Las grandes sorpresas fueron personajes destacados en los últimos meses de la Asamblea disuelta por el presidente saliente, Guillermo Lasso. Concretamente se trata de actores como el expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela o Esteban Torres, segundo vicepresidente.

Siguiendo la línea del Partido Social Cristiano (PSC) del que Torres era jefe de bancada, otro de los personajes que no resultaron reelegidos fue Luis Almeida. El reconocido político por comentarios como «yo recibo USD 3 300; la primera semana se me acaban«, fue impulsado por el PSC en este último período legislativo. A día de hoy (esta vez impulsado por Centro Democrático) no pudo obtener un curul.

Almeida se encontraba en el primer lugar de la circunscripción 1 de Guayas, sin embargo, su partido obtuvo el 0.83% de votos válidos. Ya que la reelección indefinida está prohibida, esta era su última oportunidad para ser reelegido. Otra candidata que no alcanzó el curul fue la exasambleísta alterna del exasembleísta y excandidato presidencial, Fernando Villavicencio (+).

Los rostros polémicos de la nueva Asamblea

Se trata de Rocío Yépez, quien se postuló por la alianza Claro Que Se Puede, del presidenciable Yaku Pérez. Sofía Sánchez (Construye) ex-Pachakutik (PK) también está en la lista de quienes no llegarían a la Asamblea por reelección. Ella fue propuesta por PK para la nueva presidenta del pleno luego de la destitución de Guadalupe Llori.

La RC se consolida en el Legislativo

Quienes sí tuvieron mayores posibilidades de escaños en el Legislativo en estas elecciones fueron las exfiguras legislativas más destacadas del movimiento Revolución Ciudadana. Con un promedio de más del 30%, se considera que tienen más de 50 curules en la Asamblea para estos próximos 18 meses.

Asambleístas como Pierina Correa, Vivianza Veloz, Marcela Holguín, Paola Cabezas y demás habrían sido reelegidas para este período legislativo. Además, otros integrantes de ese movimiento, esta vez por Esmeraldas, fueron reelectos. Es el caso los exlegisladores Lenin Lara y Patricia Mendoza Jiménez. Y también el de María Fernanda Astudillo en El Oro.

Ante esta aparente victoria se contrapone en la otra orilla ideológica el movimiento de la censurada exministra de Gobierno, María Paula Romo: el movimiento construye. Este movimiento logró conseguir puestos para exfuncionarios del Gobierno de Lasso como el exministro del Interior, Patricio Carrillo (S.B).

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Glas lo detalló así esta mañana, donde mostró una noticia del portal periodístico argentino Negocios y Política. El exfuncionario afirmó que en ese artículo se detallan las pruebas del por qué es un perseguido político.

El exvicepresidente relató que dos camionetas de color negro esperaban fuera de su oficina. Las mismas tenían placas adulteradas y en ellas se encontraban cerca de 7 uniformados, quienes interrumpieron su rueda de prensa para «intimidarlo».

«Se bajaron a decir que tenían una orden de prisión en mi contra (…) me intimidaron abajo de mi oficina buscando callarme«, manifestó.

Asimismo, Glas agregó que teme por su vida y la de sus hijos. «Dos vehículos negros me están siguiendo desde hace cuatro días», añadió. Lo que denunció, fue filmado y por lo que también ha publicado algunos metrajes en redes donde se puede vislumbrar a esos autos.

Él señaló que los presuntos funcionarios que lo amedrentaron portaban el uniforme de inteligencia y las placas de la Policía Judicial. Sin embargo, aún no hay mayores luces sobre la supuesta orden de prisión en su contra y de la identidad de los supuestos funcionarios policiales.

Juez de Brasil anula supuestas pruebas que vinculan a Glas con Odebrecht

Finalmente, Glas aseguró que sigue sufriendo persecución política al igual que en el Gobierno de Lenin Moreno y María Paula Romo. Expresó que algunas ruedas de prensa fueron canceladas arbitrariamente en lugares que ya había reservado. Uno de ellos fue el hotel Holliday Inn. (S.B)

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En un escrito, Salinas solicita al candidato «de manera cordial» que contraste la información antes de hacerla pública. «Si el candidato conoce de algún miembro de la Policía Nacional que haya ejecutado esa acción en nombre del Comandante General, le solicito se me haga llega esta información para abrir la causa administrativa correspondiente», manifestó.

«Al señor Fernando Villavicencio siempre le he guardado respeto y consideración, he valorado su trabajo periodístico y no sería capaz de ejecutar esas infundadas afirmaciones», añadió.

Villavicencio murió asesinado por tres disparos en su cabeza el pasado 9 de agosto mientras salía de un mitin de campaña en el norte de Quito. Zurita dio declaraciones al respecto este miércoles 16 de agosto en el medio KCH FM:

«La Policía sabe todo, sino, ¿cómo atraparon a los gatilleros pocos minutos después del asesinato? (…) Fausto Salinas mintió (…) después fue a tomar fotos del cadáver de Fernando Villavicencio», afirmó el candidato.

Topic desmiente una denuncia de Zurita en su contra

Ante ello Salinas comenzó afirmando que la Policía Nacional «es la más interesada en que salga a la luz toda la verdad». Además indicó que planea «transparentar» la actuación de la institución durante el resguardo del candidato, el cual contaba con filtros de seguridad.

Salinas aseguró que ordenó la elaboración de un informe técnico que «dé respuestas a la sociedad ecuatoriana». De acuerdo con los resultados de esa investigación, se tomarán acciones, puntualizó.

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La víctima más reciente fue Pedro Briones Mendoza, líder y dirigente de esta tienda política en Esmeraldas, que fue asesinado por una herida de bala propinada por miembros de una banda delictiva.

El crimen ocurrió el 14 de agosto mientras se encontraba en los exteriores de su domicilio en el sector Winchele, en la provincia verde. Luego del atentado fue trasladado al hospital Delfina Torres donde finalmente no resistió, según informó la Policía.

Solo en el transcurso del mes de agosto se han registrados dos asesinatos hacia políticos. Uno es Briones, pero el primero fue el expresidenciable Fernando Villavicencio, asesinado con tres disparos en la cabeza por sicarios después de un mitin de campaña en el colegio Anderson, en Quito, el 9 de agosto.

Con ellos dos, son 10 políticos asesinados desde agosto de 2022. De esta cifra, la mitad de las víctimas pertenecía al correísmo: Geraldo Delgado, Omar Menéndez, José Cortez, Jairo Olaya y Pedro Briones.

¿Quiénes eran las víctimas?

• 10 de agosto de 2022: Gerardo Delgado, comunicador y candidato a concejal de Manta por la RC, fue acribillado cuando se transportaba en su vehículo junto a su hija. En el lugar del asesinato se encontraron 12 casquillos de bala. La Policía detuvo a dos sospechosos, uno de ellos confesó haber recibido USD 2.000 como pago por el delito.
• 4 de febrero de 2023: Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López (Manabí) por la RC, recibió 10 disparos que acabaron con su vida en vísperas de que se realicen las elecciones seccionales del 5 de febrero. Menéndez ganó y Verónica Lucas Marcillo (su reemplazo) asumió el cargo.
• 19 de mayo de 2023: José Cortez Delgado, presidente del GAD Parroquial Alto Tambo (San Lorenzo), en Esmeraldas, fue asesinado por antisociales. Cortez era militante y corrió por la Revolución Ciudadana. Había sido reelecto para el cargo 2023-2027.
• 13 de junio de 2023: Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas por la RC, sufrió un atentado en las calles Sucre y Rocafuerte de la ciudad. El edil murió luego de estar hospitalizado por cuatro días en una casa de salud.

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Walter Pérez, abogado y vocero del colectivo, afirmó que han realizado el proceso sumarial y demostrado su inocencia dentro de un caso de cobros indebidos. Sin embargo, la directora distrital, mSc. Lilian López ha tratado a los profesores como culpables y adelantando su veredicto. «(Ella) ha manifestado reiteradamente que va a sancionar», manifestó Pérez.

Todo empezó el 22 de marzo del 2023 cuando una madre de familia denunció un supuesto cobro indebido por parte de docentes del plantel. Ella habría mandado una carta al Ministerio de Educación explicando estas y otras anomalías en la institución. A razón de ello, el Ministerio emite un informe técnico el 31 de marzo para verificar y determinar la denuncia.

En el informe se estipuló cuatro acusaciones: sobresueldo, pluriempleo, incumplimiento de la jornada laboral y cobros indebidos desde varios profesores del colegio. El abogado Pérez explica que tres de esos puntos fueron desmentidos con base en el reglamento del Ministerio y leyes del Código Laboral.

Todo el proceso fue plasmado en informes dentro del expediente del caso. El 2 de junio fueron notificados del inicio del proceso sumarial y a la fecha han recogido más documentos y testimonios que desmienten esas acusaciones. Siguen a la espera de que el Ministerio fije una fecha para la audiencia de resolución, que se espera, sea en los próximos 10 días.

La defensa de los docentes

«En este caso, no podría haberse dado ese sobresueldo porque quien lo hubiese realizado es el Ministerio de Educación y no lo ha hecho. Ellos no han ganado más dinero que el sueldo que ganan como profesores. Por lo tanto, no es aplicable la figura de sobresueldo», manifestó.

Siguiendo la siguiente acusación, de pluriempleo, Pérez ratifica que eso se hubiese demostrado si el acusado registra más de un nombramiento en el sector público. Hecho que desmintieron verificándolo en las aportaciones del seguro social.

A ello se suma que la entidad nominadora del nombramiento es el Ministerio de Educación. Algo incongruente si se pretende acusarlos de pluriempleo, cuando el responsable sería la cartera de Estado. Con respecto al tercer punto también aclaró que el distributivo de trabajo de los docentes también es emitido por entidades públicas.

Es decir, los distributivos son emitidos por los colegios fiscales y éstos a su vez son aprobados por el distrito educativo. El Colegio Mejía es competencia del Distrito Educativo número 4 (Centro). En ellos se determinó que su jornada obligatoria de trabajo es de 30 horas. Pérez añade que los maestros tenían participación extracurricular y sin percibir ingresos por ello.

El colectivo argumenta que la instancia superior de la Dirección Distrital es el Ministerio de Educación. De acuerdo con López, ella sigue órdenes superiores. Por ello relatan que al haber demandado respuestas de esa cartera de Estado, el colectivo no la obtuvo y tachó estas acciones como persecución.

Subrayan que Lilian López decidió deliberadamente desestimar el expediente con las resoluciones e informes de los abogados sustanciadores. Es decir, tomó una decisión arbitraria y ello parece ser claramente un acto de persecución para los acusados.

A la espera de la resolución

Frente a las pruebas físicas y testimoniales que contradicen las anteriores acusaciones y los cobros indebidos, los docentes siguen a la espera de su resolución. A pesar de que una directora jurídica determinó la improcedencia de las acusaciones, la directora distrital Lilian López la despidió y consideró al informe como referencial, según el jurista.

Esto quiere decir que el informe de este proceso fue desvirtuado por López, cuando este determina la resolución de los acusados. Para el abogado Pérez, la directora distrital cometió prevaricato. Delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

Según él, López habría manifestado haber llegado a ‘sancionar, a poner las cosas en orden, que va a sancionar a los del Mejía’ de manera reiterada y pública. Pérez recalca que eso no le da una seguridad dentro del caso ya que desde un inicio los abogados sustanciadores, quienes llevan el proceso contra estos docentes, aseguraron que no existe nexo causal.

Ellos determinaron que no existen elementos de convicción para poder sancionarlos y por lo tanto recomendaron el archivo de la causa. Sin embargo, la directora López ni siquiera habría leído las resoluciones sustanciadas dentro del expediente del proceso. Para el vocero de estos maestros, la directora distrital ha vulnerado el debido proceso y esto se ha convertido en una persecución.

Los antecedentes

El presidente del Comité Central de padres de Familia presentó el proyecto de conformación de una comisión de deportes. Esta era conformada exclusivamente por los padres de familia. Y entre sus propuestas estaba el apoyar las actividades extracurriculares como el arte y el deporte.

Para ello solicitaron apoyo al plantel con el espacio para desenvolver estas actividades. Las instalaciones dadas se encontraban en pésimo estado. Por ello usaron los fondos voluntarios recaudados por el comité para realizar un acondicionamiento integral del lugar. Cristian Tipán, presidente de la comisión y Blanca Ontuña, tesorera de la misma, fueron delegados directos del comité central.

Ellos determinaron las necesidades de cada club extracurricular y financiar su atención. Esto lo hicieron con programas como la inscripción de campeonatos deportivos. Inscribirse costaba aproximadamente USD 80. La mensualidad de estos clubes era de USD 30 debido al costeo de carnets, vocalías, implementos y el arbitraje de los encuentros deportivos.

Con ello explica el jurista que los profesores no tenían nada que ver en la parte económica de estas actividades. Él también recalca que si se pagaban a profesores era porque estos eran externos al plantel. Ello debido al déficit de personal de la institución.

Radio La Calle intentó contactarse con el Distrito Educativo 4 que comprende las zonas de San Juan, Chilibulo, Centro Histórica, parque Itchimbía y Puengasí, sin embargo, no respondieron a nuestras llamadas. (S.B.)

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Esas cifras corresponden al aporte del 40% para el pago de pensiones de jubilados durante el 2023. La totalidad de la deuda que mantiene el Estado hacia el IESS es de USD 8 379.4 millones. Esa cantidad representa más del 60% de la deuda interna total del país, la cual asciende a los 13 863.4 millones de acuerdo con información actualizada del Ministerio de Economía y Finanzas a fecha 31 de marzo de 2023.

La vocal del Consejo Directivo del IESS, María de los Ángeles Rodríguez, explicó en una entrevista para Teleamazonas que, debido a la pandemia, la deuda con el IESS (en parte por el Estado y por otra, el sector empleador) se intensificó.

Es decir, aunque los deudores vienen del sector privado, no son en su mayoría las grandes empresas, si no que «los principales morosos son empresas unipersonales pequeñas». Con respecto a ello, Rodríguez acotó que el sector empleador se encuentra dispuesto a analizar propuesta y establecer acuerdos con los trabajadores.

Antes de irse, Lasso quiere aumentar los años de aportación al IESS

Aunque esto se logre junto al cobro total de la deuda al Estado, ella explica que no darían sostenibilidad al IESS. Enfatizó que, a pesar de cobrar esa deuda, el Estado deberá seguir aportando el 40% en el futuro. «Independientemente de que se cobre esa deuda (…) el sistema debe ser reformado», aseveró la vocal.

José Martínez, director de Pensiones del IESS señaló que el monto transferido hasta ahora concierne principalmente a los pagos parciales de las deudas que tenía el Estado con el organismo del año pasado, 2022.

La deuda histórica del Estado y reformar el IESS

Las reformas planteadas al sistema de pensiones del IESS siguen siendo un tema pendiente tanto para la institución como para el Estado. Tanto ella como la comisión gubernamental proponen un consenso a nivel nacional entre todos los partícipes: afiliados, empleadores, jubilados y Estado.

La comisión propone una reforma donde se establezca un plan de pagos entre el Ministerio de Finanzas y el IESS en un plazo de seis meses donde también acuerden el monto definitivo de la deuda impaga.

¿Cómo le afectaría la reforma propuesta para el IESS?

«Va a llegar un momento en tres o cuatro años en que incluso ese aporte del Estado no será suficiente para pagar pensiones», apuntó Augusto de la Torre, vocero de esa comisión. Mientras los ingresos de la institución alcanzan los USD 3 mil millones, sus gastos, solo en pensiones, superan los USD 5 mil millones.

De enero a julio de este año los ingresos del Fondo de Pensiones del IESS por aportes de afiliados y patronos fue de USD 1 617 millones. Sin embargo, los gastos destinados al pago de jubilaciones sumaron USD 2 695 millones durante el mismo período.

Todo esto quiere decir que el IESS toma los ahorros de los afiliados para pagar a los jubilados. Si el Estado continúa sin pagar al organismo, deberá seguir desinvirtiendo capital para financiar sus gastos. Como ya lo hizo actualmente con cerca de USD 100 millones administrados a través de su banco, el BIESS.

La institución ya fijó en su presupuesto desinvertir USD 541 millones hasta diciembre de 2023 frente a esta situación. Además, esto se traduce en una descapitalización del Fondo de Pensiones, mismo que servirá para pagar las futuras pensiones de los jubilados.

¿En qué consisten las reformas al IESS?

Desde el 2014, el IESS enfrenta una crisis que solo va creciendo con los años. Para el pago de pensiones, los afiliados aportan con el 11.6 %, mientras que el Estado contribuye con el 40 %, todo ese dinero va a un fondo común para pagar a los jubilados.

La comisión planteó que se mantenga la jubilación a los 60 años, sin embargo, propuso que los años de aportación suban gradualmente de 30 a 35 años.

Hoy en día las pensiones se calculan en base a los cinco mejores años de ingresos durante la vida laboral. No obstante, se propuso que ese número de años suba de manera agresiva a 20 años y de forma gradual.

Por otro lado, se presentó la iniciativa de un sistema de jubilación mixta para que cada afiliado tenga derecho a una pensión básica, es decir, USD 225 (la mitad de un salario básico unificado), adicional el valor variable en base a sus aportes.

Aparentemente, uno de los motivos de las crisis de la institución es que los jubilados reciben más dinero del que aportan. La propuesta sobre la mesa pretende asignar recursos de acuerdo al nivel económico del jubilado. (S.B).

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Las autoridades reportaron la presencia de varios explosivos en gasolineras, oficinas de la Fiscalía y balaceras en centros educativos y calles de la provincia verde. Un fuerte contingente policial y militar reviste a Esmeraldas para «calmar la situación».

Según los uniformados, los artefactos fueron desmantelados luego de un operativo. A la par, algunos taxis, autos particulares y autobuses fueron incendiados en distintos sectores. Además, en videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas se incendió en la terminal terrestre.

Esmeraldas, entre los cinco epicentros de homicidios en América Latina

Instituciones gubernamentales como: la Fiscalía Provincial de Esmeraldas y la Agencia Santa Vainas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL – EP) recibieron ataques durante los disturbios.

CNEL – EP informó a través de su cuenta de twitter que cerrarán sus 12 agencias de servicio al cliente en la provincia. Sin embargo, sus canales virtuales como twitter y call center se encuentran habilitados en lo que dura la medida.

Secuestraron a un policía

En medio de la caótica situación que vive Esmeraldas, un policía fue secuestrado en los exteriores de la Fiscalía. Un antisocial lo apuntaba con un arma, mientras otro grababa el momento. Además, los sujetos le colocaron una supuesta bomba para amedrentarlo. Actualmente, el servidor se encuentra recibiendo atención en una casa de salud.

Escuelas víctimas de la ola de terror

Un padre de familia publicó un video donde se comentó la escalofriante situación en una de las escuelas de Esmeraldas, luego de un supuesto tiroteo. El hombre indicó que lograron refugiarse debajo de los pupitres y lograron salvarse de los proyectiles.

En el metraje se puede observar a varios niños al resguardo de quien grababa y una presunta profesora, mientras están en el suelo.

Ante los hechos, el Ministerio de Educación suspendió las clases en la provincia verde y otros negocios cerraron sus puertas. (S.B.)

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Según detalló, los videos donde desprestigien a la candidata serán difundidos por redes sociales a partir de mañana, 26 de julio de 2023. «Zapatos rojos autorizó el uso del Troll Center para subir el perfil de Otto, atacando a Luisa», afirmó Correa.

Correa señaló al Capitán Diego Sebastián Maldonado y al Teniente Jonathan Adrián Ortiz Cajas como operadores del Troll Center. Ambos dirigirían la Unidad Nacional de Inteligencia Estratégica y Operacional (UNISCOP) de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el líder del correísmo, operarían desde una casa de seguridad en la Armenia, suroriente de Quito. Además utilizarían IP ‘espejos’ para camuflar el origen de sus actividades. No obstante, todo estaría a cargo del Director General de Inteligencia, Manuel Samaniego junto al Mayor Gabriel Ramos.

Manuel Samaniego es primo del Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas Samaniego. De acuerdo con el jurista, Alberto Montenegro, se encuentran en puestos estratégicos. «Mientras tanto la gente desamparada frente a la delincuencia», expresó Montenegro en referencia al uso de recursos públicos del actual Gobierno.

Sonnenholzner sobre Villavicencio: “Sus números son muy bajos para la Presidencia”

Ante ello, Otto Sonnenholzner reaccionó con otro tweet: «una vez más muestras insensibilidad ante los problemas que tenemos, quienes vivimos en el país. Como otras figuras de la política local, culpó a Correa, relacionándolo a un «Gobierno inoperante».

También añadió que si se preocupaba por su campaña, él está preocupado «en brindarle soluciones a la gente. ¡Nos vemos en segunda vuelta!».

Sonnenholzner ya cruzó palabras antes con Correa

El expresidente Rafael Correa advirtió el pasado 18 de mayo que Sonnenholzner será la «ficha de la derecha en las próximas elecciones». Sin embargo, este último dijo para Oromar TV que el exmandatario está preocupado por su postulación, que según él, está fuera de las etiquetas de la derecha y la izquierda.

Sonnenholzner saltó a la palestra pública siendo el vicepresidente de Lenín Moreno (2018-2020). Su trabajo fue criticado por el pésimo manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 y los numerosos casos de corrupción relacionados al sector de la salud.

En dicho mandato ocurrió el escándalo conocido como Vacunas VIP, que demostró la falta de gestión para inocular a los miles de ecuatorianos que murieron durante la pandemia. Sonnenholzner renunció a su cargo de vicepresidente el 7 de julio de 2020 para «trabajar en un proyecto político para el país», el cual se materializó en las elecciones anticipadas de este año.

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Actualmente el presidente Lasso se encuentra en Nueva York (EE.UU.) para reunirse con legisladores de ese país. En esas reuniones plantea explorar la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio. Esa decisión la tomará el país norteamericano de acuerdo con el Primer Mandatario.

Concretamente se trataría de la venta de tierras camaroneras en materia económica. Por otra parte, los nuevos decretos-ley tienen por objetivo principal una reforma al mercado de capitales. Según Lasso, así el sistema sería «más atractivo para los capitales extranjeros».

También mencionó que una de las prioridades de su saliente Gobierno era la creación de empleo. El presidente dijo seguir trabajando en un «gran proyecto» para atraer la inversión de capitales en el Ecuador.

Lasso también explicó que el tratado de libre comercio con China (firmado en abril de 2023) deberá ser ratificado por la Asamblea elegida luego de las elecciones anticipadas de agosto.

El más obstinado: Lasso no descarta regresar al terreno político en 2025

«Esperamos que eso suceda porque es de mucha conveniencia para el Ecuador (…) es un mercado de 1400 millones de habitantes», afirmó el Primer Mandatario (S.B).

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Decenas de habitantes afectados se convocaron al cierre de vía en Esmeraldas quemando llantas y ramas a manera de protesta por el abandono del Gobierno.

Los moradores se encuentran en constante reclamo debido a los recientes desastres naturales que azotan a la provincia verde. Al momento la vía ya fue despejada por las autoridades y los manifestantes se dispersaron.

Los damnificados exigen ayuda al Gobierno Nacional, aparte de que cumplan con los ofrecimientos hechos en un principio. Pesa a las condiciones, los afectados tuvieron que volver a habitar sus casas en mal estado. La mayoría son de los barrios 50 Casas y Los Mangos.

1.600 familias afectadas

El pasado 4 de junio se desbordaron ríos y hubo grandes deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias que sufría la provincia. Aunque no se registraron fallecidos, 1.600 familias se vieron afectadas por las condiciones climáticas.

Zonas rurales y urbanas resultaron afectadas por las lluvias de la tarde del 3 de junio y la madrugada del 4 de junio. La Secretaría de Comunicación de Presidencia informó que 500 personas fueron rescatadas en botes y 30 helicópteros.

Por otro lado, ocho unidades educativas y ocho centros de salud también sufrieron afectaciones. Según el Ministerio del Turismo, no se registraron daños en la infraestructura turística.

Varios ciudadanos en redes sociales reportaron vídeos en donde se evidencian los daños por las inundaciones. Una de las moradoras de las zonas afectadas pidió ayuda a las autoridades porque hay personas que lo perdieron todo. (S.B).

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Una parte del gremio ha fijado su atención en las evidencias y no en el presunto entramado de corrupción en el sector eléctrico, que estaría encabezado por el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera.

Lo que parece una crítica profesional se ha desenmascarado como una defensa al Gobierno Nacional. Los escudos del oficialismo empezaron con 4Pelagatos y Democracia Tv. Y últimamente, el director de PlanV, Juan Carlos Calderón, ha desfilado en medios cuestionando la investigación de La Posta, que, indirectamente es un rescate al régimen.

En Democracia Tv, Patricia Estupiñán, de Vistazo; Juan Carlos Calderón, de PlanV; y, Lolo Echeverría, columnista, expresaron que el reportaje de «El Gran Padrino» carece de pruebas y no merecía ser publicado.

Para los «maestros del periodismo», el reportaje no tuvo una voluntad de verdad, sino de espectáculo. Reiteraron que no hubo demasiadas fuentes documentales y testimoniales. «Yo les mandara a hacer la tarea», enfatizó Calderón.

Otras críticas y la culpa del “Correísmo”

Desde el portal de los 4 pelagatos, el periodista José Hernández realizó varias «observaciones» al trabajo de Boscán. Después de seis meses de trabajo, la investigación solo fue presentada como imitación de las grandes películas de suspenso. En este caso, se inició con las conclusiones del caso prometiendo que con el paso del tiempo irán presentando más pruebas.

Otra de las observaciones fue el único testimonio que La Posta expuso para la acusación de Danilo Carrera. “Que no fue recogido, al parecer, para la investigación. Que no fue cotejado. Que no se acompaña, hasta ahora, de pruebas”, resaltó Hernández.

Además expuso al correísmo como principal beneficiario y experto en “operaciones de alcantarilla”. Este argumento se sustenta en el tuit que el expresidente Rafael Correa le hizo a la investigación de La Posta.

La respuesta de Boscán

En un tuit, el periodista Boscán se limitó a decir que los que no han investigado al Gobierno de Lasso lanzan comentarios como: “Ay así no. Vamos a enseñarle como se hace”. (A.G.M).

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El 20 de enero la Secretaría Nacional de Comunicación convocó a una rueda de prensa para conocer el pronunciamientos de las autoridades respecto al rebautizado «Caso Encuentro». Sin embargo, la invitación contenía un logotipo particular pues ya no remarca la frase del “Gobierno del Encuentro” sino “Gobierno del Ecuador”.

El cuñado de Lasso sigue salvándose

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ratificó que no existe ninguna estructura criminal en el Gobierno y que el domicilio de Danilo Carrera no fue incluido en los allanamientos realizados la mañana de este 20 de enero.

El ministro del Interior, Juan Zapata, expuso que  Hernán Luque, ex director de EMCO y uno de los involucrados en el caso, salió del país hacia Argentina el 9 de enero. Por otro lado, Rubén Chérrez no registra ninguna salida del Ecuador. (A.G.M).

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Los organismo internacionales alertaron que los productos contemplados en el decreto ejecutivo 645 influyen o están relacionados negativamente con enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, sobrepeso y enfermedades respiratorias.

El 10 de enero tomó más fuerza el escándalo de corrupción de presuntos sobornos y nombramientos irregulares en empresas públicas del sector eléctrico. Según una investigación periodística, esta supuesta red de corrupción estaría encabezada por el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera.

Para distraer a la opinión pública, el primer mandatario anunció una serie de medidas económicas, entre ellas, una rebaja en el impuesto a las bebidas no alcohólicas, gaseosas, cervezas y fundas plásticas.

«El consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, entre otros, está directamente relacionado a la epidemia de enfermedades no transmisibles (…) por ello, la OMS y la OPS, expresa una serie de consideraciones sobre el ICE a productos perjudiciales para la salud», reza el comunicado.

Medidas que recomienda la OMS/OPS

• Implementar «impuestos saludables». Gravar los productos relacionados negativamente con enfermedades para desalentar su consumo.
• Cumplir con las medidas impositivas de los instrumentos jurídicos a los que está adscrito Ecuador.
• La gravación impositiva de Ecuador a las bebidas azucaradas y productos de tabaco son inferiores a otros países de la región.
• Revisar la evidencia científica que demuestra que la diabetes e hipertensión están directamente relacionadas al consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
• Fortalecer los sistemas de seguimiento y localización de los productos gravados con ICE.

Recomendaciones

• Reforzar las políticas tributarias a productos de tabaco, debidas alcohólicas y azucaradas.
• Aplicar el ajuste anual por inflación al ICE.
• Eliminar las actuales diferencias en el tratamiento impositivo del ICE.
• Establecer mecanismos para reforzar la coordinación multisectorial.
• Proponer a la Asamblea Nacional la promulgación de una Ley que incremente los impuestos saludables.

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Según el Frente de Unidad de ex-Trabajadores de Cervecería Nacional (FUEX-CN), “la firma de este contrato se hizo en medio del ofrecimiento de campaña de Guillermo Lasso de generar 1.000.000 de empleos. Sin embargo, este contrato ha generado tan solo 21 empleos”.

Además, critican el accionar de la empresa ya que no se “puede firmar contratos con el Estado si no tiene sus obligaciones al día, y Cervecería Nacional mantiene una de deuda por pago de utilidades a sus extrabajadores del período de 1990-2005”.

“Cervecería Nacional recibirá beneficios tributarios por cerca de 35 millones, sin contar con exoneración del ISD por la salida de utilidades de sus accionistas”, menciona FUEX-CN en su comunicado.

Además, la Comisión de Régimen Económico convocó al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, a comparecer para tratar este «contratode inversión» con Cervecería Nacional, por USD 100 millones, y los incumplimientos laborales de su ejecución.

La intervención del secretario de Estado es a las 10:00 de este miércoles 11 de enero de 2023.

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«Autorizar a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) realizar las acciones administrativas, legales (entre otras) para ejecutar todo lo inherente a Siembra EP y el Proyecto Ciudad del Conocimiento para su baja y cierre», reza el decreto del 6 de enero de 2023.

Según el régimen, hay un excesivo gasto corriente en la manutención de las instituciones. Sin embargo, en ninguna parte del decreto se menciona a la Universidad Yachay Tech, la cual sigue funcionando normal.

El Gobierno del expresidente Rafael Correa creó el proyecto «La Ciudad del Conocimiento». El objetivo fue construir un centro de innovación tecnológica que coopere con Yachay.

En 2020, el expresidente Lenín Moreno declaró el proyecto inviable. En su lugar, creó la Empresa Pública Siembra para que sustituya a Yachay. En 2021, su régimen inició con la liquidación de la institución y, ahora, el Gobierno de Guillermo Lasso le puso fin. Argumentó que el proceso no avanzó y dictó su cierre definitivo.

¿Y los bienes?

La Senescyt deberá precautelar la propiedad de los bienes pertenecientes a Yachay. El decreto también contempla las propiedades en arriendo.

Además, está autorizada para administrar la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE Yachay) hasta el cierre y liquidación.

Finalmente, la Secretaría realizará informes para el traslado de los bienes muebles e inmuebles, las competencias y atribuciones hacia otras instituciones del Poder Ejecutivo.

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Frente a esta situación, el Ministerio de Energía aseguró que no habría apagones por la falta de lluvias. Sin embargo, el titular de esa Cartera de Estado, Fernando Santos Alvite, señaló que no hay certeza de que haya apagones. Durante la entrevista titubeó y remató con la pregunta respondiendo: «Depende de Diosito».

«Dar una respuesta categórica es muy difícil, porque depende de Diosito que nos mande aguas. Pero yo diría, en el caso extremo, que no va a haber apagones. Se están tomando las medidas desde el Ministerio», dijo Santos en entrevista para Notihoy.

De exportar energía a importarla…

La viceministra de Energía, Enith Carrión, apuntó que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) no ha cumplido con  el mantenimiento de las termoeléctricas. Como consecuencia,  hubo una reducción en  las reservas energéticas de Ecuador en medio de una sequía.

En 2022, el costo de electricidad se elevó en 16 % respecto al 2021. La principales hidroeléctricas del país se encuentran trabajando a mitad de su capacidad por la sequía en la cuenca oriental. Desde el 2017, la falta de lluvias llevó al país a aumentar las importaciones desde Colombia, según Primicias.

Medidas urgentes

En una carta de Carrión dirigida al exgerente general de CELEC, Nicolás Andrade, se solicitó la garantía del abastectimiento de electricidad. Como primera acción, debía presentar al Ministerio de Energía un cronograma de actividades urgentes. El objetivo era recuperar en el menor tiempo posible la disponibilidad del parque termoeléctrico.

Por otro lado, debía presentar un informe sobre las centrales de generación termoeléctrica que han cumplido su vida útil. Si ese es el caso, debía añadir las acciones correspondientes para gestionar su reemplazo.

Finalmente, exigió que se cumpla el plan de mantenimiento, construcción y reposición de las unidades del parque de generación de electricidad y el sistema de transmisión. En este último punto, la viceministra recalcó que no es la primera vez que solicita a CELEC estas acciones.

A pesar de la crítica situación, la cartera de Estado emitió un comunicado oficial en dónde garantiza la generación y distribución de energía en el Ecuador. No obstante, indica que uno de los principales responsables para este cumplimiento es CELEC.

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Este sería el segundo viaje internacional del primer mandatario durante el 2023. Primero viajó a la posesión del mando presidencial de Lula da Silva, en Brasil. Lasso estuvo en Brasilia el 1 y 2 de enero.

La comitiva oficial estuvo integrada por la primera dama, María de Lourdes Alcívar; el canciller Juan Carlos Holguín; dos jefes de seguridad; dos funcionarios del Palacio de Carondelet y el edecán presidencial.

El presupuesto destinado a cubrir los viáticos de viajes internacionales de Lasso y sus delegaciones no se refleja en la sección Transparencia de la página web de la Presidencia de la República. Por esta razón, no se puede conocer cuánto dinero se gasta por viaje internacional.   

En Davos

La reunión a la que irá el presidente Lasso está enfocada a la “Cooperación en un mundo fragmentado”, juntará a los principales líderes gubernamentales, sociales, y empresariales.

Según el Foro de Davos, el objetivo de la reunión es “proporcionar una plataforma para entablar diálogos constructivos, con visión de futuro y ayudar a encontrar soluciones a través de la cooperación público-privada”.

La reunión anual del WEF se celebra desde 1971. Esta edición es la segunda pospandemia y a la primera que asistirá el presidente Lasso. A la edición del 2021 acudieron el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique y el exministro de Economía y Finanzas Simón Cueva. (B.T.)

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Yaguay recibió al menos tres impactos de bala. Después del ataque, fue trasladado a una clínica al norte de Guayaquil, pero no sobrevivió. Se presume que como su trabajo consistía en manejar grandes cantidades de dinero, ese sería el motivo del asesinato. Además, hubo una víctima colateral, que sobrevivió al suceso.

Según reporta diario El Universo, miembros de la Policía llegaron al lugar e intentaron detener a los sicarios. Sin embargo, los antisociales pudieron esquivar a los uniformados hasta el sector de Los Helechos.

En ese lugar se produjo un cruce de balas entre policías y sicarios. No obstante, los agentes policiales lograron detener a cinco sospechosos.

Los asesinatos no paran

Al menos diez asesinatos han ocurrido en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) desde las 16:00 del jueves 5 de enero. Asimismo, en la Kennedy Norte se reportó un intento de asesinato contra un ciudadano en su vehículo.

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La funcionaria repite y repite que la extradición de personas vinculadas al crimen organizado es una alternativa para resolver el problema de la inseguridad en el Ecuador. ¿Pero, es viable la propuesta del Ejecutivo?

La pregunta 2 señala: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?

Sichel argumenta que esta pregunta pretende atacar el crimen organizado. «Ciertamente no existe una sola solución para vencer al crimen organizado, pero la extradición es un paso en la dirección correcta«, mencionó en su cuenta de Twitter.

No es una idea tan brillante

Los abogados Felipe Rodríguez, Rafael Oyarte y Ramiro García han expuesto que esta “alternativa” no soluciona el problema. Para que esta «solución» sea eficaz se necesitan tratados bilaterales que consideren esta idea.

García ha explicado que esta idea es válida siempre y cuando el delito se configure en ambos países: el país requiriente de la extradición y el país requerido. Aclaró que la extradición efectiva solicita un juzgamiento y requerimiento en el exterior.

“No puedo decir: ¡Ay! Lo voy a mandar a Alemania y ya está. Deben existir requerimientos y se debe establecer los delitos específicos y las condiciones para esta decisión”, expresó.

Asimismo, ha reiterado que no es «políticamente inteligente«, pues pretender vender la solución al crimen organizado a la extradición no es la calma a todos los males.

Por su parte, Rodríguez ha resaltado que no es la mejor idea la extradición por la debilidad del sistema judicial del país, la falta de recursos económicos y la imposibilidad de dar protección de las autoridades.

De la misma manera, Oyarte y García, han mencionado que la extradición no es el procedimiento con el que se pueda disponer de la noche a la mañana. «Para que se ejecute la extradición deben asegurarse esos tratados y ver si tiene otros delitos”, detalló Oyarte.

Más violencia…

Rodríguez ha detallado que esto podría incrementar los índices de violencia, porque las organizaciones criminales pueden utilizar estas armas como un método de intimidación.

También García ha precisado que las organizaciones del país dependen de otras del extranjero, por lo que, si empiezan a exterminar a sus miembros lo único que estas esperarán es buscar otros candidatos. (N.J.C)

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“Los acuerdos son en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y (por ello) exigimos el cumplimiento”, mencionó. Además, señaló la necesidad de más acciones en lugar de palabras.

La vicepresidenta refirió que los problemas se acarrean desde hace más 50 años con la extracción del petróleo en la Amazonía, y aún hay muchas desatenciones. Entre los reclamos de la dirigente está el estado de las carreteras, asistencia médica (terrestre o aérea) y la falta de atención en salud, educación, infraestructura, y recursos humanos.

Yasacama apuntó al sistema de salud. “No hay centros de salud, ni puestos de salud. Y si hay, no hay equipamiento, no hay médicos, (…) y no hay medicinas. Hemos sobrevivido gracias al conocimiento y medicinas de nuestros pueblos y nacionalidades, pero (…) necesitamos atención hospitalaria”. (B.T.R)

Tres quejas de incumplimiento en menos de un mes

El 21 de diciembre, Iza junto a otros dirigentes de las comunidades indígenas indicaron que el Gobierno Nacional tiene las intenciones de perjudicar a las comunidades a partir de la extracción minera. 

Comentó que este proceso es una “intencionalidad para justificar las acciones del Gobierno Nacional” y deslegitimar a los actores políticos que acordaron en las mesas de diálogo.

El 30 de noviembre, Hatari Sarango, de la FENOCIN, advirtió del incumplimiento en temas de educación, seguridad y sobre la condonación de deudas.

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