“Se parte de un concepto muy sencillo: quien usa la fuerza no es un policía, un militar o un agente de seguridad penitenciaria. Quien usa la fuerza es el Estado que sí, efectivamente, lo emplea mediante el distinto personal y recursos que tiene. Pero es el Estado y por eso debe estar en el cuerpo legal que es lo que este proyecto propone”, sostuvo Andrade quien ha asesorado el proyecto de Ley.

También aseguró que los estándares que se incluyen respecto al progresivo de la fuerza son los mismos estándares internacionales desde hace mucho tiempo. “El proyecto de Ley es necesario porque hay cierta dispersión normativa. “Está autorizado el uso progresivo de la fuerza para la Policía, en un código, mientras que para las Fuerzas Armadas no existe, mientras que el COIP tiene otros criterios que no necesariamente empatan. Lo que se busca es homogenizarlo”, indicó.

La normativa que será entregada esta tarde por el Ejecutivo en la Asamblea Nacional, propone también reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En ese sentido, según explica Andrade, el Eje de la reforma es fortalecer los mecanismos que permitan la cooperación entre Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“Se entiende que las Fuerzas Armadas tienen su propia misión constitucional y la Policía Nacional de igual forma, pero ambas coinciden en que son instituciones protectoras de derechos y libertades, y que hay amenazas de origen transnacional en las cuales se requiere su cooperación”, aseguró.

Insistió en que la cooperación entre ambas instituciones es fundamental para la seguridad pública. “Ha sido en tiempos recientes un poco complicado que coordinen efectivamente, porque no había suficientes fundamentos legales para que esto fluya”, dijo.

Respecto al caso del policía Santiago Olmedo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó existen disposiciones legales de la Ley orgánica de Servicio Público para manejarlo. “Lo que vamos a hacer es garantizar mecanismos necesarios para que el Estado pueda asumir los honorarios de los abogados que van a realizar la defensa, que es la parte que la Ley no prevé”, dijo.

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«Creo que se ha malinterpretado el mensaje del presidente de la República. El jamás habló de libre ingreso a la Universidad», dijo en una entrevista.

No obstante, el mandatario prometió en el debate presidencial para la segunda vuelta electoral el libre acceso a la Universidad.

Respecto a la educación superior planteamos la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) […] Libre acceso a la Universidad y luego una Universidad libre. Que las universidades se administren de manera autónoma», señaló.

Teléfono descompuesto

De acuerdo con Rivadeneira, Lasso «habló de libre elección de la carrera y de la Institución en la que quieren estudiar. Eso no es libre ingreso».

Añadió que las personas que vivieron «la penuria de libre ingreso» saben que eso es imposible y es un «discurso simplemente demagógico».

El secreto dijo que la solución es ampliar la oferta académica y no solo depende del examen de admisión sino del mismo sistema académico.

Becarios vs. Mediocres

Según la SENESCYT, en el gabinete de Lasso existen dos ministros que lograron ser becarios y poder continuar sus estudios. La ministra de Salud, Ximena Garzón y el ministro de Producción, Julio José Prado.

Sin embargo, al presidente Lasso, la excelencia académica no parece importarle mucho. Si se trata de que los estudiantes no caigan en las drogas o el sicariato, el mandatario que prefería » un estudiante con notas mediocres sentado en las aulas universitarias».

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