En curso: proceso contra exsuperintendenta

Por ahora, la comisión se encuentra tramitando el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria. A ella se la acusa de incumplimiento de funciones por no ejercer los controles adecuados sobre las organizaciones del sector no financiero. También se le señala por la falta de supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que habría dejado sin control a las cajas comunales.

El asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN, presentó la solicitud de este juicio.

El proceso contra Hernández, continúa su curso en la Comisión de Fiscalización. Actualmente se encuentra en la fase de contestación a las acusaciones políticas y la presentación de pruebas de cargo y descargo. Este periodo tiene un plazo de quince días que concluirá el 4 de abril.

Luego, se abrirán diez días adicionales para la actuación de las pruebas, etapa que finalizará el 14 de abril. Una vez cumplido ese plazo, la comisión tendrá cinco días más para aprobar un informe que recomiende o no el inicio del juicio político en contra de la exfuncionaria. Ese informe deberá emitirse a más tardar el 19 de abril.

El juicio contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.

A partir del 20 de abril, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), podrá conocer el pedido de juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señalan a la funcionaria por seis presuntos incumplimientos de funciones, relacionados con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.

Las asambleístas Jahiren Noriega (RC), Carla Cruz (PSC), Mariana Yumbay (PK) y Cristina Chávez, alterna de SUMA por Cotopaxi, presentaron esta solicitud. Si la comisión califica el juicio, iniciará la fase de contestación de las acusaciones y presentación de pruebas. Sin embargo, por los plazos establecidos en el procedimiento, no se alcanzará a completar la siguiente etapa —la actuación de pruebas— ya que se requiere un periodo de diez días que excede el 13 de mayo, fecha en que culmina el actual periodo legislativo.

Con esto, el proceso quedará a medio camino y será la próxima Asamblea Nacional la que deberá retomarlo y decidir si recomienda el juicio político ante el pleno o archiva la solicitud. Sin embargo, la polarización que se prevé en el nuevo Parlamento dificultará que los legisladores reúnan los 101 votos necesarios para censurar y destituir a la ministra.

Juicio político pendiente contra el presidente del Consejo de la Judicatura

La siguiente solicitud de juicio político pendiente de trámite en la Comisión de Fiscalización corresponde al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este pedido fue planteado por los legisladores de la bancada Construye, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas.

Los legisladores acusan a Godoy de un presunto incumplimiento de funciones por vulnerar el principio de independencia judicial, al supuestamente intimidar y amenazar a la jueza Nubia Vera Cedeño. La magistrada denunció que la presionaron para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, con la intención de anular la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le impuso el Ministerio del Trabajo el 8 de noviembre de 2024.

La actual Comisión de Fiscalización no alcanzará a conocer este pedido, por lo que la nueva comisión deberá abordarlo en el próximo periodo legislativo como parte de los casos pendientes.

Juicio pendiente contra el ministro de Defensa y casos suspendidos

El tercer juicio político ya calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que deberá ser conocido por la Comisión de Fiscalización en el próximo periodo legislativo fue presentado por el asambleísta Héctor Valladares. El pedido es en contra del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, a quien se acusa de un posible incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre de 2024.

Además, cabe recordar que también se encuentran suspendidos los juicios políticos contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra jueces electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Estas suspensiones se deben a que el país se encuentra en un proceso electoral, y la ley impide que los representantes de esa función del Estado sean enjuiciados mientras duren los comicios.

IF

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El caso ha generado gran preocupación a nivel nacional e internacional, siendo señalado por organismos de derechos humanos como un presunto caso de desaparición forzada.

Familiares de los menores desaparecidos se reunieron el 23 de diciembre con Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, en un encuentro virtual que también contó con la participación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Durante la reunión, se abordaron los aspectos legales del caso y la importancia de que las investigaciones se realicen de acuerdo con estándares internacionales. “Es urgente emprender una búsqueda efectiva que cuente con la participación activa de las familias, con empatía y sin revictimización”, enfatizó Jarab.

Recomendaciones del Comité de la ONU

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU emitió el 24 de diciembre un conjunto de directrices al Estado ecuatoriano:

• Implementar de inmediato una estrategia integral para la búsqueda de los menores desaparecidos y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
• Informar periódicamente a los familiares sobre el progreso de las acciones realizadas.
• Aplicar medidas cautelares a favor de las familias de Josué y Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, en consulta directa con sus allegados.
• Asegurar un enfoque diferencial que respete tanto el interés superior de los menores como su pertenencia al pueblo afrodescendiente.

El Comité fijó como plazo máximo el 7 de enero de 2025 para que el Estado informe sobre el cumplimiento de estas disposiciones.

Los hechos bajo investigación

Los menores, de entre 11 y 15 años, fueron interceptados por una patrulla militar tras jugar fútbol en su barrio. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la aprehensión ocurrió bajo sospechas de robo a una ciudadana, una versión que ha sido rechazada por los familiares.

Videos de seguridad muestran a militares trasladando a los niños en una camioneta. Posteriormente, uno de los menores logró comunicarse con sus padres para denunciar agresiones, pero tras alertar a la Policía, no se obtuvo más información sobre su paradero.

Fernando Bastias, abogado de la CDH, enfatizó que, incluso si los menores hubiesen cometido un delito, debían ser procesados conforme a la ley, con notificación inmediata a sus padres.

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