Pabón compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para exponer sus observaciones sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que incluye una reforma tributaria.

La prefecta sostuvo que la reforma es una oportunidad para que el Gobierno salde la deuda con los GAD, que ha dejado de pagar los haberes a los funcionarios de estos gobiernos desde hace cuatro meses.

Pabón planteó la posibilidad de tener un pago justo desde otras instancias del Ejecutivo. «Queremos establecer un mecanismo de sobregiro para el pago de transferencias por el modelo de equidad territorial a los GAD, de modo que si el Ministerio de Economía no nos paga, automáticamente genere un crédito en las cuentas del banco central, en favor de los GAD», expresó.

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El éxodo de los GAD parroquiales rurales inició a mediados del siglo pasado, como parte del denominado régimen administrativo que consideró a provincias, cantones y parroquias. Durante el trayecto, la organización social desempeñó un rol indispensable pues el reconocimiento y la consecución de asignaciones económicas fue fruto de una lucha gremial, que, hasta la fecha continúa en la puja para vislumbrar el horizonte del desarrollo en el territorio rural. Allí un paradigma para repensar la descentralización y el modelo de equidad territorial: un reto para el Gobierno de Daniel Noboa.

La Constitución del Ecuador del año 1945, consideró lo conformación del Consejo Parroquial con las siguientes atribuciones:

1. Atender al mejoramiento de los servicios públicos de la parroquia;
2. Procurar la realización de las obras públicas parroquiales;
3. Invertir las rentas parroquiales en la forma que la ley determine;
4. Trabajar por la cultura popular; y
5. Ejercer las demás atribuciones que les señalen la constitución y las leyes.

Además se especifica la facultad resolutiva y un primer intento por legislar el origen de los recursos, inscrito en el artículo 110, de la norma en mención, determinaba que “el sesenta por ciento, cuanto menos, de los ingresos municipales producidos por cada parroquia rural, se invertirá en obras de la misma”.

Para la Constitución de 1946, se considera el denominado Régimen seccional, donde una vez más a las provincias, cantones y parroquias como la división territorial del país. Lastimosamente, a diferencia de 1945, se excluye noción alguna respecto a las atribuciones y presupuestos: desaparece el Consejo Parroquial del texto mandatorio.

La nominación “Juntas Parroquiales” se inscribe por primera vez en la Constitución de 1967, específicamente en el artículo 243, donde menciona que “en cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial, cuyos miembros serás elegidos por votación popular y directa. (…) vigilarán los servicios públicos parroquiales, determinarán obras que interesen a la parroquia y controlarán los fondos destinados a las obras de su jurisdicción. Tales juntas elegirán un presidente de su seno”. Respecto a la conformación presupuestaria, la Carta constitucional de la época consideró “el impuesto predial rústico para las respectivas parroquias rurales” (art. 246, numeral 3).

Paradójicamente, una vez más, la Constitución Política de 1979, borra del texto normativo la nominación de “Juntas Parroquiales” y toda claridad, por mínima que fuere, en torno a las atribuciones y el presupuesto. Se repite la dinámica descrita en párrafos anteriores respecto a los años 1945 y 1946.

Con la Constitución de 1998, se retoma el reconocimiento de las Juntas Parroquiales y además se inscribe un hito: la nominación como gobierno seccional autónomo. Sin embargo, excluyó  a las juntas parroquiales la facultad legislativa para crear, modificar o suprimir tasa, en otras palabras, se funda la incapacidad legal para generar recursos propios mediante la recaudación de tasa y tributos que hasta la fecha se encuentra vigente.

Fernando Salazar, dirigente histórico de las juntas parroquiales y ex asambleísta constituyente, manifiesta que “las juntas parroquiales, como nacieron, se extinguieron”, criterio que sostiene su argumentación considerando la dinámica de los textos Constitucionales de 1945 – 1946, y, 1967 – 1979. Para 1998, tras un proceso organizativo de índole nacional de las autoridades parroquiales, las juntas parroquiales se reconocían como gobierno seccional sin embargo, la Constitución Política derivaba hacia una ley que no existía, ni sustantiva, ni adjetiva.

Con el horizonte trazado, en 1999 se funda una organización de hecho denominada Comisión Nacional de Juntas Parroquiales que se formaliza en derecho para el 2001 como Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE). El objetivo fue claro: dotar de institucionalidad y recursos toda vez que, a criterio de Salazar, “el Estado no quería que existamos porque decían que éramos la diáspora del país y que se iba socializar la corrupción (…) los cholos, negros e indios no teníamos conocimiento de la cosa pública”.

Previo al mandato de Rafael Correa, surgieron algunos avancen normativos, en cuento a la legislación electoral, el funcionamiento de las juntas parroquiales, inclusión formal a la administración pública y un recurso escueto de alrededor de cuatro millones destinados para aproximadamente 785 Juntas. Realidad que se transforma en 30 millones de dólares, compromiso de campaña, que se cumplió en el Gobierno de Correa. Datos proporcionados por Fernando Salazar.

El enfoque garantiza de derechos impreso en la Constitución de 2008, incluye el modelo de descentralización donde se inscriben como Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, donde la Junta Parroquial configura la función legislativa frente al Ejecutivo de la parroquia. Así también, las diversas legislaciones circundantes a los tres niveles de gobierno fueron sustituidas con la promulgación del COOTAD en el año 2010.

Si bien los avances son notorios, es preciso analizar, tras trece años del COOTAD si el modelo de equidad territorial hace honor a su nombre considerando, por ejemplo, la inequidad en la erogación de recursos por parte del Gobierno Central, donde a los 821 GAD parroquiales apenas les corresponde el 6% del recurso. Por si fuera poco, la herencia de la Constitución de 1998, la incapacidad de generar recursos propios, se traduce en una dependencia exclusiva de las asignaciones de la Cartera de Finanzas, cuyas fluctuaciones atacan a las economías tan deprimidas de los gobiernos parroquiales.

En cuanto a las competencias concurrentes, existe un amalgama de criterios políticos en el terreno de las voluntades subjetivas que lastimosamente, perjudican la ejecución de obras por parte de los GAD parroquiales, aún cuando los municipios o prefecturas no eroguen recursos. En otras palabras, las concurrencias son sinónimo de pedir permiso a los otros niveles de gobierno, pues, así el gobierno parroquial cuente con los recursos para ejecutar una obra, si se trata de una concurrencia, obligatoriamente debe celebrar un convenio con otros niveles de gobierno y depende de la voluntad administrativa para que se firme pronto, o en su defecto, se dilate incluso varios años.

Hoy, 2023, es menester, para todos los actores, repensar el modelo de equidad territorial para no condenar a los GAD parroquiales.

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En diciembre de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones, dejando al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

«El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública», fue la respuesta del ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Para el titular de la cartera de Estado, no hubo transparencia y las tasas de interés eran más altas que cualquier crédito multilateral. Además, resaltó que existió eliminación de la aportación estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social »saquearon al Banco Central del Ecuador (BCE) y quedaron debiendo al Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)».

No obstante, la nueva deuda adquirida por el Ejecutivo para »mejorar el país» nos dejó en el quinto puesto de los países más endeudados con el FMI después de Argentina, Egipto y Ucrania. A partir del 2017, la suma de la deuda con el organismo internacional ha crecido de manera considerable.

Más deuda con el FMI

En diciembre de 2022, el presidente Lasso anunció que el FMI aprobó el desembolso de USD 700 millones al Ecuador. Según el Gobierno, este acuerdo es bien percibido por los mercados internacionales.

“Esta es una demostración de que estamos manejando en orden la economía, que hay un reconocimiento internacional y que el Ecuador va por buen rumbo. Orden fiscal y enfoque social es nuestra política”, recalcó el mandatario.

El acuerdo del programa de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI fue suscrito en septiembre del 2020. Adicional al reciente desembolso, el país también ha tenido el “respaldo financiero” de USD 6.500 millones.

No hay reactivación

Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han “ayudado” a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.

También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país no ha logrado reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos.

La exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, mencionó que los resultados de los préstamos no son culpa del FMI, sino del gobierno de turno que no es capaz de generar políticas adecuadas para aprovechar el dinero.

“Tienes recursos, tienes una reserva internacional por los USD 8 millones, tienes unos resultados fiscales interesantes, con resultados superavitarios, pero eso no se está reflejando en la economía”, explicó para el medio.

El exministro de Economía, Francisco Ortiz, tiene el mismo criterio. Considera que Lasso está alargando el ajuste fiscal, que debió terminar en 2021. A su criterio, en 2022 debía flexibilizar este ajuste para tener mejores resultados económicos, pero decidió mantenerlo. (A.G.M)

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El siniestro sucedió cerca de la media noche de hoy. El deslizamiento, de acuerdo a informaciones preliminares, no afectó vidas humanas pero si afectó casas y cultivos del lugar. El Municipio de Pimampiro analiza la posibilidad de reubicar a las familias de la zona, según señala un artículo de El Comerio.

Fotografías de usuarios en redes muestran el gran parte de la vía de acceso al cantón está colapsada. Viviendas, cultivos e invernaderos también fueron afectados por el deslave.

La cuenta de twitter del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Pimampiro indicó que un equipo profesional de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ambiente de Yachay Tech se encuentraba realizando estimaciones sobre los daños que iban a provocar las grietas y el desnivel del suelo.

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal (COE) de Imbabura ha declarado en emergencia al cantón Pimampiro, por lo que está restringido el ingreso de personas a la zona de peligro. Según fuentes extraoficiales, personal de la policía Nacional se encuentra operando en los alrededores del sector para que se cumpla el impedimento.

Un deslave anunciado

Un artículo de diario El Comercio del 18 de noviembre señala que aparecieron grietas en el piso hace dos meses.

Felipe Parra, jefe de Obras Públicas del Municipio de Pimampiro, indicó a ese medio que el desnivel en el suelo, se notó al ejecutar un cambio en las tuberías de agua potable y alcantarillado. El desnivel era de cerca de un metro.

Desde hace dos semanas el COE Cantonal de Pimampiro había establecido mesas de trabajo para buscar una solución a la reubicación de las familias que se encontraban en la zona de riesgo.

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Quito 19 de feb (La Calle).- El número de vacunas comprometidas por el Ministerio de Salud Pública es insuficiente para la población ecuatoriana. A esta conclusión llegaron los representantes de los Municipios (GADs), quienes insisten en ser tomados en cuenta para la compra, planificación y distribución de las vacunas para tratar la Covid-19.

“Desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas requerimos que parte de los valores correspondientes por concepto de devolución del impuesto al valor agregado IVA en favor de los municipios, sean empleados en la adquisición de más vacunas con el objeto de beneficiar a la población, garantizando la vida y la salud de los habitantes del Ecuador”, reza el comunicado.

El coordinador de la AME, Héctor Calderón, afirmó que los municipios no están en la capacidad de adquirir vacunas por cuenta propia. Es por eso que los gobiernos descentralizados piden ser parte del proceso de adquisición.

“El presidente de la AME, Raúl Delgado ya solicitó al ministro de economía, Mauricio Pozo y al Presidente de la República que la deuda que mantienen se destine a la adquisición de la vacuna y se distribuyan en el territorio. Con esto esperamos que se cumpla el principio de equidad».

Posibles distorsiones en la compra de vacunas

El médico Marco Aguilar afirmó que es comprensible la angustia de los municipios, la ciudadanía y las empresas por la falta de respuesta en el plan de vacunación. Por su parte, el experto afirmó que la compra de vacunas puede generar distorsiones. «Esto apuntaría a una inequidad. Tendremos poblaciones privilegiadas como Pichincha, Guayas y Azuay. El acceso a las vacunas es un derecho y obligación humana», afirmó.

«Me parece que una posición adecuada es exigir que el Gobierno Nacional y el Ministerio planteen un plan nacional factible. No más declaraciones genéricas. Necesitamos un programa operativo y consideraciones éticas y técnicas que sustenten el plan. Los Municipios disponen hacer una mesa común entonces se debería negociar a través de la Organización Panamericana de la salud el acceso gratuito de las vacunas a toda la población.

El doctor indicó que no se puede repetir el error que cometió el Gobierno con las pruebas de diagnóstico. «Las pruebas fueron vendidas por laboratorios, mientras que el Estado no invirtió lo suficiente».

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El legislador de CREO sustentó su propuesta mediante una tabla comparativa, en la que constan los gastos en promoción y el presupuesto de cuatro GAD municipales del país. Quito y Guayaquil en el rubro de alto presupuesto. Ambato en el de mediano presupuesto y Portoviejo en el rubro de bajo presupuesto.

Para el cálculo fueron usados los montos de los años 2014, 2015 y 2016.  El objetivo fue mostrar el total porcentual de gasto que realizaron estos municipios. El resultado fue de 0,4 % del monto máximo que cada institución publica recibió para realizar comunicación publicitaria.

A partir de esta tabla, Callejas propone fijar el monto máximo de gasto publicitario de estas instituciones. 0,2 % del presupuesto total que cada una recibe para fines de promoción. Varios asambleístas de la Comisión de Derechos Colectivos mostraron su inconformidad con esta iniciativa.

Críticas

Juan Lloret (RC) criticó que Callejas no haya tomado en consideración que existen GAD provinciales y municipales que enfrentan diferentes necesidades presupuestarias. Varias cuentan con rubros muy distintos a los cuatro municipios de la tabla del legislador.

Marcela Aguiñaga (RC) calificó a la propuesta como carente de sustento técnico y de «mediocre». “No podemos ir al pleno con un informe que sea mediocre” sentenció la asambleísta.

La Comisión de Derechos Colectivos realizó varios requerimientos de información a los GAD y al Ministerio de Finanzas. Esto con el fin de elaborar un estudio más pormenorizado de los gastos y presupuestos de promoción. Pero, hasta la fecha no han recibido esta información.

Otras propuestas

En el proyecto también consta un artículo que prohíbe el uso del presupuesto de los GAD para fines electorales. Su objetivo es evitar que funcionarios públicos promocionen su imagen a expensas del dinero de la ciudadanía.

Adicionalmente, en la iniciativa existe un artículo que obliga a las instituciones del Estado a utilizar sus recursos de promoción con un fin. Comunicar la construcción de obras públicas, bienes y servicios para la ciudadanía. (DR).

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«Somos todos los alcaldes agrupados en la regional cinco del país; solo al Municipio de Santa Lucía se le deben más de 2,2 millones de dólares, es decir cuatro meses de asignaciones presupuestarias», dijo a periodistas Edson Alvarado, alcalde del cantón Santa Lucía, ubicado en la provincia del Guayas.

En la mañana del 11 de agosto, liderados por varios alcaldes, trabajadores bloquearon con maquinaria pesada tres vías de Guayas y Los Ríos que conectan con Guayaquil.

La consigna

Gritando consignas como «el pueblo unido jamás será vencido» y con pancartas en las que exigían el pago de los recursos adeudados, los funcionarios de los cabildos movilizados se instalaron junto a los vehículos impedidos de circular.

Durante alrededor de dos horas, largas filas de vehículos no pudieron circular por las vías bloqueadas hasta que la Policía Nacional tomó el control de la situación.

Alvarado calificó de preventiva la protesta y advirtió que se tomará otro tipo de acciones si el gobierno no atiende las obligaciones por USD. 285.273 millones que mantiene con los cabildos por concepto de transferencias y por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Días atrás, Raúl Delgado, presidente nacional de AME, dijo que todavía no se logran acuerdos sobre el pago de los valores adeudados por el Gobierno a los 221 cantones del país. Estimó en más de 1.000 millones de dólares la deuda que mantiene el Gobierno ecuatoriano con los cabildos.

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