La protesta se centra en las concesiones mineras IMBA 01 e IMBA 02, otorgadas a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A., vinculada a la australiana Hancock Prospecting.

Según un comunicado difundido por los organizadores, estas concesiones fueron aprobadas sin consulta previa y están suspendidas desde marzo de 2023 por resoluciones no inscritas en la Agencia de Regulación y Control (ARCOM). Pese a ello, denuncian que la empresa continúa operando con impunidad, mientras mineros ilegales y grupos criminales —algunos ligados al narcotráfico— se disputan el control de yacimientos como «Vieja», «Nueva», «El Olivo» y «Ciudad de Plástico».

El oficio resaltó que Hanrine S.A. ha solicitado permisos para uso de agua en «Mina Nueva», pese a la oposición comunitaria y que en 2021, el Ministerio del Ambiente autorizó similares permisos en La Libertad, en un proceso irregular.

El conflicto ha sido documentado en varios informes que advierten sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos y de la naturaleza. Aunque las autoridades locales y nacionales conocen la situación, los manifestantes acusan falta de acción efectiva para desarticular las redes criminales o frenar los abusos empresariales.

Exigencias al Estado

Entre las demandas destacan:

1. Desalojo urgente de mineros ilegales y grupos armados, en línea con la Decisión 774 de la Política Andina contra la Minería Ilegal.
2. Inscripción formal de la resolución que suspendió las concesiones y sanción a funcionarios que omitieron el dictamen
3. Investigación a Hanrine S.A. por permitir actividades ilícitas en sus concesiones.
4. Cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para garantizar derechos constitucionales y ambientales.

El comunicado también alerta sobre la vulnerabilidad de autoridades como la presidenta del GAD parroquial de La Merced, quien ha denunciado amenazas por su oposición a la minería ilegal, sin recibir protección estatal.

Actualización: Fuerzas Armadas intercambian disparos con grupos armados

La tensión en la parroquia La Merced alcanzó un nuevo punto crítico cuando efectivos del Ejército ecuatoriano se enfrentaron a tiros con un grupo de mineros ilegales en el sector conocido como Ciudad de Plástico, un área controlada por grupos delictivos organizados (GDO).

Testigos presenciales relataron a La Hora que el tiroteo duró aproximadamente 15 minutos, creando un clima de pánico entre los habitantes de comunidades aledañas. Tras el enfrentamiento, los mineros ilegales —cuya identidad y número exacto se desconoce— lograron huir hacia zonas boscosas de difícil acceso.

En el lugar, las fuerzas militares encontraron y decomisaron:

• Una pistola calibre 9mm sin serial visible
• Una radio Motorola de alta frecuencia, modelo utilizado por grupos criminales
• Diversas herramientas de minería ilegal

En un comunicado oficial, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó que este operativo se enmarca en «acciones permanentes para restablecer el orden constitucional» en la zona. El portavoz militar, coronel Luis Martínez, advirtió que «la minería ilegal en esta región está directamente vinculada a estructuras del crimen organizado que operan con total impunidad». Reconocieron la complejidad del operativo debido a la difícil geografía del área, la infiltración de grupos armados foráneos y la sofisticación logística de los mineros ilegales.

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