“Trabajadores, estudiantes, maestros y distintos sectores sociales están movilizándose en todo el país frente a la política del Gobierno. No hay cupos para la universidad. Escuelas no están dotadas de herramientas. Crece el costo de la vida y el gobierno no enfrenta estos problemas y prefiere seguir negociando los intereses particulares”, expresó el coordinador nacional de UNE.

Agregó que el Gobierno solo reacciona al diálogo cuando le conviene. “El Gobierno se acuerda del diálogo solo cuando hay movilización. Solo cuando los sectores populares nos tomamos las calles. El Gobierno solo ha negociado con el Fondo Monetario Internacional y a cambio de eso, todo el presupuesto de educación y salud. Se agotó el diálogo y el gobierno tiene responder”.

“Son 14 provincias del país donde se produce el cierre de vías por parte del movimiento indígena, agricultores, maestros. Solo para el gobierno no existe movilizaciones. Lógicamente al gobierno le va a afectar el descontento de las pueblos y ciertos sectores populares que están en pie de lucha”, añadió.

La protesta llegó a las inmediaciones de la Plaza del Teatro, donde algunos ciudadanos prendieron fuego a llantas. La policía Nacional dispersó la protesta con gases lacrimógenos y los motorizados expulsaron a los manifestantes de la Plaza.

Organizaciones como el Frente Popular y la UNE anunciaron manifestaciones para el próximo 16 de junio. MIB

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En las protestas de octubre del 2019 fallecieron 13 personas. Además 22 sufrieron lesiones graves como pérdida de un ojo o lesiones cerebrales. A esto se suma la impunidad que existe en este caso. Fiscalía recibió 743 denuncias, la mayoría por daño de bienes. De este total, solo 66 han sido procesadas y 19 recibieron sentencia condenatoria.

Esta información salió a la luz como parte de una investigación llamada El negocio de la represión, en la donde participaron El Universo de Ecuador, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de la región. Y que recoge diario El País en su edición internacional.

Préstamos de Colombia

La exministra habló con Guillermo Botero Nieto, en ese entonces ministro de Defensa colombiano y que ahora es embajador de ese país en Chile. Sin embargo, no precisó con qué autoridad peruana trató. “Es un tema de cooperación entre policías (…). No recuerdo que el presidente (Lenín Moreno) haya hecho o haya tenido que hacer una llamada”, dijo Romo. Las llamadas son de tipo diplomático para alertar que el comandante de Policía ecuatoriano llamara a sus colegas para determinar el préstamo.

Un informe de la Comandancia de Policía detalla lo que envió Colombia entre el 9 y 10 de octubre: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases.

El Gobierno colombiano informó que fue una ayuda única. “No ha habido ningún otro préstamo de armamento no letal, tampoco de elementos de consumo, a otros cuerpos policiales o militares de algún país de América Latina en los años 2018 a 2022″, dijo en su respuesta el general Henry Sanabria Cely, director administrativo y financiero de la Policía colombiana.

El préstamo de Perú

Por otra parte, no constan archivos del préstamo de Perú. Una fuente cercana a la exministra Romo le dijo a El Universo que eso no fue un préstamo sino donación y que no recordaba si los gases estaban caducados a cerca de su fecha de caducidad.

“Estoy casi segura de que fue donación. No sé si es que hubo una parte que era donación y una parte que era préstamo. Tendría que verificar en los documentos (…) No conozco los detalles, peor aún la motivación para donar, pero si Perú tenía más material o ya había contratado un recambio, tal vez para Perú era una opción donar”, añadió Romo.

Perú prestó 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma. El expresidente Martín Vizcarra confirmó el préstamo. “Hubo un acuerdo directo entre las direcciones generales de la Policía entre Perú y Ecuador. Este fue el único préstamo interinstitucional. La idea era que se devuelva inmediatamente apenas llegara el material que compró ese país”.

Presión por los préstamos

El 21 de noviembre se desataron protestas en Colombia, un joven llamado Dylan Cruz se transformó en una de las víctimas de la violencia policial y llevó a la Corte de Justicia colombiana a suspender el uso de escopetas de calibre 12 mm, el arma no letal con la que apuntaron directamente a Cruz, que murió dos días después.

En medio de estas protestas, el Gobierno colombiano presionaba directamente a sus pares de Ecuador para que devuelvan el préstamo de bombas que hicieron en octubre. Los oficiales ecuatorianos presionaban a su vez a sus homólogos bolivianos a quienes también prestaron bombas durante las protestas por el golpe de Estado.

En junio de 2021, el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) denunció por posible peculado a Lenín Moreno y a María Paula Romo, por la entrega de las bombas lacrimógenas a Bolivia. Según él, el perjuicio al Estado ecuatoriano alcanzaría los USD 300.000.

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Compras desconocidas

El ahora ministro del Interior, Patricio Carrillo, era parte activo de la Policía Nacional y presentó un proyecto para adquirir más bombas y material. Esto debido a la mayoría de éstos estaban caducados. Un informe del Ministerio de Finanzas muestra que se destinaron USD 14,2 millones al proyecto de Carrillo, pero se devengaron apenas 2,5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese dinero.

Compras Públicas no aclaró si conoce sobre el uso de esta plataforma. Romo indicó que durante su gestión se hicieron dos grandes contratos a través de esa plataforma digital. El fin era adquirir los productos directamente a los fabricantes internacionales sin pasar por los intermediarios locales, para ahorrar dinero. También aseguró que estas compras fueron declaradas confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.

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“Hay la cooperación internacional. Tenemos asociaciones como la Ameripol, Europol, Iberpol donde no solo se intercambia información. Si necesitamos gases lacrimógenos los prestamos entre los países. Perú nos prestó gases lacrimógenos, Colombia también. Nosotros no prestamos municiones sino armamento no letal como los gases bajo los protocolos. Bolivia debería devolvernos lo que hemos compartido, así como nosotros devolvimos lo que nos prestó Colombia en Octubre”, dijo en una entrevista con Teleamazonas.

La comandante negó que se entregó armamento de guerra a la policía boliviana como asegura el asambleísta Fausto Jarrín (UNES), quien denunció en la Fiscalía al expresidente ecuatoriano Lenín Moreno y María Paula Romo, exministra de Gobierno.

La Carta de Bolivia

Sin embargo, una carta dirigida al agregado de defensa en la Embajada de Bolivia en Ecuador de mayo de 2020 solicita la devolución de más de 8.000 herramientas antidisturbios, entre las que cuentan 5.000 granadas de mano GL-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto calibre y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

De acuerdo con el asambleísta Jarrín, el 15 de noviembre sobrevoló y aterrizó un avión del Ejército boliviano, no obstante, las Fuerzas Armadas ecuatorianas no guardaron registro del hecho.

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