La periodista Elena Rodríguez Yánez reportó que las organizaciones criminales que manejan las ciudades de Durán, Guayaquil, Babahoyo y Esmeraldas, comenzaron sus amenazas contra varias instituciones educativas. Así lo refleja en un supuesto comunicado que uno de los grupos dejó en las afueras de un plantel.

“Para su protección, la de sus estudiantes y sus maestros, deben cancelar la suma de 30 dólares semanales por cada maestro y tres dólares por cada estudiante para contar con nuestro cuidado y protección”, dice el comunicado.

Y si no, ¿qué?

“En caso de resistirse a cancelar los valores de protección, nos veremos en la necesidad de explotar sus aulas, o asistir a su domicilio”, concluye el mensaje.

Las autoridades correspondientes aún no se han pronunciado sobre el reciente hecho de amenazas para identificar si es verdadero o no. Sin embargo, aquello no solo aviva la inseguridad que vive la ciudadanía.

No es un hecho reciente

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, admitió la grave situación meses atrás. “Hasta niños de las escuelas están pagando vacunas. Los extorsionadores los esperan afuera de las escuelas y colegios y les piden desde USD 1”, mencionó Viteri. Además las amenazas también llegaron a los directores de las instituciones.

El Gobierno del presidente Lasso habría dispuesto la implementación de patrulleros a la salida de cada centro educativo. Moradores de distintas zonas han denunciado el incumplimiento de estas medidas.

¿Y la solución?

Viteri mencionó que una solución es “armar a los inocentes y desarmar a los delincuentes”. Así le solicitó al presidente Lasso mediante un video. (J.P.C)

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Según un reporte de Latina.pe, el vecino país del sur es un gran proveedor de armas, municiones y explosivos para el crimen organizado internacional. En una redada en la zona de frontera, el pasado 20 de octubre, la Policía Nacional encontró diferente material bélico que ingresó desde Perú.

Sin control en frontera

El pasado 17 de enero, un informe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas indicaron que un arsenal de municiones buscaba pasar por la frontera en Huaquillas sin los permisos necesarios. 7.000 de las 10.000 eran calibre 5.56, un tipo que solamente pueden usar las fueras policiales o militares y no está al alcance de los civiles ni las armerías.

El exministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, explicó a Latina que ese calibre sirve para «fusiles de largo alcance de orígen israelí». Agrego que «ese armamento y esa munición tiene una altísima posibilidad de salir de las Fuerzas Armadas. Hace unos 5 años, cada cartucho costaba USD 1, hoy por hoy cuestan USD 10 en el mercado negro. Inteligencia debe conocer y prevenir la venta porque el tráfico de armas le da seguridad al narcotráfico».

Perú también proveería de explosivos, dinamita y bombas que pasa hasta la frontera entre Ecuador y Colombia como lo demuestra un operativo de febrero de 2022 en Tulcán. Se encontraron 798 cajas de explosivos.

Así mismo, muchas de estas armas llegan a Colombia para alimentar a las organizaciones criminales que tienen vínculos con carteles mexicanos del narcotráfico. (MIB)

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Ponce manifestó que existen grupos de poder internos en manos de delincuentes, pero lo grave sería el grado de participación que tienen las instituciones del Estado en los crímenes a manos de estos grupos.

Además, recalcó que la formación de los uniformados todavía está relacionada a la lógica de la Administración de Control de Drogas de EE.UU (DEA) y la Guerra Fría.  “En Ecuador la represión y la coerción de la Policía están ligadas al enemigo interno”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Cuestionar la formación de los policías

Sostuvo que el concepto patriarcal sigue teniendo una presencia muy fuerte en la formación de los aspirantes a policías. Él aseveró que no se trata de derrumbar un edificio para solucionar los problemas estructurales, sino de crear nuevas condiciones una formación diferente de los policías.

«La formación policial debe tener en vista tres elementos: la democracia, los derechos humanos y el cambio climático», afirmó Ponce.

También reiteró que existe desmemoria histórica e ignorancia por parte del Gobierno y la sociedad. Detalló que es importante recordar que Pusuquí «era un centro de entrenamiento para torturas y lo ideal sería cerrarlo».

Por ultimo, manifestó que en el caso Bernal es necesario recurrir a las cortes internacionales para que juzguen al Estado. (M.C)

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Colectivos alertan de la grave situación por la minería ilegal en Napo.

Los mineros ilegales debían pagar este ‘peaje’ para extraer oro del lecho del río Jatunyaku, ubicado en esta comunidad. El ‘puesto de control’ que se encontraba al ingreso de las riberas del río cobraba USD 200 para introducir retroexcavadoras.

Para febrero de 2022 la ‘tarifa’ subió a USD 500, y también cobraban más ‘cuotas’ al permanecer en los márgenes del río o si pretendían ingresar nuevamente.

¿Cuánto ganaban?

Según cálculos de la Policía, los mineros ilegales extraían entre 15 y 35 gramos de oro en la localidad por día que se traducían en ingresos de hasta USD 1.750 diarios. Es decir, compradores llegaban al río y pagaban cerca de USD 40 por gramo. Esta suerte de cadena extractiva contaba con 700 mineros aproximadamente, pero, en total, la conformaban cerca de 2.000 personas.

Esta organización guarda similitud con el caso de minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, entre 2017 y 2019. Tanto en Imbabura como en Yutzupino hay grupos armados. Éste último se comunicaba por medio de radio, según el Ministerio de Gobierno.

Em ambos lugares, hay varias investigaciones por delitos asociados a la trata de personas, lavado de activos y violencia sexual.

Fiebre de oro amazónico

Desde octubre de 2021 habrían empezado estas actividades ilegales. Los mineros habían explotado 50 hectáreas de la concesión minera en Yutzupino, llamada Confluencia.

Según la Superintendencia de Compañías, el proyecto, que consta de más de mil hectáreas, está a cargo de la firma Terraearth Resources, la cual cuenta con dos accionistas de origen chino.

El Ministerio de Gobierno afirma que se consumía más de 6.000 galones de combustible en operaciones de retroexcavadoras y dragas. Además, se gastaban más de 8.000 galones de agua y se utilizaba de forma indiscrimininada el mercurio, químico altamente contaminante, que terminaba en el río.

Desde hace varios meses, los comuneros habían manifestado el descontento y rechazo hacia este tipo de actividades extractivas. Durante los operativos de intervención en la zona se registraron enfrentamientos entre mineros y miembros de las Fuerzas Armadas. No fue hasta el pasado 13 de febrero que las autoridades intervinieron totalmente el lugar y decomisaron numerosas maquinarias del lugar, mientras que muchos de los implicados huían.

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