La víspera, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Loja, y otras ciudades del Ecuador fueron los escenarios para exigir al gobierno el cumplimiento de los derechos laborales.

La Gran Marcha contó con la presencia de sectores sociales y sindicales de todo el país.

Entre ellos estuvo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Central, Trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social (IESS), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), movimientos feministas y trans, además del Frente Obrero Nacional.

Así también, médicos, estudiantes, artistas, servidores públicos despedidos y familias enteras se dieron cita a la marcha. El descontento de la ciudadanía frente a la gestión del Gobierno en estos 11 meses fue evidente.

Consignas como «Fuera Lasso, fuera», «Abajo las políticas neoliberales», «Las calles son del pueblo«, «Lasso escucha, el pueblo está en la lucha» y «Guarderas y Lasso, los dos son un fracaso», acompañaron a la movilización.

Los pedidos

El cumplimiento de los derechos laborales, mayor seguridad para el país, no a la privatización de los recursos públicos, presupuesto para la salud y educación, equiparación salarial para los maestros, estaban entre las demandas de los manifestantes.

Temas como el pago de pensiones jubilares, subsidio para los combustibles, entre muchas otras; fueron los pedidos que las y los ecuatorianos salieron a exigir a las calles.

La marcha fue masiva y pacífica, no se presentaron mayores altercados en el país.

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Lasso abrió frentes por todos lados. En un inicio, rompió con la alianza del Partido Socialcristiano, que lo llevó a la Presidencia. Al mismo tiempo, creó un enemigo en el líder más visible del movimiento indígena, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a quien señaló que «acabará con sus huesos en la cárcel». En la Izquierda Democrática denunció a Xavier Hervas por evasión tributaria; y a varios legisladores de Pachakutik por sobornos.

Todo esto, sumado a la falta de dirección de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional, ha dejado como resultado una ingobernabilidad que no permite articulación alguna entre el Ejecutivo y el Legislativo. La famosa y archivada Ley de Inversiones es apenas un ejemplo.

Sin embargo, como jefe de Estado también le quedan problemas por resolver. La delincuencia y la inseguridad golpean a niveles nunca antes vistos. Ecuador enfrenta la mayor crisis de inseguridad con 1.180 muertes violentas hasta abril de 2022. La crisis carcelaria continúa sin ser atendida; el radar «antinarcos» de Manabí, mal instalado y al apuro; el asesinato de «Don Naza», que involucra a policías y militares en captación ilegal y lavado de activos; el hackeo al Sigmar, los ojos del control marítimo de la Marina…siguen siendo solo algunos ejemplos.

La administración de los servicios públicos es otra deuda de Lasso. El Registro Civil se declaró en emergencia por escasez de insumos básicos para cédulas y pasaportes. La falta de medicinas en hospitales se agudiza, aun cuando existen órdenes judiciales para abastecerlos. A lo largo del país se reportan unidades educativas y carreteras en mal estado o definitivamente abandonas. Sin embargo, el presidente sigue con su discurso de reducción fiscal.

Los números de aceptación a su gestión están a la baja. Y no es para menos. Su negativa a la equiparación salarial docente de la LOEI lo puso en contra de los educadores. Con el veto al proyecto de Ley del aborto y la represión del 8M, perdió a las feministas. Incluso su «voto duro», sectores del anticorreísmo, dudan de su mandato tras el presunto pacto con la Revolución Ciudadana por el habeas corpus que permitió al exvicepresidente Jorge Glas salir de la cárcel.

Según Perfiles de Opinión, a finales de febrero, apenas el 26 % de ecuatorianos creen en el primer mandatario, mientras que a marzo de 2022, el 64 % calificó su gestión como mala y muy mala.

El 1 de mayo, Lasso enfrentará una Gran Marcha desde distintos sectores que claman su salida del poder. En un medio argentino, el analista César Verduga señaló que la inestabilidad política del régimen de Lasso recuerda las épocas de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez en el poder.

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«Los maestro jubilados y toda la ciudadanía estamos hartos de corrupción en todos los niveles: en el Ejecutivo, en el Legislativo, en las Fuerzas Armadas”, dijo Yánez.

En una entrevista con Radio La Calle aseguró que debido al miedo a la represión existente se ha dejado de lado la lucha social, pues es más probable la Policía Nacional acuda a frenar una marcha, que a un pedido de auxilio.

“El 1 de Mayo se vuelve un hito para que los honestos de nuestra Patria les digamos que estamos hartos de esa corrupción (…) Es hora de que tengamos una sociedad mejor”, expresó.

Entre las razones por las que se tiene prevista la realización de la Gran marcha convocada para este 1 de mayo, está el pago del incentivo jubilar para los maestros jubilados, quienes desde el 2008 están a la espera de poder recibirlo.

Según Yánez, el pago ascendería a USD 800 millones para 17 mil maestros jubilados que se encuentran a la espera y para 3 mil maestros más que este año se unirán a ese grupo.

“Desde el 2008 hasta el 2010, hay 400 maestros jubilados en espera de este pago. La Subsecretaría de Finanzas nos dice que el acuerdo ya se terminó y que hay que hacer otro. No existe la voluntad política de cumplir”, indicó.

“Es momento de comprender que la única salida es la unidad de todos los sectores  sociales (…) Hayan votado por quien hayan votado, lastimosamente engañados por la propaganda, hoy es momento de unirnos para enfrentar a este gobierno neoliberal, banquero”, señaló Yánez.

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