Los menores, de entre 11 y 15 años, habrían sido secuestrados el 8 de diciembre por individuos que vestían uniformes militares. Según testimonios, los niños salieron de sus hogares para jugar fútbol en el barrio Las Malvinas y no regresaron.

Luis Arroyo, padre de dos de los desaparecidos, denunció que pudo comunicarse con uno de sus hijos tras el incidente. Según la versión del adolescente, los secuestradores, presuntamente uniformados, los agredieron físicamente y los abandonaron en Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Posteriormente, la familia contactó a la Policía, pero no lograron localizar a los menores en el lugar señalado. Días después, recibieron una nueva llamada en la que se les recriminó haber involucrado a las autoridades. En esa ocasión, el interlocutor afirmó que “la mafia” tenía a los niños.

Pronunciamiento oficial

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, rechazó cualquier participación militar en la desaparición de los menores y aseguró que la institución colabora con las investigaciones. “No encubriremos ningún hecho y estamos comprometidos con el esclarecimiento del caso”, enfatizó.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, confirmó que la Fiscalía lidera la investigación bajo carácter reservado. La Policía ha recibido dos denuncias formales relacionadas con el caso: una por secuestro el 9 de diciembre y otra por desaparición involuntaria el 18 de diciembre.

Posiciones en conflicto

Loffredo también condenó las acusaciones que buscan vincular a las fuerzas del orden con grupos criminales, calificándolas como intentos de deslegitimar la lucha contra el crimen organizado. “Presentar este hecho como una desaparición forzada solo beneficia a las mafias y a quienes buscan generar caos”, sostuvo el funcionario.

El pronunciamiento ocurrió luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocara a Loffredo y a otras autoridades para comparecer el próximo lunes y rendir cuentas sobre el caso.

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