Contratos millonarios para posicionar la gestión gubernamental

Desde el inicio de su mandato, Noboa suscribió varios contratos con agencias publicitarias para difundir las acciones y políticas de su administración. En febrero de 2024, se adjudicó un contrato de USD 2,5 millones a Mindshare Ecuador, seguido de otro en agosto por USD 2,3 millones con la misma empresa. Mabeca Corporation también recibió un contrato en mayo de 2024 por USD 2,5 millones. Más recientemente, en octubre de 2024, se inició un proceso de contratación con Norlop Thompson Asociados por USD 5 millones, sumando un total de USD 12,3 millones destinados a comunicación en un año.

Una parte significativa de este aumento se destinó a bienes y servicios de consumo, con una asignación de USD 406 millones. Este rubro incluye gastos operativos del Estado y adquisiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones públicas.

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Debate sobre el uso de recursos públicos en comunicación

Estas inversiones han suscitado cuestionamientos acerca de la pertinencia de destinar sumas considerables a comunicación en un contexto donde persisten necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad. Analistas políticos y sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre si estos gastos reflejan una estrategia para mejorar la imagen del gobierno más que una respuesta a las prioridades nacionales. Además, se ha señalado que, aunque la comunicación es esencial para informar a la ciudadanía, es fundamental equilibrar estos gastos con inversiones en áreas críticas para el desarrollo del país.​

El economista Luis Espinosa Goded criticó este incremento, señalando que refleja un «despilfarro público insostenible» y cuestionando la falta de reformas estructurales en la administración de Noboa.

Por otro lado, el Banco Central del Ecuador proyectó un crecimiento económico del 2,5% para 2025, atribuido a una mayor inversión pública y privada, así como a la implementación de proyectos de infraestructura y nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, advirtió sobre riesgos que podrían afectar estas proyecciones, como fluctuaciones en los precios del petróleo y tensiones comerciales internacionales. ​

La Asamblea Nacional ha tomado nota de estos contratos y se espera que en las próximas sesiones se analice la pertinencia y transparencia de estos gastos. La ciudadanía permanece atenta al uso de los recursos públicos, demandando una gestión que priorice el bienestar colectivo y la solución de los problemas más apremiantes del Ecuador.

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Entre los aspectos que constaban en esta ley estaban la incorporación de enfoques del derecho contemporáneo; dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa; desarrollo de derechos conexos y principios alineados con los estándares internacionales de derechos humanos; creación de un régimen patrimonial para las organizaciones religiosas; establecimiento de un régimen sancionatorio previsible; y, garantía del respeto a la diversidad religiosa.

Cuando se avocó conocimiento de este proyecto de Ley, varios legisladores observaron que esta propuesta debería analizarse con respeto y evitar su politización.

Un Estado Laico

Otro de los parlamentarios planteó la afectación del proyecto de ley al gasto público. La Constitución vigente caracteriza al Estado como laico por lo que el presupuesto del Estado no puede verse comprometido con inversión económica en proyectos religiosos.

Ante este escenario, meses atrás el presidente Daniel Noboa fue cuestionado por destinar un millón de dólares a la Iglesia Católica. Según su argumento existía una supuesta deuda de USD 2 millones a los vicariatos del país. El dinero fue destinado a los vicariatos de Aguarica, Napo, Puyo, Méndez, Esmeraldas, Sucumbíos, Zamora y Galápagos.

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La Cancillería fijó un gasto de USD 600.000 para los eventos y ceremonias oficiales que se realizarán el próximo 23 de noviembre. Sin embargo, a través de su cuenta de X, el mandatario dispuso a su equipo de transición que coordine con la administración de Lasso para gastar menos de USD 300.000.

«He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad. Que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50 % de la cantidad presupuestada para el cambio de mando», publicó.

Sobre el evento

El servicio incluye la coordinación, ejecución y supervisión de las actividades relacionadas con el transporte, alojamiento, protocolo y alimentación de los invitados nacionales e internacionales.

La contratación ocurre mientras el país atraviesa una crisis presupuestaria grave que el presidente electo Daniel Noboa deberá asumir. No hay liquidez para pagar a los proveedores del Estado, los GAD y los décimos de los funcionarios públicos.

El contrato incluye una serie de eventos y actividades, entre los que se encuentran:

• Atención en la sala VIP del aeropuerto de Quito, con servicio de cafetería para los invitados y delegaciones.
• Un evento para la despedida del presidente Guillermo Lasso, que podría realizarse en el Palacio de Gobierno u otro lugar, para el que se requirió una cantidad de más de 200 cenas y 500 copas de vino y champán.
• Servicio de refrigerio y cafetería para el cambio de mando en la Asamblea Nacional.
• Un almuerzo VIP para la bienvenida al presidente electo, Daniel Noboa, para el que se han solicitado 640 platos, 1.200 copas de vino y champán.
• otro acto de bienvenida a Noboa en el Palacio de Carondelet, que incluye refrigerios, bocaditos, copas de vino y champán.

Además de las cortesías del Gobierno para los invitados que incluyen: hospedaje, transporte y obsequios, entre estos, sombreros de paja toquilla, bufandas de alpaca, chales, mancuernas, figuras de plata, para lo que la contratista no podrá sobrepasar los USD 9.000.

Adelanto de la posesión

El cambio de fecha para la posesión presidencial, antes prevista para el 30 de noviembre, atiende a varias razones. Políticas, ya que el equipo de transición de Daniel Noboa alegó que es importante resolver los problemas del país de forma rápida y sin perder más tiempo.

Sin embargo, también hay una razón personal. Según diario El Universo, el 30 de noviembre será el cumpleaños número 36 de Noboa y quiere evitarse que ambos eventos choquen. La Asamblea, en cambio, tendrá su sesión inaugural el próximo 17 de noviembre.

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El decreto establece que la seguridad sea brindada por un periodo de dos años para los expresidentes y de un año para los exvicepresidentes. El tiempo será contado a partir de la finalización del mandato. Sin embargo, aclara que los plazos podrán alargarse con base en informes de riesgo elaborados por la Casa Militar Presidencial, de ser necesario el caso.

El documento entró en vigencia el martes 7 de noviembre de 2023 y ya fue notificado a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Casa Militar Presidencial. La nueva disposición amplía los beneficios que había cambiado para «optimizar el gasto público» en 2021.

Se prevé que Lasso deje Carondelet entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, lo que significa que él, su esposa María Lourdes Alcívar, el vicepresidente Alfredo Borrero y su cónyuge tendrán seguridad a costas del erario público hasta 2026.

Amplía beneficios

El 31 de agosto de 2021, Lasso emitió el decreto ejecutivo 179 en el que reformaba la seguridad de los exmandatarios. En ese entonces, había dispuesto que la seguridad sea solo para los expresidentes y exvicepresidentes dentro del Ecuador y solo por un año y seis meses, respectivamente.

La decisión la tomó con el objetivo de «optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado». Según él, era necesaria la reforma al decreto expedido por el expresidente Rafael Correa en 2010 y reformulado en 2013.

Además, el primer cambio de Lasso en 2021 fue que no se proporcione seguridad ni a los familiares del presidente ni vicepresidente, así como tampoco a los cónyuges o familiares de expresidentes y exvicepresidente.

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La economía no es lineal ni es estática. Es dinámica y cambios en el gasto público o los impuestos, producen efectos y resultados que en grado variable afectan el ingreso disponible, consumo, demanda, crecimiento y empleo.

El llamado «gasto tributario» es el sacrificio fiscal en la recaudación tributaria, resultante de normativas y reglamentos que exoneran, reducen o difieren el pago de impuestos para una parte de los contribuyentes.

Según el propio Servicio de Rentas Internas (SRI), el gasto tributario estimado para el año 2021 ascendió a 6.339 millones de dólares, equivalente a un 6 % del PIB y un 49 % de la recaudación tributaria neta de impuestos administrados por el SRI.

El gasto tributario o sacrificio fiscal en Ecuador sigue concentrado en beneficiar a grupos económicos de grandes ganancias. La nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno debe ser mucho más equitativa y justa, pero además, debe serlo sin asfixiar la inversión, ni la actividad económica, ni a las familias, ni a las empresas.

Si los impuestos son excesivos se estanca o reduce la demanda y eso impacta en el crecimiento y el empleo. Por el lado de la oferta se afecta la inversión productiva y con ella la producción, y el resultado nuevamente será negativo sobre el crecimiento y el empleo.

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Para el economista Marco Flores la austeridad fiscal que enfrenta el país, incluso, debería alarmar al Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Entre enero y abril de 2022 el Sector Público (SPNF) acumula USD 1903,8 millones de superávit primario (antes de pagar intereses deuda pública) y 1285,0 millones de superávit global (después de pagar intereses)», afirma.

Si bien el Presupuesto General del Estado oscila en un valor codificado de USD 3 084 millones mediante el Plan Anual de Inversiones. De enero a junio solo se han girado USD 300 millones.

Es decir, USD 962 millones menos que en 2021.

Según Flores, es ahí donde se puede evidenciar la «letal» austeridad que destruye la inversión social en el Ecuador.

Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena aseguró el cumplimiento del acuerdo establecido y aprobado por el FMI, en julio de 2022.

Arosemena también garantizó que la inversión social pública con desembolsos efectivos tendrá un incremento sustancial, con el fin de dar atención a las urgentes necesidad sociales, impulsar la economía y el empleo.

Asimismo, informó que para finales de 2022, el déficit global del Sector Público No Financiero (SPNF) se ubicaría en un estimado de 2,1% del PIB.

Sin embargo, el economista Flores sostiene que no existe la posibilidad de cumplir con lo establecido por el ministro de Finanzas.

«Salvo que el gobierno incumpla lo ofrecido, continúe la desatención social por reducción sostenida de la inversión pública y de la ejecución presupuestaria. Es decir, el Gobierno siga haciendo lo mismo de los últimos 5 años», indicó.

¿En qué consiste la austeridad fiscal?

La austeridad fiscal es entendida como la reducción del gasto público por parte del Gobierno, con el objetivo de disminuir el déficit presupuestario y la deuda pública.

De la misma manera, puede ser implementada como una medida de preparación anticipada para futuras reducciones esperadas en los ingresos del Gobierno.

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“No solo es un problema de que se asignan pocos recursos, sino que esos pocos recursos que también tienen deficiencias en su ejecución”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, detalló que, al revisar cifras; uno de cada 10 empleos se generan en el sector público y dentro de este sector el 85% de los empleos estaban vinculados con salud, seguridad, educación y justicia. Esto demuestra que tenemos una participación mínima del Estado.

«Los presupuestos en salud y educación vienen disminuyendo desde el año 2018. Esto genera malestar en la ciudadanía y falta de credibilidad en la política», afirmó Jaramillo.

El analista comentó que, en el caso de la salud, en los primeros 6 meses apenas hay una ejecución del 40% de presupuesto y en el sector de la educación sucede algo similar.

El analista aseveró que lo que falta en Ecuador es empleo de calidad, pues no existe una red de protección social.

“Las cifras del INEC indican que apenas el 34% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado», explicó el analista.

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¿De qué trata el decreto 457? De acuerdo con el documento son los lineamientos para el control del gasto público. Un mecanismo de control de las vacantes y trabajo en el servicio público. Entre otros artículos están. La eliminación de vacantes en el sector público si permanecen vacías por un tiempo de tres meses, sean éstas vacantes activas o inactivas.

En el artículo 32 se solicita la depuración institucional. La Presidencia, Ministerio de Trabajo y la Secretaría de planificación analizarán las unidades en el servicio público que no aporten significativamente y las eliminarán. Con lo que se generarán despidos.

El Ministerio de trabajo deberá mantener un registro de vacantes que se mantengan en el sector público para determinar su necesidad de permanencia. Además, las entidades que terminen con los nombramientos provisionales o los contratos de servicios ocasionales no podrán volver a contratar o incorporar a ese mismo o nuevo personal con cargo a proyectos de inversión.

El Ministerio de Trabajo se podrá abstener de autorizar la contratación de personal adicional en las entidades donde se decida conceder comisión de servicios o licencias sin remuneración a los funcionarios. Si la entidad lo hace, debe reasignar funciones a los miembros de área a la que pertenece ese funcionario contratado.

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En el Sistema Oficial de Contratación Pública se especifica que el objeto de contratación es el siguiente:

Contratación de una agencia de publicidad que se encargue de la creatividad producción y pautaje en medios de una campaña de comunicación integral que difunda procesos de reactivación económica, servicios ciudadanos, gestión municipal y temáticas.

En el documento se especifica que el contrato se realizó el 4 de mayo del presente año y el plazo de ejecución del contrato se dará hasta el 31 de marzo del 2023

El proceso de contratación se da a la par de las denuncias ciudadanas sobre el mal estado de las vías

Jorge Merlo, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, expresó el pasado 13 de marzo que más de la mitad de las calles de Quito están en mal estado y otras necesitan mantenimiento preventivo.

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Los policías tienen un salario básico unificado que va desde los USD 933 a los USD 5.560, según las resoluciones de fijación de salarios emitidas por el Ministerio del Trabajo el 24 de enero de 2022.

Si se establece un día de salario básico (USD 933) para los 51 mil uniformados desplazados para las protestas, esto significa un total de USD 1.534.290 por cada día de movilización.

¿Y en bombas?

Según un reportaje de diario El Universo, el precio de una bomba de gas lacrimógeno oscila entre los USD 11,5 y USD 37 en los contratos públicos. No obstante, el costo de estos artefactos varía mucho dependiendo el tipo de bomba.

Aun así, si se calcula con el precio más bajo (USD 11,5), esto representa un total de USD 277.000,5 solo en granadas de gas, mientras que en cartuchos la cifra asciende a USD 340.572,5.

En total, el Gobierno de Guillermo Lasso gastó en material lacrimógeno USD 617.573 para contener la movilización nacional e indefinida convocada por la CONAIE.

Otros materiales

La Policía Nacional informó que otros medios logísticos son utilizados.

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Este fue suscrito en 2020 y se renegoció en 2021 por un total de USD 6.500 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer que alcanzaron este acuerdo a nivel técnico con el FMI y que el país estará sujeto a menos revisiones en 2022, lo cual es un signo de confianza.

Si el país cumple con las «metas previstas» por el FMI este desembolsaría a Ecuador USD 700 millones para diciembre de este año. Este desembolso es adicional al de USD 1.000 millones en caso de que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe las dos revisiones planteadas.

«Parte de las discusiones ha sido como ir reorientando, dado el contexto internacional, dada la crisis internacional, dado los mayores precios del petróleo, e ir priorizando más gasto público y algo más de pago de atrasos que implica liquidez», manifestó el Ministro Simón Cueva, en rueda de prensa.

El programa actual con el FMI prevé un ajuste de 4.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir USD 5 mil millones, hasta 2025. Cueva aseguró que para alcanzar esto, sumarán mayor gasto en vialidad, unos USD 160 millones. Con ello se alcanzarían 3.5 puntos del PIB y otro de contribuciones tributarias.

El FMI desembolsa USD 1.000 millones a Ecuador

Sin embargo, hay objeciones del lado del FMI. Este cuestiona la lentitud para auditar a Petroecuador y Petroamazonas. Ceyda Oner, jefa de la Misión del FMI para Ecuador, explicó en un comunicado que el inicio de las auditorías se ha visto retrasado. A ello se suma que tampoco emitieron las directrices de contratación pública. «Un rápido progreso en estos aspectos será esencial para la culminación de las revisiones combinadas».

El programa actual con el FMI finaliza en diciembre de 2022, no obstante, el ministro Cueva no descarta un posible acuerdo de extensión aunque no se sabe si el país llegue a requerirlo. «Hay muchas opciones posibles», aseveró.

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Quito, 22 mar (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso y altas autoridades ecuatorianas no registraron sus gastos durante su estadía de una semana en China, según el portal oficial de la respectiva institución del Estado.

Ni Lasso ni su esposa, tampoco el canciller Juan Carlos Holguín o los ministros Julio José Prado y Ximena Garzón informaron sobre los recursos utilizados para la misión diplomática a principios de febrero de 2022.

Solamente el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, reportó sus viáticos y movilizaciones a China por USD 7.149, según Transparencia de ese ministerio. Sin embargo, no es posible descargar el informe de actividades y justificativos.

Hasta firmó un decreto para eso

El 28 de enero, el primer mandatario firmó el decreto 338. En el artículo 2 dispuso que “los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo a los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de esta comitiva”.

Sin embargo, en la sección Transparencia, literal n “Viáticos, informes de trabajo y justificativos” correspondiente al mes de febrero de 2022, la mayoría de las entidades estatales no reportaron el presupuesto destinado para estos funcionarios durante ese viaje.

Según el inciso 3 del artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos, el funcionario público que viaje a otro país debe presentar “informe de justificación del viaje, con los resultados esperados, valor proyectado de pasajes y valor proyectado de viáticos”. Por lo tanto, existen dichos informes y costos, pero no fueron ingresados.

Las Comitivas

Del 31 de enero al 8 de febrero, la delegación viajó al gigante asiático con el fin de renegociar la deuda del Ecuador con ese país. En total, un equipo de 11 personas.

La comitiva oficial estuvo conformada por la primera dama, María Lourdes Alcívar; el canciller, Juan Carlos Holguín; Julio José Prado, ministro de Producción; Simón Cueva, ministro de Economía; Ximena Garzón, ministra de Salud; Roberto Salas, secretario de Asociaciones Público-Privadas; Fernando Conde, jefe de Seguridad del Presidente; y, Karla Abarca, jefa de Seguridad de la Primera Dama.

Como parte de la comitiva de apoyo estuvieron Sergio Iannuzzelli, subsecretario General del Despacho Presidencial; y, María Mercedes, subsecretaria de Protocolo y Ceremonial.

La LOTAIP no más es

Presidencia debió ingresar los gastos de Guillermo Lasso y la comitiva de apoyo, Sergio Iannuzzelli y María Mercedes. No obstante, los montos no aparecen en ningún lado.

El canciller Juan Carlos Holguín y el ministro de Producción, Julio José Prado, tampoco se molestaron en hacerlo. Asimismo, los viáticos de la ministra de Salud, Ximena Garzón, no constan en la sección Transparencia.

Curiosamente, la división “viajes internacionales” detalla que “no aplica debido a que el Ministerio de Salud no destinó recursos para viáticos internacionales en este mes (febrero)”. ¿Pagó de su bolsillo?

En el limbo…

El título de primera dama de María Lourdes Alcívar no es un cargo electo ni de nombramiento, no tiene funciones ni autoridad sobre otros funcionarios. Por tanto, no está adscrita al Ejecutivo y no consta en el directorio de personal de la Presidencia de la República. En consecuencia, se desconoce qué institución pagó y cuánta cantidad de dinero se destinó para sus vituallas en China.

El caso del secretario de Asociaciones Público-Privadas, Roberto Salas, es similar al de la primera dama. Salas es consejero de Gobierno Ad Honorem. Esto significa que no recibe remuneración ni está sujeto a ningún régimen laboral del Ejecutivo. Por lo tanto, ni siquiera se podría exigirle cuentas sobre su estadía en Beijing.

Finalmente, no es posible precisar los montos utilizados para los jefes de Seguridad del presidente y la primera dama, Fernando Conde y Karla Abarca. Esto debido a que la sección Transparencia de la página oficial de la Casa Militar Presidencial, órgano encargado de la seguridad del primer mandatario y familiares, no cuenta con los requisitos mínimos de información que determina la Ley de Transparencia (LOTAIP).

¿Y la Ley?

El principio de publicidad de la información pública y su difusión están amparados en los artículos 1 y 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La ausencia de estos datos significan un incumplimiento a la ley por parte del presidente Lasso.

Holguín no viajó

Después de esta publicación, el canciller Juan Carlos Holguín aseguró no haber viajado a China. Sin embargo, su nombre consta como parte de la comitiva oficial según el Decreto 338, firmado por Guillermo Lasso.

Además, la información que entrega el portal de transparencia de la Cancillería está desactualizada.

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“Lo que tenemos que saber es cuál es el destino que se va a dar a estos nuevos fondos y cuáles son las deudas que va a pagar el Estado”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Flores recalcó que el país carece de representatividad y debería ser la Asamblea quien establezca diálogos con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo racional sobre el destino de los recursos económicos.

Además, reiteró que la inversión pública en este año ha sido prácticamente reducida a polvo. De un presupuesto de USD 34.000 millones el estimado para inversión pública es de apenas USD 1.800 millones.

“El gobierno se da la vuelta diciendo que es inversión pública el dinero que por ley les tiene que dar a los gobiernos seccionales”, aseguró el analista.También afirmó que el país se sigue endeudando y con el último crédito del Banco Mundial la deuda asciende a USD 79.000 millones.

“El gobierno desde hace 5 años ha hecho dos cosas: endeudarse máximamente y reducir la inversión pública”, comentó Flores.

Por último, sostuvo que mientras no haya crecimiento económico la deuda pública es social y económicamente insostenible e impagable.

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Viteri manifestó, que en el transcurso de los días la nómina podría sufrir un incremento debido a las últimas incorporaciones y a la “serie de  servicios del personal”. No obstante, la alcaldesa explicó que en la nómina de pago y remuneraciones del mes Febrero, solo se refleja USD 59.9 millones, una diferencia de más de USD 25 millones de la cifra real del gasto.

Así mismo, hay otros USD 2.3 millones que se contemplan para el rubro de “indemnizaciones” por retiro voluntario. Con eso, la cifra asciende a USD 87.8 millones, el 11,24 % del presupuesto de este año, que es de USD 782 millones.

El cabildo, desde la Dirección de Recursos Humanos, había expresado al diario Expreso, que todas las cifras y datos de nómina “estable” se encuentran en el portal para conocimiento público. No obstante, en los últimos 4 años, el Municipio gastó cerca de USD 13,5 millones más en sueldos anuales este 2022 que lo que gastó en enero de 2018.

Las investigaciones y el acceso que tuvo el diario guayaquileño, dicen que el panorama económico de esta administración es totalmente diferente. En este diario, se indica que “el resumen de gastos en personal para este año da cuentas de que los USD 85,5 millones se destinan a pagar a 5.110 empleados, de los cuales solo 2.309 aparecen en nómina y 2.801 están por contrato”.

Incremento de personal

Este cabildo ha incrementado el personal en todas las áreas; empezando con el personal del área de Salud, con un estimado de 1.013 trabajadores, seguido de  Obras Públicas (891), el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (529), Aseo Cantonal (500), Financiero (217) y Justicia y Vigilancia (210). Mientras que el departamento de  Deportes, es donde existe menos personal.

Según el informe que reposa en el  Departamento Financiero, el Municipio destina USD 129,1 millones (16,51 % de su presupuesto) para gastos corrientes, que contemplan, además de los sueldos, USD 14,4 millones por pago de intereses de deuda pública, USD 6,8 millones por gastos destinados a protección de activos institucionales y USD 19,9 para gastos generales para el desempeño de la administración. De acuerdo con datos del diario guayaquileño, el documento financiero explica que el 83,49 % del presupuesto va a inversión en obras y desarrollo social.

Guayaquil se ubica como una de las ciudades que más gastan en personal, compitiendo con Quito, donde el gasto anual solo en personal es de USD 127,2 millones.

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Un ejemplo de esto es el sector salud. «Nuestro objetivo será garantizar la atención sanitaria de calidad, con una administración eficiente
y transparente de los recursos. Por lo tanto, eliminaremos la repartición política de hospitales en el país, a través de la delegación administrativa de los mismos al sector privado», dice su plan de trabajo.

Gobierno y medios de comunicación

Hace pocos días, el presidente electo anunció que el mejor camino para los medios de comunicación incautados es volver a manos privadas.

El advenimiento de la banca internacional también consta entre sus planes. «Necesitamos que todos los ecuatorianos puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento. Para ello, es necesario fomentar la competencia, es decir, promover el arribo de la banca internacional al país. Esto solo será posible definiendo reglas de juego claras y acorde a las tendencias mundiales de regulación y control».

Reducir gasto público

«Ecuador no puede seguir con el lujo de la ineficiencia en el gasto público. La solución no es gastar más, sino mejor. Tampoco recortar por recortar, sino focalizar. Enfocar el gasto del Estado en los más vulnerables. En los pobres que necesitan educación y salud gratuita de calidad».

Aunque la definición económica de «pobre» entraría en los quintiles 1 y 2 de la sociedad. Lo cierto es que la clase media también acceden a servicios de educación y salud pública y no aparecen en el gasto del Estado.

¿Dónde entra la ley?

Aunque Guillermo Lasso prometió acciones como eliminar el examen de ingreso a la universidad, derogar la Ley de Comunicación o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo cierto es que la estructura del Estado lo limita.

En el caso del CPCCS «tiene que pasar por la Asamblea porque es una institución que consta en la Constitución de 2008 en vigencia. Además, como institución de una función del Estado la Asamblea debe saberlo. Si el presidente electo quiere eliminarlo deberá seguir los procedimientos de Ley», explicó a Radio La Calle la abogada Paulina Mogrovejo.

Promesas a cumplir en el Gobierno

No obstante, en la Ley Electoral se especifica el cumplimiento de las promesas de campaña.

«El candidato tiene la obligación de cumplir el programa que plantea. El incumplimiento del plan de trabajo puede generar procesos de revocatoria del mandato por incumplimiento de funciones. No se puede alegar fuerza mayor porque él conoce el procedimiento», expresa Mogrovejo.

Eliminar el examen de ingreso o el CPCCS también corta de tajo los objetivos que tienen para el servicio a la ciudadanía. «Es importante mantener una línea de planificación y construcción de políticas públicas de Derechos Humanos. […] Sin la planificación no existe una división de recursos equitativa para crear estrategias».

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Hasta el septiembre de 2021, el país debe subir a tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, del 12 al 15%. Además, debe eliminar la devolución a las universidades y tercera edad por concepto de IVA.

Para el economista Juan Pablo Jaramillo, el objetivo del compromiso con el FMI es cerrar la brecha fiscal. «Para eso proponen dos medidas. Una es un alza de impuestos, entre esos, el IVA que es un impuesto de fácil recaudación. Por otra parte, mucho más grave, es la propuesta de disminuir tres puntos del producto interno bruto (PIB) en el gasto público».

Esto daría lugar a una receta de reducir USD 3.000 millones de gasto público y aumentar dos puntos la presión fiscal para el PIB para cerrar la brecha de cinco puntos.

Incoherencia de Lasso en la propuesta

El presidente electo, Guillermo Lasso, prometió no aumentar el porcentaje de IVA, lo que chocaría con las imposiciones del FMI.

«Si no piensa subir el IVA, tendrá que encontrar otros mecanismos para que el déficit fiscal se reduzca. Lo que promovería es ahondar más en la recaudación del gasto público, lo que perjudica a la ciudadanía por la disminución en la calidad de los servicios públicos que brinda el Estado», explicó Jaramillo a Radio La Calle.

Actualmente, el 85 % del gasto público se destina a educación, salud, justicia, entre otros, por lo que no hay mucho espacio para la reducción en ese rubro y, tarde o temprano, las autoridades volverán a analizar la aplicación de impuestos.

Posible escenario

«Cualquier reforma tributaria tendrá que pasar por la Asamblea Nacional. El presidente electo contará con el apoyo. Habrá una alianza con el Partido Social Cristiano, con la Izquierda Democrática e incluso Pachakutik, aunque con mayor recelo. Tendrá los votos para aprobar una ley económica urgente en materia tributaria para aumentar la presión fiscal», expresa el economista.

De acuerdo con Jaramillo, si no se trabaja en reducir la brecha fiscal y la política económica se afianza en el Estado mínimo, las oportunidades de los ecuatorianos disminuirían en un año y medio.

«Una reducción agresiva del gasto público ahondaría la crisis, habría menos circulante en nuestra economía porque los funcionarios públicos ponen el circulante y es difícil retomar el consumo y la producción. No entender que el gasto público es un catalizador del sector privado nos estancará en la crisis».

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Estos recortes se reflejaron sobre todo en la eliminación de empresas públicas y otras de bienestar social que fueron fusionadas o absorbidas por otras entidades.

De las 130 entidades adscritas al Ejecutivo con las que inició su gobierno, Lenín Moreno cerró el 2020 año con 111.

15 embajadas cerradas y una fusionada

12 empresas en proceso de liquidación, eliminadas o absorbidas

12 Ministerios y ministerios coordinadores eliminados o absorbidos

13 secretarías eliminadas o absorbidas

6 Institutos y 4 agencias eliminados, absorbidos y fusionados

Otros organismos

La eliminación de estas 68 instituciones representaron miles de despidos de personal. Muchos, hasta ahora, no han recibido sus liquidaciones correspondientes.

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