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Admisión sin medidas cautelares

La Corte comunicó la decisión este viernes 4 de julio, tras aceptar los expedientes 50-25-IN y 51-25-IN al comprobar que cumplían con los requisitos jurídicos exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, la Corte aclaró que no se concedieron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con las condiciones legales requeridas.

En contraste, la Corte rechazó una tercera demanda que presentó el ciudadano Gabriel Salvador Lema, al determinar que no cumplía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Críticas desde la oposición

El partido Unidad Popular (UP) fue uno de los actores que presentó una de las acciones legales. Geovanni Atarihuana, su director nacional, calificó a la Ley de Solidaridad como una amenaza al orden democrático.

TUIT Geovanni Atarihuana: https://x.com/geovanni_atari/status/1941271342252544345

 “El Gobierno busca consolidar un esquema de poder autoritario, usando como excusa la lucha contra la delincuencia”, afirmó Atarihuana. Además, denunció que la normativa otorga facultades excesivas al presidente, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a detenciones sin garantías judiciales.

El debate de fondo: seguridad o concentración de poder

Aunque el Ejecutivo ha defendido la Ley como una herramienta legal para combatir el crimen organizado y restablecer el orden interno, varios expertos constitucionalistas advierten que sus disposiciones abren la puerta a una peligrosa concentración de poder. Según juristas consultados por este medio, la normativa permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y restringir derechos sin control legislativo efectivo, lo cual “viola el principio de separación de poderes y el equilibrio institucional”. El riesgo, señalan, es que bajo el argumento de enfrentar una emergencia, se naturalice el estado de excepción como forma de gobierno.

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Mientras el Gobierno defiende la Ley de Solidaridad como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, crecen las alertas sobre posibles abusos de poder. La Corte Constitucional será ahora la encargada de dirimir si esta norma se ajusta al marco jurídico vigente o si vulnera las libertades fundamentales de los ecuatorianos.

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