La resolución fue aprobada con cuatro votos a favor el pasado 29 de febrero. La denuncia se basa en un incidente ocurrido el 17 de enero de 2024, durante una sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. A la mesa parlamentaria acudió el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, convocado para discutir las deudas del Gobierno con los municipios.

El altercado

Según el expediente, durante la intervención de Maldonado, Molina utilizó un lenguaje ofensivo, lo cual provocó incidentes violentos. Se señaló que interrumpió abruptamente la intervención del compareciente, golpeando la mesa de la comisión, gesticulando, verbalizando y gritando. La queja subraya que estas acciones constituyen faltas administrativas graves sancionadas por el reglamento parlamentario.

En el relato presentado, se destaca que Molina dirigió comentarios ofensivos hacia Desintonio, afirmando que su grupo político representa a delincuentes. Además, se mencionó a personas específicas, como Xavier Jordán y el narcotraficante Leandro Norero, sugiriendo su relación con el cometimiento de delitos.

Como resultado de esta decisión del CAL, Molina enfrentará una suspensión de 31 días, que iniciará el 1 de marzo. Durante este período, no recibirá remuneración y será reemplazada por su suplente, José Misael Rodríguez Balarezo.

Esta serÍa la primera suspensión que se resuelve en el actual período legislativo, anteriormente, la asambleísta Mónica Palacios también fue acusada en el CAL por falta disciplinaria. Sin embargo, no fue suspendida y recibió una amonestación económica. (AGM)

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“Estoy en esta lista que el presidente ha puesto. A veces quiero verle lo positivo a esta catástrofe (…) Lo positivo es que el pueblo ecuatoriano va a ver mi cara porque le aseguro que usted nunca me ha visto como legisladora en 10 meses. No he salido en medios porque no me siento identificada con la gente que sale y dice cualquier cosa”, expresó en una entrevista en Teleamazonas.

De acuerdo con Molina, no pidió beneficios económicos al presidente o sus asesores, sin embargo, ha dicho que, si hay pruebas de ello, ofrecerá disculpas al país. Ambas expresiones se contradicen. “Jamás en la vida he hecho un pedido de esa clase al presidente o a ninguno de sus colaboradores. Si tienen las pruebas, les exhorto a que presenten al pueblo ecuatoriano porque mi deber es dar una respuesta a mi provincia y a los ecuatorianos. Si es que esas pruebas existen seré la primera en pedir disculpas y hacerme cargo de lo que me imponga la ley”.

A favor de la ley de Inversiones

La legisladora indicó que votó en contra del archivo de la Ley de Inversiones el pasado 24 de marzo. “Yo voté con el Gobierno. Se supone que el presidente me mandó a pagar, pero el dinero no ha llegado a mí. Entonces él tiene que presentar al pueblo cuál es el coimador (…) Es un gran problema y es el doble para mí porque los demás compañeros votaron a favor del archivo”, agregó.

El 26 de marzo, el presidente Lasso envió una carta a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicando que cinco asambleístas de Pachakutik habrían solicitado beneficios económicos a cambio de apoyar la ley de Inversiones con su voto en el Pleno. La Fiscalía anunció el inicio de la investigación, mientras que los legisladores negaron las acusaciones. MIB

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