El documento se debatirá el miércoles 31 de enero de 2024 a las 17:00 en la mesa legislativa. Para el cobro de este nuevo impuesto, el informe solo ubica una temporalidad de uno hasta ocho meses seguidos.

La asambleísta objetó que mientras se pretenda implementar un doble impuesto a los ecuatorianos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) pierde recursos por la mala recaudación y el pésimo proceso que lleva.

Por otra parte, la jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, apuntó que la idea fue propuesta por gremios y grupos de profesionales de diferentes sectores. Según ella, la bancada no aprobará esta propuesta que afecta al bolsillo de los ecuatorianos.

«Se cumplirá el deber democrático y esperaremos a la votación de nuestros colegas en el debate de esta tarde, pero nosotros también cumplimos con el deber de acoger las propuestas de las personas», dijo a los medios de comunicación.

Supuestamente ya acogieron cambios

El pasado 27 de enero en el primer debate del proyecto, Centeno indicó que supuestamente aceptaron ocho de diez recomendaciones que hicieron los legisladores. No obstante, Garzón señaló que las acogieron de manera parcial. Un ejemplo claro es la reducción del 25 % al 15 % a las utilidades de la banca.

La legisladora señaló que en el informe de minoría que presentó la bancada plantaban un impuesto de hasta el 35 % para la banca. Sin embargo, los responsables del informe decidieron reducirlo en un 10 %.

«A los que ganan USD 1000 le gravan un impuesto y a los que ganaron extraordinariamente en pandemia les restan ese tributo», resaltó.

Allí no acaban las «sorpresas»

En ese mismo informe se plantea la eliminación de la contribución de los grandes contribuyentes del país, pero se incluye en el proceso de cobro a las cooperativas de ahorro y crédito. Repitió que es ilógico que las entidades que menos perdieron -desde la pandemia- sean exoneradas de pagar, pero los ciudadanos que perdieron todo -en el peor de los casos- tengan que «arrimar el hombro».

«El caso de todo esto es que la banca sigue ganando, pensamos que al cambiar de presidente y dejar de tener uno banquero tendríamos otra perspectiva, pero no (…) Ellos alivian sus cargas, mientras la clase media se ve afectada», aludió.

¿Qué pasara luego del estado de excepción?

El estado de excepción tiene un límite de 61 días, posterior a eso las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional dejarán las calles. Ante este suceso, Garzón cuestionó el lugar a dónde irán los recursos que ahora se emplean en las fuerzas del orden.

Detalló que su informe prestaba la posibilidad de recaudar USD 2.300 millones, pero el régimen no lo ha tomado a consideración. Además, mencionó que el retraso de cobro de sueldos a los servidores públicos, más la suspensión del sector turístico y el aforo en los partidos de fútbol empeorarán la economía.

«Además, con el atraso de sueldos, la banca va a esperar para cobrar o los impuestos y las multas se van a seguir generando», expresó.

IVA y canasta básica

«Quiero creer que es desconocimiento y no mala fe, porque quienes tomamos las decisiones sabemos que los impuestos se aplican de acuerdo a la progresividad y el IVA no pertenece a este caso», dijo.

También, señaló que pese a que el presidente Noboa alude que este incremento no golpeará a la clase media, sí afectará al precio de la gasolina y con eso el valor de todos los productos en el país. Argumentó que si el jefe de Estado no quiere tener las mismas consecuencias que su antecesor Guillermo Lasso, debe aplicar medidas económicas y políticas diferentes.

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La mesa legislativa recibió la documentación de sus antecesores y llamaron a comparecer a varias autoridades para «concatenar los hechos». La asambleísta Gissela Garzón señaló que la presencia del Ministerio de Cultura, encargados de Patrimonio y otros funcionarios que mantengan una relación directa con los espacios implicados es esencial para otorgar respuestas.

El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, resaltó la necesidad de continuar con esta investigación con la presencia de un notario. «En dónde están los bienes que le pertenecen al país ecuatoriano», cuestionó.

En enero de 2024, los legisladores presentarán en el Pleno un informe de fiscalización de recomendaciones y conclusiones con posibles responsabilidades políticas.

«Entre gallos de medianoche»

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

En manos de la Fiscalía

En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa por la presunta desaparición de los bienes. La entidad informó a Moreno y a su esposa, Rocío Moreno, que tiene una denuncia por presunto peculado en el caso. La denuncia la interpuso la asambleísta por UNES, Pamela Aguirre.

También advirtió al Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro Civil, Presidencia de la República y Contraloría General del Estado (CGE) para que remitan la información pertinente de manera inmediata.

Moreno ahora tiene una acusación por el delito de peculado en la Fiscalía por desaparecer más de 8 mil piezas del Museo del Palacio de Carondelet”, afirmó Aguirre en entrevista con Radio la Calle.

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«Pachakutik debe actuar sin cálculos en apego a las resoluciones ya tomadas», manifestó Iza a través de su cuenta de Twitter.

Según Quishpe, la bancada tomará la decisión una vez que los asambleístas que promovieron esta iniciativa la presenten formalmente. El legislador indicó que el pedido de juicio político la evaluarán y analizarán en una diligencia provincial y nacional, más el bloque.

«No vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva, siempre hemos actuado de manera colectiva, consultado a nuestras bases», dijo.

Quishpe enfatizó que el coordinador nacional llamó a un consejo para evaluar esta opción y determinar en conjunto una postura y mencionó que esta resolución no solo la discutirán al interno de la bancada.

Un paso adelante y dos atrás

Junto a ellos, otros parlamentarios también se retractaron de su apoyo a la idea de juicio político contra Lasso. La asambleísta Yeseña Guamaní (ID) indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión al respecto y detalló que esta fracción votó a favor del informe por las necesidades que tiene el país.

«Votamos a favor del informe que recomienda el juicio político al presidente porque es evidente las carestías del Ecuador. Además, ahí se lo solicita por la causal de omisión, que es evidente», refirió.

No obstante, repitió que esta decisión será a la interna de la bancada, pues no han considerado lo que diga el Consejo Ejecutivo Nacional.

De la misma manera, el asambleísta Esteban Torres (PSC) aseguró que no firmará «un texto que le pase alguien». Señaló que la bancada no dará los votos en algo que haya sido partícipe.

«Estamos en contacto con el resto de bancadas para ver si hacemos algo en conjunto. Si se pretende que esto pase de la Corte Constitucional necesita preparación, hay que ser serios con el proceso», apuntó.

UNES a favor del informe

Mientras tanto, la legisladora Gissela Garzón (UNES) cuestionó la seriedad de sus homólogos ante la decisión favorable al informe el pasado 4 de marzo. Aseguró que detrás de todas estas retracciones existen cálculos políticos.

«Dan el voto, presionan al Gobierno para actúe y luego cambian de opinión. ¿Cómo firman algo en lo que no estaban de acuerdo? ¿A caso no leyeron lo que estaban firmando?», puntualizó. (N.J.C)

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El 23 de febrero  el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político y censura contra Carrillo. En la sesión unificaron tres de los cuatro pedidos de enjuiciamiento político que el exfuncionario tenía en su contra.

La primera solicitud fue interpuesta por los legisladores Peter Calo y Jhajaira Urresta  quienes pidieron la fiscalización del exfuncionario por su gestión en el Paro Nacional de junio del 2022 y la inseguridad ciudadana.

Por su parte, las parlamentarias Johanna Moreira y Lucía Placencia hicieron su pedido por incumplimiento de funciones por el abandono de temas de seguridad, en el contexto de homicidios y violencias del 2022. Por último, la asambleísta Gissella Garzón solicitó el juicio político por el Caso del femicidio de María Belén Bernal y su incumplimiento de funciones.

La defensa de Carrillo

En su defensa, el exfuncionario manifestó que hay que diferenciar la función que tenía como Ministro de Interior y la labor de la Policía Nacional. Enfatizó en que las crisis no responden a su gestión . Señaló que los líderes populistas hacen de cada suceso un hecho político buscando un responsable, creando relatos burdos.

“La criminalidad es un fenómeno de Estado no de policías”, resaltó en su intervención.

Para Carrillo es insensato condenarlo a un juicio político por no coincidir con los supuestos héroes de junio del 2022. También aclaró que cumplió con su funciones respecto al Caso Bernal y que finalmente esto dio resultados.

La defensa del oficialismo

El legislador Jorge Pinto resaltó las acciones de violentas que los “actos terroristas” dejaron a la país con pérdidas de más USD 115 millones. “No podemos afirmar que la policía hizo mal su trabajo, ellos eran los únicos con la potestad de aplicar el uso legítimo de la fuerza”.

Para Pinto, el ministro solo hizo su trabajo y recalcó las afectaciones a los policías heridos y mutilados y de  los civiles a quienes les quitaron la mercancía de su negocio. (A.G.M).

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La legisladora explicó a Radio La Calle que las causales para el proceso interpuesto por su bancada fue el incumplimiento de funciones motivado por varias aristas:

• La solicitud de vacaciones por parte del exministro para asistir a la boda de su hija en Nueva York, mientras se desarrollaba la investigación por el caso María Belén B. Garzón sostuvo que el pedido incumple los apartados a, b y f del artículo 22, apartado a de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSP).

• Los comentarios expresados por el exfuncionario al respecto del caso. “Emitió un sinnúmero de comentarios banalizando la gravedad y la naturaleza de los hechos, refiriéndose a este atroz crimen como “DELITO PASIONAL” o “ACTO HUMANO, IRRACIONAL, PERO ES DE HUMANOS”, incumpliendo lo previsto en el artículo 70 de la Constitución de la República”.

• La negligencia de la Fiscalía al momento de receptar la versión del exagente de la Policía, Germán Cáceres. “Es decir, la actuación y omisión de agentes de la Policía Nacional, cuya rectoría es ejercida por el Ministro del Interior, no solo facilitaron el cometimiento del hecho, sino la fuga del principal sospechoso”.

Proceso para el desarrollo del juicio político

La asambleísta aclaró que el proceso continuará con la derivación del proceso a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) por parte del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Posteriormente, el informe será enviado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego a la Comisión de Fiscalización.

Bancadas que apoyarán el proceso

Garzón mencionó que esperan contar con el apoyo de las demás bancadas para obtener los votos que impulsen el juicio. “Esperamos que sí, se trata de un caso extremadamente grave que incluye a instituciones del Estado”.

Por su parte, la asambleísta por Pachakutik (PK), Isabel Enríquez aseguró a este medio que su bancada sí apoyará el juicio. A su vez, mencionó que espera que el tema sea tratado en las reuniones establecidas en PK para este 11 de octubre.

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