Según Calixto, existe preocupación por la actitud del juez de primera instancia del caso, que ordenó el arresto domiciliario a Carrera. Argumentó que esto se debe al aparente incumplimiento de los parámetros establecidos por la ley, por la Corte Constitucional y la Corte Nacional, en relación «a la privación de la libertad de un hombre de 85 años».

Explicó que los jueces y los fiscales están cumpliendo una agenda de orden político. Pues mencionó que políticos intentan relacionar a Carrera y, su cuñado, Guillermo Lasso, a través de «una novela mediática«. En su intervención sostuvo que no existen indicios, ni pruebas en contra de su defendido, en el caso investigado por Fiscalía.

El jurista recalcó que Rubén Cherres, uno de los mejores amigos de Danilo Carrera, habría tomado su nombre para «hacer cosas no muy apegadas a la ley». Insistió en que los audios en los que se escucha la voz del fallecido Cherres, hablando de Carrera, son una mentira, pues «no existen audios que su puedan atribuir a su cliente». Añadió que Carrera tampoco está ligado al asesinato de Rubén Cherres.

«Si llegamos a Danilo, llegamos a Lasso»

Calixto sostiene que la investigación presentada por La Posta es «una ficción». Explicó que según las investigaciones de Fiscalía existe un vídeo, en el que se aprecia a uno de los periodistas de dicho medio digital ingresar a reuniones en el domicilio de uno de los procesados.

En dichas reuniones se habló de «financiamiento para atacar a Danilo Carrera; que hay todo un movimiento dirigido a denostarlo (…) Existe una frase importante que dice: ‘si llegamos a Danilo, llegamos al presidente'».

Agregó que: «lo que se intentaba era desprestigiarlo, decir que Carrera tenía un a gran influencia en el gobierno; pero realmente el objetivo no era Carrera, era Guillermo Lasso. Son vídeos de una persona que se estaba beneficiando de un financiamiento de personas que sí estaban dedicadas a manipular contratos con empresas públicas«.

Acerca de la visa de Danilo Carrera

Calixto reveló que a Danilo Carrera nunca se le retiró la visa, razón por la que su cliente se ha mantenido en constantes viajes al exterior, incluido Estados Unidos. «A sus 85 años, se ha montado una campaña de desprestigio, afirmaron que a Danilo se le retiro su visa y que era amigo de Cherres«, manifestó.

Finalmente, señaló que Danilo Carrera siempre se presentó a todas las reuniones que fue convocado por Fiscalía. Mencionó que desde enero hasta la presente fecha, su cliente ha realizado cinco viajes. Afirmó que Carrera siempre mantuvo informada a Fiscalía respecto de sus movimientos.

«Si el hubiera querido evadir a la justicia, en cualquiera de esos viajes pudo quedarse en un país del extranjero«, concluyó.

JR

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Los mencionados figuran entre los ocho investigados por delitos relacionados con la delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó hace unos días medidas judiciales para los implicados en la supuesta trama de corrupción denominada «El Gran Padrino».

Según el abogado de Carrera, Calixto Vallejo, la solicitud de detención hecha por la Fiscalía carece de fundamento. «Ninguno de los indicios presentados por la Fiscalía tiene validez», reza el comunicado.

Además, señaló que la FGE tergiversó algunas pruebas, entre ellas: supuestos correos electrónicos que demostrarían su participación en otorgar contratos.

«Lo que la Fiscalía omite es que esos mensajes no provienen de la cuenta de Carrera, sino que fueron encontrados en el allanamiento del domicilio de un tercero», detallada el documento.

La entrada Revés en el caso Encuentro: Juez admite apelación a medidas cautelares impuestas a Carrera y Luque se publicó primero en La Calle.

La investigación, que ahora se encuentra en un período de 90 días de instrucción fiscal, revela la presunta manipulación de compras públicas y contratación de personal en diversas entidades estatales.

Danilo Carrera, quien ya enfrenta arresto domiciliario por su presunta participación en el caso, se habría valido de su cercanía con el entonces presidente Lasso para consolidar su influencia en organismos públicos clave, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el Servicio de Aduanas. (Senae) y BanEcuador.

Correos extraños con la Vicepresidencia

Según reporta Primicias, la Fiscalía ahora apunta hacia la Vicepresidencia de la República, dirigida por su extitular Alfredo Borrero. Entre los 28 elementos de convicción presentados, destaca la materialización de correos electrónicos que sugiere un intento de Carrera de influir en decisiones estratégicas de la Vicepresidencia.

En uno de los correos revelados, Humberto B., presunto intermediario, propone a Carrera la instalación de plantas potabilizadoras de agua, describiendo la tecnología como un «proyecto ganador». Los documentos presentados por la Fiscalía indican que esta negociación también involucra a la Vicepresidencia, liderada por Borrero.

El medio reseña que Humberto B., representante de la empresa Kargip Enterprises con sede en Miami, habría enviado propuestas económicas y técnicas a Borrero, según consta en correos electrónicos revisados ​​por la Fiscalía. La empresa, registrada como una Limited Liability Company (LLC), se constituyó en Florida en 2015 y sigue activa.

En respuesta a estas acusaciones, el abogado de Carrera, Calixto Vallejo, afirma que Borrero recibió a Humberto B., pero la reunión fue archivada porque el Vicepresidente no mostró interés en el producto. Hasta el momento, Borrero no ha comentado sobre estas revelaciones.

El caso Encuentro continúa destapando presuntas conexiones corruptas que involucran a altos funcionarios del anterior gobierno, arrojando luz sobre la urgencia de reformas en la gestión pública para garantizar la transparencia y la integridad institucional.

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La Fiscalía General del Estado informó que el «juez (Renán Andrade) -tras conocer la causa- resolvió cambiar la fecha prevista anteriormente por pedido de la institución de control», publicó en su cuenta de X. Un día antes (13/11/2023), tanto la Fiscalía como el juez se acusaron de dilatar el proceso al postergar con sus acciones la audiencia. No obstante, después de dos intentos -finalmente- se pusieron de acuerdo.

La audiencia se instalará dentro de 10 días a las 08:25 en la sala de audiencias 208 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

“Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento”, reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que “se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía”.

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señaló que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién el lunes 13 de noviembre, conoció el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, adujo que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional reagendó la audiencia y por tercera ocasión se convocó a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023, fecha ya cancelada.

“Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía“, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Cámara de Comercio de Quito

La entrada Caso Encuentro: Por tercera ocasión se cambia la audiencia de formulación de cargos se publicó primero en La Calle.

Los ocho sospechosos por delincuencia organizada en la presunta red criminal conocida como caso Encuentro serán acusados ya cuando Guillermo Lasso esté fuera del poder.

La Fiscalía expresó su rechazo a la decisión del juez Renán Andrade de reprogramar la audiencia para mediados de diciembre. En contraste, la justicia argumentó que han sido las acciones de Fiscalía las que han postergado el proceso.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

«Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento», reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que «se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía».

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señala que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién hoy, lunes 13 de noviembre, conoce el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, aduce que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional se debe reagendar la audiencia y por tercera ocasión se convoca a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023 desde las 09:00 hasta las 16:00 en la sala de audiencias 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

«Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía«, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Fedenador

La entrada Se posterga un mes la audiencia de formulación de cargos contra Danilo Carrera se publicó primero en La Calle.

La tarde de este martes 31 de octubre a las 14:30 estaba previsto que se acuse a Carrera y compañía por su supuesta participación dentro del caso Encuentro. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para el 16 de noviembre a las 14:00.

¿Por qué? El juez Renán Andrade señaló que se dio paso a cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe, reporta Teleamazonas. Adicionalmente, el magistrado precisó que esta será la «única vez» que se acepte este tipo de recurso.

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes. En palabras sencillas, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

La entrada Caso Encuentro: Se suspende audiencia de formulación de cargos contra Carrera se publicó primero en La Calle.

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes. En palabras sencillas, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus «influencias» en las contrataciones.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal «acordaba» con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para «ubicar» a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

La entrada Caso Encuentro: Hoy se formularán cargos contra Danilo Carrera, cuñado de Lasso se publicó primero en La Calle.

El impulso fiscal también apunta a que se acuse a Hernán Luque Lecaro, exgerente de Empresa Coordinadora de Empresas Pública (EMCO), y cinco personas más por la presunta red criminal inicialmente conocida como «El Gran Padrino», investigación de La Posta.

»Soy inocente»

El 1 de octubre, Carrera señaló que todas las acusaciones en su contra son falsas y que durante varios meses ”ha soportado” la campaña difamatoria.

Según él, esta denuncia solo pretende dañar la imagen del gobierno y responsabilizarlo del control de ”un sinfín” de empresas públicas que ”ni conoce, ni quiere conocer”. Recalcó que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba, ni se podrá presentar. Sin embargo,

”Qué manera de hacer el ridículo (…) a mis 85 años sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias”, dijo en un video difundido en redes sociales. También agradeció el apoyo de amigos y varios deportistas.

#POLÍTICA | ¡Recién asoma! Después de ocho meses de silencio, Danilo Carrera sale a defenderse y asegura su inocencia en el Caso Gran Padrino, que expuso el presunto entramado de corrupción en el gobierno de Lasso.

¿Qué ha sido de él en este tiempo? https://t.co/ErFXGENrSM pic.twitter.com/TsUIXADc7i

— Radio La Calle (@radiolacalle) October 1, 2023

El »Gran Padrino»

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El supuesto entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada “El Gran Padrino”, expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico.

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Carrera salió de su madriguera después de ocho meses de publicada la investigación del Caso Gran Padrino que expuso el presunto entramado de corrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Las declaraciones las hace en medio de las polémicas acusaciones del exministro Patricio Carrillo y el teniente de Policía Rodney Rengel.

Según él, esta acusación pretende dañar la imagen del gobierno y responsabilizarlo del control de »un sinfín» de empresas públicas que »ni conoce, ni quiere conocer». Recalcó que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba, ni se podrá presentar. Sin embargo,

»Qué manera de hacer el ridículo (…) a mis 85 años sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias», dijo en un video difundido en redes sociales. También agradeció el apoyo de amigos y varios deportistas.

El cuñado intocable

Días atrás Carrera apareció en el festejo de la selección ecuatoriana por el triunfo ante Mónaco en la serie de la Copa Davis. La selección de tenis viajó al continente europeo para participar en la Copa Davis.

Según el periodista Andersson Boscán, el 10 de septiembre Carrera salió del país para emprender un viaje a Europa. Sin embargo, su partida ocurrió en medio de un proceso de investigaciones por delitos de cohecho y delincuencia organizada en el Caso Gran Padrino.

La aparición de Carrera con el equipo de tenis confirmó su salida del país. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pues se supone que el pasaporte del sospechoso fue confiscado.

Actualmente, el cuñado del mandatario es presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y miembro de la Comisión Seniors de la Federación Internacional de Tenis y la Confederación Sudamericana de Tenis. (AGM).

La entrada Caso Gran Padrino: Cuñado de Lasso rompe el silencio después de ocho meses se publicó primero en La Calle.

La selección de tenis del Ecuador viajó al continente europeo para participar en la Copa Davis. Según el periodista Andersson Boscán, el 10 de septiembre Carrera salió del país para emprender un viaje a Europa. Sin embargo, su partida ocurrió en medio de un proceso de investigaciones por delitos de cohecho y delincuencia organizada en el caso »Gran Padrino».

La aparición de Carrera con el equipo de tenis confirma su salida del país. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pues se supone que el pasaporte de Carrera fue confiscado.

Actualmente, el cuñado del mandatario es presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y miembro de la Comisión Seniors de la Federación Internacional de Tenis y la Confederación Sudamericana de Tenis. (AGM).

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En el documento firmado el 22 de junio, indica que, supuestamente, actuará con firmeza y actuará de acuerdo a los parámetros institucionales. Ahora sí, sostienen que la participación de la sociedad civil es indispensable para combatir estos problemas.

Además, en el artículo 7 del informe menciona que serán los propios miembros del Cosepe quienes velarán para que todos los reglamentos y las disposiciones se cumplan. Sin embargo, salta la duda ¿Quién estuvo vigilante a los procesos que se llevaron a cabo durante el gobierno del primer mandatario?

Lasso asumió el poder en 2021 y desde aquel entonces su gabinete se ha visto involucrado en una serie de corrupción. Desde ministros involucrados en supuestos casos cohecho, hasta el propio presidente con el caso Ina Papers y el último El Gran Padrino, que lo llevaría a juicio político.

Como que hay algunos hilos sueltos…

Un medio digital reveló una supuesta red de corrupción liderada por el cuñado del presidente, Danilo Carrera y su mano derecha, Ruben Chérres. La trama involucraría a las 13 empresas del sector público y la participación la mafia albanesa.

En el marco de esta investigación, Lasso decretó la muerte cruzada, el pasado 17 de mayo de 2023, con esto, el Ejecutivo y el Legislativo se disolvieron. Además, firmó el decreto a días antes de que el Pleno decidiera si aprueba o no el juicio en su contra.

León de Troya

La investigación denominada León de Troya detallaba que supuestamente Lasso tenía conocimiento de la participación de la mafia albanesa en Ecuador. Además, el propio Villavicencio reafirmó esta teoría.

También, unos audios difundidos exponen conversaciones entre los exgenerales de policía, Geovanny Ponce y Mauro Vargas con la excomandante Tannya Varela.  En la conversación se habla sobre la investigación policial León de Troya, la mafia albanesa y la cercanía de su cuñado, Danilo Carrera.

El material develó que los implicados «recomendaron» que se archive esa investigación para «no afectar la honra del jefe de Estado».

Caso Danubio

La Fiscalía General del Estado (FGE) se tomó un año para dar una «sanción» a los implicados en el caso. Sin embargo, en esta trama solo hubo un sentenciado que fue el ingeniero Víctor Limones, quien se declaró culpable.

El sujeto fue sentenciado a un año de prisión por asociación ilícita. La sentencia reducida fue dictada por la jueza Nelly Parrales luego de que Limones se sometiera a un procedimiento abreviado. (N.J.C)

Según la investigación, los implicados mencionan a cuatro personas allegadas a Lasso: su cuñado Carrera; el exconsejero Juan José Pons; el exasambleísta Guido Chiriboga; y, el exsecretario Iván Correa.

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Hasta el viernes 19 de mayo, Lasso indicó -a The Washington Post- que no se lanzará como candidato para el proceso electoral. Sin embargo, en su viaje a Brasil por la Cumbre de los Países de América del Sur indicó que conversará con CREO para tomar una decisión.

Según él, la «lucha por la democracia» la evidenció en sus dos años de gobierno y lo ha demostrado con los resultados de su plan de trabajo. Añadió que no fuese correcto que él inicie una campaña, mientras el país lo necesita y requiere de acciones inmediatas.

«Aunque les cueste a muchos, mi Gobierno hizo grandes obras en el periodo que estuve y no nos detendremos, lucharemos por cumplir todo», dijo.

El presidente con menos aceptación

Una encuesta de perfiles de Opinión determinaron que menos del 14 % aprueba la gestión de Lasso durante los dos años que gobernó. Según la encuestadora, es el récord más bajo en el último año.

La encuesta, que tiene un 95 % de confianza reveló que el 51,98 entrevistados consideran que su gestión fue «mala». Mientras que el 32,38 la califica como «muy mala«.

La gota que derramó el vaso

El medio digital La Posta reveló una presunta red de corrupción en el sector de las empresas públicas que estaría supuestamente liderado por el cuñado del mandatario, Danilo Carrera.

“El Gran Padrino”, como denominaron a la investigación, expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Chérrez, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico. (N.J.C)

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La fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión Legislativa de Transparencia y Control Social para informar sobre el proceso de detención de Rubén Cherres y su homicidio. A la sesión también fueron convocados el ministro del Interior, Juan Zapata; y el Comandante de la Policía, Fausto Salinas, pero se excusaron.

En su intervención, Salazar indicó que el asesinato de Cherres será investigado a parte del caso Encuentro y el de León de Troya, bajo la causal de crimen organizado. Además, manifestó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, no ha presentado ninguna denuncia al respecto.

En lo que concierne al caso Encuentro, más conocido como «El Gran Padrino» señaló que «van por buen camino» y que han encontrado elementos para sostener una acusación, pero no precisó contra quien.

La Policía en el caso Cherres

Salazar agregó que la Policía era la responsable de dar con el paradero de Rubén Cherres, ya que es la institución encargada de localizar y capturar al sospechoso de los presuntos entramados de corrupción en el Gobierno de Guillermo Lasso.

De igual manera, dijo que la investigación se traspasó a Quito para que sea tratada por especialistas en casos de delincuencia organizada transnacional. Recalcó que la atribución de la Fiscalía se relaciona con casos de investigación, más no de operaciones de inteligencia. (A.G.M).

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La sesión está convocada para el 4 de abril a las 08h30 en la Asamblea Nacional. La finalidad del encuentro es que las autoridades informen sobre la orden de detención que pesaba sobre Cherres, quien era el principal sospechoso del caso »El Gran Padrino».

Asesinato de Cherres

El 31 de marzo la Policía Nacional confirmó el asesinato de Rubén Cherres en Punta Blanca, Santa Elena. Cherres era el operador de Danilo Carrera, presunto líder de la estructura criminal «El Gran Padrino» y cuñado del presidente Guillermo Lasso.

Las otras tres víctimas son dos hombres y una mujer. Uno de ellos fue identificado como Juan Ángel Perero que elaboraba como guardia de seguridad.

Según los uniformados, las cuatro víctimas presentaban signos de tortura y fueron encontrados maniatados en dos viviendas del lugar. (A.G.M).

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Rubén Cherres Faggioni (64 años), César Amador (67 años) y Joseline Rivadeneira (30 años) fue la última persona en identificarse por la Policía. Era la pareja sentimental de Cherres. Los cuerpos aparecieron maniatados, boca abajo en el suelo del inmueble y con golpes y las heridas de bala que les causaron la muerte.

Por el momento se sabe que Cherres arrendó una casa en Punta Blanca desde enero de 2023 hasta el 30 de marzo, aunque decidió quedarse una noche más, lo que le costó la vida. Al guardia se lo encontró en un pequeño departamento maniatado con cinta de embalaje en el rostro.

¿Qué pasó?

Juan Perero trabajaba como guardia en esa casa durante una década. En la tarde del 30 de marzo se encontraba en Libertador Bolívar porque ya no había inquilinos en el inmueble, sin embargo, recibió una llamada para que regrese ya que los arrendatarios decidieron regresar al lugar.

Su esposa relata que lo llamó a las 20:00 del 30 de marzo y que le contestó diciendo que esperaba a que lleguen Cherres y sus acompañantes, a las 23:00 ya no contestó, por lo que los agentes ha deducido que el asesinato se produjo en ese período de tiempo.

En el lugar del hecho existen casa vecinas que también son de uso vacacional y tienen guardias, estos aseguran no haber escuchado disparos durante la noche. Habían visto a los inquilinos muy pocas veces y desconocían que tenían líos con la justicia.

«Más salían a la playa los fines de semana, por lo general venían unos cuantos días y luego se regresaban a Guayaquil. Eso sí llegaban en carros de lujo, pero por aquí los dueños de las casas tienen también ese tipo de carros, a nadie le pareció extraño», relató para diario Expreso uno de los cuidadores.

Desde el 21 de enero, la Fiscalía presentó una orden de captura contra Cherres, por lo que la capacidad de moverse entre Guayaquil y Santa Elena como asegura el guardia, será otra de las interrogantes por investigar.

El fiscal a cargo de la investigación, John Tipantasi ya ordenó levantar todos los indicios posibles en la casa que permitan develar a los posibles perpetradores, entre esos están los celulares de los muertos y otros documentos. Los asesinos destruyeron las cámaras de vigilancia de la casa. La Policía examina las cámaras de las calles y casas cercanas para encontrar indicios. (MIB)

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La exsecretaria de Lasso indicó que este mecanismo no es un intento de desestabilización, sino una posibilidad dentro de las facultades de la Asamblea.

Afirmó que este proceso es pertinente por las «supuestas pruebas» que salieron contra Lasso. Si bien es cierto, en este proceso no se le considera como actor principal, se le otorga un grado de responsabilidad por la omisión frente a todos estos casos.

«Es momento porque hay sospechas sobre actos de corrupción que vinculan a las empresas públicas que estaban a cargo del mandatario y hay indicios de los posibles vínculos con el crimen organizado», refirió para FM Mundo.

Montaño indicó que el juicio político es una alternativa que permitirá continuar con un plan de Gobierno y conciliar a las diversas fuerzas políticas.

También, mencionó que -ante una Asamblea desprestigiada, un presidente que perdió su credibilidad y un Gobierno arrinconado- el juicio político es la vía para que otro estallido social no fulmine al país.

«Mi angustia es la interpretación de un pueblo que se siente solo, abandonado, indefenso y angustiado porque enfrenta un rol de supervivencia», comentó.

Ya no tiene oxígeno

La exministra precisó que al gabinete ya no le alcanza el oxígeno que le «regalan». Reiteró que el declive del mandato de Lasso se debe a su pésima capacidad de gestión y su insensibilidad ante los problemas básicos de Ecuador.

«Perdió la conexión y la focalización. Se extravió en el camino y la oportunidad de liderar un proceso de unidad en el país», mencionó.

El Gobierno pidió su salida

El Ejecutivo informó el 14 de septiembre de 2022 la desvinculación de Montaño de la cartera de Estado.

«El Gobierno del Encuentro agradece a Mae Montaño por sus valiosos y leales servicios, así como por la intachable labor desempeñada durante su gestión en esta cartera de Estado al impulsar proyectos de alto impacto como Ecuador sin hambre», dice el comunicado.

Sin embargo, la exfuncionaria señaló que la noticia le llegó de sorpresa, pues el execretario General de la Administración, Iván Correa le comentó que necesitan «rescatar el MIES para sí» y le solicitó la renuncia.

Montaño añadió que Correa comentó que notaron cierto «personalismo» en su figura estando a la cabeza del MIES. (N.J.C)

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La Dirección Nacional de Asuntos Internos sostuvo que no puede iniciar el proceso debido a que los generales ya no pertenecen a la institución policial. Sin embargo, la denuncia se realizó antes de la salida de los uniformados de alto rango.

«Al no cumplirse con uno de los requisitos (servidores activos), impide que el Departamento admita a trámite de sumario administrativo los hechos», reza el comunicado.

Según la entidad, bajo esta justificación y conforme a la que le dicta le ley dispuso el archivo del expediente.

Además, el abogado del coronel Wilson Torres, Alberto Montengro, publicó la denuncia que interpuso contra el comandante general Fausto Salinas por no iniciar con el procedimiento contra los exgenerales.

Al parecer, esta solicitud fue enviada por el propio Salinas a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que inicie su investigación.

«Hay que estar pendientes no vaya a ser que también la indmitan -porque sí-«, expresó a través de cuenta de Twitter.

Lo intentaron callar

Torres enfrenta una sanción por hacer pública su denuncia sobre la presunta corrupción y la falta de recursos al interior de la institución. La respuesta, procesos administrativos en su contra.

Procesos administrativos, traspasos de una zona a otra y, finalmente, sanciones. En agosto de 2022, el coronel Wilson Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres, detalla Radio Pichincha.

Se fueron antes de ser juzgados

Los exgenerales presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo, por lo que, al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía, indicó el abogado Marcelo Dueñas.

También, aclaró que aunque los exuniformados hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.

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Jurado comentó, en entrevista para Radio La Calle, que los errores que cometieron los legisladores son de «forma», por lo tanto, son cosas que pueden ser subsanadas. Además, reiteró que esta decisión la refuerzan los 58 asambleístas que piden esto.

«La CC no tiene la responsabilidad de fijarse en los errores de forma, esta hubiese continuado con el proceso. No había problema en el tratamiento», mencionó.

Según el jurista, los grandes medios de comunicación y los operadores del Gobierno consideraron que este error podría ser un sustento para «echar abajo al juicio político».

«Si bajamos el codo a través del aparato mediático y los operados del Gobierno habremos perdido», indicó.

También indicó que algunos «voceros del Gobierno» pretenden imponer las reglas judiciales sobre las legislativas frente al tiempo que tienen para entregar el documento. Jurado especificó que en las normas de la Asamblea no se establecen tiempos fijos.

«Es el CAL o el Pleno el que tiene la decisión en las etapas legislativas. En ese plazo nunca mencionan que ya el informe se despacha o se rechaza», apuntó.

El trabajo de la Corte Constitucional

Jurado explicó que la CC tiene el deber de verificar tres cosas en la solitud de juicio político:

• La constatación de firmas. Es decir, que se haya cumplido con el número necesario;
• singularizar la infracción. Cuáles son las acusaciones a las que se evocan. En este sentido, serían dos: concusión y peculado por directa o indirecta acción; y,
• la relación lógica de la conducta de Lasso con los delitos que se le acusan.

En este último punto, los legisladores debieron especificar los hechos. El mandatario publicó el decreto ejecutivo el 18 de agosto en el que ponía en manos de un solo organismo el control de las empresas públicas que es EMCO.

«Aquí el primer enlace, Lasso violó la ley al emitir un decreto que la reformaba. Ningún decreto puede modificar la ley», dijo.

Después, nombra a Hernán Luque como el presidente de EMCO, a través de otro decreto. «Es decir, todo el control se puso en manos de una persona que no era ajena al presidente. Luque formó parte del Banco de Guayaquil por más de 23 años», refirió.

Tercero, en 23 febrero de 2022, el jefe de Estado y Luque se reunió por más de 40 veces durante toda su gestión. Además, recalcó que el exgerente de Flopec EP, Johnny Estupiñán ya había advertido a Lasso las irregularidades de Luque en la gestión y decidió no prestarle atención.

«Lasso debe conocer la comisión de delito y entender que desde su puesto tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley», refirió.

¿Pero, qué es un juicio político?

Jurado explicó que un juicio político no es un juicio convencional, es decir, no es un juicio penal o civil. En este procesos se realiza un acto de fiscalización en el que se rechaza la actitud del gobernante porque incumplió su labor o tuvo acciones de omisión.

«En este caso, hay unas conductas que indican que el mandatario colobaró en los delitos que se le acusa, que son concusión peculado y es la materia central de la solicitud», puntualizó. (N.J.C)

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“No hacer nada sería ser cómplices y eso al menos no lo vamos a hacer nosotros”, dijo en entrevista para Radio La Calle.

Por otro lado, Torres aclaró que no firmó la petición para este juicio porque forma parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que analizará esta solicitud. Sin embargo, dijo que después de la sesión enviaría un oficio para adherirse al pedido de juicio político contra el presidente Lasso.

Torres afirmó que el documento cumple con todos los requisitos para que pase el filtro jurídico. No obstante, resaltó que la Corte Constitucional tomará una decisión política respecto al tema. En este caso se necesitarían seis de nueve votos tanto para que se apruebe o no esta petición.

¿Muerte cruzada?

El parlamentario ratificó la necesidad de que el presidente se vaya del cargo por los presuntos entramados de corrupción en los que está enredado su Gobierno. En este sentido, señaló que Hernán Luque, principal sospechoso del caso “El Gran Padrino”, tiene registrados varios ingresos al despacho presidencial.

La salida del juicio político sería la más razonable por la presunta omisión del Gobierno ante los casos de corrupción. No obstante, Torres es “realista” ante el tema y cree que puede existir una caída de votos a la hora de la verdad, aún así espera estar equivocado.

Pese a que el escenario es complicado, la muerte cruzada no sería una opción ya que no tiene cabida. El legislador califica a esta opción como la menos inteligente ya que no hay causales para que el presidente Lasso emita este decreto. En este caso manifestó que podría repetirse la historia de Perú, en donde el expresidente Castillo intentó disolver el Congreso y terminó saliendo del cargo.

Además de que la Asamblea desconocería este decreto por falta de argumentos, piensa que existiría una fractura social en el país y una discusión jurídica muy amplia. Por otro lado, el Gobierno rompería el bloque de 25 personas que tiene en el Legislativo. “En el poder lo más importante no es llegar sino salir bien”, resaltó. (A.G.M).

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Según la dirigente, Marcela Arellano, esta movilización tiene tres frentes: lucha contra la corrupción, defensa del IESS y la defensa de los trabajadores. También, demandaron a la Asamblea Nacional que informe sobre el proyecto del Código Orgánico de Trabajadores entregado hace más de un año.

«Es necesario consolidar un proceso que demande la eliminación de la brecha de empleo y disparidades en el mundo de los trabajadores», señaló.

Arellano comentó que es necesario que el Gobierno dé «un paso al costado». Aseguró que el país se encuentra estancado por la falta de «efectividad» del presidente.

«No ha sido capaz de resolver el aparato de la producción, seguridad, ingreso de nuevas inversiones y la lucha contra la corrupción», afirmó.

UNE se pronuncia

De la misma manera, la presidenta de la Unidad Nacional de Educadores (UNE), Isabel Vargas, rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, de haber llamado «fábula» al informe de la Comisión el «Gran Padrino».

«Eso se llama corrupción y está comprobado. Eso se refleja en la falta de medicinas y no permite la que haya inversión social ni trabajo. Además, obliga, por segunda ocasión, a que los ecuatorianos migren y en este transcurso encuentren la muerte», apuntó.

El pasado 1 de marzo, el ministro calificó de «mamotreto sin pies ni cabeza» y «un hazmerreír» el informe borrador que elaboró la Comisión Ocasional que investiga «El Gran Padrino».

Según el funcionario, las imputaciones que recomiendan en el documento carecen de validez y vinculación con el presidente Guillermo Lasso.

Otras movilizaciones

A partir del 1 de marzo las organizaciones que conforman el Frente Popular han realizado plantones y mitines a nivel nacional, como acciones previas a la gran movilización del 8 de marzo en las diferentes ciudades del país. Su exigencia es la renuncia inmediata del presidente de la República, Guillermo Lasso.

“Un Gobierno que está vinculado de manera directa a la corrupción y al narcotráfico no puede seguir al frente del país”, dijo el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo.

Para la cabeza del Frente, Lasso no ha respondido a las necesidades de los trabajadores y los pueblos por lo que exigen su salida definitiva del Gobierno. De igual manera, hizo un llamado a los movimientos indígenas como la Conaie, Fenocin y Feine para unir esfuerzos en las plazas y calles. (N.J.C)

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