La compensación económica —aseguró Loffredo— también será otorgada a efectivos de las Fuerzas Armadas o Policía que logren su captura o neutralización, bajo el argumento de que Fede es un «objetivo militar«. El ministro del Interior, John Reimberg, respaldó la medida.

El presidente Daniel Noboa atribuyó la evasión a un acto de «complicidad» al interior del Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N.°1. «No fue un descuido, fue complicidad», afirmó el mandatario, quien ordenó la detención inmediata de todo el personal sospechoso. Como resultado, un juez dictó prisión preventiva para 22 procesados —19 militares, 2 funcionarios del SNAI y 1 recluso— por su presunta participación en la fuga durante una audiencia celebrada el 21 de junio.

Noboa tildó el hecho de «traición» y advirtió que se aplicará la nueva normativa de seguridad. Asimismo autorizó el «uso directo de la fuerza» contra integrantes de grupos armados.

Patrón de fugas

Este caso evidencia la crisis carcelaria que persiste en Ecuador. En enero de 2025, la Policía detuvo a ‘Fede’ en Daule con armas y drogas, pero su reclusión duró apenas cinco meses. La fuga replica el patrón de la evasión de José Adolfo Macías, alias ‘Fito‘(líder de Los Choneros), ocurrida en marzo pasado. En este caso, el gobierno también ofreció USD 1 millón de recompensa. ‘Fito’ permanece en la lista de buscados de Interpol.

¿Y el Plan Fénix?

La desesperación por obtener información ha llevado a campañas polémicas. El 13 de junio, las Fuerzas Armadas lanzaron billetes falsos de USD 100 sobre Durán, impresos con el número de recompensas (131), en un intento por incentivar denuncias. La acción, reconocida por el Ministerio de Defensa, fue tildada por la ciudadanía como «espectacularista» e «ineficaz».

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El comunicado enfatiza que en lugar de reconocer la gravedad de los hechos, Loffredo declaró en una rueda de prensa que la jueza Tanya Loor, quien dictaminó la desaparición forzada, había actuado “de manera injusta” y fuera de sus competencias legales.

Pronunciamiento de las organizaciones

En respuesta, las organizaciones firmantes emitieron un comunicado rechazando las declaraciones del funcionario señalando que constituyen un intento por obstaculizar la justicia y generar impunidad. Estos son los puntos más destacados:

1. Condenan las “falsas disculpas públicas” ofrecidas por Loffredo, calificándolas como un intento por evadir la responsabilidad estatal en la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los menores.
2. Rechazan la impugnación de la sentencia de hábeas corpus realizada por el Ministerio del Interior, considerando que busca desviar la atención de la responsabilidad estatal.
3. Denuncian la persecución política contra la jueza Loor, afirmando que se vulnera la independencia judicial y el Estado de Derecho.
4. Advierten sobre los riesgos de las políticas de militarización en la seguridad ciudadana, que han derivado en graves violaciones a los derechos humanos.
5. Reiteran su compromiso de acompañar a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos para que vigilen el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos.

Contexto

El 8 de diciembre de 2024, dos camionetas de las Fuerzas Armadas interceptaron a los niños y adolescentes que regresaban de jugar fútbol cerca del barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Según las investigaciones, Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron detenidos arbitrariamente, incomunicados y abandonados a 50 kilómetros del lugar de su detención.

El 24 de diciembre, la justicia constitucional determinó que los hechos constituían desaparición forzada y ordenó medidas de reparación. Ese mismo día, se hallaron restos incinerados e irreconocibles en el río Taura, confirmándose el 31 de diciembre, mediante pruebas de ADN, que los cuerpos correspondían a los menores.

“Esta injusticia en contra de las Fuerzas Armadas fue cometida por una jueza en materia constitucional declarando la existencia de una desaparición forzada, a pesar de que no tenía capacidad ni facultad legal alguna para hacerlo”, subrayó el ministro, quien también anunció una investigación contra el uso del discurso de derechos humanos como un aparente instrumento de persecución política.

Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, también criticó el dictamen de la jueza y amenazó con acciones legales por dañar la “imagen institucional” del Ministerio de Defensa.

Contexto legal e impacto

El dictamen de la jueza Loor reconoce que la desaparición forzada comenzó con la detención y posterior incomunicación de los menores, en concordancia con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia incluye medidas de reparación, como disculpas públicas y la garantía de no repetición.

Sin embargo, las declaraciones de Loffredo y Palencia han generado críticas nacionales e internacionales, pues son vistas como intentos de desacreditar el sistema judicial y debilitar los mecanismos de protección de derechos humanos.

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La solicitud fue presentada por el legislador Héctor Valladarez de la Revolución Ciudadana (RC), quien alegó un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la desaparición de cuatro menores durante un operativo militar en el sector Las Malvinas, en Guayaquil, el pasado 8 de diciembre.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el caso el 28 de diciembre, junto con otra solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, impulsada por la bancada de Construye.

En su exposición ante la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia este 30 de diciembre, Loffredo rechazó las acusaciones y calificó el pedido de juicio político como un “golpe político”. Aseguró que no se referiría a detalles que estén bajo investigación por Fiscalía, pero insistió en que las aprehensiones del 8 de diciembre no formaban parte de un operativo planificado de la fuerza pública, sino que respondieron a un presunto delito en flagrancia.

“Esta es una decisión política de una bancada por dañar al Gobierno, que es un golpe a la democracia”, reprochó el ministro de Defensa durante su intervención.

Agregó que se enteró de la desaparición de los menores el 19 de diciembre, es decir, diez días después de los hechos.

Proceso en la Asamblea

El CAL encomendó a la UTL la elaboración de informes técnico-jurídicos no vinculantes para verificar si las solicitudes cumplen con los requisitos establecidos. Una vez concluido este análisis, el CAL decidirá si admite a trámite la solicitud contra Loffredo. En caso de proceder, la Comisión de Fiscalización tramitará el caso.

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«Si fuera un hijo suyo el que es aprehendido, ustedes reciben una llamada y les dice que los militares los soltaron y que les prestaron un teléfono. Luego esa persona les envía la ubicación, les dice que se los llevó la mafia. Para encontrar a sus hijos, ¿a dónde pondrían ustedes todo su enfoque en la última persona que estuvo con sus hijos o en las personas que su propio hijo dijo que las soltaron», dijo en entrevista para Centro Digital.

De igual manera, el titular de Defensa cuestionó que en la mente de los ecuatorianos se difunda una mala imagen de las Fuerzas Armadas y aclaró que no encubrirá a nadie si la justicia determina responsabilidad en la actuación de los 16 militares implicados en el caso.

¿Cómo avanza el caso?

El pasado 24 de diciembre el Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado en el que informó sobre las medidas adoptadas con respecto a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea que fueron involucrados en el caso de la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, el pasado 8 de diciembre.

En el anuncio, se destacó que el Ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, dispuso que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pusiera bajo custodia militar a los mencionados integrantes, como parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad y prevenir cualquier intento de fuga. La custodia fue asumida por oficiales y personal de inteligencia militar, quienes se encargaron de intensificar las medidas de seguridad para asegurar que no existieran riesgos de evasión.

El Ministerio también aseguró que, en caso de ser requerido por el sistema judicial, movilizarían de inmediato a los investigados para ponerlos a disposición de las autoridades competentes.

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El pasado 19 de junio la mesa parlamentaria resolvió que los titulares de las diferentes carteras de Estado no cumplieron sus funciones y no atendieron completamente los pedidos de información sobre lo ocurrido en el Esterillo Oloncito, Santa Elena.

Asimismo solicitó a Contraloría un examen especial al proceso de otorgamiento del registro ambiental a favor de la Empresa Vinazin S.A para el proyecto urbanístico ECHO.

También recomendó remitir el expediente a la Fiscalía con el objetivo de investigar la posible concurrencia de varias infracciones en el proceso de otorgamiento del registro ambiental a la empresa perteneciente a la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Caso Olón

La empresa Vinazin fue la encargada de promover un proyecto urbanístico en el área protegida de Olón, en Santa Elena, y tiene como accionista a la primera dama, Lavinia Valbonesi, y a la presidenta del movimiento ADN, María Beatriz Heredia.

Durante la tarde del 6 mayo, comuneros en Olón alertaron la llegada de la maquinaria pesada al Esterillo Oloncito, un área protegida llena de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en el invierno.

¿Quiénes están detrás?

La polémica construcción involucró al círculo más cercano del presidente Daniel Noboa, empezando por la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, quien otorgó los permisos para la ejecución de esta obra el 4 de enero del 2024, según un documento expuesto por Fundación La Iguana.

Por otro lado, Roberto Luque, ministro de Transporte y encargado del Ministerio de Energía, sería el socio principal de la empresa Geosísmica, quien habría hecho los estudios en Olón para la construcción del proyecto urbanístico.

Además, la primera dama Lavinia Valbonesi sería la accionista principal de Vinazin S.A.S, encargada de la gestión de este proyecto. La esposa del presidente tendría un capital de USD. 9.999 en la compañía. (AGM).

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Para el titular de la cartera de Estado, la inseguridad no es una situación que desaparezca con una »varita mágica», en este sentido, señaló que siguen los operativos para encontrar el armamento escondido en los centros penitenciarios.

Asimismo indicó que el internet está bloqueado en las cárceles y solo se lo habilita para las audiencias telemáticas.

Control fronterizo

»La propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa con el plan Fénix fue fortalecer el control fronterizo, no hablo específicamente de poner más militares porque, en realidad, poner más militares no es la estrategia correcta», dijo en entrevista a FM Mundo.

Agregó que es necesario el uso de la tecnología para fortalecer la frontera, sin embargo, no han podido implementar de manera inmediata esta medida porque recibieron una caja fiscal en cero.

La segunda fase del Plan Fénix tendría como principal tarea capturar a los objetivos de alto valor y fortalecimiento tecnológico. (AGM).

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»¡Esta Asamblea no es una hacienda bananera!», fue uno de los gritos que se escuchó durante la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales a la que fue convocada la ministra del Interior, Mónica Palencia; la canciller Gabriela Sommerfeld; y el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo.

Tras el conflicto con México tanto la Comisión de Fiscalización como de Relaciones Internacionales convocaron a los funcionarios del Estado, en el primer caso la comparecencia estaba fijada para las 06h45 y en la otra mesa parlamentaria el llamado era a las 08h20.

No obstante, los titulares de las carteras de Estado acudieron a las 06h40 a la Comisión de Relaciones Internaciones, presidida por el asambleísta oficialista Jonathan Parra haciendo caso omiso a la otra convocatoria.

La sala ubicada en el piso 7 del Palacio Legislativo sobrepasó el aforo ya que la mayoría de los legisladores de la bancada acudió a la sesión. Ante la situación, los parlamentarios solicitaron cambiar de sitio la sesión pero no aceptaron el pedido.

Más adelante, la asambleísta Lucía Jaramillo pidió que la reserva de la sesión por la información que iba a presentar la ministra Palencia. Este accionar generó descontento y malestar entre parlamentarios. Finalmente la sesión se suspendió después de que la escolta Legislativa saque a asesores y asambleístas que no eran miembros de la Comisión.

La ruptura

A mediados de noviembre del 2023, la Asamblea Nacional posesionó al mandatario con la firme intención de lograr una mayoría legislativa en su administración. Ante esta pretensión se armó la alianza entre la RC, el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo.

Hoy en día, el presidente Noboa recibe el respaldo del PSC para su campaña en la Consulta Popular, incluso del movimiento Construye, bancada de la oposición en la Asamblea. (AGM).

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