«Esta reforma recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su nefasta antecesora, la LOC, aprobada en 2013. Está plagada de vulneraciones al derecho inalienable deo ser humano a la libertad de expresión y de opinión. Por tanto, es una inconstitucional regresión en derechos», dice parte del documento.

Agregan que denunciarán ante las relatorías de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lo que califican como «un nuevo atentado a la libertad de expresión y de prensa».

Los firmantes de la carta recuerdan al presidente Lasso «el compromiso de su Gobierno para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de ataduras y amenazas».

El pasado 21 de julio, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de minoría sobre la Ley de Comunicación, lo que dejó de lado el informe de mayoría presentado por el presidente. El Ejecutivo informó que vetará de forma total lo aprobado por el Legislativo. MIB

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La víspera, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Loja, y otras ciudades del Ecuador fueron los escenarios para exigir al gobierno el cumplimiento de los derechos laborales.

La Gran Marcha contó con la presencia de sectores sociales y sindicales de todo el país.

Entre ellos estuvo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Central, Trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social (IESS), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), movimientos feministas y trans, además del Frente Obrero Nacional.

Así también, médicos, estudiantes, artistas, servidores públicos despedidos y familias enteras se dieron cita a la marcha. El descontento de la ciudadanía frente a la gestión del Gobierno en estos 11 meses fue evidente.

Consignas como «Fuera Lasso, fuera», «Abajo las políticas neoliberales», «Las calles son del pueblo«, «Lasso escucha, el pueblo está en la lucha» y «Guarderas y Lasso, los dos son un fracaso», acompañaron a la movilización.

Los pedidos

El cumplimiento de los derechos laborales, mayor seguridad para el país, no a la privatización de los recursos públicos, presupuesto para la salud y educación, equiparación salarial para los maestros, estaban entre las demandas de los manifestantes.

Temas como el pago de pensiones jubilares, subsidio para los combustibles, entre muchas otras; fueron los pedidos que las y los ecuatorianos salieron a exigir a las calles.

La marcha fue masiva y pacífica, no se presentaron mayores altercados en el país.

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El alcalde Santiago Guarderas se reunió con los representantes del taxismo en Quito este jueves 24 de marzo. En el tema del Pico y Placa, el alcalde resolvió que dentro de ese análisis, el secretario de Movilidad deberá presentar un informe de avance de reforma en materia legislativa hasta el 31 de marzo.

Además de ello, el alcalde Guarderas notificó que se pidió una consulta formal a la Procuraduría General del Estado para esclarecer competencias legales del Municipio de Quito respecto a las plataformas digitales de servicio de transporte.

Sumado al pedido de consulta, frente a este vacío legal , se dispusieron operativos de control vehicular. Esto incluye a particulares que presten este servicio informal a través de esas aplicaciones. También se realizarán este y otros operativos de manera constante.

Secretario de Movilidad asegura que la marcha de taxistas no tiene justificación

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), estos incluirían informes de inteligencia, denuncias y actuaciòn en rutas críticas, entre otras variables de alertas. Los operativos se desarrollarían todos los días, de manera rotativa e itinerante. Mientras, la Alcaldía analiza la circulación de taxis en horario de Pico y placa.

Alcaldía y gremios de taxis acuerdan terminar movilizaciones

Con esto, los plantones realizados por gremios del taxismo en Quito, se terminaron de acuerdo al alcalde. «Han suspendido, de manera definitiva, los plantones y vamos a seguir en el camino que siempre hemos estado trabajando, a través del diálogo», dijo en rueda de prensa.

Se prevé que la próxima semana el Procurador Metropolitano se reúna con dirigentes de los gremios para conocer el avance del caso. Así, las autoridades municipales mantendrán mesas técnicas de trabajo permanentes con el taxismo para resolver temas pendientes desde 2017, según comunicó el municipio.

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Quito 12 marzo de 2021(La Calle). – Los gremios de transportistas se reunirán en la sede de la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha el próximo 17 de marzo, con el fin de analizar el alza del precio de los combustibles, ocurrida en el Ecuador el pasado jueves, informó Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha.

El dirigente aseguró que todavía no ha considerado la posibilidad de que se convoque a un paro nacional debido a la situación que vive el país. «Las medidas que se tomen en la reunión serán consensuadas en un diálogo que beneficie a la ciudadanía», dijo en una entrevista con Radio La Calle.

Por otra parte, el dirigente denunció la falta de apoyo del Gobierno para concretar los subsidios que se establecieron en el año 2018. “No tenemos subsidio, vehículos exonerados ni algún tipo de compensación. El acuerdo que ayudaba a los transportistas ejecutado en 2018 ya no existe porque fue derogado”, comentó.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informó que “los gremios de transporte público, comercial, así como el sector exportador camaronero, atunero y otras pesquerías se beneficiarán directamente de las compensaciones por el ajuste de precios de venta de las gasolinas extra y extra con etanol (Ecopaís)”. Sin embargo, este beneficio no ha llegado a decir de los gremios.

Alza del combustible

Estas reacciones aparecen después de que Ecuador amaneciera el pasado miércoles con la noticia del aumento del combustible. Después de mantenerse por varios meses, el costo de la gasolina de extra y Ecopais subió siete centavos. El galón pasó de $1,75 a $1,83.

Se prevé que su costo estará vigente hasta el 10 de abril, según la Agencia de Regulación La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC).

En el caso del diésel se ha presentado una variación significativa desde junio de 2020. Hasta el miércoles su valor fue de $ 1,37, pero con el alza del combustible su valor es de $1,40.

La medida entró en vigor a partir del 11 de marzo en todas las gasolineras del país por disposición de la ARC.

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En compañía de gremios de salubristas, la Subcomisión de Salud respaldó las exigencias que los médicos del país presentaron al Gobierno. Estos trabajadores, quienes han enfrentado la pandemia del Covid-19, exigen un nuevo reglamento para la aplicación de la Ley Humanitaria. Para ellos el actual no respeta el espíritu inicial de la normativa ni les garantiza estabilidad laboral.

Los trabajadores de la salud continuarán con movilizaciones y plantones

Ismael Espinoza, representante de la Confederación de Trabajadores de la Salud, afirmó que continuarán con plantones, exigiendo el respeto a sus derechos. Además, afirmó que, si no se cumplen sus demandas, apoyarán procesos de juicio político contra los representantes del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. “Nos sentimos embaucados por el Gobierno. Con el reglamento actual deshicieron todo lo que está en la Ley Humanitaria”, sentenció el vocero de los médicos.

El presidente de la Comisión de Médicos Voluntarios del Ecuador, Carlos Ulfe, secundó las palabras de su colega. A criterio de Ulfe, si el Gobierno no cumple con los plazos y no garantiza un reglamento que respete lo estipulado en la Ley Humanitaria, demostrará que “no hay la voluntad de ayudar a los salubristas”.

Posición de la Subcomisión de Salud

Angel Sinmaleza, presidente de la Subcomisión de Salud, manifestó las resoluciones del ente legislativo. La subcomisión exige que, en un plazo de 48 horas, el ejecutivo reforme el reglamento para la aplicación de la Ley Humanitaria. Los legisladores también piden que se vuelva a contratar a los trabajadores de la salud desvinculados.

Si en ese lapso el Gobierno no cumple con las exigencias del ente legislativo, la Subcomisión de Salud presentará solicitudes de juicio político contra quienes hayan irrespetado los derechos de estabilidad laboral concedidos al personal de salud por medio de la Ley Humanitaria. (JEB).

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Los oficios señalan que las declaraciones emitidas por el titular de la salud son “desatinadas” e “irresponsables” hacia el personal médico de primera línea que falleció en el contexto de la pandemia. También exigen disculpas públicas y su renuncia a esta cartera de Estado. Además, en uno de los comunicados es declarado persona no grata.

Así mismo, las asociaciones médicas critican al Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el manejo de la pandemia al no dotar a sus trabajadores de Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados.

Los comunicados

“(El Colegio resuelve) Rechazar de manera enérgica y categórica las tendenciosas, infundadas y maliciosas aseveraciones realizadas por el Dr. Juan Carlos Zevallos (…) Exigir en el ámbito que corresponda al ministro compruebe técnica y científicamente esas aseveraciones”, indica el comunicado del Colegio de Médicos de Pichincha en su Twitter.

“Rechazamos dichas aseveraciones, en donde se acusa al personal de salud de “contagiarse socialmente. Además de llevar la infección al ámbito hospitalario” sin ningún sustento científico”, reza el oficio del Colegio Médico Provincial del Guayas.

“El Colegio de Médicos del Azuay rechaza estas declaraciones absurdas, incoherentes, irresponsables e inapropiadas de un médico y científico. Exigimos que presente las estadísticas de sus afirmaciones o las debidas disculpas”, publicó en su cuenta de Facebook el gremio azuayo.

https://www.facebook.com/ColegioMedicosAzuay/posts/3438829466211172

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