En un comunicad la asambleísta Jácome sostuvo que una resolución del Consejo Administrativo Legislativo (CAL) le otorga a su comisión la potestad «exclusiva» para investigar los contratos de Progen, invocando el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) Según Jácome, esto impide que otras comisiones intervengan, calificando el proceso como «cuestión de legalidad, no de disputa de espacios».

Sin embargo, el asambleísta Guido Mendoza (RC) replicó de inmediato, pues precisó que el CAL no encargó una fiscalización formal, sino solo un «requerimiento administrativo de información». Mendoza acusó a Jácome de «confundir a la opinión pública» al equiparar ambos procedimientos, recordando que para abrir una investigación formal se requiere aprobación mayoritaria de la comisión, trámite no cumplido.

El legislador reveló además que Jácome excluyó el tema Progen del plan de trabajo de la Comisión de Transparencia. «Pretenden distorsionar el procedimiento parlamentario», denunció Mendoza, subrayando que la Comisión de Garantías Constitucionales sí inició una fiscalización formal y actúa dentro de sus atribuciones.

Conflicto de fiscalización

El conflicto surge mientras avanzan dos procesos paralelos:

1. La Comisión de Transparencia insiste en su «autofiscalización» basada en resoluciones administrativas.
2. La Comisión de Garantías Constitucionales, dirigida por Jaime Estrada impulsa una investigación formal sobre pagos a Progen, empresa señalada por presuntas irregularidades en contratos energéticos.

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