Tras diversas polémicas, la exlegisladora Guadalupe Llori vuelve a la contienda política de la mano de la organización política liderada por el expresidente Guillermo Lasso.

En mayo del 2021, la exparlamentaria logró alcanzar la presidencia del Legislativo con el apoyo de CREO, sin embargo, fue destituida de su cargo en mayo del 2022 por incumplimiento de funciones. Anteriormente fue expulsada de Pachakutik por su evidente afinidad al oficialismo de ese entonces.

Su intento por volver a encabezar el Legislativo a través de acciones judiciales desembocó en una sentencia de la Corte Constitucional relacionada al mal uso de las acciones de protección para obstaculizar el control político interno. Asimismo ocasionó la destitución de los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, quienes habrían presionado a magistrados de Pichincha para que ayuden a Llori.

Llori en la Asamblea

Al concluir el 2021, la exasambleísta lideró la lista de funcionarios con más ausencias en el Legislativo. Asimismo se cuestionó su falta de seriedad al ser captada jugando Candy Crush durante el debate relacionado al juicio político contra el expresidente Lasso.

Su lealtad al exmandatario fue premiada tras el Decreto de Muerte Cruzada que disolvió la Asamblea, pues fue nombrada como delegada del gobierno para presidir el Consejo Amazónico. (AGM).

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Durante la Convención Regional de la Amazonía en Tena, Napo, el movimiento Pachakutik expulsó a Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. Esta es la tercera expulsión en el movimiento político, tras las salidas de los exlegisladores Ricardo Vanegas y Jessica Castillo, quienes tuvieron que dejar PK por no acatar las decisiones orgánicas.

Por ejemplo, en el caso de Vanegas, el exlegislador fue expulsado por apoyar a Guillermo Lasso en el juicio político del caso Gran Padrino.

A su vez Llori no soltó la mano del anterior gobierno, ya que después de la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea, la exparlamentaria fue delegada por Lasso para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica.

Por otro lado, en la convención se designó a Leonidas Iza, actual líder de la Conaie, como precandidato presidencial para la elecciones del 2025. (AGM).

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“Cuando llegamos al poder el déficit fiscal era de 7.7 puntos del PIB. Cerraremos este año con un déficit del 2.5”, dijo el titular de la cartera de Estado a Teleamazonas a finales de septiembre.

Esta afirmación empezó a opacarse tras los hechos evidenciados en los últimos meses. En los primeros días de octubre salió a la luz una transferencia de USD 75 millones desde el Fondo Común Amazónico hacia la cartera de Estado que preside Arosemena.

La Presidenta del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, Guadalupe Llori, aceptó que transfirió esa cantidad de dinero. Argumentó que es un “ejercicio económico” que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando se lo necesite.

Ante la situación, la asambleísta electa de Construye, Alexandra Castillo solicitó apoyo al Grupo Parlamentario Amazónico para llevar adelante el juicio político contra Arosemena. Este cuestionable »préstamo» no es el único que marca la gestión del jefe ministerial.

Deudas a los GADs

En las últimas semanas los Municipios, Prefecturas y GAD’s parroquiales han denunciado públicamente el incumplimiento de asignaciones económicas de octubre y septiembre por parte del Gobierno central.

El presidente de la Conagopare Pichincha, Andrei Iza, aclaró que las asignaciones presupuestaria a las que se refirió el Gobierno son las que se han entregado desde el 2015. La deuda con las juntas parroquiales de es de más de USD 31 millones. «Hay una gran falsedad. Están con los atrasos desde el mes de octubre del 2023», aseveró.

Por otro lado, la presidenta del Congope, Paola Pabón señaló que la deuda que mantiene el Estado con las Prefecturas sobrepasa los USD 563 millones.

De igual manera, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) reclamó el adeudamiento de alrededor de USD 512 millones. El plazo para pagar la deuda era hasta este 9 de septiembre, caso contrario saldrán a una movilización nacional.

Pese a las denuncias de las autoridades, Arosemena desconoció el adeudamiento de los dos últimos meses. Resaltó que este Gobierno es el que más ha hecho transferencias a los GAD’s.

Deuda a la educación

La Universidad de Cuenca se suma a las denuncias contra Arosemena. La institución expresó públicamente su reclamo al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.

En un comunicado la universidad aseguró que la deuda alcanza los USD 2.892.548,27 millones ; recursos relacionados a becas, servicios de seguridad, vigilancia y limpieza, adquisición de insumos y materiales de laboratorio, e insumos académicos y de investigación.

#ComunicadosUCuenca l La Universidad de Cuenca manifiesta un reclamo público al Gobierno Nacional y al Ministerio de Economía y Finanzas por el impago de los recursos asignados.
Exigimos la atención inmediata a las obligaciones que mantiene el Gobierno con nuestra institución. pic.twitter.com/IS4MjFiM9q

— UCuenca (@udecuenca) November 8, 2023

¿Déficit fiscal?

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el déficit fiscal del PIB en 2020 era del 7.13 %. Sin embargo, en el 2018 fue del 2.8 % y en el 2019 del 3.5 %, año en donde las condiciones económicas del país empeoraban.

El exministro de Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo en funciones en los primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, dejó un déficit de 3.5 % en el 2021 y aportó parcialmente a cerrar el 2022 con un -1.7 %.

Actualmente, la previsión para el 2023 es de -2.2 %, lo cual se traduce en USD 2.630 millones. El economista Segundo Camino prevé que incluso la cifra sea más alta, entre -3 % y – 3.5 %, es decir, más de USD 3 millones.

Otra cifra alarmante es la que emitió el Observatorio de la Política Fiscal que proyectó hasta USD 5 millones en déficit fiscal. Este monto se convertiría en una brecha que no permitiría cubrir gastos básicos, el pago de deudas pasadas, las transferencias al IESS y a los gobiernos locales. (AGM).

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Tello explicó que Llori traspasó ese dinero desde la cuenta de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTA). Recalcó que para realizar este proceso solo presentaron un documento que carecía de argumentos sólidos y base legal.

Por su parte, Llori aceptó que transfirió esa cantidad de dinero y argumentó que es un «ejercicio económico» que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando la CTA lo necesite.

«Lo importante es que nos mantienen informados. Además, es un préstamo que les estamos haciendo», expresó.

Sin embargo, Tello mencionó que ese monto le pertenecía al Fondo Común de la región y no era parte del presupuesto general. Resaltó que la ley prohíbe que otras autoridades dispongan de esos recursos.

«Clarito dice que los recursos que van desde las empresas que operan en la Amazonía es plata de aquí. Ya se van y según ellos van a devolver todo», dijo.

Al parecer Llori no consideró este punto y enfatizó que la CTA no puede destinar recursos «así nada más» a sus localidades. Comentó que esa repartición dependerá del poder de gestión que tengan las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los líderes de organizaciones sociales y dirigentes de comunas, pueblos y nacionalidades.

«Si presenta un proyecto tendrán recursos y con eso habrá obras, pero si no presentan tampoco hay recursos ni obras», detalló.

A pedir más refuerzos

El exlegislador interpuso una acción de protección para que se deje sin efecto esta transferencia y el dinero regrese a la cuenta del CTA. También, pedirá que la Contraloría General del Estado intervenga en el caso por existir presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales.

«Aquí (en el documento) solo dice: transfiérase los recursos y nada más, eso es inconstitucional. Nosotros hemos fundamentado de manera adecuada nuestra protesta. No es un tema político, queremos que el dinero regrese y esto no se vuelva a repetir», señaló. (N.J.C)

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A menos de seis meses de terminar el período del Gobierno de Lasso de manera imprevista se realizan nuevos cambios. Tras el decreto de la muerte cruzada, tres exasambleístas fueron acomodados en el gabinete del mandatario.

Premio a la lealtad

El 19 de mayo el jefe de Estado designó al exparlamentario Juan Fernando Flores como nuevo consejero de Gobierno. Ahora, consiguió el reemplazo de Luis Verdesoto, quien renunció en enero a la Secretaría Anticorrupción.

Al abandonar la cartera de Estado, Verdesoto entregó un informe con siete hipótesis sobre los mecanismos de corrupción en las empresas públicas.

Este cargo lo ocupará la exasambleísta de la bancada oficialista, Ana Belén Cordero, quien fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, esta mesa parlamentaria fue clave en el juicio político contra Lasso. La exlegisladora defendió la supuesta inocencia del mandatario ante las acusaciones de presunto peculado.

Por otra lado, Raúl Tello dejará de ser el representante del Gobierno en el CTEA , su reemplazo será Llori, quien durante su período en el Legislativo fue acusada de presunto cobro de diezmos. Además, fue destituida de la Presidencia del Legislativo por incumplimiento de funciones. (A.G.M).

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El 7 de junio se formuló cargo contra los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, como presuntos autores directos del supuesto delito de tráfico de influencias. En el caso también se encontraba involucrado el juez Vladimir Jhayya.

El argumento de la Fiscal se basa en un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa constitucional que derivó en la destitución de Guadalupe Llori, hasta ese entonces presidenta de la Asamblea Nacional.

La investigación

El caso inició por una denuncia presentada por exasambleístas, debido a unos audios publicados en un medio digital que revelarían conversaciones entre los procesados para influir en el resultado de un proceso político.

Los vocales habrían pedido apoyo al juez encargado de resolver un recurso judicial que presentó Guadalupe Llori para impedir su destitución de la presidencia de la Asamblea.

La Fiscal señaló que se habría obstaculizado la investigación por parte de los procesados por su falta de cooperación en la diligencia de reconocimiento de voz. «Hay un evidente riesgo que implica procesar a las máximas autoridades del órgano colegiado de la Función Judicial», sostuvo.

Para el procesado Vladimir J., la Fiscal solicitó medidas alternativas de prohibición de salida del país, uso de grillete y presentación periódica; puesto que no representa los mismos riesgos procesales que los vocales de Judicatura.

Pedidos y sanciones

Fiscalía indicó que las medidas alternativas a la privación de libertad no serían suficientes para impedir que los procesados continúen interfiriendo en el proceso, por lo que es necesaria, proporcional e idónea la prisión preventiva.

El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el tráfico de influencias y lo sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El órgano presentó 41 elementos de convicción, entre ellos, transcripción de la grabación, copia certificada del acta de testimonio anticipado de la jueza, certificados, versiones, etc. La magistrada que grabó la conversación habría sido incluida en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, pues habría sido víctima de amenazas. (M.W).

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Frente al juicio político que iniciará el martes 16 de mayo, el legislador pidió unión dentro del movimiento Pachakutik (PK). «Llamo a mis compañeros a que recapaciten y se unan esta lucha. Tenemos que ir contundentemente a la destitución y censura del señor Guillermo Lasso», dijo para Radio La Calle.

«Para mí, el señor Lasso sí ha cometido peculado. Hasta la Corte Constitucional dijo que sí hay peculado. Las pruebas son públicas, nosotros hacemos control político, no somos abogados ni jueces», explicó Maita.

El asambleísta se refirió a Ricardo Vanegas como un «abogado de Lasso«. «Él defiende como que si fuera abogado de Lasso, no defiende la institucionalidad, no defiende la Asamblea, no defiende a los electores», manifestó.

Ángel Maita se mantiene firme en su decisión contra del presidente Lasso. Además, aseguró que votará para que se censure y se destituya «este gobierno de las élites». Asimismo, considera que sí llegarán a tener los 92 votos para destituir a Lasso.

La alianza

El 14 de mayo en el pleno del Legislativo, el asambleísta de PK, Ángel Maita fue elegido como el segundo vocal del CAL. El legislador obtuvo 96 votos positivos, 22 negativos y 7 abstenciones.

El logró del legislador se dio por la unión de los movimientos: UNES, PSC, PK e ID. «Al final del día los que han conformado el CAL y los que conformarán las comisiones dependen de las fuerzas políticas que se tiene internamente en la Asamblea», declaró.

Sin embargo, en 2021 estas mismas bancadas no llegaron a un consenso frente a la destitución de la legisladora Guadalupe Llori. El asambleísta Maita sostiene que «lo sucedido en 2021 con Llori fue diferente con lo de ahora, porque en ese tiempo se llegó a 71 votos y ahora se pasó de los 90».

Según Maita, aún no existe una negociación entre bancadas para decidir el futuro del juicio político contra Lasso. No obstante, esta unión es «prometedora» ya que llegaron a consolidarse hasta 100 asambleístas para la elección de las autoridades del Legislativo.

«La unión si se puede hacer cuando se trata del pueblo ecuatoriano, cuando se habla de autoridades es más complejo porque cada uno tiene diferentes ideales«, terminó diciendo el asambleísta.

División en la bancada de PK

Los asambleístas Ricardo Vanegas y Mireya Pazmiño buscaban la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, para el legislador Maita, eso «fue una decisión personal de ellos, mas no del partido».

«No hay dueños en el movimiento, sí hay una divergencia de pensamiento e ideología, pero a la final nos toca llegar a un consenso«, dijo el entrevistado. «En el caso de Vanegas, él no defiende el pensamiento, ni a PK», afirmó.

Una vez que se posesione el coordinador de Pachakutik, el movimiento tiene que decidir que hacer con los asambleístas que no están en la misma línea que PK. «Se tiene que depurar a las malas personas que están dentro del movimiento. Desgraciadamente hay asambleístas del movimiento velan por su interés personal, por eso hay que depurar», agregó.

Reforma Tributaria

El mandatario Guillermo Lasso entregó el 11 de mayo a la Asamblea un proyecto de ley para una reforma económica. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam) busca bajar los impuestos que su mismo gabinete subió.

Los asambleístas tienen 30 días para aprobar o desaprobar la reforma económica. Para Ángel Maita, se tiene que «analizar objetivamente y jurídicamente para ver que beneficia al pueblo ecuatoriano». (DCJ)

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El parlamentario mencionó, en entrevista para Radio La Calle, que en el Legislativo también prima el «espíritu de cuerpo», por lo que la salida de Llori continúa en espera.

«Si la señora llega a salir, lo más probable es que se vayan unos cuantos más, por eso es que no tenemos todos los votos», refirió.

Además, enfatizó que cuando Llori se encargó de la cabeza de la Asamblea tenía el apoyo del régimen. Recalcó que por esto se convirtió en un alfil del presidente Lasso, lo que la llevó a la destitución.

También, comentó que en el Pleno es un «secreto a voces» la compra de votos para rechazar el juicio político. «Todo eso se convertiría en una depuración al interno», dijo.

Puso a todos sus amigos en cargos públicos

Segovia enfatizó que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.

Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.

«Todos eran exservidores del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.

Sobre el juicio político a Lasso

El legislador manifestó que es incoherente pretender deslindar al presidente Guillermo Lasso de la responsabilidad que tiene sobre el caso «El Gran Padrino». Repitió que al tener conocimiento de esta presunta red de corrupción y callar, es responsable del acto.

«El juicio político es discutible, pero de que dejó que se lleven la plata de los ecuatorianos dejó. Él (Lasso) no puso a cualquier persona en el cargo de las empresas, era un allegado al Banco de Guayaquil», refirió.

De la misma manera, apuntó que nadie salió a desmentir las últimas declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio sobre la reunión que mantuvo el mandatario con la excomandante de Policía, Tanya Varela, y el jefe de la investigación «León de Troya», José Luis Erazo. Lo que lleva a cuesitonar el actuar y la participación del jefe de Estado.

Participación de otras instituciones

Segovia mencionó que, si los delitos por los que se le acusa a Lasso, no son causales de un juicio político, al menos la Fiscalía debería actuar por el delito que se lo acusa. Lo mismo ocurre con el Consejo Nacional Electoral (CNE), si la campaña de Lasso fue presuntamente financiada por el narcotráfico.

«Todo eso se debería considerar y no se está actuando. Este es el país de la impunidad», expresó.

Finalmente, explicó que Ecuador está en manos de un Gobierno indolente que repite la realidad de 1999 con las reglas neoliberales que impone.

«Tenemos un Estado mínimo, que prefiere tener las cuentas bancarias macroeconómicas a salvo. Ya es momento que deje de liderar para sus amigos», precisó. (N.J.C)

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La acusación fue presentada por el legislador Bruno Segovia, mientras que el informe borrador fue entregado el 6 de marzo al comité. Sin embargo, los integrantes pidieron que se realicen algunas modificaciones, por lo que la votación se llevó a cabo el 8 de marzo.

Aunque el proceso de la destitución presentado por las asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Luisa González (UNES) no alcanzó los votos favorables, la opción para que se archive la causa tampoco fue posible. Esta última moción fue presentada por el presidente de la Comisión, José Chimbo.

A la reunión no asistieron los legisladores Freddy Rojas (CREO), Dalton Bacigalupo (ID) ni sus parlamentarios alternos, según El Comercio.

Origen de la denuncia

Segovia aseguró, en la presentación de cargos, que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.

Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.

«Todos eran exfuncionarios del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.

Llori no se presentó al proceso, pero envió a su abogado, Julio Cesar Sarango, quien negó todos los vínculos de la expresidenta con las acusaciones.

De todos modos, irá a la Asamblea

El informe pasará a revisión en el Pleno de la Asamblea, aunque no haya alcanzado los votos necesarios para efectuarse.

Llori habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia. Esta acción infringe el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.

Ya se salvó de una destitución

La asambleísta se salvó de la destitución por supuesto cobro de diezmos. Los votos del Pleno del Legislativo no fueron suficientes para llevar a cabo la moción de la legisladora de UNES, Johanna Ortiz.

El 23 de noviembre la Asamblea debatió la moción de destitución. Se registraron 82 votos a favor de los 92 que necesitaba para la aprobación. Hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones, en su mayoría del oficialismo y de asambleístas de Pachakutik. (N.J.C)

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La Comisión resolvió con tres votos a favor recomendar la destitución de Llori.  El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, tendrá cinco días para dar a conocer la decisión al Pleno.

En la reunión, el legislador Dalton Bacigalupo denunció que miembros de esta comisión fueron presuntamente víctimas de amenazas por parte del grupo de abogados de Llori. “Esto es intolerable y escandaloso. No se puede amenazar a quienes conformamos el Comité de Ética de una manera tan burda y grosera”, precisó.

Además, comentó que Roxana Meza pidió protección a Saquicela para impedir cualquier tipo de agresión en su contra. Meza aseguró que pagó el 70 % de su sueldo para el alquiler del vehículo en el que se movilizaba Llori. También, indicó que depositó dinero a uno de los guardaespaldas de la parlamentaria para la gasolina.

La asambleísta por UNES, Luisa González aseguró que Llori nunca compareció ante la Comisión y siempre la representó un abogado. “Su defensor no fue capaz de presentar las pruebas suficientes para se desvincule a Llori de estas acusaciones. Al contrario, las pruebas y testimonios proporcionados fueron contundentes”, detalló.

Para la legisladora socialcristiana Marjorie Chávez, lo más grave que recae sobre Llori es haber tomado el sueldo de sus asesores para cancelar los precios del vehículo en el que se movilizaba. “Lo peor es arrebatarle el sueldo a un empleado. Esto es un acto ruin y despreciable”, puntuó.

Defensores de Llori

Ante la posible destitución de Llori, los primeros en responder a esta acusación fueron miembros del bloque de Pachakutik.

El jefe de bloque, Salvador Quishpe, mencionó que analizarán las pruebas presentadas y seguramente habrá un acto de solidaridad de la bancada con su homóloga. También señaló que si Llori ejecutó y gestionó algo tuvo que ser en cumplimiento de su rol como presidenta.

Origen de la denuncia

El 30 de agosto, en representación de la Bancada UNES, la asambleísta Johanna Ortiz presentó una denuncia contra Llori por el presunto delito de cobro de diezmos cuando ejerció como titular del Parlamento.

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El Comité de Ética sigue con el proceso de investigación a la legisladora Guadalupe Llori (PK), por presunto cobro de diezmos cuándo era presidenta de la Asamblea Nacional. Las acusaciones fueron de la asambleísta Johanna Ortiz (UNES), quien interrogó a los testigos del caso.

A la sesión acudió la parte denunciante y un delegado de la denunciada. En esta ocasión se convocó al asambleísta Alejandro Guamán, quien anteriormente fiscalizó el mismo caso contra Llori. Esta investigación la impulsó una denuncia del medio digital La Posta y el legislador corroboró los nombres de los involucrados y las facturas emitidas.

“Los papeles no hablan, la que habla es la persona. Los papeles no pueden reemplazar a la voz del ser humano”, dijo el abogado de Guadalupe Llori, Julio César Sarango.

Las evidencias en contra de Llori

El 7 de noviembre compareció Carlos Cadena, exfuncionario de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, quien afirmó que la exadministradora del Legislativo, Gloria Larenas habría solicitado el alquiler de un vehículo facturado por USD 605, sin embargo, desconocía quien lo iba a ocupar.

También compareció la encargada de servicios generales del Parlamento, Roxana Meza, quien además figura en gran parte de las facturas presentadas como evidencia. La funcionaria relató los acontecimientos de una reunión de la administración general de la Asamblea. Durante la reunión, en la que también estaba Cadena, Larenas informó sobre la disposición de Llori para alquilar un vehículo para sus movilizaciones, principalmente en territorio y fines de semana.

Con base en la orden de Llori, se contrató a la empresa Avis Renta Car. Los funcionarios rentaron un Ford Explored color negro aprobado por el personal de seguridad de la expresidenta en su primera semana de uso.

El 9 de julio de 2021 se canceló a la empresa Avis la cantidad de $ 603,66 por el alquiler del vehículo. Se emitió la respectiva factura y el valor fue cancelado con su tarjeta de crédito.

El 16 de julio de 2021 se realizó un depósito por USD 140 en la cuenta de ahorros del servidor policial Freddy Yugcha Catota, quien desempeñaba las funciones de seguridad y conductor de la expresidenta.

El 23 de julio de 2021 nuevamente se canceló el valor de USD 201,22 a la empresa Avis por la renta del mismo vehículo, y por concepto de combustible $ 120, que se transfirió a Freddy Yugcha.

El 6 de agosto de 2021 transfirió de su cuenta personal a la cuenta de la empresa Avis la suma de $ 387,46, esa fue la última fecha en la que canceló los valores por el alquiler del vehículo. En total, entre la renta del auto y combustible suman USD 1.452.  Algunos valores fueron pagados con la remuneración propia de los funcionarios sin tener el debido reembolso hasta la presente fecha.  (A.G.M)

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«Presentamos denuncia en contra de la asambleísta Guadalupe Llori para que el Comité de Ética investigue un presunto caso de diezmos.», señaló la asambleísta de UNES, Johanna Ortiz. asambleísta Guadalupe Llori para que el Comité de

La tarde de ayer, 30 de agosto, en representación de la Bancada UNES, la asambleísta Ortiz informó sobre la denuncia presentada, alegando que la asambleísta Llori habría solicitado diezmos a sus colaboradores, cuando ejercía el cargo de presidenta del Legislativo.

«La asambleísta Llori habría solicitado diezmos a sus funcionarios para que le renten un vehículo en el que ella se movilizara», aseguró.

Ortiz enfatizó que con este accionar buscan transparentar el accionar de la Asamblea y sus legisladores.

Proceso de la denuncia

Luego de presentada la denuncia, el caso será puesto bajo conocimiento del presidente del Legislativo y después al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posterior a ello, la denuncia deberá ser califica y de cumplir con los requerimientos esta pasará al Comité de Ética de la Legislatura.

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La magistrada resolvió que “no se evidencia vulneración a sus derechos constitucionales”.

El asambleísta Esteban Torres (PSC) quien había sido demandado por Llori reaccionó por medio de un tuit a la resolución de la jueza. «Contra viento y marea y presiones injustas de todo tipo del Consejo de la Judicatura y el gobierno, NUEVAMENTE GANA LA RAZÓN Y LA CORDURA. ¡Negada la acción de protección propuesta por Llori por 8 millones de dólares!».

¿Qué pedía Llori?

En la denuncia solicita se apruebe la acción de protección y declarar la vulneración de sus derechos constitucionales. Entre las acciones de reparación integral están: «el reintegro de la abogada Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Disculpas públicas en dos medios de comunicación por parte de los asambleístas que aprobaron el informe de la Comisión Ad hoc y el pago de de USD 100.000 por cada legislador que aprobó su destitución».

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“Esta nueva acción de protección en el caso Llori ¿ustedes creen que era solo por ella? No, es un chantaje más del CJ para evitar que haya votos en su contra durante el juicio político en la Asamblea. Lamentablemente tuercen la ley, presionan tanto a los jueces y ellos también se cansan”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Guadalupe Llori, de ganar la acción de protección, volvería a la presidencia del Legislativo y recibiría USD 8.1 millones, USD 100.000 por cada asambleísta que votó por su destitución. La audiencia se canceló y se reinstalará el próximo 26 de agosto.

Los perjudicados en esta repetitiva acción de la justicia, de acuerdo con Torres, son los ciudadanos. “Salen perjudicados los ecuatorianos porque la mayoría de estas acciones de protección constitucionales se sortean en los juzgados de la niñez y la adolescencia. Que un juez y el Estado deban destinar recursos a estas acciones, significa que ese tiempo y presupuesto no se destina a quiénes debería”.

Justicia corrupta

Sobre la corrupción en el sistema de justicia, el legislador acotó que no es algo que ha dejado de suceder en los distintos gobiernos en el país. “Siempre ha habido contaminación de la justicia por interés político. Vivimos un Ejecutivo que, al no tener un respaldo del Legislativo, buscaron en otras funciones el apoyo para manejarlas a su antojo. Aparecieron los audios filtrados y se evidenció esa injerencia. No entiendo cómo alguien con tres dedos de frente puede creer a los cuestionados vocales de la CJ que tendrán un juicio político que podría reemplazarlos”.

El legislador del PSC también se refirió brevemente al diálogo que tendrá lugar entre Legislativo y Ejecutivo este martes. «Hay voluntad del Legislativo. Más bien la voluntad de la Asamblea está en un vaivén de la coyuntura y que quizá se malentendió que los diálogos son de los intereses del gobierno. Hoy se concreta el primer paso de este diálogo. Ya están designados los delegados de ambas partes. se puede revisar la ley de inversiones entendiendo la diversidad de la Asamblea y el por qué se cayó este proyecto en primer lugar”.

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«Voy a seguir presentando acciones ya sea constitucionales o judiciales con la finalidad de hacer respetar mis derechos humanos, constitucionales. No se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todo el daño causado», dijo la legisladora antes del inicio de la audiencia.

Por otra parte, el asambleísta Esteban Torres (PSC) criticó duramente las acciones de Llori. «La justicia constitucional no es indemnizadora, es reparatoria. Resulta insólito que una persona, la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori pida USD 8 millones, los cuales ni siquiera son demandados. Porque constan en la demanda el presidente del Legislativo y los miembros de la ex comisión Ad hoc«.

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Llori presentó una denuncia contra el asambleísta miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Esteban Torres por presunta falsificación de documento. También denunció a los 81 legisladores que aprobaron su destitución.

En la denuncia solicita se apruebe la acción de protección y declarar la vulneración de sus derechos constitucionales. Entre las acciones de reparación integral están: «el reintegro de la abogada Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Disculpas públicas en dos medios de comunicación por parte de los asambleístas que aprobaron el informe de la Comisión Ad hoc y el pago de de USD 100.000 por cada legislador que aprobó su destitución».

«Se ha hecho presente la dictadura del voto sin tener elementos probatorios o una causa justa para destituirla. Se tiene que luchar para que se cumpla con el debido proceso. Los audios son otro tipo de cuestión, son grabaciones clandestinas que hacen apología del delito porque violan la intimidad», dijo en una entrevista su abogado Julio César Sarango.

Indignación en el Legislativo

La denuncia de Llori se hizo pública en una historia de Instagram. El legislador Esteban Torres (PSC) expresó su indignación sobre la pretención de Llori de retomar el liderazgo del Legislativo.

“Una acción más de una persona desesperada por no perder poder y dinero que, ante la imposibilidad de poder ser candidata a una dignidad seccional por su rechazo popular (como pensaba luego de ser destituida de la presidencia) buscar prostituir aún más a la justicia con la ayuda directa del gobierno”, le dijo a Radio La Calle.

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«El Tribunal Tercero de la Sala especializada de la Familia Niñez y Adolescencia de Pichincha, por decisión unánime, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la abogada Guadalupe Llori Abarca», dice parte de la sentencia.

Así mismo, los jueces dejaron en firme la decisión tomada el pasado 16 de mayo por la jueza Raquel Herrera de que no existió vulneración de derechos constitucionales en la destitución de Llori. «No se declara abuso del derecho constitucional y deslealtad de las partes intervinientes, incluyendo sus abogados en la acción de protección».

El pasado 31 de mayo, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 81 votos positivos, decidió acoger la recomendación del informe de la Comisión Ad hoc que recomendaba la destitución de Guadalupe Llori. Las conclusiones indicaron que existió un incumplimiento de funciones por parte de la legisladora.

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“El Gobierno Nacional rechaza categóricamente las afirmaciones hechas en el audio que circula en los medios y redes sociales, en las que se toma el nombre del presidente de la República para afirmar que,  supuestamente, busca influir en una decisión judicial”, dice el comunicado.

Añade que el presidente no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este ni ningún otro proceso judicial. “Presionar a las autoridades de los otros poderes del Estado no es compatible con los valores democráticos y el irrestricto respeto al Estado de derecho y la independencia de funciones”.

A pesar de esta premisa, el Gobierno no se pronunció sobre la carta a un vocal del Consejo de la Judicatura donde se le pedía renunciar ya que no representaba al Ejecutivo. El vocal Muñoz respondió indicando una presión del Ejecutivo en el sistema de justicia.

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Los audios

En el audio se escucha que el vocal Juan José Murillo le pide al juez revisar la conformación de la Comisión Multipartidista que se originó por el trámite en el CAL de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, quien también denunció que un grupo de consejeros está presionando al juez en esta causa.

Murillo dice “Le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino, no va a ir en una línea de derecho, sobretodo. Porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”. MIB

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Según lo que se escucha el consejero Juan José Murillo dice al juez “A ver, como usted ve, las fuerzas políticas están queriendo y pretendiendo cambiar dentro de la Asamblea. Ya ha llegado Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea y esto va a empujar a que se produzcan varios movimientos en algunas instituciones: Judicatura, CPCCS, inclusive están hablando de la presidencia de la República. Así de claro”.

Agregó que es un “tema político que están tratando de controlar al Ejecutivo. Me ha contactado el presidente y estaba conversando un poquito con fuerzas políticas para ver cómo esto ya se logra revertir.” De acuerdo con Murillo se va a cambiar al presidente de la Asamblea y que su nombramiento sería solo temporal.

Murillo añade que “hay un tema puntual, para no hacerles pasar más el tiempo. Ha llegado a su sala una decisión de una jueza de la niñez y adolescencia de Iñaquito ¿no sé si ya revisó?”.

El juez Gustavo Ocejo le responde. “O sea recién me estoy enterando hace un momento. La verdad no tengo la más mínima idea del fondo y, si le soy sincero, desde hace tiempo atrás no veo noticias de algunas cosas”.

Llamada del presidente de la República

En el audio se escucha que Murillo le pide al juez revisar la conformación de la Comisión Multipartidista que se originó por el trámite en el CAL de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, quien también denunció que un grupo de consejeros está presionando al juez en esta causa.

Murillo dice “Le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino, no va a ir en una línea de derecho, sobretodo. Porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”. MIB

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Frente al inicio de las movilizaciones convocadas por el movimiento indígena para este 13 de junio, algunos asambleístas expresaron su punto de vista.

La asambleísta y vicepresidenta nacional del movimiento Creo, María José Plaza mostró su descontento con la lucha social, pues afirmó que el Gobierno ha brindado todas las herramientas y que los pedidos del movimiento indígena si se han cumplido.

«El Diésel y gasolina Extra no han cambiado de precio, están con precio internacional y subsidiados (…) No creo q sea negociable, porque estamos con precio internacional. Todas las herramientas están ahí en la mesa para que todos los ciudadanos puedan salir adelante», dijo Plaza.

El Gobierno está preocupado en otras cosas

Por su parte, el asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres ratificó su apoyo al accionar de la Policía Nacional en las manifestaciones, mencionando que la institucción debe permitir a los manifestantes expresarse en paz.

Además, aseguró que el Gobierno está preocupado en presionar a los jueces de la Corte Constitucional de Pichincha para que falle a favor de la apelación de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en lugar de evitar que la protesta derive en vandalismo.

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