El 5 de septiembre de 2023, el presidente de la República expidió el Decreto-Ley Orgánica de Gestión de Riesgos y Desastres cuyo objeto manifiesto es normar la gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para la ejecución de acciones de prevención, preparación, respuesta, mitigación y recuperación ante emergencias y desastres. Para ello el Ejecutivo preparó un texto normativo donde el discurso del fenómeno del niño se convierte en una retórica para justificar la inoperancia del Estado central y la privatización de playas, bahías y manglares.

En el marco del control constitucional, la Corte Constitucional avocó conocimiento del referido decreto y celebró con fecha 26 de septiembre del presente año la Audiencia Pública signada como Caso Nro. 7-23 UE.

Al mero estilo Lenín Moreno, quien en el marco de la emergencia sanitaria impuso un régimen laboral cuyo objeto real fue satisfacer las condiciones fondomonetaristas y de los grupos económicos, hoy, el Gobierno del Encuentro pretende, mediante este Decreto-Ley,  modificar al Código de Comercio, Código Civil, Ley de Registro, Código Orgánico Administrativo, Ley de Minería, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Apología de la excusa

El espíritu del Decreto-Ley, yace en la inminente alerta que los órganos competentes han levantado frente a las posibles consecuencias por fenómenos naturales específicamente del niño en el último trimestre del año. Inscribe en el inciso segundo del artículo 7 responsabilidades a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de la gestión de riesgos, específicamente para enfrentar el desastre natural del fenómeno del niño.

El cuerpo normativo controvertido obliga a los GAD cantonales y provinciales a «elaborar escenarios de impacto para estimar las posibles afectaciones a la población, a los servicios y la infraestructura. Implementar sistemas de alerta temprana. Planificar la evacuación y preparación de la población para el resguardo de la vida y medios de vida. Realizar simulacros y ejercicios para evaluar la capacidad de respuesta institucional y de la población. Apoyar los procesos de capacitación a los equipos de búsqueda, rescate, salvamento, respuesta y atención hospitalaria. Preparar y organizar la asistencia humanitaria. Identificar y adecuar alojamientos temporales. Implementar otras medidas de preparación necesarias para la respuesta».

La norma, acorde al discurso oficial, pretende regular el ejercicio de la gestión de riesgos frente a desastre naturales. Ante ello, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 8 del artículo 261, define como una competencia exclusiva del Estado central «el manejo de desastres naturales». Sin embargo, el legislador inscribe el principio de descentralización subsidiaria respecto a la gestión de riesgos en el artículo 390 de la CRE, que implica «la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad».

Pero también la Carta Magna en el artículo 273, al tenor literal y explícito manifiesta que «las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las competencias», en concordancia con el artículo 117 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial.

Sin afán de que el relato se convierta en una exposición normativa, la reseña de la gestión del actual gobierno da cuenta de la inoperancia pública sino en todas, un sinnúmero de materias.  Al tenor del Moreno Style, el Gobierno del Encuentro excusa su incapacidad para el manejo de riesgos mediante la transferencia de responsabilidad a los gobiernos autónomos provinciales y cantonales sin recursos.

Y porqué me atrevo a decir aquello, pues el Decreto – Ley inscribe en artículo 15, faculta a los cuerpos legislativos de los GAD la capacidad de destituir al Ejecutivo por el incumplimiento de las responsabilidades transferidas del Estado central. Además, se pretende imponer que el Gobierno tenga la capacidad legal para REPROGRAMAR la asignación de recursos a los gobiernos autónomos lo que deja al albedrío del Estado retener o dejar de pagar oportunamente las transferencias por concepto de modelo de equidad territorial e incluso la seguridad social.

Durante la Audiencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, ejemplificó los efectos económicos por el Niño, citando los años 1997 – 1998, donde Edison Reza, viceministro de economía subrogante afirmó que tuvieron una dimensión sobre el esquema monetario del país, «afectando a la sostenibilidad monetaria macroeconómica, que, en cierta medida propendieron a tomar decisiones como la dolarización».

El Gobierno de Lasso, consiente de que el nivel parroquial económicamente no es conveniente para sus objetivos, quizá coercitivos, no vincula a las juntas parroquiales pues el artículo 6 del referido Decreto, no hace mención alguna pese a que, en materia de riesgos, se considera la Comisión Parroquial para Emergencias (COPAE), como el ente administrativo para la gestión de desastres en la jurisdicción parroquial rural.

El discurso oficial, evidente durante la Audiencia Pública, considera que no se trata de una transferencia de competencias sino, de normar la ejecución de la misma. Con los antecedentes de gestión del actual gobierno, las inferencias sobran.

Apología de la privatización

Otra discusión que merece un acápite especial es la ilusión de privatización en favor de los empresarios camaroneros de aproximadamente 65.000 hectáreas de playas, esteros y bahías. Por mandato constitución, la naturaleza es considerada como sujeto de derecho, por tanto, la titularidad del dominio, bajo adjudicación o la figura que fuere contraviene la escritura Superior.

Pese a ello, los ilustres pensadores de la microeconomía privada, quienes abogan por la ausencia del Estado y la desregularización, bien consideran que uno de los sectores que mayor perjuicio económico afrontarían es el sector camaronero. Ante ello, el Decreto – Ley pensó en este sector con especial atención.

Por la naturaleza del proceso productivo, preexiste normativa de regulación y concesión para el sector camaronero, sin embargo, se argumenta que la falta de titularidad en el dominio impide el acceso a financiamiento público y privado por parte de los pequeños y medianos productores.

A decir de Alex Vedani, del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, durante su exposición en la Audiencia Pública las zonas que sería «titularisables» son aquellas áreas que no son bañadas por el flujo de la marea, por tanto, asegura que pierde su condición. En aproximadamente 65.000 hectáreas de manglar, existen 1.800 predios de los cuales el titular de la cartera de Estado asegura que 1.200 cuentan con una extensión de cero a treinta hectáreas por tanto se consideran unidades productivas mínimas, esto es pequeños y medianos productores.

En el año 2018, la Ley Trole 3, o Ley de Fomento Productivo, que facultó la remisión tributaria al sector empresarial, benefició a pequeñas y medianas empresas, sin embargo, la opulencia de los 203 grupos económicos a la fecha, representaron más del 70% del rubro condonado. Bajo la misma lógica, los propietarios de los 600 predios restantes ocupan mayor extensión y seguramente son parte de la gran élite camaronera del país, a quienes se pretende también adjudicar el dominio de recursos naturales.

Como un gran logro, el Ejecutivo manifiesta con gran opulencia que esta titularidad de la propiedad no infringe la servidumbre de paso para los concheros, cangrejeros y pescadores artesanales. ¿Acaso esta medida, en el marco del fenómeno del niño, permitirá a este grupo de artesanos contar con el sustento para su sobrevivencia?, ¿el límite de la política pública son las pequeñas empresas?, ¿se trata de una excusa para privatizar territorio público, protegido constitucionalmente?, ¿no hay más alternativas?

En definitiva, la latente amenaza del fenómeno del niño, se convirtió en una excusa ante la inoperancia y al servicio de los grupos económicos: un símil de Lenín Moreno cunado excusaba el fondomonetarismo en nombre del COVID 19.

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El Instituto Geofísico (EPN) comentó que la ceniza expulsada se dirige hacia el sur – oriente del volcán, por lo que hay una gran probabilidad que afecte a los moradores de Macas, Morona Santiago. Este evento fue producto de una anomalía térmica en el volcán que el IGEPN registró la noche del lunes 17 de abril. La institución instó a los moradores del sector a tomar las medidas pertinentes.

Por su parte, la SGR recomendó a la ciudadanía de Macas tomar diferentes medidas como usar gafas protectoras y mascarilla, cubrirse la piel, evitar tocar la ceniza, lavar frutas y verduras, y depositar la ceniza en saquillos con el cuidado respectivo. (B.T.R.)

Cortesía de fotografía: Instituto Geofísico – EPN

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La noche del 26 de marzo un deslave sepultó a varias personas y decenas de viviendas en el cantón. Los bomberos de Guamote, Chimborazo, Riobamba y Cuenca acudieron al lugar para apoyar a los afectados.

Noticia en desarrollo…

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Según la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y el último levantamiento de información, Ecuador registró 14 fallecidos y cerca de 381 heridos. Además, los sectores en los que se sintió con mayor intensidad el temblor fueron: El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos, Chimborazo y Azuay.

En cuanto a las afectaciones eléctricas indicó que en Guayas se resolvió el problema al 100 %, mientras que en El Oro está en proceso de habilitación el 50 % que tiene esta falla. El cantón Guabo y Machala se encuentran sin luz.

En Azuay, el 30 % se encuentra sin electricidad. En esta cifra, Ponce Enríquez es el más afectado. Y, el 20 % de afectación en agua potable perjudicó al Guabo.

Daños e infraestructura

La SRG mencionó que un total de 50 planteles educativos sufrieron daños en su infraestructura y 31 casas de salud fueron afectados. Hay 17 bienes públicos dañados, 44 viviendas destruidas y 90 viviendas afectadas.

Daños en Azuay

Dos personas murieron como consecuencia del sismo. Además, una casa del Centro Histórico colapsó y los escombros cayeron sobre el vehículo de uno de los fallecidos.

Tres casas más, el museo Pumapungo, la Catedral Nueva, la iglesia de Santo Domingo y la Unidad Educativa Octavio Cordero Palacios sufrieron daños.

Se registraron deslizamientos en la vía Cuenca-Molleturo. Aquí falleció una persona y otra resultó herida. El hospital José Feliz y el subcentro de salud de Santa Isabel se quedaron sin servicio eléctrico.

El Gobierno Nacional decidió declarar en emergencia a la provincia. El movimiento telúrico produjo:

• 13 levantamientos de tierra en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme,y;
• 9 deslizamientos en la carretera Cuenca-Girón-Pasaje.

Autoridades de la ciudad informaron que el occiso fue identificado como Jhon González, exdirigente de los comerciantes de la plaza de San Francisco. El alcalde electo a la ciudad, Cristian Zamora, a través de su cuenta de Twitter, brindó su apoyo y pésame a los familiares del González.

El Oro

El mayor número de muertos se registra en este sector. También, el museo de la capital, el muelle de cabotaje y 10 casas se colapsaron. 31 casas, 17 escuelas, un edificio, 14 locales y un hotel resultaron afectados.

El edifico del ECU 911, el Expredesur, la Prefectura, el Municipio, un coliseo, la Fiscalía, Corte, MIES, Gobernación, el Hospital Teófilo Dávila y los subcentros de salud Brisas del Mar, Velazco Ibarra, El Paraíso y el Hospital del IESS presentan daños en su infraestructura.

Guabo fue declarado en emergencia. 35 casas y 5 postes se desplomaron,  hay más de 20 personas heridas y sectores sin luz y agua.

En pasaje, dos personas fallecieron, un edificio y 30 casas se destruyeron. Se registraron 250 heridos, 56 edificaciones y 50 casas afectadas, más el Hospital San Vicente de Paúl, detalla El Comercio.

Guayas

Las parroquias con más daños son: Ayacucho, Rocafuerte, Ximena, Bolívar, Puná y Tenguel. En Naranjal, 33 casas están afectadas, tres casas destruidas y tres familias damnificadas.

En Samborondón, la infraestructura del edificio del ECU 911, la sede de la Universidad Espíritu Santo (UESS) presentaron fisuras.

Guayaquil contabiliza cerca de 33 personas heridas, 61 casas dañadas y cinco viviendas colapsaron. El hospital Alberto Spencer, coliseo Fedeguayas, la Gobernación y la Universidad de Bellas Artes fueron afectadas.

Cañar

En la Troncal, los vidrios de un edificio de cinco pisos se trizaron, una casa se desplomó y la cúpula de la iglesia de la Virgen de la Nube se cuarteó. Asimismo, en Deleg, dos casas se desplomaron y hay dos familias damnificadas.

El sismo en Ecuador

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió al Ecuador la tarde del 18 de marzo. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro fue en Balao, en Guayas.

Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento telúrico se sintió en Quito, sectores como La Vicentina, Terminal Quitumbe, Nayón y Carcelén. Además, alcanzó a distintas partes del país, entre ellas: Manta, Machala, Riobamba, Cuenca y Ambato

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que este sismo no tiene las condiciones para generar un Tsunami en la costa continental e insular del país. (N.J.C/ D.C)

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“Movilizamos desde el inicio camas, colchones, kits de dormir y otros insumos para los albergues que fueron habilitados el domingo, horas de la noche. Ayer ya comenzamos a recibir familias, están agregadas al momento en el Coliseo de la escuela Luis Vargas Torres”, dijo Torres en una entrevista en Radio la Calle.

Asimismo, Torres mencionó que 214 familias resultaron afectadas por el sismo y 42 damnificadas en Esmeraldas. Los damnificados recibirán un bono de USD 240 por única vez. No obstante, declaró que estos números aumentaran en el transcurso de los días.

“El bono es por una sola vez, también contempla un proceso de filtrado. De que las familias que sean damnificadas no reciban otro tipo de ayudas del MIES. Para lo cual, tiene otro tipo de catalogación”, puntualizó

Sistema de Riesgo

Durante la entrevista, sostuvo que el Servicio de Gestión de Riesgos es un mandato constitucional. Además, se han realizado nuevos proyectos de inversión para el mejoramiento de la tecnología y el servicio del sistema de riesgos.

“El sistema descentralizado de gestión de riesgos lo conforman todas las instituciones públicas a nivel nacional, provincial y cantonal. Para lo cual, estas herramientas están disponibles. Vamos a fortalecer equipos que puedan servir a los cuerpos de bomberos”, dijo Torres.

Según los reportes, durante el sismo del sábado en Esmeraldas no hubo necesidad de realizar búsqueda y rescate. Sin embargo, el funcionario mencionó que es necesario prepararse para esos escenarios, debido a que el Ecuador está expuesto a sismos de gran magnitud.

“Para este tipos de estos sismos se necesitará búsqueda y rescate. Tenemos la acreditación de equipos de búsqueda y rescate, tenemos la acreditación de incendios forestales. Estamos trabajando fuertemente para fortalecer todas estas capacidades y también fortalecer la gobernanza de la gestión de riesgos”, declaró Torres.

Desastres aparte de Esmeraldas

Existen niveles de desastres, un ejemplo es en el cantón de Chunchi que fue declarado zona no habitable. Sin embargo, en otros cantones ejecutar las funciones se torna complicado debido a los niveles económicos y densidad poblacional.

“El nivel de vulnerabilidad de las personas afecta en el tiempo de recuperación. Es un trabajo que hay que hacer en conjunto y no hay que dejar a nadie solo”, agregó.

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El mayor número de fallecidos se registró en el aluvión, ocurrido el pasado 31 de enero, en La Gasca, centro oeste de la capital ecuatoriana.

De igual forma, un total de 7.208 personas fueron afectadas por la temporada invernal y 967 quedaron damnificadas, según datos de la institución..

Asimismo, hay 1.026 viviendas afectadas y 115 destruidas y 20.418 metros lineales de vías afectadas y 8.332,50 hectáreas agrícolas con distinto nivel de afectación.

Según el monitoreo realizado entre el 1 de enero y el 5 de marzo, en 107 cantones se registraron 430 eventos peligrosos por lluvias. Entre las provincias con mayores afectaciones a personas figuran Los Ríos, Guayas, Pichincha y Cotopaxi.

Entre los eventos registrados desde enero, en la temporada invernal, están aluviones (16), colapsos estructurales (40), deslizamientos (223). Además, se han registrado granizadas (2), hundimientos (6), inundaciones (119), socavamientos (18), tormentas eléctricas (4) y vendavales (2).

Sin embargo, la Secretaría de Gestión de Riesgo informó que existen seis ríos con tendencia a aumentar de nivel. Los ríos se encuentran en Chimborazo (río Chanchán), Cotopaxi (Pilaló), Esmeraldas (Esmeraldas), Guayas (Bijahual y Daule), y Pichincha (Machángara).

Estados de las vías

Asimismo, el Ecu 911 informó que se están revisando los estados de las vías en Pichinhca, Napo y Orellana. Además, se siguen realizando trabajos de limpieza por deslizamientos en la vía Aloag – Santo Domingo; en la vía Calacalí – Nanegalito se encuentra cerrada en el km 33.

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El informe de Gestión de Riesgos señaló que cinco viviendas se destruyeron, entre ellas, una casa comunal, una cancha deportiva y gran parte de la vía principal de acceso a la ciudad, Chimbo-El Cristal. Así mismo se registró que siete familias quedaron afectadas tras lo sucedido y tuvieron que ser trasladados a un alojamiento temporal.

Rodrigo Rosero, subsecretario General de Riesgos, mencionó que existía una amenaza permanente sobre este suceso. Dijo que existe una falla geológica y debilidades en la instalación del alcantarillado, por lo que desde el 20 de diciembre se tomó la decisión de evacuar a las familias del sector.

Por su parte, el Marcelo Cabrera Palacios, ministro de Transporte y Obras Públicas, coordinó el desvío del tránsito hacia la vía Guaranda-Balsapamba como alternativa para llegar a la ciudad. Sin embargo, los estudios realizados revelan que el socavón tendría cerca de 115 metros. Esto generó temor en los habitantes del sector.

Las familias damnificadas se encuentran en proceso de reubicación, para ello,  el Municipio de Chimbo junto al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabajan para asignarles un terreno apropiado.

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 El colectivo que agrupa a experimentados profesionales de la gestión de riesgos en temas de la salud, educación, economía, ambiente, entre otros.

El colectivo hace un llamado a los candidatos que participan en la contienda electoral de 2021.

Los planteamientos se centran en incluir a la reducción del riesgos como una prioridad para la pre-inversión, la inversión y la implementación del presupuesto por resultados.

El colectivo plantea la conformación de un equipo técnico de alto nivel en el conocimiento de la gestión del riesgo de desastres, con el mandato de emitir un pronunciamiento, con las respectivas recomendaciones.

Fondo Nacional Permanente

Uno de los puntos es la creación de un fondo nacional permanente para la reducción del riesgo de desastres y un procedimiento para financiar iniciativas.

El acumulado de las pérdidas y daños de seis desastres como el Fenómeno de El Niño de 1972-73 y 1997-98, sismos en la zona norte del país en 1987, erupción del Tungurahua de 2006, inundaciones de la costa en 2008, terremoto de Pedernales en 2016, sobrepasa los 129.500 millones de dólares.

Este monto representa la doble de la deuda pública nacional y supera el valor del PIB del año en curso.

Este cálculo, no incluye los 6.420 millones de dólares que Planifica Ecuador estima por pérdidas y daños por la pandemia por la COVID-19 durante marzo, abril y mayo de 2020.

Esta cifra considera las pérdidas asociadas a los incendios forestales ni a los efectos de las emergencias medianas y pequeñas del día a día en nuestras poblaciones y territorios. Este año, la erosión del Río Coca generó una serie de problemas de orden ambiental y ecológico.

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