El primer mandatario declaró esto luego de que sus abogados exigieran a los asambleístas resolver inadmisible el juicio político en su contra. Según ellos, no existe pruebas que ratifiquen una presunta malversación de fondos en el contrato de transporte de Flopec y la empresa privada Amazonas Tanker Pool Company LLC.

Cuando el medio le preguntó si activaría la muerte cruzada en caso de que la Asamblea dé luz verda al proceso, Lasso respondió: «Correcto, correcto. Eso es lo que declaro».

La Comisión de Fiscalización inició el proceso de comparecencias el 18 de abril. La mesa legislativa llamó al exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; al exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; al exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; y el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, quien comunicó que no asistirá al llamado.

Posibles votos a favor

Dentro de la Asamblea Nacional los votos a favor y en contra del juicio político contra Lasso han dado de qué hablar. Las bancadas Revolución Ciudadana (RC), Partido Socialcristiano (PSC), una fracción de la Izquierda Democrática (ID) y el ala rebelde de Pachakutik están a favor de la censura y destitución del mandatario.

No obstante, los otros integrantes de PK comentaron que analizan las posturas para determinar si la bancada vota a favor o en contra en el juicio político.

¿Puede activar la muerte cruzada?

El abogado constitucionalista Ramiro Aguilar explicó para Radio La Calle que teoricamente es posible que Lasso active la muerte cruzada en medio del juicio político. Sin embargo, no es algo que podría ejecutarse en la práctica.

Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.

Supuestas negociaciones

El pasado 4 de abril, el Partido Social Cristiano (PSC) denunció la presunta negociación de votos en la Asamblea para que no voten por la destitución del presidente en el juicio político.

”No es una negociación. Es corrupción en dos direcciones”, dijo el PSC en un comunicado firmado por el jefe de bancada Esteban Torres. (N.J.C)

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“Nos sorprende que al día de hoy pretendan resolver los problemas más sentidos de la sociedad ecuatoriana poniendo más bala, más militares y más policías. Rechazamos esta actitud del presidente de la República.” dijo Iza en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Además, señaló que hay que enfocarse más en la educación para que los jóvenes no caigan en las pandillas y en la droga. Para Iza, este país no ha garantizado este derecho, por ende, el problema es estructural, recalcó el líder indígena.

Persecución

Iza recalcó que las políticas estructurales del Gobierno no resuelven el problema de la pobreza en Ecuador. Esta es la razón por la que se declaran luchadores sociales, a pesar de que el Estado aún los acusan de violentos y vandalistas, recalcó.

También mencionó que solicitan e insisten a la Fiscalía General del Estado (FGE) ponerle fin a la persecución de los luchadores sociales. “Solo resistiremos cuando veamos que nuestros derechos son violentados”, señaló Iza. (A.G.M).

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«Para liderar el cambio estructural que necesita el Ministerio del Interior, he designado a Juan Zapata como su nuevo titular.», señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Lasso destacó el profesionalismo del ahora exdirector general del ECU 911 y enfatizó que contará con todo su respaldo. El nuevo nombramiento surge tras solicitar la renuncia de Carrillo la noche del 23 de septiembre.

Juan Zapata es Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor en servicio pasivo y posee varios títulos, entre los que destacan experto en Seguridad Pública y Privada por la Academia de Carabineros de Chile, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, un diplomado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad de Chile, Alta Gerencia en Seguridad del Departamento de Estado Roswell, entre otros.

Pronunciamiento de Carrillo

Tras ser despedido, Patricio Carrillo se pronunció a través de su cuenta de Twitter. «Jamás es pérdida de tiempo atender lo esencial, como amar, respetar, ayudar, servir, dialogar y agradecer. Siempre hay que mantener buen ánimo e inteligencia emocional. Gracias ciudadanos por el respaldo. Hasta pronto!», dijo.

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Sierra responsabilizó al Gobierno por la seguridad de sus familiares detenidos y de las repercusiones que pueden darse en su familia, como en su madre de 80 años. Reiteró que los allanamientos se realizaron sin el debido proceso y utilizando un uso desmesurado de la fuerza.

Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, sostuvo que están pidiendo prisión preventiva para sus familiares detenidos. En este sentido, cuestionó que pretendan llevar a sus familias a las mismas cárceles que el Estado es incapaz de sostener. “Donde hay matanzas van a llevar a nuestra familia. Siguen llenando de detenidos a esas prisiones, con todos esos problemas de seguridad y con toda esa desprotección de derechos que tienen las personas privadas de la libertad”, inquirió

Insistió en que no existe ninguna garantía para sus familiares y por eso la máxima exigencia de los abogados de los detenidos será evitar la prisión preventiva. Enfatizó en que existen otras opciones, pero que se resistirán a la prisión preventiva.

Gallardo insistió en que hay que contextualizar lo que ocurre en estos momentos en el país, como la visita de autoridades estadounidenses. “Somos el chivo expiatorio de un Gobierno incapaz de proteger a las personas y de tener acciones que sirvan puntualmente para reducir los problemas de seguridad y en las cárceles”, asevero.

De igual manera, dijo que los medios de comunicación masiva están difundiendo información que no está comprobada, porque ni siquiera existe aún la acusación de la Fiscalía, porque no se ha constatado nada. Insiste en que esto es parte de una agenda política y mediática y que están utilizando a sus familias como chivo expiatorio, para desviar la atención sobre los problemas de seguridad que no ha podido manejar el Gobierno.

Gallardo contó que el allanamiento ocurrió en horas de la mañana en presencia de adultos mayores y menores de edad. En este sentido, cuestionaron cuáles son las garantías para sus familias y de seguridad de los detenidos. “Ser un defensor de derechos humanos, ser pareja de un defensor de los derechos humanos o ser hijo de personas que son activistas políticos no es un delito”, aseguró.

La defensa

Ana Vera, abogada de Surkuna, aseguró que los Guevaristas son reconocidos como una organización social, cuyo trabajo es reconocido desde hace unos 15 años. Denunciaron los operativos violentos, sin explicaciones, en los que fueron sometidos a violencia, sin decirles lo que sucedía y sin permitirles hablar con sus familias. Asimismo, dijo que los abogados tuvieron problemas para contactarse con los detenidos.

Vera calificó estas detenciones como una persecución política contra defensores de Derechos Humanos y luchadores sociales. “En este sentido queremos denunciar esta práctica estatal y queremos llamar a toda la gente a sumarse. Hoy es el Movimiento Guevarista, mañana puede ser cualquiera de nuestros movimientos y organizaciones sociales, porque la persecución política estatal se configura justamente en identificar personas y grupos, para convertirlos en enemigos del Estado”, dijo.

La abogada del INREDH informó que posiblemente la audiencia se realizaría a las 19:00 horas. Asimismo, sostuvo que mantuvo contacto con varios de los activistas detenidos y que junto con otras organizaciones sociales serán parte de la defensa y acompañamiento en todo el proceso. Lamentó que la justicia haya regresado a la década de los 80 y siga rondando el fantasma de las patrullas volantes. «Hoy ocho personas cargan con el derecho penal, por quienes tienen interese políticos en una agenda de securitización y legitimación de la violencia».

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“Seguimos cubriendo los baches, las falencias y la ineficiencia, de quienes esperaron casi 10 años para llegar al Gobierno y cuando llegan no saben qué carajo hacer. No tienen ni idea de qué hacer”, dijo Viteri.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno cree que el problema de la inseguridad se resuelve “sentaditos en una mesa, cogidos todos de las manos”.

“El problema de la inseguridad se resuelve en territorio, poniendo la plata, poniendo la Policía, poniendo los recursos necesarios y, sobre todo, sabiendo que es lo que hay que hacer. Tú no puedes dirigir la seguridad de un país si no tienes la más mínima idea, ni siquiera de los carros con los que cuenta el Municipio”, argumentó.

Dijo que el Municipio de Guayaquil dio 180 vehículos de los que también paga el combustible todos los días. “Ustedes no tuvieran ni lo que tienen ahora si no fuera por el Municipio de Guayaquil. La seguridad es un derecho como la educación y la salud”, señaló.

La crítica de Arosemena

Arosemena dijo que la alcaldesa de Guayaquil cree que todo el problema de la seguridad se puede solucionar con camionetas. “Ella cree que todos los problemas se pueden solucionar con camionetas. Recordemos las camionetas bloqueando la pista en el aeropuerto”, dijo.

Agregó que según la ley, los GAD son corresponsables de la seguridad ciudadana y que ese debe ser el tema principal que una a todos los sectores. “Que la alcaldesa lo desconozca es un peligro. Espero que la alcaldesa reconsidere y participe en las reuniones de seguridad ciudadana con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades de la Provincia”, escribió en un comunicado.

“Acá estamos trabajando por la seguridad de toda la provincia. En territorio. No desde Miami”, dijo Arosemena, en referencia de una entrevista que dio Viteri desde esa ciudad.

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Según los datos proporcionados, la calificación positiva del Gobierno cayó 45.65 puntos porcentuales, desde julio del 2021, cuando se ubicó en el 74%

El 49.15% de la población califica como mala la gestión del presidente Lasso; el 18.23 % como muy mala; mientras que el 28.35% de la población valora su gestión como buena o muy buena.

En Guayaquil, el 72.87% de ciudadanos cree que la gestión de Lasso es mala o muy mala; mientras que en Quito esa percepción la tiene el 58.7% de la población.

Respecto al vicepresidente Alfredo Borrero, el 28.46% de la ciudadanía considera que su gestión ha sido buena o muy buena; mientras el 43.12% califica su gestión como mala o muy mala. El 28.43% de la población no responde o no sabe.

En cuanto a la Asamblea Nacional, el 56.41% de ecuatorianos cree que su gestión es mala; mientras que el 21.43% la considera muy mala. Apenas el 21.86% de los encuestados la considera buena o muy buena.

En el campo local, la gestión del recién posesionado alcalde de Quito, Santiago Guarderas, es calificada como mala por el 27.49% de los quiteños; muy mala, por el 17.60%; y buena, por el 21.19%. El 33.72% de la población no sabe responder.

Contrario a lo que ocurre en Quito, en Guayaquil el 70.65% de la ciudadanía califica como buena o muy buena la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri. El 22.52% la califica como mala y el 4.24% como muy mala. La calificación de Viteri se ha mantenido sin mayores variaciones, desde abril del 2021.

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Asimismo, designó su tratamiento a la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Tras esta decisión, diversos analistas han cuestionado la pertinencia de dicha Comisión para tratar el proyecto de Ley.

El analista político Mauro Andino advirtió, a través de sus redes sociales, que la reforma enviada por el presidente Lasso y calificada por el CAL, debió enviarse a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario, para cumplir con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Este articulo señala que la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control será la encargada de los asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, aduaneros, monetarios, financieros de seguros y bursátiles.

Asimismo, la normativa indica que la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa será la responsable de conocer asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con el sector real de la economía y la regulación de los distintos tipos de mercados, servicios, el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento.

Andino reiteró que la Unidad Técnica Legislativa (UTL) también recomendó que sea la Comisión de Régimen Económico y Tributario la que gestione el proyecto de Ley. Sin embargo, esta recomendación fue omitida.

“Es evidente que existe un trasfondo político para evadir los legítimos controles y contra pesos parlamentarios hacia un proyecto del Ejecutivo. Lo envían a la comisión que asumen, aprobará los informes para 1er y 2do debate sin ningún tipo de objeciones y cambios de fondo”, argumentó Andino.

En la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa están los asambleístas Daniel Noboa, del Movimiento Ecuatoriano Unido; Wilma Andrade, de la ID; el independiente, César Rohon; Nathalie Arias, de CREO; Carlos Zambrano, de UNES; Cristian Yucailla, de Pachakutik; Francisco Jiménez, de CREO; John Vinueza, de Unión Ecuatoriana; y Diana Pesántez, de Azuay Primero.

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