El Presidente del Legislativo convocó para el martes 9 de mayo a las 10h45 la sesión del Pleno de la Asamblea para dar a conocer este informe. Los 137 asambleístas son los que deberán decidir si aprobar o no el juicio político contra el Jefe de Estado.

El documento fue enviado a Saquicela después del debate en la Comisión de Fiscalización. Con cuatro votos a favor y cinco en contra, no fue aprobado el informe no vinculante que recomendaba que el juicio político no se lleve a cabo.

»Se debe remitir al presidente un informe motivado y eso es lo que hará la Comisión de Fiscalización. La ley no dice un informe aprobado o no aprobado», aclaró la legisladora oficialista, Ana Belén Cordero.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Roberto Cuero, miembro de la Comisión, manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta Gabriela Molina, quien dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Argumentó que está “sesgado” y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Al finalizar la sesión, la proponente del juicio político, Viviana Veloz señaló que se incumplió el procedimiento parlamentario, debido a que Villavicencio clausuró la sesión cuando existía otra moción sobre la mesa. (A.G.M).

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A partir de las 10h00 la mesa parlamentaria se reunió para socializar el informe motivado por el proceso se sustanciación al juicio político del Jefe de Estado. Solo la asambleísta de UNES e interpelante, Viviana Veloz estuvo presente. Los otros tres proponentes faltaron a la convocatoria.

La sesión inició con varios pedidos en el orden del día, entre ellos el análisis de la función de los asesores en la redacción del informe, la cual fue aprobada y propuesta por el asambleísta oficialista Marco Troya. Según él, existieron interferencias en este proceso.

En este sentido, el legislador de UNES Roberto Cuero rechazó sus declaraciones y manifestó que ellos «no han amenazado ni han atropellado al equipo asesor», como lo habría insinuado Troya.

Otras mociones…

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio político y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

Para Villavicencio, el objetivo de UNES y el PSC era «obligarles» a aprobar un informe alternativo que planteaba el enjuiciamiento a Lasso. «Ventajosamente la presidencia de la Comisión logró impedir que esta moción de cambio del orden del día sea aprobada», resaltó.

Anteriormente, la bancada oficialista propuso tres cambios en el orden del día y solo fue aprobada la de Troya. Según el presidente de la mesa parlamentaria, solo están permitidas tres mociones de esta clase durante las sesiones, por ende, no dio paso al pedido de UNES.

La lectura del informe

La lectura del informe inició desde el punto cuatro y duró aproximadamente cuatro horas. El documento expuso las pruebas y fragmentos de las comparecencias que determinaban la supuesta inocencia del presidente Lasso en el presunto delito de peculado.

Además, el informe señaló que no hay evidencias para probar que hubo un contrato entre FLOPEC y Amazonas Tanker, en julio del 2022. De igual manera, expuso que no se pudo corroborar la identidad de Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso, y Rubén Chérres en los audios difundidos por el medio digital La Posta.

Con base en todos los argumentos, el informe resolvía no recomendar el juicio político contra el presidente Lasso. Sin embargo, gran parte de los asambleístas no estaba de acuerdo con esta resolución.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Cuero manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta de UNES, Gabriela Molina que dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Manifestó que está «sesgado» y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Una vez concluidas las intervenciones, la legisladora oficialista Ana Belén Cordero mocionó la votación para la aprobación del informe. Con un »digno final» Villavicencio dijo »¡Por los albañiles a favor!, sin embargo, los votos no fueron suficientes y se clausuró la sesión. (A.G.M).

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