»Estamos identificando, por denuncias ciudadanas, a quienes se encuentran trabajando con estudios jurídicos y avisan con tiempo a quienes les saldrá una responsabilidad para ponerse a trabajar. Incluso reparten tarjetas de los estudios jurídicos», dijo en entrevista para Ecuavisa.

El titular de Contraloría reveló que, del 2019 al 2023, USD 4 mil millones en glosas no fueron cobradas debido a informes que no fueron calificados oportunamente y luego caducaron, otros exámenes solo desaparecieron. El caso ya está en manos de Fiscalía para determinar la responsabilidad de algunos funcionarios.

»A los exámenes los tenemos en físico y caducaron por diferentes motivos. (…) Hay informes aprobados a los 800 o 900 días, eso es una barbaridad. Hay otros exámenes que caducaron por tenerlos guardados», puntualizó.

La mano de los funcionarios

Asimismo señaló que existen sospechas de la implicación de algunos servidores en la desaparición de dichas glosas, pues habrían dejado que sobrepase el plazo de los 180 días para que caduquen. Sin embargo, enfatizó que otros casos relacionados al desvanecimiento de glosas ocurrieron por falta de personal.

Actualmente, 22 funcionarios ya fueron denunciados en Fiscalía, entre mandos medios de diferentes unidades y excontralores. (AGM).

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«El inversionista encargado de operar los centros de revisión vehicular no implementó la línea de inspección exclusiva para emisiones de gases y no realizó las reinversiones previstas el el contrato, (…)», reza el documento.

La compañía privada fue contratada por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV). Este acuerdo era para mejorar el proceso de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en esa ciudad.

Las responsabilidades civiles recaen sobre funcionarios de la empresa pública que estuvieron en la ejecución del contrato entre enero de 2016 y marzo de 2021. Según la CGE, ellos no supervisaron que el inversionista cumpla con sus obligaciones. Asimismo, no sancionaron «la inobservancia» de los términos de la contratación.

Además, en el informe explicó que los fiscalizadores no sancionaron los incumplimientos del contrato. Las multas que en su momento no fueron puestas son dos, por el valor de USD 973. 500 cada una.

¿Qué fue lo que no cumplieron?

El contratista debía implementar en los centros de revisión la línea de inspección solo para emisiones de gases, pero no lo hizo. Esto causó que los vehículos que iban para esta prueba o un examen visual, deban ingresar a la línea de revisión completa, generando una pérdida de tiempo en los usuarios.

La otra responsabilidad civil fue de 973 mil dólares para los funcionarios de la empresa pública que no sancionaron las deficiencias detectadas en los procesos de revisión. Las mediciones de gases y la intensidad y alineación de luces de las motocicletas no se ajustaron a los parámetros que señala la Normativa Ecuatoriana para RTV.

¿Y las reinversiones?

De la misma manera, el inversionista debía actualizar los equipos, sistemas informáticos y entregar pólizas de seguros por cada reinversión. Sin embargo, no se renovó la garantía de la primera reinversión, ni entregó la póliza de la segunda.

Por esto, se debía cobrar la multa de más de USD 1 millón por los 1.947 días que incumplieron con sus responsabilidades, pero la gerente general dio de baja la multa. Por eso, el contratista y la gerente general que emitió una resolución dejando sin efecto las multas, deberán pagar la cantidad de 1’435.000 dólares.

Asimismo, los fiscalizadores del contrato pagarán USD 512 mil a la entidad por perjuicio económico. Por la misma línea, gerentes generales de EMOV que estuvieron entre 2019 y 2021, y no hicieron nada para levantar las medidas de la exgerente provocaron una glosa de USD 346.500 por 693 días que no se realizó la tercera reinversión.

Finalmente, la sexta responsabilidad civil es por los equipos que el inversionista no entregó a la EMOV, que generó multas no impuestas por USD 362.500. (DCJ)

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Según el informe de la CGE, la petrolera aceptó la reprogramación de inversiones por parte de una contratista en campos menores sin que existan justificaciones técnicas y económicas, lo cual perjudicó al Estado. La auditoría fue realizada entre el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020.

La institución determinó imponer una glosa de USD 36.5 millones a los extrabajadores de las áreas técnicas y ejecutivas, quienes aceptaron esta acción y dieron paso a la ejecución de un contrato de servicios integrados para la perforación de pozos.

Responsabilidad de la contratista

Los funcionarios aceptaron los argumentos del contratista sobre la falta de licencias ambientales para perforar pozos. No obstante, el equipo de auditoría estableció que las plataformas en las que se debía intervenir ya estaban regularizadas ambientalmente, por lo que no se requerían nuevas licencias.

En este sentido, la empresa privada suma una glosa de USD 15.3 millones. De igual manera para justificar estos cambios la contratista expuso que existió problemas para importar equipos, lo cual habría sido una secuela del Covid-19.

No obstante, Contraloría no aceptó la justificación puesto que el estado de excepción por la pandemia no incluía sectores estratégicos. El trato entre Petroamazonas y la empresa privada consistía en que el proveedor forme parte del Comité Ejecutivo y tenga un voto »dirimente».

»Valiéndose de esta condición, la contratista aprobó los cambios, pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad», resaltó la CGE.

El cierre de Petroamazonas

En enero del 2021, el expresidente de la República Lenín Moreno suscribió un decreto en el que concretaba la fusión por absorción de Petroamazonas y Petroecuador para que sea una sola empresa petrolera, actualmente tiene el nombre de la segunda empresa en cuestión.

La extinta petrolera pasó a ser una gerencia de exploración y producción de Petroecuador. Cabe recalcar que esta nueva empresa petrolera tendría autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. (A.G.M).

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“El 27 de febrero la señora asambleísta me difama como atracador del Estado por la supuesta compra de un vehículo por un valor de USD 120.000. Nada más alejado de la verdad”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Rodríguez recalcó que la asambleísta abusó de su poder mediante la inmunidad parlamentaria y afectó a su reputación profesional y personal.

“Ningún ciudadano, por más que sea un asambleísta, se puede esconder detrás de una curul para difamar, calumniar e injuriar y para destruir el prestigio profesional de un ciudadano cualquiera”, afirmó el exgerente.

Además, comentó que ya interpuso la demanda ante los juzgados correspondientes y solicitó que se pronuncie la justicia ecuatoriana a favor o en contra de esta denuncia.

“Siguiendo el artículo 128 de la Constitución la señora Cordero tiene que despojarse de la inmunidad parlamentaria”, aseveró Rodríguez.

El exgerente sostuvo que la denuncia realizada por Cordero no tenía fundamentos e incluso era una denuncia mal redactada.

“El día de ayer en un medio de comunicación ella decía no se ha fijado en el contrato, que se ha fijado en el asiento contable. Ni en eso se fijaron porque el asiento contable en el 2016 señala el valor depreciado a 3 años de los vehículos que se compraron”, expresó Rodríguez.

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Según él explica, la Contraloría no ha demostrado sus acusaciones por falta de argumentos técnicos, jurídicos, ‘ignorancia y mala fe’. Añade que sustentó su defensa con todas las pruebas de descargo. Por otra parte, el asambleísta que preside la comisión de Fiscalización del Legislativo, Fernando Villavicencio, pidió se sancione al juez que pidió autorización al Pleno para llevar a cabo el juicio por contra Cordero por difamación y deshonra.

A ello se suman las declaraciones de la legisladora por CREO, donde amenaza a Rodríguez diciéndole que «no tiene ningún problema en llegar hasta las últimas instancias del proceso». Que con ello, es motivada a continuar con la segunda parte del informe de Yachay: ‘las subcontrataciones’.

Rodríguez denunció a la asambleísta Cordero por expresiones emitidas en ese informe, realizado por la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas del país. Luego, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, solicitó a la Asamblea Nacional que se levante la inmunidad legislativa de Cordero para iniciar el trámite judicial.

Juez de la Corte Nacional solicita autorización para enjuiciar a la asambleísta Ana Belén…

Esta denuncia estaría enmarcada en el artículo 396, numeral uno del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y trata de las contravenciones de cuarta clase, cuya sanción es de 15 a 30 días de pena privativa de libertad. De quien, por cualquier, medio emita expresiones en descrédito en contra de otra persona.

¿Cómo continúa la denuncia?

La denuncia pasó en un principio por manos de una jueza de Pichincha que se abstuvo de darle continuidad. Alegó que la denunciada goza de fuero de Corte Nacional, al ser asambleísta. Sin embargo, Córdova aseguró que el proceso se da en virtud que la persona denunciada posee la dignidad de asambleísta nacional.

Hecho que lo conduce a garantizar el debido proceso y llevar a cabo el trámite correspondiente. Bajo el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea cuenta con 30 días para responder al pedido, de no ser así, la autorización se considera concedida.

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«Los montos de las glosas corresponden a las pérdidas originadas de la operación de las rutas, en los periodos de actuación de los exfuncionarios, debido a que no adoptaron medidas oportunas para corregir las falencias», reza el comunicado de la Contraloría

El documento señala también que los exfuncionarios no recomendaron la adopción de medidas, como la fusión, liquidación o extinción de la entidad.

La auditoría realizada a Tame en 2021, determina que la rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos fue negativa. «La empresa no generó un rendimiento que asegure el retorno de los fondos propios. Es decir, (…) Tame no generó utilidades, demostrando ineficiencia en el empleo de los recursos», según la autoridad de control.

Los exfuncionarios podrán impugnar este acto administrativo en la Contraloría, mediante la solicitud del recurso de revisión o por la vía judicial en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Rentabilidad infructuosa

Los costos operativos de la aerolínea superaron los ingresos; lo que dió cuenta que los costos de operación de las rutas (nacionales e internacionales) no fue rentable y su tendencia negativa se incrementó.

El margen operacional incluye gastos de administración y ventas, reflejó porcentajes negativos: 2015 (-13,08 %); 2016 (-10,97 %); 2017 (-39,79 %); 2018 (-44,44 %); 2019 (-59,87 %) y 2020 (-95,03 %), según reportó diario La Hora.

Las pérdidas ocasionaron que la aerolínea cierre y entre en proceso de liquidación, junto a siete empresas estatales adicionales, en mayo del 2020.

Actualmente, se vendió un mínimo porcentaje de sus activos, cifra que asciende a cerca USD 40 millones; no obstante, los pasivos (deudas y otras obligaciones) bordean los USD 321 millones, según La Hora.

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“Algún día dije en campaña que ahí, cercanos a Lasso, había asesores que tienen glosas millonarias, de cientos de millones de dólares. Es verdad. Hay que decir la verdad”, sentenció.

También aseguró que Guillermo Lasso lo acusa todos los días y habla “barbaridades”, sobre él. “Algún día le voy a decir las verdades de las reuniones que me invitó a su casa. De las reuniones con Jaime Nebot, en el Banco de Guayaquil; qué buscaba él y que consiguió de mí”, sostuvo.

De igual forma, Polit enfatizó en que conoce al mandatario de la época de Lucio Gutiérrez. Me invitaba a su casa y me dio el asiento principal de su comedor con Gustavo Noboa, Ricardo Noboa y otros más. Así es la gente de hipócrita como este señor”, dijo.

Ante la pregunta de qué es lo que buscaba Guillermo Lasso, Pólit respondió: “No sé. Seguro tiene que ver con Carlos Pareja. Vaya a ver las relaciones que tiene con el Banco de Guayaquil”.

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Esteban Celi asumió su culpabilidad en el delito de delincuencia organizada y el desvanecimiento de millonarias glosas. El acusado dijo que recibió una transferencia por 110 mil dólares. También aseguró haber contactado al socio principal de Nolimit, a través de Raúl De La Torre, para gestionar pagos de la contratista de Petroecuador.

Incluso, afirmó que su hermano, Pablo Celi, no tenía conocimiento sobre estos pagos y que jamás recibió dinero. Sin embargo, Esteban Celi no aceptó todos los hechos narrados por la Fiscalía. Por ello, el juez dictaminó que no cumplía con los requisitos suficientes para acceder a la rebaja de la pena.

La Fiscalía pidió pena de 40 meses de prisión y una reparación al Estado por 648 mil dólares, para Esteban Celi, si confesaba los detalles de la operación. Usualmente, un delito de este tipo se sanciona con 7 a 10 años.

La defensa de Celi solicitó otro procedimiento abreviado. El juez Córdova dispuso el diferimiento de la instalación de la audiencia de preparación y evaluatoria de juicio por delincuencia organizada, programada para este 21 de septiembre, debido a estas diligencias pendientes, solicitadas por las defensas de los procesados .

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Estas declaraciones las hizo tras conocer que los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, ambos de la alianza UNES, interpelarán a Celi.

Villavicencio aseveró que la bancada correísta centrará su intervención en denunciar los actos de corrupción de la Contraloría, durante el gobierno de Moreno, y que minimizarán la responsabilidad del gobierno de Rafael Correa.

“El objetivo del juicio político será lanzar toda la acusación contra Pablo Celi, de que es el gran perseguidor del correísmo. El país no va a conocer, entonces, como esta trama de corrupción va mas allá de Pablo Celi. Es una trama constante desde la época de Polit. Es decir, el desvanecimiento de glosas no es exclusiva de Pablo Celi”, aseguró.

Según Villavicencio la intención del correísmo es clara. “Van a llevar hacia la banda izquierda un juicio absolutamente politizado, ideologizado y con clarísimo interés de atacar y desconocer lo actuado en los últimos 4 años. Esto para defender a los delincuentes del correísmo, que hoy están presos, y a otros procesados como Jorge Glas y el propio Rafael Correa”, señaló.

También dijo que Juan Lloret, el primer interpelante, no cumplió con un acuerdo en el que se establecía que el asambleísta Diego Ordoñez, de CREO, sería el segundo interpelante en el juicio.

Por su parte, Lloret ha enfatizado en que nunca hubo consenso respecto a quién acompañaría su intervención. Por ello, optaron por proponer a Veloz.  

Sin embargo, Villavicencio insiste en que es un “peligro” que la interpelación la haga la bancada de UNES.

“El peligro que yo veo es un interés del correísmo de impedir que se establezca la responsabilidad de estas glosas. Por ejemplo, en el caso de Nolimit, esas glosas fueron ejecutadas por contratos corruptos firmados durante el gobierno de Correa. Los contratos de Nolimit se firmaron desde el 2012 y, para la firma de los contratos, se pagaron sobornos. Para el pago de facturas con Alex Bravo se pagaron sobornos. Es decir, que la causa de la corrupción que llegó a Contraloría está en el gobierno de Correa que entregó contratos a dedo”, aseveró.

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“Aquellos parlamentarios que tengan miedo al juicio político vamos a ver cómo votan en el Pleno. Celi mencionó que existen asambleístas que tenían glosas en la Contraloría. Ahora vamos a ver quienes son los asambleístas que no quieren el juicio político contra Celi”, dijo Villavicencio a la prensa.

Añadió que “no vamos a permitir que  el juicio se caiga por sectores interesados. Los mismos sectores que están pretendiendo hacer de un tema formal, como los plazos, un tema de fondo. Esta tarde a las 18h00 habrá sesión de la Comisión para aprobar el informe que recomienda el juicio político y la censura de Pablo Celi”.

Vanegas y compañía

Villavicencio es recordó a los periodistas que el asambleísta Ricardo Vanegas está involucrado con Oro Negro, una de las empresas que entregaban coimas a PetroEcuador. También Vanegas fue el que mocionó el pedido de juicio político del exministro René Ortiz en vez del de Pablo Celi.

También respondió a Guadalupe Llori que lo calificó de negligente. “Aquí está claramente la responsabilidad de la señorita secretaria. Negligentes son los que no dan la cara y no hablan sobre las glosas. Este es un informe histórico que revela la existencia de una trama delictiva al interior de la Contraloría no solo con Celi, sino desde Carlos Pólit”.

“Están utilizando este elemento tan pequeño para atacar a la única Comisión que está fiscalizando e incluso casa adentro. Les molesta porque lo primero que hice es pedir información de cómo negociaron la construcción del fallido Complejo Legislativo. Eso les molesta. Aceptamos el criterio de la secretaria porque no les daremos gusto a quienes quieren bajar este juicio”.

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Quito, 28 de jul, (La Calle).- Las glosas “desvanecidas” por el excontralor Pablo Celi levantan una serie de cuestionamientos de orden técnico y ético.

Dos analistas consultados por Radio La Calle concuerdan con el criterio de que el excontralor carecía de sustento jurídico para tomar tales decisiones.

Alejandro Rodas, analista y denunciante de la actuación de Pablo Celi en el juicio político que se le sigue en la Asamblea Nacional, manifestó que, “la Contraloría General del Estado no puede admitir copias simples o informes hechos por consultoras como justificativo para desvanecer glosas”.

Además, expresó que “Celi realizaba este proceso ilegal con fines de extorsión”. Abona en favor del criterio de Rodas, que Luis Miño, director de Responsabilidades, reveló que, tras recibir una orden verbal del excontralor, firmó cuatro desvanecimientos de glosas a favor de la empresa Nolimit.

En otra ocasión se desvanecieron glosas en contra de la empresa MMR Group y Claro.  

No todo está claro con Claro

El jurista Mauro Andino Espinoza expresa que dentro de la Contraloría no se desvanecían glosas desde un punto de vista técnico, como expresó Rodas.

“El proceso que realizaba Pablo Celi se basaba en acuerdos arbitrarios e ilícitos para favorecer, por ejemplo, a la operadora Claro (CONECEL) por USD 111 millones”.

Enfatiza que, hasta el momento, Pablo Celi no ha recibido una sentencia, por lo que, procesalmente, no existen pruebas en su contra. Se cuenta con indicios que muestran cómo se cometieron varios delitos en los que el principal implicado es el excontralor.

Celi afronta en la actualidad ante la Asamblea Nacional. La comisión anticorrupción deberá emitir un informe este fin de semana para extender el periodo de comparecencias que han resultado «significativas» para conocer el estado de una de las instituciones más importantes y que debería garantizar la transparencia en el ejercicio de la administración pública ecuatoriana.

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Asimismo, declaró ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que los congresistas no están actuando de manera objetiva. Dijo que las pruebas presentadas en su contra son falsas y que el juicio no es equilibrado ni imparcial. “Se han venido adelantando criterios, prejuzgando, sin comprobación”, afirmó.

Aseguró que desvanecer glosas no es ilegal, que es un proceso que se está satanizando. “No se puede negar a las personas su derecho a la defensa y por eso existe la predeterminación”, sostuvo.

Además, negó haber usurpado las funciones de contralor, pese a que el excontralor Pólit presentó las acciones de personal que designaban a Sabett Chamoun como su reemplazo.

Glosas desvanecidas por Pablo Celi:

Durante su comparecencia, el pasado 24 de julio, la fiscal general, Diana Salazar, señaló que el excontralor Celi dispuso desvanecer una glosa por USD 7 millones en contra de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. También seis glosas por USD 13 millones en favor de la empresa Nolimit, entre 2017 y 2020; y una glosa a favor de la telefónica Claro por USD 112 millones, firmada por el propio Pablo Celi.

Salazar presentó, además, chats en los cuales Celi daba órdenes sobre que procesos continuaban, se detenían o que glosas se desvanecían.

El excontralor Carlos Pólit, también compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Aseguró que hubo un pacto entre José Serrano y Pablo Celi. para sacarlo de su cargo. Señaló que el abogado JJ Franco y Diego Sánchez Silva fueron hasta Miami para obligarlo a firmar su renuncia.

Pólit enfatizó, además, en que Celi nunca se posesionó legalmente como Contralor General. “Se tomó la Contraloría por asalto”, destacó. En este sentido, subrayó que los actos de Celi como contralor son nulos.

En su comparecencia, Pólit señaló a Pablo Celi, José Serrano, César Navas, JJ Franco, Diego Sánchez Silva, Daniel Fernández, Valentina Zárate, Carlos Pareja Yannuzzell, Carlos, Baca Mancheno, Thania Moreno, entre otros, como parte de esta trama de corrupción.

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«La responsabilidad de Celi en este proceso es que por su disposición verbal o directa se desvanecieron seis glosas en favor de la empresa Nolimit por USD 13 millones entre agosto y septiembre de 2018», explicó la Fiscal ante la Comisión de Fiscalización.

El génesis

Salazar indica que el inicio de las investigaciones empezó con la captura de Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi. El hecho ocurrió el 29 de julio de 2019 en Estados Unidos por lavado de activos y posteriormente conspiración.

La funcionaria añadió que Esteban Celi, hermano del contralor subrogante recibía dineros de la empresa Nolimit para eliminar sus glosas en Contraloría.

A pesar de eso, la Fiscalía tardó hasta el 13 de abril para realizar los allanamientos en Quito Guayaquil y Samborondón. En el operativo se detuvo a Celi, José Augusto Briones y tres personas más. Se captaron 46 teléfonos incluído el de Celi, 65 USB y un arma de fogeo.

Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos por delito de delincuencia organizada. Desde entonces Celi permanece en la Cárcel # 4 de Quito.

Las pruebas

Existen 16 pruebas de convicción. Información de la Policía judicial e información de delito de la Interpol. Constan chats de Celi con otros funcionarios de la Contraloría que ordena eliminar glosas. Dichos funcionarios le aseguraron que no dirían nada.

De la Torre y Barrera solicitaban el 20% de comisión a Nolimit para poder pagar las facturas de Petroecuador a nombre del gerente Pablo Flores.

La Fiscal indicó que el contralor subrogante sabía de esto. «Hay que tomar en cuenta la versión de Luis Miño de que Celi tenía pleno conocimiento de las glosas. El mismo las ordenaba».

Añadió que Celi desvaneció una glosa a favor de la Junta de Beneficencia por USD 7 millones por servicios médicos prestados.

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“Preguntamos a la contralora subrogante cuántas glosas se desvanecieron entre 2007-2021. La cifra es de USD 844.844.527 millones. USD 666 millones en 19 empresas públicasm, USD 122 millones en PetroEcuador entre 2009 y 2018, le sigue Arcotel, Conecel y  el sector de la salud. En total se desvanecieron 4.170 glosas. Entregaremos la evidencia a la Fiscalía” dijo durante la sesión de la Comisión

Inconsistencias

Añadió que “Es posible que una buena cantidad de dichos instrumentos no puedan entregarse debido al incendio en la Contraloría General del Estado. Esto significa que la evidencia del delito del desvanecimiento de glosas se quemó en el piso quinto de la contraloría. Un incendio provocado en las áreas de archivo y responsabilidades”.

La asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de esta comisión explicó que en un primer momento la contralora subrogante, Valentina Zárate indicó que les entregarán los informes del desvanecimiento de glosas anteriores a 2015 cuando terminen de digitalizar. Finalmente les dijo que esa información se quemó en su mayoría.

Exámenes expeciales

Villavicencio también hizo referencia a los exámenes especiales cancelados. “583 órdenes de exámenes especiales suspendidos. La razón era que no tenían dinero para los viáticos. Han cobrado USD 5 millones en sobornos mínimo le dicen a los ecuatorianos que no tenían plata para subirse a un bus Reina del Camino y hacer el examen en la Refinería del Pacífico y Esmeraldas. En esos casos se liberó a la compañía de USD 54 millones cuando el examen estaba prácticamente terminado.

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