«Hay que poner el ejemplo de lo que pedimos para que no se sesgue la investigación. Entendemos que cada quien vive su luto», dijo en La Defensa.

Por otra parte, comentó que Ricardo Vanegas -supuesto abogado de la familia de Villavicencio- intenta tomar la posta de Villavicencio al denunciar algunos casos, sin embargo, lo «único que generó fue el repudio de los seguidores y familiares del excandidato». Además, calificó de torpe el trabajo que está realizando.

Sobre el conflictivo tema del celular de Villavicencio, apuntó que el único afán es llegar a las fuentes humanas que le proporcionaban información.

«Pensaría que la intención de Vanegas es postularse como candidato presidencial en 2025. Ahora, si bien no trabaja para fuerzas oscuras, tal vez las ayuda», aludió.

La poca confianza en Lasso

En cuanto al asesinato de los siete implicados en el asesinato de Villavicencio, enfatizó que no es la culpa enteramente del Gobierno Nacional, pero si es responsable de todas las irregularidades que pasó.

También, argumentó que el presidente Guillermo Lasso no fue capaz de llegar al final de la investigación, por lo que la única esperanza que tienen es el FBI.

Puntualizó que una comisión para que investigue el caso de Villavicencio dentro de la Asamblea Nacional es innecesaria. Sin embargo, los propios legisladores de su movimiento propusieron esta idea «para dar con el paradero de los verdaderos responsables».

La postulación de Carrillo

Según González, el Legislativo estuvo lleno de sujetos «impresentables e ingobernables» que llevaron a la censura del exministro del Interior, Patricio Carrillo. Repitió que la decisión de la mayoría estuvo «sesgada».

El exministro fue cesado por dos años por incumplimiento de sus funciones, el paro nacional y el femicidio de Marí Belén Bernal dentro de una escuela de Policía.

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Mientras el Gobierno afirma que otras instituciones del Estado le dan la espalda a la Policía, Zapata comentó que en ninguna provincia las patrullas se encuentran al 100 %.  Según él, por este motivo se les dificulta cumplir con la exigencia de los ecuatorianos al solicitar mayor patrullaje por el nivel de delincuencia.

“Todos estamos preocupados de que la Policía cuente con las herramientas necesarias para combatir la delincuencia, y este es un objetivo de todos”, enfatizó.

El funcionario indicó que hay un plan para adquirir nuevos vehículos de los subsistemas investigativos, preventivo, inteligencia y unidades especiales, valorado en USD 382 millones aproximadamente.

El general de la Policía, Alain Luna señaló que el presupuesto de mantenimiento de cada distrito es el que más rápido se cumple y en caso de ser necesario se hacen ajustes. Sin embargo, hay cantones en los que más del 50 % de las patrullas no están en servicio.

Por ejemplo, Santo Domingo de los Tsáchilas, hasta agosto de 2022, contaba con un total de 20 patrullas operativas, pero todas presentan alguna falla mecánica.

Motivos del estado de emergencia

El 28 de noviembre, Zapata señaló que el estado de emergencia al que se somete la Policía responde a varios objetivos. Entre ellos:

• Cambio de modelo para proteger las Unidades de Policía Comunitaria (UPC’s), que tienen un modelo «sumamente vulnerable». Se determinará la vulnerabilidad de las unidades para su respectivo equipamiento.
• Agilizar los procesos de adquisición de equipos, herramientas y capacitaciones para los uniformados. Añadió que los chalecos antibalas llegarán en febrero de 2023. (N.J.C)

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