»Hicieron con él lo que les dio la gana, le dieron palo y lo maltrataron (…) No tiene ni sesos por último, yo quiero justicia para mi hijo», dijo entre lágrimas el padre del joven a El Diario Ecuador.

Según su testimonio, su hijo Luis Fernando Saltos laboraba en Quito como auxiliar de cocina. El 9 de octubre, el ahora occiso viajó a la provincia de Chimborazo para trabajar junto a un mecánico.

¿Qué pasó?

El padre explicó que su hijo fue detenido por la tenencia de un camión robado, sin embargo, él ratificó su inocencia. Resaltó que no tenía antecedentes penales, un dato que también confirmaron las mismas autoridades, y que ni siquiera contó con la presencia de un abogado durante su detención.

»Lo coge la Policía y lo lleva al UPC ya estando allá lo entregan (a la comunidad). Nosotros nos enteramos por redes sociales», indicó.

Los restos de Luis Fernando Saltos llegaron hasta el cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos. Su familia exige justicia por la muerte del joven de 23 años, con pancartas rechazaron la forma en la que fue ‘‘ajusticiado».

¿Cuál es el trabajo de la Policía frente al ajusticiamiento indígena?

Radio La Calle se comunicó con un policía, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva, y explicó el procedimiento de la institución y sus limitaciones frente a estas situaciones.

El uniformado relató que la Policía Nacional primero debe comunicarse con el dirigente de la comunidad indígena para esclarecer los motivos por los que se ejecutará la asamblea comunitaria para ajusticiar al aprehendido.

“No intervenimos en esos casos. Se elabora un parte policial con los datos recabados del incidente donde se enfatiza que el dirigente a cargo no quiere la participación policial. Sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad del lugar solicita la presencia de los policías con la finalidad de que no haya excesos en dicha audiencia”, expuso el agente. (AGM).

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La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa, identificando al occiso como Luis S., y ha dispuesto el desarrollo de diligencias para hallar las causas de muerte y a los posibles responsables.

¿Justicia indígena?

La justicia indígena es un sistema de normas y procedimientos de los pueblos y nacionalidades, cuya aplicación corresponde a las autoridades comunitarias con el fin de garantizar justicia y equilibrio social.

En Ecuador se reconoce constitucionalmente desde el 2008. Se sabe que las sanciones también implican el fuete (azote), baño con agua fría o con ortiga. Sin embargo, no contempla o legitima el quitarle la vida a una persona a través de estos métodos.

¿Cuál es el trabajo de la Policía frente al ajusticiamiento indígena?

Radio La Calle se comunicó con un policía, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva, y explicó el procedimiento de la institución y sus limitaciones frente a estas situaciones.

El uniformado relató que la Policía Nacional primero debe comunicarse con el dirigente de la comunidad indígena para esclarecer los motivos por los que se ejecutará la asamblea comunitaria para ajusticiar al aprehendido.

“No intervenimos en esos casos. Se elabora un parte policial con los datos recabados del incidente donde se enfatiza que el dirigente a cargo no quiere la participación policial. Sin embargo, hay ocasiones en que la autoridad del lugar solicita la presencia de los policías con la finalidad de que no haya excesos en dicha audiencia”, expuso el agente.

El artículo 171 de la Constitución señala que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidad indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho (…)”. Entonces, explica el gendarme, «al tratarse de una cuestión legal la Policía está en la obligación de acatar» lo que manda la Carta Magna.

Si se presentan excesos, como riesgo de muerte, la Policía debe intervenir para salvaguardar los derechos humanos del ajusticiado. Para ello, se coordina con el dirigente de la comunidad para que facilite con la “asistencia médica y ponerlo a buen recaudo”.

No obstante, hay ocasiones en que los dirigentes permiten y otros no permiten la presencia policial. En cuanto al caso de Guamote, expone que lo más probable es que la Policía no estuvo presente o no le permitieron estar.

«El caso se conoció por las redes sociales. Lo más seguro es que la Policía no estuvo enterada del señor que le atraparon», finalizó la fuente. (S.F.)

Foto: W Radio EC

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A la diligencia asistieron miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), militares y Fiscalía. Los abogados de la Policía manifestaron su molestia porque en su parecer no estaban todas las víctimas, ni testigos del hecho, ni los famliares o representantes. Los familiares de Yucailla tampoco llegaron a este lugar para participar con su versión de lo sucedido en octubre.

La fiscal Mayra Soria, que dirigía la reconstrucción, se mostró contrariada, por tuvo colaboración por parte de la Policía, que no entregó toda la logística que ella solicitó para realizar el procedimiento. La pericia tuvo lugar en las inmediaciones del parque del Arbolito y en los exteriores de la Asamblea Nacional, principales epicentro de las movilizaciones.

Yucailla permaneció 17 días convaleciente en una casa de salud después de recibir el disparo que dejó varios perdigones incrustados en su cabeza.

Los responsables

“Nadie disparó a quemarropa las bombas lacrimógenas. Ninguno de los fallecidos pereció como consecuencia de la acción de la Policía. Hay que mostrarle al país la verdad integral”, dijo la ministra María Paula Romo en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo con motivo del juicio político en su contra.

Ella finalmente fue censurada por la Asamblea Nacional después de que esta determinara su responsabilidad en el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra la población civil.

En octubre de 2019, miles de manifestantes en todo el país se levantaron para protestar contra el Decreto 883. Entre otras cosas, éste permitía el incremento del precio de los combustibles. Los manifestantes se impusieron en ese momento pero el paquetazo llegaría meses después.

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El cantón de Guamote ha sido el más afectado, sobre todo sus parroquias Cebadas y Palmira. En cuanto a Riobamba la situación es similiar en Pungalá y Flores. Mientras que en Punín y Colta las cenizas son moderadas. En la mañana de este sábado se registró leves caídas de polvo volcánico en Salitre, Alfredo Baquerizo Moreno, Samborondón, Durán y Daule.

El fenómeno provocó que varios pobladores cerraran sus locales comerciales y las autoridades ya han tomado medidas al respecto.

La actividad volcánica en el Sangay ha sido recurrente desde el inicio de la actividad en Mayo 2019 y  se debe a que las lluvias en el volcán removilizan el abundante material volcánico acumulado en las últimas semanas. Por precaución se recomienda no ingresar en los cauces de los ríos Volcán y Upano, señala último informe del Instituto Geofísico.

La ciudadanía puede ayudar a evaluar la caída de ceniza del volcán siguiendo los siguientes que también se encuentran en su cuenta de Twitter.

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“En un acto de dignidad y rebeldía el pueblo Puruha de Guamote en memoria de Edgar Yucailla asesinado durante la represión de #octubre2019, exigieron justicia a los responsables de la represión. No es terrorismo, es un acto de dignidad de un pueblo por sus caídos en la lucha”, escribió el dirigente indígena Leonidas Iza en sus redes sociales.

“Lasso-Nebot-Moreno no queremos continuismo. Rechazo total”, rezaba uno de los carteles de los manifestantes. “Lasso-Nebot-Moreno asesinos de nuestros hermanos indígenas  caídos en octubre de 2019”, se leía en otro.  “Guillermo, el páramo de Guamote no te quiere”, decía otro.

De su lado, el candidato banquero lamentó estos hechos ocurridos en la Sierra. “Penosamente, debemos denunciar el ataque de Delfín Quishpe, alcalde de Guamote, que con su acto bloqueó la carretera de acceso a un evento con la comunidad de Guamote. Tomó piedras en sus manos, lanzó las piedras a los autos que nos acompañaban para llegar a Guamote”, dijo en un video que circuló por redes sociales.

Respuesta de la CONAIE

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) también se pronunció a propósito de este hecho. “Édgar Yucailla, de Guamote asesinado en la represión de octubre 2019, agonizó 17 días destrozado el cráneo por el impacto de arma de fuego. Los ‘indios’ tenemos memoria para rechazar a quienes aplaudieron la represión”, publicaron. A esta declaración agregaron un video que recoge el testimonio de la esposa de Yucailla (Vea el video aquí).

Hasta el momento de publicar este informe, el excandidato a la Presidencia de la República de Pachakutik, no ha hecho ningún pronunciamiento.

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El delito que imputa a los procesados gira en torno al presunto delito de tráfico de influencias cometido en la jurisdicción territorial de la provincia de Chimborazo, cantón Guamote, parroquia Guamote.

Contrato con sobreprecios

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

El delito

De acuerdo al artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de tráfico de influencias es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Comisión Anticorrupción capítulo Chimborazo inició la investigación en conjunto con el Parlamento Indígena. Tras las denuncias, corresponde al Concejo Municipal de Guamote decidir la posible destitución del cargo del alcalde Delfín Quishpe.

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