La jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, recibió la petición el 21 de abril y concedió tres días hábiles a las partes para presentar sus argumentos. La decisión final sobre el cierre del caso dependerá de los pronunciamientos recibidos.

Mireya Pazmiño, exasambleísta y denunciante original del caso, rechazó la solicitud de archivo a través de su abogado, Washington Andrade, quien calificó la investigación como “lenta y prolongada”. Además cuestionó la rapidez con la que la jueza Camacho procesó el trámite. “Nos sorprende que en un solo día se haya gestionado lo que usualmente toma meses. Sospechamos un intento de favorecer al expresidente”, declaró Andrade, anunciando una oposición formal al archivo.

Caso Flopec

El expediente se remonta al juicio político contra Lasso en 2023. La Corte Constitucional admitió únicamente la acusación de peculado, relacionada con contratos petroleros entre Flopec y el consorcio Amazonas Tanker Pool. Un informe de la Contraloría de 2021 determinó que estos acuerdos generaron pérdidas de USD 6,1 millones al Estado, al alquilar buques a costos superiores a los ingresos obtenidos.

La firma Amazonas Tanker, registrada en Islas Marshall (paraíso fiscal), fue incorporada mediante un adendo en 2020, antes del inicio del gobierno de Lasso (mayo de 2021). Los legisladores del período previo a la muerte cruzada sostuvieron que el exmandatario conocía las irregularidades y omitió actuar. Además, señalaron que el entonces gerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, intentó rescindir los contratos, pero fue reemplazado por figuras cercanas a Hernán Luque, designado por Lasso en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

La defensa de Lasso y el contexto político

En mayo de 2023, durante su comparecencia ante la Asamblea, Lasso negó toda responsabilidad y aseguró que los contratos se firmaron previo a su mandato. “No hubo denuncias formales en Fiscalía cuando asumí”, sostuvo en una cadena nacional. Días después, activó la “muerte cruzada” (Decreto 741), disolviendo el Legislativo y convocando a elecciones anticipadas. Este mecanismo paralizó su proceso de destitución en el Parlamento.

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¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

Vea también: Corte Constitucional destituye a los siete consejeros del CPCCS

Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

Vea también: ¿Abuso del COA para remover presidentes de órganos colegiados?

En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

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A pesar de las largas trayectorias de políticos como Guillermo Lasso y su padre, Álvaro Noboa, el actual presidente destaca por su millonario gasto en anuncios en Meta (Facebook e Instagram).

¿Desde cuándo Noboa comenzó a invertir en Meta?

Daniel Noboa inició su actividad publicitaria en las redes de Meta en octubre de 2020 y enero de 2021, en el marco de las elecciones legislativas de 2021, donde ganó una curul representando a Santa Elena. Sin embargo, después de esos comicios, su pauta publicitaria disminuyó considerablemente entre marzo de 2021 y junio de 2023.

En ese primer periodo de 32 meses, la cuenta oficial de Noboa difundió un total de 220 anuncios. Pero, desde el inicio de la precampaña para las elecciones extraordinarias de agosto de 2023, su estrategia publicitaria se intensificó drásticamente. Según el último reporte de Meta, actualmente suma cerca de 1.300 anuncios en total, lo que significa que el 83% de su publicidad se ha difundido en los últimos 20 meses.

En este corto periodo, Daniel Noboa Azín se ha convertido en el primer usuario de Ecuador en superar los USD 1 millón en pauta publicitaria en Meta. Tan solo entre el 14 y el 20 de enero de este año, su cuenta invirtió USD 25.514 en anuncios relacionados con temas sociales, elecciones y política.

¿Noboa gasta más de lo que declara?

El presidente Daniel Noboa presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría el 23 de noviembre de 2023, el mismo día en que asumió su cargo como mandatario de Ecuador. Según la información entregada, su patrimonio asciende a USD 662.664.

Lo que Noboa declaró:

Cuentas bancarias: Noboa reportó tener dos cuentas bancarias en Ecuador con un saldo conjunto de apenas USD 2.450.

Acciones: Declaró una participación de USD 400 como accionista, aunque en los registros de la Superintendencia de Compañías aparece con acciones por USD 1.190 repartidas entre:

• Logic Choice Cia. Ltda.: USD 398.
• Nobiexport S.A.: USD 792.

Propiedades: Noboa no incluyó bienes muebles en su declaración. Esto significa que no reportó vehículos, menaje de casa, equipos electrónicos, joyas ni obras de arte.

Tarjetas de crédito: No declaró poseer ninguna.

Noboa cuenta con un patrimonio declarado que no supera los USD 700.000, sin embargo, el candidato-presidente es el primer político en Ecuador en superar USD 1 millón en inversión publicitaria en Meta (Facebook e Instagram), según los reportes de la misma plataforma.

¿Quién lidera el podio de anunciantes en Meta?

Tras Daniel Noboa, en el podio de anunciantes de Meta (Facebook e Instagram) se encuentran el expresidente y tres veces candidato presidencial Guillermo Lasso, y Álvaro Noboa, padre del actual mandatario y cinco veces candidato presidencial. Sin embargo, la principal diferencia entre ellos no radica únicamente en el presupuesto, sino en el número de publicaciones pagadas.

Guillermo Lasso invirtió poco más de USD 600.000 para difundir más de 3.700 anuncios, el triple de los publicados por Daniel Noboa. Por otro lado, Álvaro Noboa gastó casi la misma cantidad que Lasso, pero para pautar apenas 141 anuncios.

¿Quiénes más destacan en la lista?
Entre los perfiles políticos que conforman el top 10 de anunciantes en Meta se encuentran:

• Luisa González, dos veces candidata presidencial por el correísmo.
• Jan Topic, quien invirtió casi USD 570.000 desde dos cuentas diferentes en su casi doble aspiración a la Presidencia.
• Otto Sonnenholzner, exvicepresidente y excandidato presidencial.
• Andrés Arauz, excandidato presidencial también por el correísmo.

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¿Qué es el indulto presidencial?

Es una facultad «discrecional y privativa» del Presidente de la República. Consiste en otorgar, de oficio o previa solicitud, la conmutación, rebaja o perdón del cumplimiento de penas para personas privadas de su libertad (PPL) que cuenten con una sentencia ejecutoriada.

Los indultos se otorgaban a PPL que cumplían ciertos requisitos específicos, como padecer enfermedades graves o haber recibido penas ejecutoriadas por delitos menores, como robo, hurto o contravenciones de tránsito.

Decretos derogados y sus alcances

Noboa ordenó derogar los Decretos Ejecutivos 264, 265, 355, 816 y 949. El actual presidente argumenta que dichos decretos “han agotado sus efectos en relación con las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada que, a la fecha de expedición de los citados decretos ejecutivos, cumplieron con los respectivos requisitos”.

¿En qué consistían cada uno de estos decretos?

Decreto 264 (2021): Contravenciones de tránsito

Otorgaba indultos a personas sentenciadas por contravenciones de tránsito leves, como conducir vehículos con llantas en mal estado o sin licencia.

Decreto 265 (2021): Enfermedades graves

Beneficiaba a PPL con enfermedades terminales, catastróficas o con infección de tuberculosis y VIH.

Ambos decretos, 264 y 265, se emitieron el 22 de noviembre de 2021 como parte del Plan Rescate Ecuador, cuyo objetivo era reducir el hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad (CPL).

Decreto 355 (2022): Delitos menores
Dirigida a PPL sentenciadas por delitos como hurto, robo sin violencia, estafa y abuso de confianza, siempre que hubieran cumplido al menos el 40 % de su pena y no tuvieran antecedentes disciplinarios.

Decreto 816 (2023): Mujeres privadas de libertad
Enfocado en mujeres privadas de libertad que cumplían requisitos específicos relacionados con delitos menores y condiciones de salud graves.

Decreto 949 (2023): Diagnósticos médicos graves
Indultaba a PPL con diagnósticos médicos graves validados por el Ministerio de Salud Pública, como cáncer, insuficiencia renal crónica o malformaciones congénitas del corazón.

¿Qué sucederá con las personas que ya recibieron indultos presidenciales?

Entre las nuevas disposiciones, se ratificó que la derogatoria no tendrá efectos retroactivos. Por lo tanto, los PPL con sentencia condenatoria ejecutoriada que hayan sido beneficiadas por los decretos derogados mantendrán los indultos otorgados, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en esos decretos antes de la fecha de expedición del nuevo Decreto Ejecutivo 511.

Nuevas reglas y sanciones bajo el Decreto 511

El Decreto Ejecutivo 511 establece que, en futuros indultos presidenciales, el Presidente analizará cada solicitud de manera individualizada. Este proceso se enmarca en la Constitución y la normativa vigente, lo que garantiza un análisis específico y transparente en cada caso.

Además, el decreto determina que los servidores públicos que hayan facilitado la excarcelación de PPL sin cumplir con los requisitos y la temporalidad de los decretos mencionados serán responsables tanto administrativa como penalmente.

En uno de los considerandos del Decreto 511, se señala explícitamente que ninguna autoridad está facultada para conceder indultos presidenciales sin cumplir con los requisitos constitucionales. Asimismo, se prohíbe interpretar o aplicar extensivamente las condiciones establecidas en los decretos ejecutivos previamente emitidos.

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Desde el Ejecutivo, se ha reiterado que el presidente Noboa no planea tomar licencia, argumentando que la normativa solo aplica a quienes buscan la reelección para un segundo período completo. Según esta interpretación, Noboa estaría culminando el mandato presidencial interrumpido de Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea Nacional en 2023.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. En caso de que Noboa decida acogerse a una licencia, encargaría la Presidencia a Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta encargada mediante decreto firmado el pasado 4 de enero, tras la renuncia de Sariha Moya al cargo.

Contexto del reemplazo de la vicepresidenta Abad

En diciembre de 2024, Noboa asignó a Verónica Abad como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía, con la obligación de asumir funciones desde el 27 de diciembre. Al no cumplir con esta designación, el Ejecutivo declaró su ausencia temporal, impidiendo que Abad asuma la Presidencia en ausencia de Noboa.

La decisión ha generado controversia, ya que Abad, actualmente de vacaciones, sostiene que tiene un mandato constitucional para asumir el poder.

En medio de la tensión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron comunicados afirmando su compromiso con la obediencia al orden civil y a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. Ambas instituciones reconocen como vicepresidenta en funciones a Cynthia Gellibert.

Declaraciones de Verónica Abad

A través de un video publicado en redes sociales, Abad reafirmó su intención de asumir la presidencia este 5 de enero, argumentando un mandato expreso en la Constitución. La funcionaria llamó al apoyo de las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, prometiendo una gestión enfocada en la estabilidad democrática, la paz y el respeto a las garantías constitucionales.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a monitorear la situación en Ecuador y prevenir cualquier intento de desestabilización política. “Reitero mi compromiso con la estabilidad de nuestro querido Ecuador, respetando la democracia, el Estado Constitucional y la paz social”, declaró Abad.

La expectativa recae en la decisión que tome el presidente Noboa respecto a su licencia. La medida podría definir el curso de la campaña electoral, que se extenderá hasta las elecciones generales del próximo 2 de febrero.

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El documento fue firmado el pasado 27 de septiembre desde el Palacio Presidencial y tendrá que ser ejecutado por la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, el Ministerio de Defensa, la Casa Militar Presidencial y demás Instituciones en el ámbito de sus competencias.

Durante su 11 meses de gestión el presidente Noboa ha viajado en 13 ocasiones, su principal destino ha sido Miami y Nueva York, en Estados Unidos. Asimismo realizó una gira por Europa, en donde visitó España e Italia.

El Decreto de Lasso

En abril de 2016, el expresidente Lasso afirmó en un tuit que, de llegar a la Presidencia, vendería lo que él denominó lujos socialistas en referencia a los aviones presidenciales y el edificio de la UNASUR.

Dentro del proceso de venta del Legacy EMB-135BJ mediante el decreto 180 del 31 de agosto del 2021, Lasso autorizó la venta directa del avión y su salida internacional. El proceso quedó a cargo del entonces ministro de Defensa, Fernando Donoso.

De acuerdo con la Página de Compras Públicas, la Secretaría Inmobiliaria inició un proceso de Consultoría de Contratación directa para el avalúo y peritaje del avión Legacy EMB-135BJ que fue adjudicado por la cantidad de USD 8.000 a Diego Francisco Cevallos Varela, un ingeniero mecánico graduado en la ESPE y máster en técnicas de valoración. Trabaja de forma independiente como perito evaluador, según señala su página de Linkedin. Esta acción tuvo lugar el 19 de abril del 2022.

El secretario Técnico de Inmobiliar, Fernando Villacís, dijo que hay interés de la Fuerza Aérea Colombiana por comprar esta nave, sin embargo, nunca se concretó una negociación

Legacy EMB – 135BJ

El Legacy Embraer 600 lo adquirió el expresidente Rafael Correa en 2008 a USD 28 millones. Fue fabricado por Embraer y tiene 6:147:21 horas de vuelo. Cuenta con una configuración VIP, con 13 asientos. Son de cuero color beige, madera marrón, moquetas color beige, tiene tres mesas extraíbles, una mesa de conferencia y dos lavabos. (AGM).

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Tras diversas polémicas, la exlegisladora Guadalupe Llori vuelve a la contienda política de la mano de la organización política liderada por el expresidente Guillermo Lasso.

En mayo del 2021, la exparlamentaria logró alcanzar la presidencia del Legislativo con el apoyo de CREO, sin embargo, fue destituida de su cargo en mayo del 2022 por incumplimiento de funciones. Anteriormente fue expulsada de Pachakutik por su evidente afinidad al oficialismo de ese entonces.

Su intento por volver a encabezar el Legislativo a través de acciones judiciales desembocó en una sentencia de la Corte Constitucional relacionada al mal uso de las acciones de protección para obstaculizar el control político interno. Asimismo ocasionó la destitución de los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, quienes habrían presionado a magistrados de Pichincha para que ayuden a Llori.

Llori en la Asamblea

Al concluir el 2021, la exasambleísta lideró la lista de funcionarios con más ausencias en el Legislativo. Asimismo se cuestionó su falta de seriedad al ser captada jugando Candy Crush durante el debate relacionado al juicio político contra el expresidente Lasso.

Su lealtad al exmandatario fue premiada tras el Decreto de Muerte Cruzada que disolvió la Asamblea, pues fue nombrada como delegada del gobierno para presidir el Consejo Amazónico. (AGM).

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Su decisión responde a su intención de dedicarse a la campaña electoral para buscar un puesto en la Asamblea Nacional, integrando la lista de candidatos nacionales del movimiento ADN, liderado por el presidente Daniel Noboa.

Su último acto oficial como ministro fue la incorporación del cantón El Cisne al prestigioso programa Best Tourism Villages de las Naciones Unidas en la provincia de Loja.

En su lugar, el ejecutivo designó a Mateo Estrella Durán como ministro de Turismo encargado. Estrella fue asesor de Olsen.

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Durante su discurso, Cucalón expresó su compromiso de servir al país y proteger a las familias ecuatorianas. Mientras que la principal representante del movimiento, María Paula Romo, envió un mensaje vía telemática desde Estados Unidos. Romo, quien fue censurada por la Asamblea en 2020, enfrenta amenazas tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

La lista de aspirantes a Carondelet aumenta

Tras confirmarse este candidatura, actualmente ya hay siete aspirantes a la presidencia, incluidos Andrea González, Pedro Granja, Víctor Araus, Jorge Escala, Leonidas Iza, y el actual presidente Daniel Noboa, que busca la reelección.

Según el calendario electoral del CNE, las elecciones primarias se celebrarán del 3 al 17 de agosto, y las candidaturas se inscribirán oficialmente entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre de 2024.

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Las declaraciones de Noboa resultaron ser falsas. La alarma la brindó el medio Lupa Media, de fact checking, que mostró que las ambulancias que se entregaron en junio de 2024, forman parte del lote de 186 adquiridas en el Gobierno de Guillermo Lasso.

La evidencia

«El presidente Noboa especificó que las ambulancias se adquirieron mediante un convenio con Naciones Unidas. Ese convenio se firmó el 17 de octubre de 2022», informa Lupa Media. José Ruales, exministro de Salud, firmó el trato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, representada por Mónica Siles, representante de la UNOPS para la Región Andina.

En total se entregarán 186 ambulancias por períodos programados a lo largo de este año. La primera se realizó el 19 de octubre de 2023 cuando Lasso estaba terminando su período tras la Muerte Cruzada.

«Hoy llego a Manta con buenas noticias. Entregamos al país, luego de 12 años de espera, las primeras 25 ambulancias, que ya están listas para distribuirse. En total serán 186 ambulancias que llegarán en los próximos meses para cubrir la demanda en las 24 provincias del Ecuador», escribía el expresidente en su cuenta de X.

A ello se sumaron las declaraciones del exministro Ruales «Las 186 ambulancias, fueron adquiridas en el gobierno de G. Lasso, 158 en marzo 2023, ahorro de 4.1 millones: 28 adicionales octubre 2023, con entregas hasta julio 2024. Quedó pendiente 2024: 40 ambulancias para ECU911 y 6 ambulancias acuáticas, NO se han comprado ninguna».

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En abril del 2021, la aerolínea lanzó su oferta de vuelos a nueve ciudades del país como Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Manta, Lago Agrio, Coca y Macas, pero nunca se concretó el inicio de las operaciones.

Según la justificación de Delgado, las crisis políticas y sociales del país espantaron a los inversionistas. Por ejemplo, antes del decreto de Muerte Cruzada, emitido por expresidente Guillermo Lasso, la empresa captó una inversión de USD 30 millones por parte de unos ejecutivos de Medio Oriente.

Una semana antes de firmar el convenio y definir los desembolsos, el exmandatario ordenó la disolución de la Asamblea y »asustó» a los inversionistas, quienes cuestionaron la falta de gobernabilidad en el país. Asimismo detalló que la inseguridad y la cifra de muertes violentas elevaron el denominado riesgo país, lo cual implicó una gran afectación para los empresarios.

Un nuevo mecanismo de inversión

Actualmente, Ecuatoriana Airlines abrió un nuevo mecanismo de inversión a través de la plataforma digital de WeFunder, en donde cualquier ciudadano podrá invertir desde USD 250 a USD 5 mil y formar parte del club de fundadores.

El portal web cuenta con la protección y el monitoreo de la Comisión estadounidense de Bolsa y Valores que garantiza la seguridad y transparencia a los inversionistas. La meta de la aerolínea es llegar a USD 3.5 millones en inversiones.

»No se ha tocado un solo dólar de esa inversión, los fondos siguen ahí. Hoy por hoy tenemos 60 inversionistas», resaltó Delgado.

Agregó que las personas que decidieron apostar por esta iniciativa no forman parte de los grandes grupos económicos del país, sino todo lo contrario, son pequeños inversores y en su mayoría son jóvenes.

El dinero obtenido en Wefunder no sería suficiente para levantar una aerolínea, pues el límite de recaudación es de USD 5 millones. Según explica Delgado, lejos de un interés monetario esta estrategia tiene el propósito de atraer inversionistas ecuatorianos que sean leales a la marca.

Del otro lado, Ecuatoriana Airlines trabaja con delegados en el país y en otras partes del mundo para gestionar inversiones más grandes. Hasta el momento esperan cerrar un convenio de inversión por USD 30 millones .

El nombre tras Ecuatoriana Airlines

A su registro en el 2020, Ecuatoriana Airlines adquirió el nombre y la marca de la extinta empresa Ecuatoriana de Aviación. La antigua aerolínea fundada en 1957 bajo una alianza privada entre un consorcio de propiedad del estadounidense Clarense Shelton y las aerolíneas TAN de Honduras y APSA de Perú.

El 19 de enero de 1969 uno de sus aviones fue secuestrado por un comando armado que llevó a 77 pasajeros y a ocho tripulantes a Cuba, no hubo víctimas. En 1974 pasó a manos de la dictadura militar y en 1996 volvió a ser privada, sin embargo, quebró completamente en el 2006.

La reactivación de una empresa muerta

El proceso para obtener el permiso de operación (AOC’s, Air Operator’s) tiene cuatro fases y hasta el 2023 la empresa llegó a la tercera fase. Para llegar a la obtención del permiso en la fase es necesaria una demostración por lo que es necesario el capital para la adquisición de aviones y contratación de personal.

Actualmente, la empresa tiene seis aviones en California y no ha tomado posesión de los mismos. El transporte aéreo está listo para operar y se prevé que las unidades sean trasladadas al país próximamente. (AGM)

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El pasado 17 de junio se efectuó la audiencia de formulación de cargos en contra de los exfuncionarios de Presidencia. La jueza Paola Campaña dispuso la presentación periódica cada 30 días, la prohibición de salida del país para todos los procesados y el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

»Es una clara retaliación por haber constituido el Sindicato de Trabajadores de la Presidencia, pero sobre todo porque quieren perseguir y desacreditarle a la anterior Directora Cultural que denunció la desaparición de los objetos del museo de la Carondelet», dijo el abogado de dos de los exfuncionarios implicados en el caso.

La acción legal se interpuso durante la administración del expresidente Guillermo Lasso y sigue en trámite en los juzgados. Según el acta de audiencia, uno de los procesados murió con Covid-19 debido al contagio en una de las comisiones, en este sentido, la defensa desmintió que el servidor no haya cumplido con su trabajo y pidió que revise el reglamento de viáticos.

Además, dos de los denunciados fueron despedidos de Presidencia y la exdirectora del Museo de Carondelet, Alexandra Cepeda, quien denunció lo ocurrido con las piezas de Carondelet durante la presidencia de Lenín Moreno, ahora está fuera del país.

¿No hay delito?

Según el abogado Andrade, no hay perjuicio económico ya que algunos de los procesados ni siquiera cobraron los viáticos. Asimismo, el pago del concepto de viáticos de los ocho acusados no pasaría de los USD 4.000 entre todos por lo que se pudo considerar una falta administrativa o a lo sumo una glosa.

Dos de los acusados declararon que la acusación es maliciosa y temeraria, también resaltaron que no se aprovecharon de los recursos públicos, más bien confesaron que Presidencia les adeuda rubros.

Este medio de comunicación solicitó una entrevista con la secretaria administrativa de Presidencia, Marissa Pendola, sin embargo, seguimos a la espera de una respuesta.(AGM).

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El pasado 27 de abril la organización política posesionó a la nueva directiva que quedará al mando del exasambleísta y exconsejero presidencial, Juan Fernando Flores. Por su parte, Bernal fundó un nuevo colectivo nacional bajo el nombre de »Todos» y cuenta con el respaldo de »líderes de 18 provincias».

El exfuncionario Bernal carga sobre sus hombros una prohibición de ejercer cargos públicos por dos años, tras la resolución de censura por parte de la Asamblea Nacional en el 2023. El político reveló a Diario El Universo que la organización política decidió impulsar nuevamente la candidatura presidencial de Lasso, una resolución a la que se opuso y decidió dar un paso al costado. Asimismo resaltó el bajo nivel de aceptación con el que terminó el gobierno del exmandatario.

“Yo reconozco grandes logros en el gobierno (de Lasso) y enormes errores también en el gobierno, que tienen que estos últimos tener la capacidad suficiente de redireccionarnos para que gente joven, gente nueva, nuevos liderazgos que emergieron justamente a partir de un proceso de gobernanza, permitan tener alternativas. Y me puse, indudablemente, contrario a la posibilidad de una nueva opción para el expresidente Lasso”, dijo al medio de comunicación.

Actualización 16h26

El partido político CREO informó que el expresidente Guillermo Lasso no ha manifestado su interés para ser candidato a la Presidencia en el 2025.

»En la Asamblea Nacional nos planteamos metas para las siguientes elecciones y eso incluye dar paso a nuevos políticos y a jóvenes interesados en construir un país más justo y equitativo para todos», dijo el exmandatario en X.

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»Siempre he trabajado mucho pero nunca tanto (…) Me habría gustado iniciar esta lucha pensando que era una carrera de largo plazo, pero los hechos la volvieron una carrera de alta velocidad. Ese es el motivo principal para presentar mi renuncia», fueron las palabras del exsecretario Izurieta, quien ahora asumirá el cargo de Director Ejecutivo Suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Ahora, la vocería del Gobierno estará en manos de Irene Vélez Froment, quien se ha desempeñado como analista política y columnista de Diario Expreso durante 12 años, según su perfil de Linkedin.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 224, el mandatario también la designó como miembro del directorio del Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel).

Su perfil

Vélez obtuvo una licenciatura en ciencias políticas y relaciones internacionales por la Universidad Casa Grande, en Guayaquil. También posee un masterado en acción política institucional y participación ciudadana en el Estado de derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, en España.

Esta no es la primera vez que trabaja en la función pública, pues ocupo el cargo de subsecretaria de contenidos desde junio del 2021 hasta abril del 2023, durante el período de Guillermo Lasso.

Posteriormente, desde enero del 2024 asumió el puesto de subsecretaria general de acción estratégica. Hasta esta última función declaró un patrimonio de USD 40.690.

Por otro lado, también tiene experiencia del lado de la docencia ya que impartía clases de historia del pensamiento político y económico; comunicación política; prensa y poder; y comunicación y conflicto, en la Universidad Espíritu Santo.

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La noche del 26 de marzo del 2023 un aluvión destruyó los hogares de cientos de alauseños. El alcalde del cantón, Remigio Roldán, anunció que apenas el próximo jueves 28 de marzo se realizará la primera acción gubernamental para la construcción de 57 viviendas a los damnificados.

En su momento, el presidente Guillermo Lasso ofreció USD 8 millones al cantón para enfrentar la emergencia, sin embargo, ese dinero nunca llegó.

Debido al deslizamiento de tierra quedó destruída la vía E35 que hasta la fecha no ha sido reconstruida por el Gobierno. Frente a esta situación, los pobladores de las comunidades habilitaron tres pasos provisionales para la comunicación entre ciudades.

Sin embargo, cobran una tarifa de peaje a los vehículos que transitan por el asfalto para recuperar la inversión que realizaron en conjunto los miembros de las comunidades, reportó El Mercurio.

Las promesas de Lasso

 “Tenía que morir gente para que vengan, desgraciados”, gritaban los pobladores durante la visita del mandatario al siguiente día de la tragedia.

En este sentido, Lasso expresó que “frente a los problemas, veamos hacia adelante para corregirlos en el menor tiempo posibles (…) Este no es el momento de establecer responsabilidades personales, ya habrá tiempo“.

Respecto de la reubicación que solicitaba la ciudadanía meses antes por el peligro en la zona, el presidente mencionó que el gobierno envió “una carta por escrito, del 1 de marzo, donde la Ministra le pidió el terreno al Alcalde para construir un complejo habitacional para reubicar a las familias“. (AGM).

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El gran escándalo que atravesó el gobierno de Guillermo Lasso sigue bajo la lupa de Fiscalía. Después de un año de la muerte de Chérres, la entidad publicó el expediente fiscal que contiene siete transcripciones de llamadas telefónicas e imágenes de la cámara de seguridad del domicilio del empresario guayaquileño, Nahim Massuh, en Samborondón.

Las conversaciones recopiladas en 2021 exponen los acuerdos para la repartición de cargos importantes en instituciones del Estado como el Ministerio de Energía, Aduana, CNEL y otras empresas estratégicas. El objetivo de esta jugada consistía obtener beneficios económicos y la adjudicación de contratos.

Por otro lado, Chérres también detalló la falta de un »operador político» en el gobierno de Lasso, pues en ese tiempo el exministro de Gobierno, César Monge, estaba enfermo y no podía cumplir el rol de vocero del mandatario. En las conversaciones también salen los nombres de figuras políticas como Iván Correa y Aparicio Caicedo.

La máscara de Carrera

El pasado 1 de noviembre del 2023 Calixto Vallejo, defensa de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, aseguró que su defendido no ha incurrido en ninguno de los delitos (delincuencia organizada y tráfico de influencias).

Los abogados de Carrera, a través de un comunicado, señalaron que la entidad unió dos casos que -a su parecer- no se relacionan entre sí (Caso León de Troya y Encuentro) Además, enfatizaron que estos actos solo serían “motivos de escándalo”.

Vallejo mencionó que la investigación presentada por La Posta es “una ficción”. Explicó que según las investigaciones de Fiscalía existe un vídeo, en el que se aprecia a uno de los periodistas de dicho medio digital ingresar a reuniones en el domicilio de uno de los procesados.

En dichas reuniones se habló de “financiamiento para atacar a Danilo Carrera; que hay todo un movimiento dirigido a denostarlo (…) Existe una frase importante que dice: ‘si llegamos a Danilo, llegamos al presidente’”.

Hasta el momento existen 10 personas procesadas por el Caso Encuentro entre las que están Danilo Carrera; Hernán Luque, presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP); Leonardo Cortázar, supuesto operador político; Roberto Bueno, Jorge Orbe, Julio León y Gabriel Massuh, conocido como el Turco en el Caso León de Troya; Karen C. y Erika F.

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De acuerdo con la canciller, tenemos una buena relación con los estados que conforman la Unión Europea, «pero también estamos claros que hace un año la exención tampoco iba a salir y no es que sea un tema a olvidarse. (…) Invitaron al Ecuador a ser parte de esto, años atrás, y no supimos tomar la opción. Y ese era el momento. Ahí existía la ventana de oportunidad», dijo en entrevista con Primicias.

Agregó que la Unión Europea pondrá en marcha un sistema de visado electrónico. «eso nos va a ayudar a evitar que haya estos tramitadores, que son quienes ponen los documentos falsos y provocan que se rechazan las visas».

¿Por qué no recibimos la visa Schengen?

En 2009, Colombia, Perú y Ecuador empezaron a negociar un acuerdo comercial con Europa, sin embargo, el gobierno ecuatoriano – a cargo de Rafael Correa – decidió retirarse. Con el pasar de los años se intentó abrir ese espacio de negociación, pero fue posible – entre otras cosas – por los altos niveles de rechazo de visas.

De acuerdo con Sommerfeld, «también «hay que esperar a que esa ventana de oportunidad se abra, para poder actuar en ese momento».

Las mentiras en el Gobierno de Lasso

El expresidente Lasso prometió que su gobierno estaba trabajando en la exención con la UE para el visado Schengen. «Queridos ecuatorianos: Hace pocos minutos hablé con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Le pedí que, en su calidad de presidente del Consejo de la UE (Unión Europea), España formalice y agende una propuesta de la Comisión Europea para la exención de visado Schengen a Ecuador. Además, que al respecto se dé un mandato expreso del Consejo con el Parlamento Europeo… La respuesta del presidente Sánchez era positiva, lo pondrá en agenda», tuiteó en septiembre de 2023.

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«Yo era un demócrata, porque mi intención era servir a la gente y no quedarme en el poder», explicó a los estudiantes.

Aunque Lasso disolvió el Legislativo en medio del juicio político que llevaba en su contra por el presunto delito de peculado, el exjefe de Estado se excusó con que «no era capaz de entregar el poder a personas corruptas«. Además del proceso en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaba el caso El Gran Padrino, una presunta trama de corrupción en el sector público que involucraba a su cuñado, Danilo Carrera.

«Lo que querían era hacerme quedar mal a mí y ahí si cometer peculado», dijo.

Lasso no solo fue salpicado por este caso, sino también por la crisis de inseguridad que azotó al país, la crisis energética, los recortes presupuestarios a los sectores de salud y educación. El expresidente eliminó la Asamblea el 17 de mayo de 2023, desde esa fecha, gobernó vía decreto por seis meses hasta que el país eligió un nuevo presidente en octubre de ese año.

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«Condiciones para todo»

A raíz del caso Metástasis, otra trama de corrupción en el sistema judicial, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, citó al exmandatario el 18 de marzo para que rinda su testimonio. Sin embargo, no asistió porque no recibió un «llamado formal». Además, envió una carta a la titular de la FGE para solicitar que su comparecencia sea a partir del 25 de marzo.

Según el expresidente, sus labores académicas terminan en esa fecha y no puede regresar antes. De la misma manera, pidió que sea de manera virtual, pues su domicilio está ubicado en Guayaquil. No obstante, repitió que «estaba presto para cooperar con las autoridades».

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Lasso, a través de su cuenta de X, alegó que la supuesta notificación para rendir su versión la habría pedido una procesada del caso y no la fiscal General del Estado, Diana Salazar. Además, mencionó que por «motivos académicos» se encuentra fuera del país por lo que no podría acudir al llamado.

Sin embargo, aludió que se encuentra presto a colaborar. Siempre y cuando sea a partir del 25 de marzo y de manera telemática, pues su domicilio se encuentra en Guayaquil. A razón de este escenario, el abogado de Lasso, Pablo Encalada Hidalgo, entregó un documento en la FGE para «justificar» la ausencia de su defendido.

«Si bien no tengo información relevante del tema, sigo presto a colaborar (…) Me encuentro fuera del país desde el 7 de marzo de 2024 por ser invitado del programa Senior LeadershipFellow», expresó.

Por su parte, información difundida por la Fiscalía detalló que el 18 de marzo de 2024, a las 11:00 am, debía comparecer el exmandatario, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; el exdirector del SNAI, Fausto Cobo; y el exministro del Interior, Patricio Carrillo.

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La legisladora argumentó que Corral era funcionario público, pese a que aún era accionista de una empresa que tenía contratos con el Estado, en este sentido, lo acusó de un incumplimiento sistemático de funciones.

»A pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad se presentó ante los medios de comunicación a decir que no le importaba», dijo la parlamentaria.

Agregó que este caso también está bajo la responsabilidad de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE) durante ese período, del expresidente Lasso y su equipo de trabajo.

Manifestó que en un inicio Corral declaró deudas por aproximadamente USD 6 millones y al finalizar su gestión este valor fue de USD 2 millones. Además, habló de una cuenta bancaria en Panamá con USD 240 mil cuando los funcionarios públicos no pueden tener dinero en paraísos fiscales.

Juicios políticos en fila

En el radar de la Comisión de Fiscalización también está el exministro del Interior, Juan Zapata; el exministro de Energía, Fernando Santos; y el exministro de Economía, Pablo Arosemena.

El pasado 25 de noviembre asambleístas del oficialismo (ADN) y del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron solicitudes de juicio político contra los exministros Zapata y Santos. En el primer caso por no abordar de manera eficiente la crisis de seguridad en el país y no ejecutar el presupuesto asignado para el 2023.

Por otro lado, la legisladora oficialista Nicole Saca encabezó la solicitud de juicio político contra Santos Alvite y alegó que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que provocó los apagones en el país. Según ella, el exministro tenía conocimiento desde abril de 2023 de la gravedad prevista en la temporada de estiaje. (AGM).

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