; el derecho a la desconexión; una jornada reducida por responsabilidades familiares; un cupo laboral para personas trans; ocho tipos distintos de contratos y la jubilación patronal global.

¿Qué dice el Gobierno?

Durante una entrevista en Teleamazonas, el subsecretario general del Gabinete, Francisco Briones, dijo que el objetivo del gobierno es crear oportunidades de trabajo, mayores ingresos y estabilidad para 5.7 millones de ecuatorianos que no cuentan con una oportunidad laboral o tienen un ingreso muy bajo.

Asimismo, dijo que tal como lo señaló el presidente Lasso, están cumpliendo con el cronograma que establecía que una vez entregada la Ley de Inversiones, proseguirían con el debate de la Ley Laboral, con los diferentes actores sociales.

“Al reunirnos con los jóvenes, con las mujeres, con los políticos, los amigos del Frente Unido de Trabajadores queremos lograr este gran acuerdo. Es necesario empezar a dialogar sobre jornadas, sobre los costos de contratación, sobre los diferentes tipos de contratos adaptables a la realidad del presente, pero más importante del futuro”, aseguró.

Briones dijo que lo ideal sería tener, en las próximas semanas, definido el documento. Aseguró que el proyecto del Gobierno se ha mejorado, pulido y agregado recomendaciones. “Una vez que escuchemos a estos grupos, en las siguientes semanas el presidente enviará el proyecto de Ley a la Asamblea”, mencionó.

Aprobación de la Ley

Respecto a la posibilidad de que la Asamblea no de paso a la reforma laboral, Briones dijo que no les gusta mucho hablar de eventos que todavía no saben cómo se van a desarrollar. “La Asamblea es tan incierta que un día podría ser una cosa y otro día otra. Estamos concentrados, en este momento, en afinar y sacarle punta a esa propuesta, tenerla realizada con la mayor cantidad de ecuatorianos”, aseguró.

Asimismo, reiteró que la opción democrática de la consulta popular la usarán en su momento. Sin embargo, insistió en que están valorando, poco a poco, los mecanismos. “Lo importante es convencer al país que la receta que hemos estado aplicando en los últimos 80 años, cuando fue creado el Código Laboral actual, es totalmente diferente a la realidad del día de hoy”, sostuvo.

El subsecretario aseguró que tienen capital político para sumar adeptos a la propuesta. “No hay mayor capital político que esta gran mayoría ecuatorianos, que son los que el presidente representa y ese es el respaldo que vamos a llevar a la Asamblea para que los políticos decidan si se se ponen del lado de sus intereses y siguen defendiendo sus temas particulares o se ponen del lado de los ciudadanos», dijo.

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La organización sostuvo que le exigieron al presidente Lasso, de forma frontal, cumplir con sus propuestas de campaña. Asimismo, señala que presentaron varias propuestas frente a la crisis que agobia a las familias ecuatorianas.

Entre sus propuestas, detalla la creación de fuentes de empleo sin atentar contra los derechos conquistados; el fortalecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la oposición a su privatización; el combate a la corrupción y el cobro de impuestos a los grandes morosos, para invertir en educación, salud y creación de fuentes de trabajo.

Entre sus iniciativas también está el fortalecimiento de los sectores estratégicos y el rechazo a las concesiones o ventas, como se pretende hacer con el Banco del Pacífico.

El gremio docente también apela a la aplicación de la LOEL, equiparación salarial, reintegro de docentes despedidos y destituidos en el contexto de la pandemia y durante el Gobierno de Rafael Correa. Así como la aplicación de las 25 horas
pedagógicas, nuevo modelo educativo y fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe.

Otra de las demandas es el libre acceso a la educación superior y no más recortes al presupuesto de educación general, de las universidades y de salud.

La UNE explica que se decidió conformar mesas de trabajo para exponer ante los ministerios pertinentes e instituciones de Estado, la propuesta de los trabajadores sobre la reforma al Código del Trabajo que, semanas atrás, el FUT presentó a la Asamblea Nacional.

Asimismo, dice que se planteó la realización de una reunión con el Presidente del IESS para abordar la situación que enfrenta el Seguro Social. También se desarrollará una reunión de trabajo con la Ministra de Educación, para avanzar en la aplicación de la LOEI en varios de los derechos establecidos.

De igual forma, la organización anunció que ratifica el llamado a movilizarse este 4 de marzo, a fin de exigir que el Legislativo cumpla con los plazos de envío del documento, respecto a la equiparación salarial y jubilación especial.

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Al finalizar la reunión, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, fue quien informó que ambas partes acordaron la instalación de estas mesas. En la primera, se analizará el proyecto de Código Laboral, propuesto por las organizaciones que integran el FUT, así como la propuesta de reformas planteada desde el Ejecutivo.

En la segunda mesa tratarán los temas relacionados con la seguridad social, es decir, lo referente a los instinstitucios de seguridad social del IESS, militar y de la Policía.

Ángel Sánchez, del FUT, dijo que durante la reunión el presidente Lasso reiteró que no se privatizará la seguridad social. El dirigente, por su parte, reiteró que buscarán “lo más beneficioso para todo el Ecuador, no solo para un sector”.

Respecto a las movilizaciones convocadas para el 23 de marzo, Sánchez dijo que “todavía no se ha decidido” al respecto, pero que no están descartadas.

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