“Tenemos el registro de los Concejales que no se han instalado ya en dos ocasiones. En caso de no instalarse en una tercera ocasión, podrían hasta ser removidos de sus cargos”, sostuvo la Procuradora.

Esta pugna se decide en términos legales, pues el Tribunal Contencioso Electoral aclaró que el alcalde Yunda no podría ya seguir ejerciendo su cargo, por ende Yunda, se arriesga a una sanción de 70 salarios básicos y de tres a cinco años de imposibilidad de ejercer un cargo público.

La Procuradora asegura que la decisión está clara a partir del artículo 328 del Código Orgánico Ordenamiento Territorial Descencentralizado, relacionado de las prohibiciones de órganos legislativos.

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Adicionalmente, en el artículo 329 de ese cuerpo legal se manifiesta que: queda prohibido por incompatibilidad e inhabilidad interferir en la gestión de funciones y competencias que los corresponda por disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas.

Igual no van a asistir

Para la concejala Mónica Sandoval, las convocatorias del alcalde Yunda no son legales, pues de acuerdo al 337 del COOTAD, una vez removida la autoridad máxima de un ejecutivo municipal, lo único que corresponde es el reemplazo.

Art. 337.- Ejercicio del cargo.- La autoridad cuya remoción se tramita de conformidad con este Código y que dentro del término previsto solicita la consulta sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento, seguirá en el ejercicio de sus funciones hasta que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie. En caso de que la autoridad removida sea el ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral emita su pronunciamiento sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento, la nueva autoridad designada podrá solicitar la clave de servicios interbancarios para el uso y manejo de recursos públicos, al organismo correspondiente.

“Está claro, lo que hay que hacer es el único camino para que la ciudad recobre su rumbo”, concluyó Mónica Sandoval.

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“Durante estos meses hemos trabajado por cuidar a las y los quiteños. Incluso si eso significaba enfrentar grupos de poder. Hoy termina mi gestión como Supervisora de AMC. Solo puedo agradecer el trabajo de todo el equipo”, publicó Obando en Twitter.

El pasado martes 8 de junio, la AMC ingresó al Estadio Rodrigo Paz Delgado para desplegar un operativo de control durante el partido Ecuador vs Perú. Obando aseguró que la FEF incumplió la medida del aforo, en el lugar encontró “invitados VIP”: “el señor (Francisco) Egas (Presidente de la FEF) mantuvo una extensa lista de invitados vip. El Secretario de Seguridad con su hijo, personas de la Embajada Americana. Además me dijeron que llegarían altos funcionarios del Estado con sus cápsulas de seguridad», declaró.   

La exfuncionaria municipal denunció, además, que los asistentes jamás fueron consultados si tenían una prueba PCR Negativa para COVID-19 al momento de ingresar al Estadio. «Esta es una prueba de que la Federación no cumple los protocolos de bioseguridad. El señor Francisco Egas está mintiendo y engañando a la ciudadanía», añadió.

Ante el procedimiento de Gabriela Obando y los agentes de la AMC, el presidente de la FEF, Francisco Egas envió una queja al Alcalde de Quito, Jorge Yunda, por supuesto “abuso de autoridad”.

La mañana de este viernes 11 de junio, Obando reiteró sus razones en una rueda de prensa. Una vez más, aseguró que Egas estaba mintiendo sobre el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. En la tarde, ella confirmó el término de su contrato y reiteró los pronunciamientos que hizo días atrás.

El Alcalde Yunda encargó el puesto de Supervisión de la AMC a Santiago Martín Enríquez Castro.

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