Según estimaciones preliminares, más de 10.000 funcionarios podrían ser despedidos en las próximas semanas. Las áreas afectadas no serán técnicas ni estratégicas. Serán —otra vez— las de soporte: Administración, Talento Humano, Comunicación Social, Financiero, Compras Públicas y Tecnología.

Aún no hay cifras oficiales, pero en cada institución ya se están levantando listas con nombres de quienes se quedarán y de quienes serán notificados de su desvinculación.

¿Quién se salva?

Solo se mantendrá el personal que, en palabras del Gobierno, “agrega valor”. En la práctica, esto significa técnicos especializados y operativos. Por ejemplo:

• En la Senescyt, que será absorbida por el Ministerio de Educación, no serían despedidos docentes universitarios.
• En el Ministerio del Ambiente, que se fusionará con Energía, se conservaría al personal técnico.

Todo lo demás está en revisión. El mensaje es claro: el peso del ajuste no lo pagarán los asesores de los grandes despachos que ganan de 3.000 para arriba, sino quienes hacen que el Estado funcione en silencio, esos engranajes que hacen que la maquina funcione correctamente por un sueldo que a lo sumo superaría los 1.000 dólares.

Sin embargo, nada está dicho. Como ya fue mencionado días anteriores, pese a que el gobierno fue enfático en decir que no despediría a médicos y docentes, personal sanitario fue desvinculado de la Maternidad Isidro Ayora.

Las fusiones confirmadas

Estas son las instituciones que dejarán de existir como tales y se integrarán a otras:

• Ministerio de Cultura y Ministerio del Deporte → se integran al Ministerio de Educación.
• Ministerio del Ambiente → se fusiona con Energía.
• Ministerio de la Mujer → se disuelve y sus competencias pasan al Ministerio de Gobierno.
• Secretarías como Senescyt, Ecuador Sin Desnutrición, Planificación y Gestión Inmobiliaria → también serán absorbidas.

Más de 200.000 funcionarios trabajan en estas instituciones. Aunque no todos serán despedidos, los recortes ya están en marcha. El exvicepresidente Alberto Dahik anunció con entusiasmo que serían aproximadamente 50.000 nuevos desempleados en Ecuador. ¿El sector privado estará preparado para ofrecer un empleo a todos estos seres humanos que buscan llevar el pan a su casa?

¿Y la eficiencia?

Con cada recorte, se pierde también conocimiento, continuidad y capacidad de respuesta. Desde afuera, parecerá que todo sigue igual. Pero dentro, hay instituciones que se están vaciando de lo que las hacía funcionar.

El Gobierno dice que esto se trata de “modernizar el Estado”. Pero modernizar no debería ser sinónimo de precarizar. Ni de despedir sin evaluación. Ni de debilitar los servicios públicos.

En nombre del ahorro, se está despidiendo a quienes sostienen la salud, la educación, la planificación, la protección social.

Y como siempre, los que sobran nunca son los de arriba.

¿La postura de La Calle? Como siempre, los seres humanos.

La entrada Fusiones ministeriales de Noboa: ¿Quién sobra cuando todo se recorta? se publicó primero en La Calle.

Quito, 23 julio (La Calle).- En el sur de Quito, la escasez de gasolina Extra ya no es un rumor: transportistas, usuarios y distribuidores confirman restricciones en el Terminal El Beaterio, uno de los principales centros de despacho de combustibles del país. Mientras Petroecuador niega desabastecimiento y asegura mantener niveles históricos de distribución, los testimonios en terreno muestran una realidad opuesta.

TRANSPORTISTAS ALERTAN SOBRE CUPOS REDUCIDOS

A diario, miles de galones de gasolina Extra no llegan a las estaciones de servicio como deberían. Camiones cisterna con capacidad para transportar entre 4.000 y 8.000 galones están saliendo del Terminal El Beaterio con solo el 50% o 60% de su capacidad, según testimonios de transportistas, actualmente únicamente reciben entre 2.000 y 5.000 galones por despacho, pese a que una estación de servicio promedio requiere al menos 4.000 galones diarios para operar con normalidad. La explicación oficial sobre la reducción de cupos no ha sido emitida por Petroecuador, pero los efectos ya se sienten en los surtidores y en la disminución de stock en varias estaciones del país.

LEA TAMBIÉN: Crisis petrolera: ¿Petroecuador oferta una producción fantasma?

PETROECUADOR DEFIENDE CIFRAS Y NIEGA DESABASTECIMIENTO

Según Petroecuador, El Beaterio despacha alrededor de 850.000 galones diarios, mientras que otros 630.000 galones se distribuyen desde Ambato, Riobamba y Santo Domingo. La empresa pública insiste en que estos volúmenes cumplen con la demanda histórica. Sin embargo, operadores denuncian que el problema radica en la gasolina Extra, que llega en menor cantidad de lo habitual.

TUIT PETROECUADOR: https://x.com/EPPetroecuador/status/1948022893167661134

LA REFINERÍA DE ESMERALDAS, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

El origen del conflicto apunta a la paralización de la Refinería de Esmeraldas, inactiva desde el 26 de mayo tras un incendio. Aunque su reactivación estaba prevista para el 18 de julio, nuevas proyecciones del Gobierno aplazan esa fecha hasta el 25 de julio o incluso hasta el 26 de agosto. Esta situación agrava la dependencia del país respecto a combustibles importados.

LEA TAMBIÉN: ¿Prioridades? Ministerio de Energía destinará un millón de dólares a pauta publicitaria

Mientras el país espera la reactivación total de la Refinería, el racionamiento de gasolina Extra podría extenderse por semanas. Lo que empezó como una contingencia técnica hoy amenaza con convertirse en una crisis de movilidad y abastecimiento. La falta de transparencia sobre los cupos y las causas de la restricción solo profundiza la incertidumbre.

La entrada Quito sufre escasez silenciosa: Extra racionada pese a cifras oficiales se publicó primero en La Calle.

Quito, 19 abr (La Calle).- El gobierno alertó un supuesto plan para asesinar al presidente Daniel Noboa, coordinado por sicarios trasladados desde México, en lo que calificó como una estrategia de «grupos criminales y sectores políticos derrotados en el balotaje» para desestabilizar al país.

La denuncia, difundida mediante un comunicado del Ministerio de Gobierno titulado «La venganza de los malos perdedores», asegura que las Fuerzas Armadas detectaron, mediante inteligencia, la preparación de ataques terroristas contra Noboa y otros funcionarios del gabinete. Sin embargo, el documento no presentó pruebas concretas de estas amenazas, pues hubo una presunta filtración de informes confidenciales.

Horas antes, la candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, había presentado un informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA que señaló «irregularidades» durante el proceso, incluida la transferencia de tinta en papeletas debido a su diseño simétrico, lo que habría provocado la anulación de votos. González, quien obtuvo el 44.4% de los sufragios frente al 55.6% de Noboa, denunció un «megafraude» y aseguró que impugnará los resultados: «Robaron más de un millón de votos. Noboa usó fondos públicos en campaña y repartió bonos para comprar conciencias», afirmó.

Reacciones

El expresidente Rafael Correa respaldó las críticas, tildando de «ridícula» la acusación de magnicidio. «Es la estrategia de la ‘caja china’: inventan un escándalo falso para tapar el fraude. Vean la película La dictadura perfecta«, escribió en redes sociales. Por su parte, González denunció persecución política tras la retención de un consultor de su campaña por parte de Migración, incidente en el que, según ella, agentes intentaron confiscar sus dispositivos electrónicos «bajo órdenes del régimen».

«Alerta máxima»

El comunicado gubernamental, que prometió «responder con toda la fuerza del Estado», detalló que se activaron protocolos de seguridad máxima. Mientras tanto, usuarios en redes sociales cuestionaron la veracidad de las alertas, calificándolas de «falsos positivos» para justificar una eventual restricción de libertades.

La tensión se agrava ante el informe de la OEA, que también cuestionó la falta de neutralidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la campaña, destacando ventajas logísticas para Noboa. Pese a ello, el organismo validó los resultados, lo que la oposición atribuye a presiones del Ejecutivo. Con el país dividido y sin diálogo entre las partes, Ecuador enfrenta una crisis política que podría escalar hacia protestas masivas o intervenciones institucionales.

.

La entrada Gobierno alerta atentado contra Noboa y culpa a «los malos perdedores» se publicó primero en La Calle.

Contratos millonarios para posicionar la gestión gubernamental

Desde el inicio de su mandato, Noboa suscribió varios contratos con agencias publicitarias para difundir las acciones y políticas de su administración. En febrero de 2024, se adjudicó un contrato de USD 2,5 millones a Mindshare Ecuador, seguido de otro en agosto por USD 2,3 millones con la misma empresa. Mabeca Corporation también recibió un contrato en mayo de 2024 por USD 2,5 millones. Más recientemente, en octubre de 2024, se inició un proceso de contratación con Norlop Thompson Asociados por USD 5 millones, sumando un total de USD 12,3 millones destinados a comunicación en un año.

Una parte significativa de este aumento se destinó a bienes y servicios de consumo, con una asignación de USD 406 millones. Este rubro incluye gastos operativos del Estado y adquisiciones necesarias para el funcionamiento de las instituciones públicas.

Lea también: El presidente Noboa salió al exterior seis veces en 100 días de gestión

Debate sobre el uso de recursos públicos en comunicación

Estas inversiones han suscitado cuestionamientos acerca de la pertinencia de destinar sumas considerables a comunicación en un contexto donde persisten necesidades urgentes en sectores como salud, educación y seguridad. Analistas políticos y sectores de la sociedad civil han expresado inquietudes sobre si estos gastos reflejan una estrategia para mejorar la imagen del gobierno más que una respuesta a las prioridades nacionales. Además, se ha señalado que, aunque la comunicación es esencial para informar a la ciudadanía, es fundamental equilibrar estos gastos con inversiones en áreas críticas para el desarrollo del país.​

El economista Luis Espinosa Goded criticó este incremento, señalando que refleja un «despilfarro público insostenible» y cuestionando la falta de reformas estructurales en la administración de Noboa.

Por otro lado, el Banco Central del Ecuador proyectó un crecimiento económico del 2,5% para 2025, atribuido a una mayor inversión pública y privada, así como a la implementación de proyectos de infraestructura y nuevos acuerdos comerciales. Sin embargo, advirtió sobre riesgos que podrían afectar estas proyecciones, como fluctuaciones en los precios del petróleo y tensiones comerciales internacionales. ​

La Asamblea Nacional ha tomado nota de estos contratos y se espera que en las próximas sesiones se analice la pertinencia y transparencia de estos gastos. La ciudadanía permanece atenta al uso de los recursos públicos, demandando una gestión que priorice el bienestar colectivo y la solución de los problemas más apremiantes del Ecuador.

La entrada Noboa incrementa gasto público en el primer trimestre de 2025 se publicó primero en La Calle.

Las iniciativas incluyen transferencias monetarias para ciudadanos vulnerables, bonos para emprendedores afectados por las lluvias y una indemnización inmediata a las familias perjudicadas por la rotura del oleoducto en Esmeraldas. A continuación, el detalle de cada medida:

Programa «Ecuatorianos en Acción»

A través del Decreto Ejecutivo No. 578, el presidente Daniel Noboa estableció el mecanismo “Ecuatorianos en Acción”, una transferencia monetaria temporal dirigida a personas de entre 30 años y 64 años con 11 meses que residan en provincias declaradas en emergencia por la época lluviosa: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay.

El objetivo del programa es fortalecer las capacidades de los ciudadanos afectados e incentivar su participación activa en acciones destinadas a superar la emergencia. Los beneficiarios recibirán un total de 800 dólares, divididos en dos pagos de 400 dólares cada uno, mediante transferencia bancaria.

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con varios requisitos:

• 1. Tener entre 30 años y 64 años con 11 meses.
• 2. Residir en una de las provincias mencionadas.
• 3. No estar afiliados al IESS.
• 4. No recibir bonos o ayudas monetarias del MIES.
• 5. No constar como fallecidos en el Registro Civil.
• 6. No tener antecedentes penales.

El primer pago se entregará tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos. El segundo pago se realizará únicamente si el beneficiario ha cumplido con las actividades asignadas y validadas por la Unidad del Registro Social.

Este mecanismo busca brindar una respuesta ágil ante la emergencia, con enfoque comunitario y corresponsabilidad ciudadana.

Programa “Incentivo Emprende”: apoyo directo para reactivar la Economía Popular

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 576, el presidente Daniel Noboa puso en marcha el programa “Incentivo Emprende”, orientado a brindar financiamiento y alivio económico a personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Esta medida responde a los impactos provocados por la temporada invernal y busca reactivar la economía desde la base popular.

El proyecto tiene dos componentes principales:

1. “Reactívate, Incentívate Emprendedor – IEPS”: se trata de un incentivo gubernamental dirigido a los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) que han sido afectados por las lluvias. Este apoyo económico busca mitigar el impacto productivo de la emergencia y asegurar la continuidad de sus actividades. Se otorgará una transferencia monetaria única de 1.000 dólares a cada actor de la EPS que cumpla con los criterios establecidos.
2. “Criterio de Protección Social”: este componente, ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), permitirá activar ayudas inmediatas para personas que, pese a estar en situación de necesidad, hayan sido excluidas de otras transferencias monetarias. Estas ayudas se entregarán siempre que, en el proceso de verificación mensual, se constate que los beneficiarios cumplen con los requisitos de elegibilidad definidos por la normativa vigente.

Indemnización inicial a familias afectadas por la rotura del oleoducto en Esmeraldas

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 577, el presidente Daniel Noboa ordenó una compensación económica preliminar para los hogares afectados por la rotura del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ocurrida el pasado 13 de marzo en Esmeraldas.

Cada grupo familiar damnificado recibirá un pago equivalente a un salario básico unificado, canalizado a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Este monto será entregado como apoyo inicial, y se considerará dentro de la cuantificación total de los daños.

EP Petroecuador trabajará de forma articulada con otras entidades estatales para identificar a los beneficiarios, gestionar los recursos y ejecutar los pagos correspondientes. El Gobierno reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y evitar que las comunidades afectadas tengan que esperar años en procesos judiciales para acceder a una reparación. La respuesta será inmediata y directa, vía decreto ejecutivo.

IF

La entrada ¿Maniobra política? Noboa activa bonos e indemnizaciones por emergencia invernal se publicó primero en La Calle.

Un procurador común, de Reto y la Revolución Ciudadana, presentó la impugnación al Consejo Nacional Electoral (CNE). Según se indicó, existen errores en la resolución, publicada el 13 de marzo, luego de que el Gobierno la solicitara públicamente.

Francisco Estarellas Solís, procurador de ambos movimientos políticos, impugnó la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El juez Ángel Torres recibió la asignación de la causa.

El Observatorio, liderado por la abogada Mónica Jaramillo, también presentó un recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE, y el juez Guillermo Ortega recibió el caso tras el sorteo.

«Si bien reconocemos la intención del CNE de garantizar un voto libre de coacción y de proteger la seguridad de los electores, consideramos que la resolución impugnada carece de una motivación suficiente y presenta ambigüedades en su aplicación, afectando el principio de seguridad jurídica. Nuestra solicitud ante el TCE busca que se deje sin efecto la actual resolución y que, en su lugar, se emita una nueva disposición que contemple un instructivo claro y detallado sobre su aplicación», explicó ese Observatorio.

Jaramillo explica que si la acción presentada resulta en una negativa, podrá apelar ante el Pleno del TCE.

La presidenta del CNE contesta

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que este lunes se conocerá un informe jurídico sobre la impugnación que presentó un procurador de la alianza Revolución Ciudadana-Reto, acerca de la resolución del CNE de prohibir el uso de celulares al momento de votar en la segunda vuelta electoral.

«El CNE con esta resolución lo que busca es dos cosas, cumplir con su obligación constitucional de llevar adelante elecciones transparentes, que la ciudadanía vote con libertad y con seguridad», indicó Atamaint esta mañana en una entrevista en Teleamazonas.

Pero, «la resolución ha sido impugnada», recordó. «El día de hoy conoceremos el informe jurídico para el día de mañana poder resolver a través del pleno este recurso que han presentado», dijo Atamaint.

El autor de la impugnación fue Francisco Estarellas Solís, procurador común de la alianza Revolución Ciudadana-Reto (listas 5-33), «por ser atentatoria a los derechos constitucionales de los ciudadanos, como lo es el derecho a la libertad de expresión principalmente».

De acuerdo a la presidenta del CNE, esta resolución se dio sobre la base de un informe de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, «que son las autoridades competentes que recomiendan al CNE tomar medidas para que el proceso electoral cumpla con estas condiciones de manera responsable».

Asimismo señaló que el informe revela que existe «una especie de vacuna para extorsionar a la gente por una preferencia electoral, o para comprar los votos».

«Hemos visto lamentablemente en la ciudadanía que está siendo amedrentada, está siendo amenazada, en su vida, en su integridad física», agregó.

¿Por qué se dio esta medida?

El pasado jueves, el CNE prohibió «el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las juntas receptoras del voto (JRV); y, a partir de las 17:00 (del domingo 13 de abril) y durante toda la jornada de escrutinio, a los miembros de las juntas receptoras del voto».

Tras la primera vuelta electoral, Daniel Noboa, que busca la reelección, denunció sin pruebas que, en varias zonas, grupos criminales obligaron presuntamente a los electores a votar por su rival, la correísta Luisa González, y supuestamente pidieron fotografías de sus papeletas de votación como prueba.

En réplica, González señaló que sus votantes «no son ni ‘narcos’ ni delincuentes» , mientras en la impugnación se hace hincapié en que no se han presentado denuncias que sustenten las presuntas presiones.

El correísmo ha rechazado la decisión y ha criticado que el CNE haya aceptado la demanda del Gobierno de Noboa.

«Nos gobiernan delincuentes», reaccionó Correa al conocer la decisión, mientras que González dijo temer que se prepare un fraude.

«Esto es una dictadura, a rebelarnos, no podemos aceptar este tipo de medidas: prohibirnos el uso del celular», señaló González.

Multa de hasta USD 32 900

Atamaint ha señalado que el incumplimiento de la disposición sobre los teléfonos es una «infracción electoral muy grave», que se sanciona con una multa desde los 9 870 dólares hasta 32 900 dólares.

IF

La entrada Impugnaciones ante el TCE buscan anular prohibición del CNE sobre celulares se publicó primero en La Calle.

Los jueces Lady Ávila Freire (ponente), Diana Fernández León y Xavier Barriga llegaron a esta conclusión tras revisar las actuaciones de Vera como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en un caso relacionado con una queja presentada por Bryan Andrade Pérez, en calidad de procurador judicial de la compañía COMWARE S.A.

El abogado Washington Andrade, defensor de la jueza Nubia Vera, informó a La Calle que se está tratando de posicionar una idea equivocada sobre la situación, cuando el procedimiento establece otra cosa.

Cuatro puntos claves

Primero, Andrade explicó que la declaración de los jueces de la Sala podría constituir una falta grave, pero esto está sujeto a que se inicie un sumario administrativo, en el cual la jueza y su defensa tendrán la posibilidad de desmontar esos argumentos.

Segundo, señaló que el proceso en el que se dictó esta declaratoria es el mismo en el que, ante la Comisión de Justicia, Vera manifestó que este número de proceso fue uno de los que se activaron luego de que le fuera sorteada la causa el 11 de noviembre. Añadió que la notificación de la resolución del sorteo y la asignación del tribunal llegó a su despacho apenas 45 minutos antes de que emitiera su fallo oral el 23 de diciembre. Según el abogado, en ese corto tiempo, la jueza fue objeto de amenazas e intentos de amedrentamiento con la advertencia de que se activaría un sumario administrativo en su contra y su posible destitución.

Ese mismo día, la magistrada Vera, luego de su veredicto, denunció haber recibido presiones de Mario Godoy para que falle en contra de Verónica Abad. «Es evidente que, como Mario Godoy, en funciones prorrogadas, está ejerciendo su poder al respecto», manifestó Andrade.

Tercero, el abogado reiteró que presentarán su defensa y dejó en claro que no se trata de una destitución. «La Corte Provincial no puede destituir, lo que hace es emitir esta declaración para que se inicie un proceso», sostuvo, añadiendo que demostrarán la falsedad de los argumentos en su contra.

Cuarto, mencionó que la jueza Nubia Vera ha insistido en solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, resaltó que ya se han iniciado más de ocho acciones en su contra desde que tomó la decisión de fallar en el caso Abad.

El jurista agregó que, incluso, el día de ayer, jueves 13 de marzo, Nubia Vera fue impedida de acceder a su sistema informático.

Finalmente, Andrade fue enfático en que «esto no constituye una destitución» y criticó a los portales que han informado lo contrario, asegurando que «están incurriendo en falsedad».

IF

La entrada Abogado de Nubia Vera asegura que la jueza no está destituida se publicó primero en La Calle.

El contrato, por $165.000, consta en los registros del Departamento de Justicia de EE.UU.

La Cancillería informó que contrataron la firma de “asesoría y cabildeo” para fomentar una relación constructiva con el gobierno de Trump. Esto ocurre en medio de la crisis de violencia en Ecuador.

El Gobierno afirma que seleccionó a Mercury Public Affairs LLC, una “firma de asuntos públicos de alto riesgo” y bipartidista. La empresa tiene experiencia en relaciones gubernamentales y en establecer contactos con instituciones oficiales en EE.UU.

“Empleamos estrategias tácticas neutrales que abarcan comunicaciones estratégicas, movilización de base, encuestas y cabildeo estatal, disponibles en nuestras 13 oficinas”, indica la empresa en su sitio web.

Justificación de contrato

La Cancillería afirma que la contratación se realizó mediante un “proceso de licitación competitivo”, siguiendo una “práctica corriente de gobiernos pasados”. Sostiene que la firma fue “la mejor, más rentable y beneficiosa para el Estado”.

“Constituye una herramienta adicional al servicio de las embajadas para avanzar sus intereses ante el Congreso, el Ejecutivo, los medios de prensa y los centros de estudios (de EE.UU.)”, detalló la Cancillería.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Játiva, explicó a FM Mundo que la Cancillería declaró una “emergencia” antes de la contratación debido a las medidas inmigratorias anunciadas por Trump. Añadió que los temas principales del contrato son migración, seguridad, lucha contra el crimen organizado y comercio exterior.

“Se fundamenta en un plan de protección migratoria y se comenzó a buscar las firmas que asistan a la embajada, al Estado ecuatoriano, a la cancillería y a los diversos órganos gubernamentales del Ecuador”, precisó.

Játiva afirmó que pagarán el contrato en tres partes, sin detallar montos, y que tendrá un “período de prueba”.

“Hay que ver cómo funciona esto. Hay muchas empresas, pero no todas son buenas de las referencias que tenemos (…) El objetivo es tomar contacto con la gente clave del Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

La cadena CNN solicitó a la Embajada de Ecuador en EE.UU. más detalles sobre el contrato y sus objetivos específicos para acercarse a la administración Trump, También consultó a la Contraloría General de Ecuador si analizará el contrato, dado que la Cancillería asegura que incorpora recomendaciones previas del organismo. La Contraloría respondió que realizará las consultas respectivas.

El presidente Daniel Noboa ha pedido reiteradamente apoyo internacional para combatir el crimen organizado en Ecuador.

En junio, en una entrevista con The New Yorker, Noboa criticó que EE.UU. no brinde más recursos para esta lucha. El Departamento de Estado de EE.UU. informó a CNN que desde 2018 ha aportado USD 278 millones a Ecuador para seguridad y defensa, incluyendo asesoramiento, intercambios, capacitaciones, donaciones de suministros e intercambio de información.

IF

La entrada Ecuador contrata firma de cabildeo en EE.UU. antes de la segunda vuelta se publicó primero en La Calle.

“Hemos establecido una alianza estratégica para fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y proteger nuestras aguas de la pesca ilegal”, tuiteó Noboa.

«El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador», afirmó Noboa.

El presidente de Ecuador no dio más detalles sobre la asociación entre su gobierno y Erik Prince. El ex Navy SEAL, ahora contratista de seguridad multimillonario, mantiene estrechos vínculos con la administración de Donald Trump, presidente de EE.UU.

Como parte de esta estrategia, el gobierno de Noboa anunció el domingo una recompensa de un millón de dólares por la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», uno de los narcotraficantes más buscados de Ecuador.

Desde enero de 2024, Noboa ha lanzado una ofensiva frontal contra las pandillas locales y los cárteles extranjeros. Estos grupos son responsables del aumento de la violencia en un país que hasta hace poco era considerado uno de los más seguros de América del Sur.

Ecuador, el paso de la droga

La ubicación estratégica de Ecuador, entre dos de los principales productores de cocaína del mundo –Perú y Colombia–, junto con sus puertos en el Pacífico, ha convertido al país en lo que los expertos describen como una “superautopista” de la droga, utilizada para transportar grandes volúmenes de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa, ha destacado The Guardian.

“Estamos en guerra y estamos luchando contra un pueblo fuertemente armado, organizado, con respaldo financiero nacional e internacional y una estructura de terror y criminalidad que llega mucho más allá de las fronteras de Ecuador”, declaró Noboa en ese momento.

Sin embargo, la dura ofensiva del presidente no ha logrado detener la violencia y ha sido objeto de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias.

Antecedentes de Erik Prince

En septiembre de 2007, la Guerra de Irak alcanzaba uno de sus momentos más violentos. En medio de este conflicto, el nombre de Erik Prince, fundador y director de Blackwater, comenzó a ganar notoriedad.

Los informes de la época detallan que la insurgencia iraquí lanzó una ofensiva sin precedentes, resultando en la muerte de cerca de 1.000 soldados estadounidenses solo ese año. Estados Unidos, al frente de la coalición internacional, había liderado la caída del régimen de Sadam Huseín.

Prince, exmilitar y heredero de una familia con fuertes lazos con el Partido Republicano, fundó Blackwater en 1997. A inicios de los 2000, Blackwater comenzó a recibir sus primeros contratos del gobierno de Estados Unidos.

Para 2003, con el inicio de la Guerra de Irak, Blackwater se convirtió en una de las principales empresas privadas contratadas por el gobierno de EE.UU. Su labor incluía brindar seguridad a funcionarios, proteger instalaciones militares y entrenar agentes en la zona de conflicto.

El 16 de septiembre de 2007, en la Plaza Nisour de Bagdad, un grupo de contratistas de Blackwater abrió fuego contra un vehículo. En el automóvil viajaba una pareja junto a su hijo. Los contratistas alegaron que fueron atacados y respondieron al supuesto fuego enemigo. Sin embargo, la situación escaló cuando se sumaron efectivos de la Policía iraquí y otros agentes de Blackwater, resultando en la muerte de 17 civiles.

Las versiones contradictorias entre Blackwater y el Gobierno de Irak llevaron a la suspensión de la autorización de la empresa en el país. El incidente también generó un debate global sobre el rol de las compañías privadas en los conflictos armados y su posible relación con el mercenarismo.

En esos años, la ONU reveló que varias empresas privadas estadounidenses operaban en Irak durante la guerra. Estas compañías reclutaban mercenarios en países como Ecuador y Honduras con ofertas laborales engañosas.

Sentencias y la desaparición de Blackwater

Las investigaciones realizadas en Estados Unidos por la Cámara de Representantes, el Ejército y el FBI concluyeron que los empleados de Blackwater fueron responsables de “bajas significativas y daños materiales” en Irak. Además, determinaron que al menos 14 de las víctimas en la Plaza Nisour fueron asesinadas sin justificación.

Basándose en estos hallazgos y otras pruebas, el 22 de octubre de 2014, cuatro contratistas de la empresa fueron declarados culpables de asesinato y homicidio. Uno de ellos recibió cadena perpetua, mientras que los otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión.

Tras el incidente, Blackwater comenzó a cambiar su enfoque y, desde 2008, redirigió sus actividades hacia la prestación de servicios de seguridad. En febrero de 2009, adoptó el nombre Xe Services, y dos meses después, Erik Prince renunció a su cargo como director, alejándose de la compañía.

Finalmente, en 2010, la empresa fue vendida y actualmente opera bajo el nombre de Constellis.

Cuestionamientos

El anuncio de que Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater, se sumaría a la estrategia de seguridad de Noboa desató indignación y temor, debido al historial de su empresa, vinculada a abusos y crímenes, como el asesinato de 14 civiles iraquíes en 2007 tras la invasión de Estados Unidos.

El abogado ecuatoriano Marlon Martínez Molina criticó duramente la decisión de Noboa, señalando que, tras el fracaso del plan Fénix, el presidente busca instaurar el paramilitarismo en Ecuador. Además, recordó que Blackwater ya estuvo involucrada en la muerte de civiles en Irak, cuestionando si el mismo escenario podría repetirse en el país. «Gobernar a través del delito», sentenció en su publicación.

La escritora ecuatoriana Cristina Burneo fue aún más contundente: “Noboa es la muerte del Ecuador… no hay fin al terror en este país”, escribió en la red social.

Por su parte, la activista Soledad Angus Freré expresó su preocupación por el rumbo del país, advirtiendo: “Nos estamos yendo directo al precipicio”.

IF

La entrada Erik Prince y Ecuador: la sombra de Blackwater en la estrategia de Noboa se publicó primero en La Calle.

En agosto de 2024, el mandatario había implementado un proceso especial de regularización para migrantes venezolanos, otorgando un plazo de ocho meses para que legalizaran su estatus en el país. Sin embargo, con la nueva medida, dicho procedimiento queda sin efecto. Aún no está claro qué sucederá con aquellos migrantes que ya estaban en trámite de regularización, y serán el Ministerio del Interior y la Cancillería los encargados de definir los lineamientos para aplicar esta decisión.

Ecuador pone fin al Estatuto Migratorio con Venezuela

El mismo decreto también ordena que la Cancillería inicie el proceso para terminar el Estatuto Migratorio firmado en 2010 entre Ecuador y Venezuela, el cual regulaba el tránsito y los permisos de residencia para ciudadanos de ambos países.

Este cambio ocurre apenas dos días después de que Noboa declarara en su cuenta de X que Ecuador no aceptará deportados de otras nacionalidades desde Estados Unidos. La postura del presidente ecuatoriano surge luego de que Nicolás Maduro cuestionara la recepción de vuelos con deportados venezolanos en represalia por la suspensión de la licencia de Chevron en Venezuela por parte de EE.UU.

Exmandatario reacciona a la medida

Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana y expresidente, cuestionó la decisión de Daniel Noboa de derogar la amnistía migratoria para venezolanos, señalando que en 2011 no existía una crisis migratoria venezolana, por lo que considera que Noboa está manipulando la información. Además, lo acusó de actuar con fines electorales y criticó su gestión, afirmando: «Ya sabemos que mentir es tu deporte».

«Ya sabemos que lo haces solo por campaña y que eres un INEPTO. En fin» concluyó Correa.

IF

La entrada Noboa revoca amnistía migratoria para venezolanos se publicó primero en La Calle.

La Policía Nacional reportó un hecho violento en Socio Vivienda, un sector ubicado al noroeste de Guayaquil. Hasta las 18:30 del jueves 6 de marzo, las primeras investigaciones indicaban un saldo de nueve fallecidos y tres heridos.

Horas después, el jefe policial del Distrito Nueva Prosperina, Herbie Guamaní, confirmó que el número de víctimas mortales aumentó a 12. A las 21:53, la Policía Nacional confirmó que el número de víctimas ascendió a 22 personas asesinadas y tres heridas.

Los hechos violentos se registraron en distintos puntos del distrito Nueva Prosperina, específicamente en Socio Vivienda, La Casuarina y la Entrada a la 8. Entre las víctimas, tanto fallecidas como heridas, se identificaron varias personas con antecedentes por robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

¿Por qué ocurrió la masacre en Socio Vivienda?

Este viernes 7 de marzo, el comandante de la Zona 8, Pablo Dávila, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos el jueves 6 de marzo, señalando que la masacre estaría relacionada con una disputa por territorio entre bandas criminales.

Según sus declaraciones, las facciones de Los Tiguerones, Los Fénix y Los Igualitos se enfrentaron en Socio Vivienda, dejando un rastro de sangre y miedo en la zona.

Durante la tarde, los habitantes reportaron haber escuchado más de 100 disparos, mientras al menos 20 hombres armados en motocicletas descendían de la zona montañosa para atacar a sus víctimas.

Los agresores no solo dispararon en las calles, sino que irrumpieron en viviendas para cometer los crímenes, mientras que en otros casos, las víctimas fueron asesinadas afuera de sus hogares.

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación por el asesinato de 22 personas en Socio Vivienda 1 y 2, La Casuarina y la Entrada de la 8. Agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron los procedimientos correspondientes, mientras Medicina Legal llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos.

Comunicado de Daniel Noboa

La mañana de este 7 de marzo, el presidente Daniel Noboa anunció a través de sus redes sociales el indulto presidencial para los agentes que participen en operativos en Nueva Prosperina.

“Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial”, escribió el mandatario.

“Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, escribió el mandatario, respaldando el accionar de las fuerzas de seguridad en medio de la crisis de violencia en la zona.

IF

La entrada Guayaquil en crisis: 22 muertos por enfrentamientos y respaldo presidencial de Noboa a la Policía y el Ejército se publicó primero en La Calle.

El Gobierno de Daniel Noboa decidió adjudicar directamente el Campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol, sin realizar un concurso público. Según el contrato, el consorcio recibirá hasta el 87,5% de la producción petrolera a cambio de un bono de USD 1.500 millones y una inversión de USD 1.750 millones durante los próximos 20 años.

Desde el Ejecutivo se argumenta que esta medida responde al estado crítico de la infraestructura y a la falta de recursos de Petroecuador para realizar las inversiones necesarias.

Carta de Daniel Noboa

El presidente Daniel Noboa se pronunció este 5 de marzo sobre la adjudicación del Campo Sacha y respondió a las críticas en torno al proceso. A través de un comunicado dirigido al pueblo ecuatoriano, el mandatario defendió la transparencia de la negociación y aseguró que su familia “jamás ha vivido del Estado”.

“A diferencia de los máximos representantes de aquellos que sí robaron al país, no vivimos de un sueldo de un partido con fondos estatales, ni somos contratistas tapiñados de Petroecuador”, afirmó Noboa, en referencia a sus adversarios políticos.

Sobre el contrato de adjudicación del Campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol, el presidente señaló que se mantiene bajo condiciones favorables para el país. Explicó que el acuerdo incluye un bono de USD 1.500 millones como prima, destinados a inversión social en áreas como seguridad, salud y educación. Además, aseguró que el 70% de la renta petrolera será reinvertida en Ecuador.

Noboa también advirtió que, si hasta el 11 de marzo a las 21:00 no se ha desembolsado la prima, se reformulará el contrato. “El compromiso es con las necesidades urgentes de los ecuatorianos”, sostuvo en su mensaje.

El mandatario cerró su comunicado asegurando que su gestión busca cambiar la forma en la que se administran los recursos del país, alejándose de la corrupción y las decisiones motivadas por intereses políticos.

Reacción de Leonidas Iza

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, reaccionó a la carta de Daniel Noboa sobre la adjudicación del Campo Sacha, cuestionando la transparencia del proceso y acusando al Gobierno de beneficiar a su círculo de poder.

“Usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato”, afirmó Iza en un video publicado en sus redes sociales.

El líder indígena también respondió a la afirmación de Noboa de que su familia “jamás ha vivido del Estado”. “Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano”, señaló, mencionando que “su tía se benefició del contrato de alimentación escolar y su hermano ha facturado 9 millones de dólares en menos de un año con el caso Petronoboa”. Además, recordó que la familia Noboa mantiene una deuda de más de 90 millones de dólares con el Estado.

Iza calificó de “incompetencia y corrupción” la gestión de los recursos públicos y enumeró varios casos polémicos de la administración de Noboa: el programa de alimentación escolar, el caso Progen, que involucra “69,5 millones de dólares entregados a dedo”, el caso Petronoboa, la compra de chalecos y, ahora, el Campo Sacha.

En su declaración, el presidente de la Conaie señaló que la empresa adjudicada para la explotación de Sacha comparte el mismo número de teléfono con “El Ordeño”, compañía beneficiaria del contrato de alimentación escolar. “El contrato fue entregado a dedo y sin beneficio para la nación”, afirmó.

Plan de defensa de Iza

Ante esta situación, Iza anunció un plan de defensa del Campo Sacha, que incluye:

1. Suspensión inmediata del contrato.
2. Exigir a la Contraloría y Fiscalía que inicien investigaciones sobre posibles irregularidades.
3. Destitución de los ministros Inés Manzano y Juan Carlos Loffredo por su presunta vinculación en casos de corrupción.
4. Convocatoria a sectores de la sociedad civil para coordinar acciones en defensa de los recursos del país.

Con esta postura, Iza refuerza su rechazo al proceso de adjudicación del Campo Sacha y busca movilizar a distintos sectores en lo que considera una lucha por la soberanía nacional.

Reacción de Andrés Arauz

El excandidato presidencial Andrés Arauz denunció presuntas irregularidades en la adjudicación del Campo Sacha, señalando que el proceso se basó en documentos con fechas alteradas. A través de sus redes sociales, acusó al Gobierno de Daniel Noboa de cometer el delito de falsedad ideológica y exigió acciones inmediatas.

“TÚNEL DEL TIEMPO. El Acuerdo Ministerial 040 en el cual se basa TODO el proceso de privatización de Sacha incluye referencias a documentos que aún no existían”, escribió Arauz.

Según la denuncia, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Inés Manzano, firmó el Acuerdo Ministerial 040 el 26 de noviembre de 2024, pero en los considerandos del documento se citan informes internos con fecha 27 de noviembre de 2024, es decir, un día después.

«MINTIÓ, pues nadie puede viajar al futuro a recabar documentos que aún no existen», afirmó Arauz, agregando que, en términos jurídicos, esta acción configura el delito de falsedad ideológica (art. 312 del COIP), lo que llevaría a la nulidad del Acuerdo Ministerial (art. 353 del COGEP) y de todas las decisiones derivadas de él.

El político también cuestionó la rapidez con la que se realizó la adjudicación del Campo Sacha y sostuvo que esto evidencia «negligencia, fraude, apuro y desesperación, desprecio e impunidad».

Arauz pidió que la justicia actúe sin demoras, ya que, a su criterio, no se requiere de una investigación extensa para determinar la existencia del delito: «Aquí no hay lugar a un proceso largo de investigación previa, el delito es evidente y deben formularse cargos inmediatamente».

Marcela Reinoso explica la situación

Marcela Reinoso, exgerente de Petroecuador, expresó su preocupación por las condiciones en las que se adjudicó el Campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol. En su análisis, alertó sobre el impacto que tendrá este contrato en los ingresos del país y en la participación del Estado en la renta petrolera.

“Estamos viendo que la participación del Estado es muy pequeña”, señaló Reinoso, al referirse al porcentaje de producción que quedará en manos del Gobierno ecuatoriano tras la adjudicación.

Uno de los puntos clave de su crítica fue la prima de USD 1.500 millones, la cual considera insuficiente en comparación con los ingresos que genera el campo. “Porque Sacha en ingreso bruto te está dando dos mil millones anuales y cómo es que a nosotros nos beneficiaría una prima que es menor que el ingreso anual del campo”, cuestionó.

Reinoso enfatizó que esta prima es considerablemente inferior a lo que el campo genera anualmente. “Esta prima es inferior a lo que el campo mismo te entrega”, afirmó, sugiriendo que el país está renunciando a ingresos mayores a cambio de un pago único que no compensaría la pérdida a largo plazo.

Además, advirtió sobre el impacto que esta adjudicación tendrá en las finanzas nacionales: “El próximo año nosotros ya no vamos a recibir el ingreso bruto de Sacha de dos mil millones, sino que recibimos el 20 por ciento de eso, 200 millones en un año”.

Estas declaraciones refuerzan las preocupaciones sobre el contrato firmado por el Gobierno, sumándose a las críticas de otros sectores que cuestionan la transparencia y los beneficios reales de esta adjudicación para el país.

Inty Grønneberg explica la concesión con peras

El científico ecuatoriano Inty Grønneberg utilizó una metáfora sencilla para explicar la reducción de ingresos que implicaría la adjudicación del Campo Sacha al consorcio Sinopetrol. A través de una analogía con peras, detalló cómo disminuiría la participación del Estado en la renta petrolera.

“Huerto (Campo Sacha) = 100 peras. Hoy, Ecuador recibe todas esas peras. Con la nueva concesión, el Estado solo obtendría entre 12,5% y 20% de cada 100 peras”, explicó Grønneberg en sus redes sociales.

Asimismo, comparó la renta petrolera con el dinero obtenido tras vender esas peras. Según su explicación, antes de calcular la ganancia real hay que descontar costos como sueldos, fertilizantes, transporte y maquinaria. “Eso que sobra es la renta. Si alguien dice ‘Ecuador se queda con el 82% de la renta’, depende de que no inflen esos gastos”, advirtió.

El experto en innovación y sostenibilidad alertó que la concesión del Campo Sacha podría generar pérdidas para el país en términos reales. “Hasta ahora, el país manejaba todas las peras y toda la ganancia. A futuro, solo una fracción iría al Estado. Menos peras + costos altos = menos dinero en la práctica”, concluyó.

IF

La entrada Campo Sacha: denuncias de irregularidades y una concesión que reduciría los ingresos del Estado se publicó primero en La Calle.

“Lean bien”

La ministra de Energías respondió al comunicado de la Asamblea Nacional y al pronunciamiento de la candidata Luisa González, indicando que la firma del contrato aún no estaría consumada. La respuesta al Legislativo fue que la privatización no contraviene a la Ley de Hidrocarburos y que lo harán “pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”; sin embargo, este domingo 2 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea publicó un documento oficial entregado por la Superintendencia de Compañías donde denuncian que la empresa privada Petrolia Ecuador S.A. no tiene experiencia y que apenas registra un capital de 2.000 dólares.

Mientras que, a la publicación de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, la ministra Inés Manzano señaló de “cínica e ignorante” e increpó cuente lo de Auca y Shushufindi.

La discusión en redes sociales, entre simpatizantes de ADN y RC, se dio alrededor de la firma de concesión que aún no estaría hecha. Pero también hubo reacciones de varios sectores y actores sociales que rechazan la posibilidad de vender el campo petrolero de mayor aporte al Estado ecuatoriano. Según los acuerdos de participación del Consorcio, el 87,5% será para la privada, es decir que, 80 de cada 100 barriles producidos en el Bloque 60 pasarán a manos del Consorcio subsidiario español y chino.

Reacciones de rechazo a la privatización

El excandidato presidencial por Pachakutik, Leonidas Iza, fue el primero en rechazar que Daniel Noboa entregue directamente el Campo “entre gallos y medianoche y aprovechando un feriado”. Aseguró que esta adjudicación sería ilegítima y anunció acciones para frenar lo que calificó como “intento de saqueo a la Patria”.

Por su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que esta decisión, de objetivos eleccionarios, reducirá los ingresos económicos del país para atender requerimientos fundamentales de los ecuatorianos. Asimismo, la Central sindical de trabajadores públicos y privados (CEOSL) condenó la decisión del gobierno de Noboa de concesionar a la “joya de la corona” que en el 2024 produjo un promedio de 77.191 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional. Señalan, además, que esta es una medida grave de traición a los intereses nacional porque se entrega una de las principales fuentes de riqueza del país a intereses extranjeros por sobre los derechos de los trabajadores ecuatorianos.

Lea también: ANTEP denuncia pérdidas millonarias por privatización del campo Sacha

La Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y el Petróleo del Ecuador (ANTEP) ha sido la principal organización en denunciar esta concesión, desde el año pasado, cuando su secretario general, David Almeida, hizo pública esta intención del Gobierno Nacional. Estas denuncias públicas le costaron su puesto de trabajo en Petroecuador y persecución política, incluso amedrantamientos en su contra y de su familia. La Asociación manifestó su rechazo por la pérdida de USD 1.044 millones para el país, durante los próximos 20 años.

La entrada Campo Sacha: ¿concesionan o no la ‘joya de la corona’? se publicó primero en La Calle.

Como parte de la demostración, se invitó a dos periodistas a seleccionar al azar un chaleco y una placa de protección de entre varias cajas, para luego someterlos a pruebas de disparo en un polígono del Comando Logístico del Ejército.

Pruebas de disparo

Se llevaron a cabo dos pruebas de disparo. En la primera, con munición 9 mm, se efectuaron seis detonaciones. Luego, el ministro mostró el panel del chaleco y explicó que las balas quedaron incrustadas en la segunda de las 20 capas de fibra Honeywell, un material de fabricación estadounidense.

En la segunda prueba, realizada con un proyectil 5.56, el periodista que seleccionó la placa la exhibió ante sus colegas. Al observarla, se confirmó que el impacto no causó ninguna deformación en la cara posterior de la placa.

Loffredo destacó que esta prueba confirma que los paneles de los chalecos adquiridos cumplen con los niveles reglamentarios de blindaje. Además, señaló que, durante el proceso de compra, representantes militares ecuatorianos viajaron a Estados Unidos para verificar las pruebas balísticas realizadas bajo los estándares de la NIJ.

En cuanto al informe que señalaba lo contrario, el ministro aclaró que dicho documento no pertenece a la Fuerza Terrestre, a pesar de haber sido impreso en hojas membretadas de la institución. Además, sostuvo que el informe fue elaborado por «un par de oficiales con oscuros intereses«, quienes actualmente están siendo investigados internamente.

¿Por qué se firmó contrato con High-End Defense Solutions LLC, una empresa inhabilitada?

Desde que el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador en enero de 2024, todas las adquisiciones del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se manejan bajo reserva, es decir, se realizan de manera confidencial.

Por esta razón, Loffredo mostró parte de los documentos reservados de este proceso. El contrato, valorado en USD 34 millones, se firmó el 19 de agosto de 2024. En ese momento, la empresa High-End Defense Solutions LLC estaba habilitada como proveedor.

Según el Servicio de Compras Públicas (Sercop), su inhabilitación, determinada por la Policía Nacional, ocurrió el 3 de diciembre de 2024.

Además, el ministro aclaró que la inhabilitación no se debió a problemas de calidad en las municiones vendidas a la Policía Nacional.

Según él, la sanción fue consecuencia de un retraso en la entrega, causado por la falta de pago de un anticipo.

Loffredo también señaló que se invitó a participar a 4.000 proveedores y descartó la existencia de sobreprecio. Explicó que el contrato se firmó por USD 34,2 millones, mientras que el precio referencial era de USD 39 millones.

Crítica de Ana Galarza

La asambleísta Ana Galarza criticó duramente la contratación con High-End Defense Solutions LLC, cuestionando la supuesta falta de conocimiento sobre la inhabilitación de la empresa. «¿Entonces son tan ineptos que ‘no sabían’ que el contratista tenía una resolución de la Policía Nacional que lo declaraba incumplido y que, por lo tanto, el Sercop debía inhabilitarlo de inmediato?», escribió en su cuenta de X.

Galarza también insinuó que la inhabilitación se retrasó deliberadamente hasta después de la firma del contrato millonario. «Qué conveniente, esperaron a que se haga este otro contrato millonario para luego declararlo incumplido. ¡Genios!», expresó.

Finalmente, lanzó un cuestionamiento directo al Sercop y al Ministerio de defensa: «O son cómplices o son pendejos». Además, aclaró que su denuncia no responde a afinidades políticas. «Y no, no soy correísta por señalar estos casos. ¡SOY ECUATORIANISTA!».

IF

La entrada Gobierno expone su versión sobre la polémica compra de cascos y chalecos se publicó primero en La Calle.

Perfil académico, ¿sin registro en el Senecyt?

Según su perfil en LinkedIn, John Reimberg estudió en el Centro Educativo Nuevo Mundo. Sin embargo, no ha compartido más detalles sobre su formación académica y, hasta febrero de 2025, no registra títulos en la base de datos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En el ámbito profesional, entre 2000 y 2009, fue director ejecutivo de la Business Alliance for Secure Commerce (BASC), una alianza empresarial internacional que trabaja en cooperación con gobiernos y organismos internacionales para fomentar un comercio seguro. Según su perfil en LinkedIn, durante su gestión capacitó a más de 3.000 personas en temas como prevención del narcotráfico, seguridad administrativa y operativa, y controles de contenedores, entre otros.

Entre enero de 2009 y septiembre de 2012, se desempeñó como gerente de seguridad en Omarsa, empresa ecuatoriana productora y exportadora de camarón, donde tuvo a su cargo la seguridad de 3.000 hectáreas de camaroneras.

Desde 2012 hasta febrero de 2025, ocupó el cargo de gerente de seguridad en Nirsa, fabricante de Alimentos Real. En esta empresa, fue responsable de la seguridad en oficinas, planta, camaroneras y bodegas a nivel nacional, además de supervisar la custodia de bienes y desarrollar planes de emergencia, manuales de seguridad y procedimientos operativos, según su perfil en LinkedIn.

Experiencia

John Reimberg cuenta con una amplia trayectoria en seguridad integral, especializándose en la gestión de riesgos y la protección de infraestructuras estratégicas. Su experiencia abarca diversos sectores, incluyendo la seguridad en puertos, aeropuertos y transporte terrestre, entre otros ámbitos clave.

Actividad empresarial y patrimonio

Según el sitio web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en febrero de 2025, John Reimberg se mantiene como gerente general de una empresa y presidente de otras dos.

Actualmente, dirige Segurpacific, una compañía especializada en servicios de seguridad privada. Además, ocupa la presidencia de Transpart S.A., empresa dedicada al transporte terrestre pesado a nivel nacional e internacional, y de Cleaning Control Hygiene Limcon S.A., que ofrece servicios de limpieza general para edificios, oficinas, locales comerciales y otros espacios. Asimismo, es accionista en esta última empresa.

En cuanto a su trayectoria empresarial, entre 2011 y 2012, Reimberg fue gerente general de Seguridad Para Camaroneras Segucam C. Ltda., una compañía enfocada en servicios de seguridad para el sector camaronero. También ha sido accionista en Titadsu S.A., empresa dedicada a la venta de partes, suministros y accesorios para automóviles.

En el ámbito judicial, según el sitio web del Consejo de la Judicatura, consta un proceso por despido intempestivo, archivado en 2018. No registra denuncias presentadas contra terceros.

En su última declaración juramentada al concluir su gestión como director general del ECU 911, reportó un patrimonio de 1.041.886,16 dólares, de acuerdo con la Contraloría General del Estado.

¿Y los impuestos?

De acuerdo con información del Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos ocho años, John Reimberg ha realizado los siguientes pagos correspondientes al impuesto a la renta y al impuesto a la salida de divisas.

• 2018: 108.601,23 dólares en impuesto a la renta, y 2.305,26 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2019: 101.300,95 dólares en impuesto a la renta, y 2.151,83 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2020: 74.484,15 dólares en impuesto a la renta, y 30,63 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2021: 61.746,38 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2022: 65.717,79 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2023: 0 dólares en impuesto a la renta, y 2.194,15 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2024: 0 dólares en impuesto a la renta, y 2.194,7 dólares de impuesto a la salidas de divisas 
• 2025: es el período fiscal en curso, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas

La entrada John Reimberg: perfil, experiencia y registros oficiales se publicó primero en La Calle.

En los últimos días, han surgido nuevos elementos en el proceso judicial, incluyendo la versión del subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Zabala, una aparente campaña mediática de desprestigio en contra de los muchachos que perdieron su vida tragicamente y la audiencia de los militares procesados.

La versión del subteniente John Zabala en el caso de los Cuatro de Las Malvinas

Según consta en el expediente del caso, el subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Zabala, rindió su versión sobre los hechos que derivaron en la desaparición de Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), conocidos como los Cuatro de Las Malvinas.

Zabala, a pesar de su poca experiencia — ya que un subteniente es el rango más bajo dentro de la oficialidad en la FAE —, estaba al mando de dos patrullas conformadas por 16 militares. En su testimonio, expuesto en el portal Primicias, explicó que, tras la detención de los cuatro menores, los uniformados continuaron con los operativos de requisa en Durán, mientras los niños permanecían en la parte trasera de las camionetas.

Órdenes, desvíos y jurisdicción militar

Las dos patrullas que capturaron a los menores alrededor de las 20:30 del 8 de diciembre no debían operar en el sur de Guayaquil. Según la distribución de funciones establecida en la militarización de la Zona 8, la FAE tenía asignada la vigilancia en Durán, mientras que la Armada debía encargarse del sur de Guayaquil.

Sin embargo, Zabala y su equipo fueron desviados de su operativo de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) en Durán y enviados a Guayaquil. La orden de desplazarse a la Terminal Terrestre fue dada a las 17:30 de ese mismo día por un oficial superior.

La custodia del camión con presunto contrabando

De acuerdo con el testimonio del subteniente, una camioneta de inteligencia militar detectó un camión con frutas, electrodomésticos y bultos de papas frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil. Por ello, se dispuso que las patrullas de la FAE escoltaran el vehículo hasta las instalaciones de la Aduana, ubicadas en el sur de la ciudad.

El operativo de inspección del camión estuvo a cargo de personal de la Aduana y de inteligencia militar de la Escuela de Infantería Aérea.

Zabala no detalló qué tipo de artículos de contrabando encontraron en el camión. No obstante, afirmó que requirieron la presencia del Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) Durán de la FAE como parte del procedimiento.

La detención de los menores y las requisas posteriores

Según la versión de los militares procesados, la detención de los cuatro menores ocurrió cuando las patrullas regresaban a Durán desde la Aduana. Al detenerse en un semáforo ubicado en la intersección de la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, en el sur de Guayaquil, recibieron la alerta de ciudadanos sobre un supuesto robo. En ese momento, capturaron a los niños frente a un centro comercial de la zona.

Después de la detención, los menores fueron transportados en la parte trasera de las camionetas mientras los militares continuaban realizando operativos de requisa en Durán, como parte del Camex.

La orden superior y el operativo posterior

El subteniente Zabala señaló que la orden de custodiar el camión con presunto contrabando provino del teniente coronel Francisco Iglesias. Este oficial no estuvo presente durante el operativo y tampoco ha sido procesado en el caso, pese a ser mencionado en múltiples testimonios dentro del expediente.

Tres días después de la desaparición de los menores, Iglesias lideró un operativo en Taura, cantón Naranjal (Guayas), donde, según la versión de los uniformados, abandonaron a los cuatro niños.

En esa intervención, se recuperó ropa perteneciente a los menores.

La Fiscalía ha citado al teniente coronel para que rinda su versión y explique por qué no coordinó este operativo con la Policía Nacional y el Ministerio Público, especialmente considerando que, en ese momento, la desaparición de los Cuatro de Las Malvinas aún no había tomado relevancia mediática.

Campaña Mediática

El pasado miércoles 19 de febrero se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva de los 16 militares procesados por la desaparición de los cuatro de Las Malvinas.

Jesús López, abogado de uno de los imputados, publicó en sus redes sociales un video grabado el 8 de diciembre de 2024, el mismo día en que desaparecieron los menores. En las imágenes se observa a dos personas saliendo de un puente y acercándose a otra, quien los evade. Uno de ellos intenta golpearla, mientras que otro grupo de personas se aproxima por detrás.

Según la versión de López, los niños eran las personas que salían del puente. Además, afirma que «como la persona es esquivada por los ciudadanos, retornan a esconderse debajo del puente. Pasados 10 minutos la misma cámara graba el video que se hizo viral, donde una persona civil hace entrega de los ciudadanos (los menores) a los militares».

Erick Huilca, abogado de uno de los investigados, aclaró que Jesús López no representa legalmente a todos los imputados.

Reacciones ante la publicación del video

Fernando Bastidas, defensor de derechos humanos, calificó la publicación del video como «un ataque a nivel mediático«. Además, mencionó que uno de los abogados de los procesados rechazó la acción de López, señalando que «en primer lugar, la defensa de ellos, no va a ser mediática y en segundo lugar, que un abogado no puede hablar por los 16».

Bastidas enfatizó que López «apenas representa a cuatro procesados» y cuestionó sus intenciones al publicar el material audiovisual. «No buscaba un aporte para el desarrollo del proceso, al contrario, el abogado quería polarizar aún más la situación», afirmó.

Finalmente, Bastidas indicó que desconoce cuál sería la ventaja de divulgar el video en este punto del proceso.

El desenlace de la audiencia

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó el pasado jueves 20 de febrero de 2025 el recurso de apelación presentado por la defensa de los 16 militares procesados por la presunta desaparición forzada de los Cuatro de Las Malvinas en Guayaquil.

La resolución fue anunciada en una audiencia virtual que inició a las 10:40, en la que el tribunal confirmó, en segunda instancia, la prisión preventiva para los uniformados. Con esta decisión, los procesados continuarán detenidos en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

Argumentos de la defensa y de la Fiscalía

Durante la audiencia de apelación, que se llevó a cabo el miércoles 19 de febrero, la defensa de los militares argumentó que sus clientes han colaborado con el proceso judicial desde el inicio y que la prisión preventiva era una medida excesiva. En su lugar, solicitaron medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los abogados de las familias de las víctimas insistieron en la gravedad del caso y en las irregularidades que marcaron el procedimiento de detención. El fiscal a cargo del caso acusó a los militares de obstaculizar la investigación, por lo que solicitó que se mantenga la prisión preventiva.

Con esta decisión, el proceso judicial contra los 16 uniformados sigue en curso, mientras las familias de las víctimas exigen justicia por la desaparición de los cuatro menores.

IF

La entrada Caso Las Malvinas: versión del subteniente, video filtrado y audiencia fallida se publicó primero en La Calle.

Ante esta situación, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, respondió este 22 de febrero de 2025 a través de su cuenta de X. En su mensaje, calificó al fiscal a cargo como «la mano derecha de Nerón» y acusó al Gobierno de persecución en su contra.

«Soy el ÚNICO en el país que se le planta al enano odiador y lo SEGUIRÉ HACIENDO», afirmó Alvarez en su publicación.

CASO TRIPLE A

En diciembre de 2024, la Fiscalía llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos en el caso Triple A. En esa ocasión, se dictaron medidas cautelares contra cinco personas y cinco empresas, entre ellas dos vinculadas a la familia de Alvarez.

Los cinco procesados hasta ahora en el caso Triple A ocupaban cargos como contadores o gerentes en las empresas investigadas.

Según la Fiscalía, se han detectado diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas, entre ellas Copedesa.

Además, la Fiscalía sospecha que el diésel subsidiado habría sido desviado por las empresas involucradas hacia otros segmentos que no califican para ese beneficio.

En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, a pesar de que su capacidad de almacenamiento es de aproximadamente 10.000 galones.

El caso Triple A se originó a partir de una denuncia presentada el 12 de julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En el documento se reporta una irregular distribución y comercialización de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano.

Fiscalía convoca a Aquiles Alvarez

La Fiscalía indaga un presunto delito de almacenamiento, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles.

El organismo, a través de un oficio solicitó que se establezca una fecha para la audiencia de vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del caso Triple A.

El documento, dirigido a una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado en Quito, pide «señalar día y hora» para la vinculación de 10 personas en el proceso, entre ellas Alvarez.

Reacción de Alvarez

Aquiles Alvarez respondió a la Fiscalía a través de su cuenta de X, donde arremetió contra el fiscal del caso. “Mano derecha de Nerón, hace lo que le pidan. El ministro de gob lo ha torturado día y noche para esto, un ministro que es más gerente de campaña del peor presidente de la historia”, escribió el alcalde de Guayaquil.

Alvarez agregó: “Nos veremos en la audiencia, sin problema. A mí nadie me va a callar, peor un enano odiador, perseguidor, campeón para la trampa, pero siempre perdedor, desde chiquito, el barajado de todo”.

Reacción José de la Gasca

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, envió un mensaje a un medio de comunicación en el que afirmó: «El único interés de este Gobierno es destapar los casos de corrupción y evitar la impunidad, (pero) eso es algo que no entiende el alcalde Rataquiles».

En su declaración, De la Gasca aseguró que Alvarez busca evadir su responsabilidad en la investigación. «Parece que no se ha enterado que la Función Judicial, incluyendo la Fiscalía, no son parte de la Función Ejecutiva. Pero no es novedad que Rataquiles mienta para salvar su pellejo. Así son los cobardes», expresó.

El ministro también criticó la postura del alcalde en redes sociales y advirtió sobre el futuro del proceso judicial. «Ojalá que los shows que hace ahora en X no los repita cuando acuda ante la justicia, porque sería realmente vergonzoso, y no por él, sino por la ciudad que dice representar. Lo que se nota sí, es el pánico que tiene a que finalmente lo procesen por delitos graves», concluyó.

La respuesta precipitada de Alvarez

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, reaccionó a las declaraciones del ministro de Gobierno con un mensaje en su cuenta de X, en el que expresó: «Qué asco este hdp…», mostrando su rechazo hacia el funcionario.

Además, calificó al ministro como una «porquería de ministro y de ser humano», y continuó con insultos, llamándolo «bobo a la v.» y cuestionando su profesionalismo. Finalmente, concluyó con una fuerte afirmación: «Perdiste el respeto para siempre».

Minutos después, Alvarez eliminó la publicación de su cuenta de X, sin emitir más comentarios al respecto.

IF

La entrada Ministro de Gobierno llama «Rataquiles» al alcalde de Guayaquil en disputa por el caso triple A se publicó primero en La Calle.

¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

Vea también: Corte Constitucional destituye a los siete consejeros del CPCCS

Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

Vea también: ¿Abuso del COA para remover presidentes de órganos colegiados?

En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

La entrada CPCCS: 18 consejeros reemplazados y 6 administraciones en menos de seis años se publicó primero en La Calle.

Un récord alarmante

Las estadísticas oficiales muestran un incremento sostenido en los homicidios durante los últimos años:

• Enero 2023: 517 homicidios.
• Enero 2024: 479 homicidios.
• Enero 2025: 600 homicidios en tan solo 24 días.

Esto representa un promedio de 25 muertes diarias, equivalente a una persona asesinada cada hora, reflejando la profundidad de la crisis de seguridad en el país.

Regiones más afectadas

El impacto de la violencia se concentra principalmente en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón, así como en provincias como Manabí, El Oro, Santa Elena y Los Ríos.

Enero de 2025, el mes más violento de los últimos cuatro años en Manabí

Manabí ha sido particularmente golpeada por la violencia de organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, cuya disputa por el control territorial de drogas ha trastocado el orden público. La provincia también enfrenta un aumento alarmante en la muerte de menores de edad en ataques armados.

Según las cifras oficiales, enero de 2025 ya es el mes más violento de la última década en Manabí. En comparación con 2023 y 2024, los homicidios en este mes casi se han triplicado, mientras que los registros de 2021 y 2022 fueron entre tres y seis veces menores.

La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, operando en la provincia desde abril de 2024, había anticipado que la violencia aumentaría en los primeros meses de 2025. «En las investigaciones que hemos hechos por inteligencia militar, es por la problemática del narcotráfico que tiene sus delitos conexos – es el plus que nos lleva a tener el incremento de la violencia”, declaró Kléber Guaytarilla a PRIMICIAS, comandante de la unidad.

La unidad ha estado activa en la provincia desde abril de 2024, enfocándose en reducir los niveles de criminalidad, desmantelar las economías de las organizaciones delictivas, capturar y neutralizar a los integrantes de estas estructuras criminales.

Factores detrás de la violencia

Según fuentes policiales, los principales factores que explican el aumento de la violencia son:

• Presión de carteles internacionales que buscan mayor influencia en el territorio nacional.

• Disputas territoriales entre bandas criminales.

• Aumento del desempleo, que fortalece al crimen organizado.

IF

La entrada Enero, uno de los meses más violentos en la historia de Ecuador: 600 homicidios en 24 días se publicó primero en La Calle.

¿Qué es el indulto presidencial?

Es una facultad «discrecional y privativa» del Presidente de la República. Consiste en otorgar, de oficio o previa solicitud, la conmutación, rebaja o perdón del cumplimiento de penas para personas privadas de su libertad (PPL) que cuenten con una sentencia ejecutoriada.

Los indultos se otorgaban a PPL que cumplían ciertos requisitos específicos, como padecer enfermedades graves o haber recibido penas ejecutoriadas por delitos menores, como robo, hurto o contravenciones de tránsito.

Decretos derogados y sus alcances

Noboa ordenó derogar los Decretos Ejecutivos 264, 265, 355, 816 y 949. El actual presidente argumenta que dichos decretos “han agotado sus efectos en relación con las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada que, a la fecha de expedición de los citados decretos ejecutivos, cumplieron con los respectivos requisitos”.

¿En qué consistían cada uno de estos decretos?

Decreto 264 (2021): Contravenciones de tránsito

Otorgaba indultos a personas sentenciadas por contravenciones de tránsito leves, como conducir vehículos con llantas en mal estado o sin licencia.

Decreto 265 (2021): Enfermedades graves

Beneficiaba a PPL con enfermedades terminales, catastróficas o con infección de tuberculosis y VIH.

Ambos decretos, 264 y 265, se emitieron el 22 de noviembre de 2021 como parte del Plan Rescate Ecuador, cuyo objetivo era reducir el hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad (CPL).

Decreto 355 (2022): Delitos menores
Dirigida a PPL sentenciadas por delitos como hurto, robo sin violencia, estafa y abuso de confianza, siempre que hubieran cumplido al menos el 40 % de su pena y no tuvieran antecedentes disciplinarios.

Decreto 816 (2023): Mujeres privadas de libertad
Enfocado en mujeres privadas de libertad que cumplían requisitos específicos relacionados con delitos menores y condiciones de salud graves.

Decreto 949 (2023): Diagnósticos médicos graves
Indultaba a PPL con diagnósticos médicos graves validados por el Ministerio de Salud Pública, como cáncer, insuficiencia renal crónica o malformaciones congénitas del corazón.

¿Qué sucederá con las personas que ya recibieron indultos presidenciales?

Entre las nuevas disposiciones, se ratificó que la derogatoria no tendrá efectos retroactivos. Por lo tanto, los PPL con sentencia condenatoria ejecutoriada que hayan sido beneficiadas por los decretos derogados mantendrán los indultos otorgados, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en esos decretos antes de la fecha de expedición del nuevo Decreto Ejecutivo 511.

Nuevas reglas y sanciones bajo el Decreto 511

El Decreto Ejecutivo 511 establece que, en futuros indultos presidenciales, el Presidente analizará cada solicitud de manera individualizada. Este proceso se enmarca en la Constitución y la normativa vigente, lo que garantiza un análisis específico y transparente en cada caso.

Además, el decreto determina que los servidores públicos que hayan facilitado la excarcelación de PPL sin cumplir con los requisitos y la temporalidad de los decretos mencionados serán responsables tanto administrativa como penalmente.

En uno de los considerandos del Decreto 511, se señala explícitamente que ninguna autoridad está facultada para conceder indultos presidenciales sin cumplir con los requisitos constitucionales. Asimismo, se prohíbe interpretar o aplicar extensivamente las condiciones establecidas en los decretos ejecutivos previamente emitidos.

IF

La entrada Noboa deroga 5 decretos de indultos presidenciales emitidos por Guillermo Lasso se publicó primero en La Calle.