El Ejecutivo argumentó que la iniciativa del Legislativo pretendía la entrega de asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales desde el Banco Central, en perjuicio de otros sectores como seguridad, salud o educación, lo cual afectaría las finanzas públicas y pondrían en riesgo la estabilidad económica.

Asimismo el comunicado detalló que el gobierno maneja de manera responsable los recursos de país estableciendo prioridades y respetando la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s).

»El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado», resaltó el gobierno.

El pasado 7 de mayo el Parlamento aprobó con 106 votos afirmativos y 14 abstenciones de la bancada oficialista la Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los GAD’s impulsada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el legislador Johnny Terán en el anterior período.

Tensiones Ejecutivo-Legislativo

El Partido Social Cristiano (PSC) rechazó la decisión del Ejecutivo y señaló que el gobierno no puede apoderarse de »plata ajena» aduciendo que está quebrado y que por tanto ahora quiera afectar a las parroquias, cantones y provincias.

Además calificó a este acto como ilegal y antiético, pues se pretendería pagar una deuda que asciende a más de USD 820 millones con »papeles desvalorizados» cuando el pago debería ser en efectivo y completo.

Esta es el segundo veto que Noboa envía a la Asamblea, el primero fue dirigido a la ley que establecía que los vocales de la Judicatura puedan pedir licencia mientras están en prisión preventiva.

Del otro lado, el oficialismo se queda sin respaldo en el Legislativo, tanto en la elección de la terna para la Judicatura y en la enmienda constitucional a los vetos presidenciales, la bancada fue la única que votó en contra.

Ahora la Asamblea deberá tratar el veto del mandatario y ahora necesitarán de 70 votos para ratificarse en el proyecto de ley.

Las relaciones entre ambos poderes del Estado va cuesta abajo, incluso, Kronfle quien es cercano a la familia presidencial ha hecho un llamado de atención al presidente Noboa para que elija bien a sus voceros, pues el viceministro de Gobierno alegó que en el Legislativo se pretende crear un comisión con el objetivo de emitir un juicio político en contra del mandatario. (AGM).

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“Cuando llegamos al poder el déficit fiscal era de 7.7 puntos del PIB. Cerraremos este año con un déficit del 2.5”, dijo el titular de la cartera de Estado a Teleamazonas a finales de septiembre.

Esta afirmación empezó a opacarse tras los hechos evidenciados en los últimos meses. En los primeros días de octubre salió a la luz una transferencia de USD 75 millones desde el Fondo Común Amazónico hacia la cartera de Estado que preside Arosemena.

La Presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, Guadalupe Llori, aceptó que transfirió esa cantidad de dinero. Argumentó que es un “ejercicio económico” que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando se lo necesite.

Ante la situación, la asambleísta electa de Construye, Alexandra Castillo solicitó apoyo al Grupo Parlamentario Amazónico para llevar adelante el juicio político contra Arosemena. Este cuestionable »préstamo» no es el único que marca la gestión del jefe ministerial.

Deudas a los GADs

En las últimas semanas los Municipios, Prefecturas y GAD’s parroquiales han denunciado públicamente el incumplimiento de asignaciones económicas de octubre y septiembre por parte del Gobierno central.

El presidente de la Conagopare Pichincha, Andrei Iza, aclaró que las asignaciones presupuestaria a las que se refirió el Gobierno son las que se han entregado desde el 2015. La deuda con las juntas parroquiales de es de más de USD 31 millones. «Hay una gran falsedad. Están con los atrasos desde el mes de octubre del 2023», aseveró.

Por otro lado, la presidenta del Congope, Paola Pabón señaló que la deuda que mantiene el Estado con las Prefecturas sobrepasa los USD 563 millones.

De igual manera, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) reclamó el adeudamiento de alrededor de USD 512 millones. El plazo para pagar la deuda era hasta este 9 de septiembre, caso contrario saldrán a una movilización nacional.

Pese a las denuncias de las autoridades, Arosemena desconoció el adeudamiento de los dos últimos meses. Resaltó que este Gobierno es el que más ha hecho transferencias a los GAD’s.

Deuda a la educación

La Universidad de Cuenca se suma a las denuncias contra Arosemena. La institución expresó públicamente su reclamo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.

En un comunicado la universidad aseguró que la deuda alcanza los USD 2.892.548,27 millones ; recursos relacionados a becas, servicios de seguridad, vigilancia y limpieza, adquisición de insumos y materiales de laboratorio, e insumos académicos y de investigación.

#ComunicadosUCuenca l La Universidad de Cuenca manifiesta un reclamo público al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.
Exigimos la atención inmediata a las obligaciones que mantiene el Gobierno con nuestra institución. pic.twitter.com/IS4MjFiM9q

— UCuenca (@udecuenca) November 8, 2023

¿Déficit fiscal?

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el déficit fiscal del PIB en 2020 era del 7.13 %. Sin embargo, en el 2018 fue del 2.8 % y en el 2019 del 3.5 %, año en donde las condiciones económicas del país empeoraban.

El exministro de Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo en funciones en los primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, dejó un déficit de 3.5 % en el 2021 y aportó parcialmente a cerrar el 2022 con un -1.7 %.

Actualmente, la previsión para el 2023 es de -2.2 %, lo cual se traduce en USD 2.630 millones. El economista Segundo Camino prevé que incluso la cifra sea más alta, entre -3 % y – 3.5 %, es decir, más de USD 3 millones.

Otra cifra alarmante es la que emitió el Observatorio de la Política Fiscal que proyectó hasta USD 5 millones en déficit fiscal. Este monto se convertiría en una brecha que no permitiría cubrir gastos básicos, el pago de deudas pasadas, las transferencias al IESS y a los gobiernos locales. (AGM).

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»No creo en los datos del Censo y lo digo de manera clara, tajante y categórica», dijo el burgomaestre en el espacio semanal de Frecuencia Quiteña.

El principal motivo de su desconfianza fue el incumplimiento de las proyecciones del Censo, pues en un inicio el INEC predijo la existencia de 18 millones de habitantes en el país para este año. Sin embargo, las cifras actuales evidencian el registro de cerca de 17 millones de personas, es decir, casi un millón menos.

»Si sobre esos números se va a calcular los recursos que se traspasan a las Juntas Parroquiales Rurales, a las Alcaldías y Gobiernos Provinciales habrá que ponerle muchísima atención» recalcó.

Abastecimiento de agua

Durante el fin de semana, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) planificó la instalación de 300 medidores en varios sectores de la capital.

Durante varios años, la parroquia de Calderón ha experimentado problemas de desabastecimiento de agua. Muñoz resaltó que si bien hay más caudal de agua por minuto hay más población en Calderón que crece gradualmente.

Actualmente está en marcha la construcción de una planta potabilizadora de agua en Calderón para dotar de 1.000 litros por segundo a barrios de esa parroquia, también a San Antonio y Calacalí.

Para el burgomaestre era fundamental conocer los datos del censo para avanzar con diferentes obras. Otro proyecto que sigue en marcha es la repotenciación de la planta de El Troje y la construcción de una línea de conducción desde la planta de Palugillo hasta La Merced.

Pabel responde a las críticas

»Cuando un medio público entrevistan a una persona que en otros medios no lo hacen ya es proselitismo político», manifestó.

El alcalde defendió el pluralismo democrático que maneja la programación de la Radio Municipal, un tema que ha causado críticas en redes sociales. Muñoz enfatizó en que los »censores» de los medios de comunicación critican a conveniencia y pidió que »juzguen con la misma vara». (AGM)

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Quito, 9 Mar (Radio La Calle).- Las Municipalidades de la Costa, Sierra y Oriente se congregaron hoy en el parque El Arbolito de Quito para exigir al Gobierno cancelar sus asignaciones.

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, informó la decisión de todos los alcaldes y alcaldesas de movilizarse hasta el Palacio de Carondelet, con el fin de que el presidente Moreno cumpla con sus exigencias.

Se solicitó también agilitar la delegación de competencias en salud, pues se busca desarrollar planes de vacunación por parte de los GAD´s. Por último, exigen que el Servicio de Rentas Internas (SRI) genere los procedimientos que permitan la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

«No hemos descuidado nuestras obligaciones», Delgado

“Entendemos que existe una crisis mundial, pero nosotros brindamos servicios a nuestros ciudadanos pese a no contar con recursos, no hemos dejado a un lado nuestras obligaciones”, afirmó Raúl Delgado.

El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, explicó en medio de la movilización su molestia por la falta de servicios en la ciudad y la paralización de las obras y/o proyectos. Añadió que han tenido que autofinanciarse mediante la reactivación productiva y la dinamización del comercio local.

El alcalde de Morona, Franklin Galarza, mencionó que el Gobierno “le debe a la provincia de Morona Santiago más de 124 millones de dólares hace dos años”. Añadió que este 19 de marzo se desarrollará la Cumbre Regional Amazónica para dialogar entre alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales para “exigir una respuesta al ministro de Salud sobre el plan para vacunar a la población amazónica”.

Diálogo entre alcaldes y el gobierno

A pesar de las vallas que colocó la Policía Nacional en los accesos al Palacio de Carondelet al mediodía y de los leves desmanes, la protesta desembocó, finalmente, en un diálogo con el recientemente posesionado ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

A las 18:02 de hoy no se ha confirmado ningún acuerdo entre las partes. Solo se conoce  que mañana miércoles 10 de marzo, los municipios se reunirán con los candidatos presidenciables de la segunda vuelta.

“Desde las 09:00 hasta las 11:00 de la mañana recibiremos al candidato presidencial de CREO-PSC, Guillermo Lasso y desde las 11:00 hasta las 13:00 estará el candidato de UNES, Andrés Arauz, a quienes expondremos la realidad de los municipios del país y poder llegar a acuerdos”, manifestó el presidente de AME.

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Quito 13 de ene (La Calle).- Un total de 16 prefecturas del Ecuador presentaron una acción de inconstitucionalidad e incumplimiento ante la intención de reducir el presupuesto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) y la falta de abonos de la deuda que el Estado mantiene con los gobiernos provinciales. Los Consejos Provinciales restantes estarían al día o no plegaron a la acción de orden legal.  

«En el caso de Pichincha, hace 6 meses que no nos han entregado los recursos. El monto asciende a USD 50 millones. Rechazamos los acuerdos ministeriales y pedimos los recursos que debíamos recibir. Nos parece fundamental que la Asamblea asuma el papel de fiscalizador», advirtió la prefecta Paola Pabón.

El prefecto del Carchi, Guillermo Herrera Villarreal, también manifestó su disgusto por la deuda de USD 7 millones. «El Ministerio de Finanzas debe ponerse al día con la provincia fronteriza. Estamos en semáforo rojo de emergencias», añadió.  

No es la primera vez…

El pasado 16 de diciembre de 2020, colectivos sociales y miembros del Gobierno Seccional de Pichincha participaron de un plantón en las afueras de la Plataforma Gubernamental por el impago de deudas que el Gobierno Central tiene con los Gobiernos Autónomos. Alrededor de 250 personas participaron.

Los prefectos presentaron ya una demanda por inconstitucionalidad e incumplimiento ante la falta de aumentos de sueldo. De acuerdo a cálculos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el Estado les adeuda un total de 700 millones de dólares.

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Quito, 16 dic (La Calle).- Colectivos sociales y miembros del Gobierno Seccional de Pichincha participaron de un plantón en las afueras de la Plataforma Gubernamental. ¿La razón?: el pago de las deudas que el Gobierno Central tiene con los Gobiernos Autónomos, (GAD’s).

Las acciones continuarán con una marcha hacia Carondelet. De igual manera, prefectos presentarán dos demandas, la primera por inconstitucionalidad ante la falta de aumentos de sueldo y la segunda, por un trámite de incumplimiento por la sentencia de la Corte, en cuanto a las rentas que el Estado debe asignarles.

Alrededor de 250 personas se reunieron para participar de esta protesta. De acuerdo a cálculos desarrollados por la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el Estado les adeuda más de 700 millones de dólares.

Productores Afectados

“El Gobierno no cumple hasta ahora con los pagos que la ley exige, y este problema viene desde antes de la pandemia, en el caso de que esa sea la excusa”, comentó Leonidas Moreno, funcionario del GAD provincial de Pichincha.  

Afirmó, también, que el Gobierno pretende un recorte presupuestario de 18 millones USD a las asignaciones, lo que complicaría la gestión de proyectos en favor de los medianos y pequeños productores.

Servidores públicos de los gobiernos seccionales afirman que la disminución presupuestaría afectaría a 6.337 productores pecuarios que se benefician al año a través de las clínicas veterinarias móviles del GAD de Pichincha.

Eduardo Mosquera, Secretario General del Sindicato Único del GAD de Pichincha, adelantó que, si el Ministerio de Economía no da respuesta a sus peticiones, las autoridades de los GAD’s van a optar por la vía legal.

Han pasado casi 6 meses desde que los gobiernos seccionales dejaron de recibir sus asignaciones.

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La reforma permite que los GAD, las Universidades y las Escuelas Politécnicas del país cobren al Gobierno Nacional los montos adeudados por concepto de devolución del IVA.

El asambleísta independiente, Franco Romero, mencionó al Pleno que el objetivo de esta reforma es que las instituciones retengan el IVA y no lo entreguen al Gobierno. De esta manera se evitarían los pagos atrasados.

Romero explicó que la falta de estos recursos pone en riesgos la liquidez de los GAD y de las instituciones de Educación Superior. Esta situación desemboca en un precario servicio a la ciudadanía.

Según el legislador, el llamado “Gobierno de Todos” adeuda a los GAD municipales USD 3.512 millones; USD 66 millones a las Universidades y Escuelas Politécnicas y aún falta determinar la deuda con los gobiernos provinciales.

La mayoría de los asambleístas considera urgente esta reforma. “El Ecuador debe avanzar hacia la desconcentración y descentralización de los recursos”, manifestó el socialcristiano César Rohón.

Con su punto de vista coincidieron los legisladores Fernando Callejas y Wilma Andrade. Ambos consideran que es un derecho de los GAD recibir estos recursos y el Estado mantiene una deuda histórica con ellos. “USD 997 millones se adeuda a 221 municipios”, puntualizó Wilma Andrade.

Dentro del Legislativo se plantea el establecimiento de un plazo de 180 días para que el Ministerio de Finanzas pague lo que debe a las instituciones afectadas. (DR).

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Los recursos corresponden al modelo de Equidad Territorial, Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOPICTEA), y devolución del IVA.

“La comunidad de la Amazonía se movilizará a Quito hasta el martes 1 de septiembre con al menos 20 personas de cada cantón. Los pobladores se dirigirán a los medios de comunicación y a la Plataforma Gubernamental para hacer escuchar su requerimiento”, indica el comunicado

Además, el grupo solicitará audiencias con las autoridades del Gobierno Nacional. Buscan reunirse con los ministros de Economía y Finanzas y de Gobierno,en comisión general con los alcaldes alcaldes.

En primera instancia, la mancomunidad de los gobiernos descentralizados de Morona Santiago tomó la decisión de realizar un plantón el lunes 31 de agosto del 2020 a las 10 de la mañana en Macas.

“El mismo día, en cada uno de los territorios de todos los GADs Municipales de Morona Santiago, paralizaremos las actividades de Concejales, empleados y trabajadores”, resalta el escrito.

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