El hecho se da tras la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que dictó prisión preventiva contra Peter C. En la audiencia, la Corte aceptó el recurso de apelación y analizó los argumentos expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El dictamen se dio después de que el 28 de abril una jueza resolvió que el legislador debía presentarse dos veces por semana ante las autoridades, usar grillete electrónico y prohibición de salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

¿Dónde encontraron el artefacto?

La Policía Nacional encontró el artefacto en la avenida Morán Valverde-Simón Bolívar, en el sector sur de Quito. Asimismo, se notificó a Fiscalía para las acciones legales correspondientes.

El Centro de Monitoreo de Dispositivos de Vigilancia Electrónica emitió la alerta de retiro del dispositivo de vigilancia electrónica (DVE) del legislador. De manera inmediata, se activaron los protocolos de vigilancia y se generó una ficha policial para la búsqueda del implicado.

La detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes ”, dijo la institución en un tuit. (DCJ)

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El 17 de noviembre de 2021, el Ministerio Público emitió un oficio al juez penal. El documento detalló que dentro de la investigación contra Alvarado se encontraron elementos incriminatorios. Dado a que, señalaban su participación como posible autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Por ello, el fiscal del caso solicitó formular cargos en su contra.

Denuncia de la Fiscalía

El 17 de noviembre de 2021, el Ministerio Público emitió un oficio al juez penal. El documento detalló que dentro de la investigación contra Alvarado se encontraron elementos incriminatorios. Dado a que, señalaban su participación como posible autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente. Por ello, el fiscal del caso solicitó formular cargos en su contra

Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito está penado con uno a tres años de prisión. Debido a que, se configura cuando una persona incumple órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas impuestas por una autoridad.

Conforme a ello, el fiscal Martín Navarrete relató que, Fernando Alvarado comentó que decidió radicar en un país que le dio asilo. A pesar de que varios testigos señalan que los últimos años estuvo en Venezuela, junto a su hermano.

Navarrete presentó trece elementos de convicción. Entre ellos, informes del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Los escritos señalaron que el grillete colocado a Alvarado reportó 1.393 alertas, de las cuales 575 fueron eventos críticos. La decisión se adoptó durante la audiencia de formulación de cargos, este viernes 4 de febrero del 2022, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Por lo tanto, el juez Freire solicitó a la Policía proceder a la detención de Fernando Alvarado de forma inmediata. Además de la orden de prisión preventiva, abrió una instrucción fiscal de 90 días.

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Esto es parte de las medidas cautelares que Yunda debe cumplir dentro de la investigación por presunto peculado en la compra de pruebas Covid-19.

«En mi vida he recibido muchos galardones, muchos premios, medallas, preseas, pero esta es especial, esta significa haber salvado 50 mil vidas. En el proceso demostraremos toda nuestra inocencia. Gracias por el apoyo de todos», dijo el Alcalde durante la colocación del grillete.

Yunda agradeció el trabajo de la Secretaria Metropolitana de Salud de Quito, Ximena Abarca y Linda Guamán, asesora técnica para el procesamiento de pruebas Covid-19. «Saldremos de esta injusticia», aseguró.

El pasado 16 de febrero, la Fiscalía del Ecuador recomendó la prisión preventiva de Yunda y seis sospechosos de la compra de pruebas de COVID-19 para Quito.

El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Wladimir Jhayya dictó medidas substitutivas a la prisión preventiva: presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Las personas involucradas son: Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio de Quito; la coordinadora técnica Linda G., Daisy H., Paola C., Erik A., Marco R. y a Juan Alejandro V., como representante legal de la empresa Salum.

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