»A la Ministra de Gobierno no la pueden tratar como accionada. Lo único que he hecho es luchar», dijo exhaltada y procedió a retirarse de la sesión virtual.

La funcionaria de Estado apeló para no se le conceda este recurso legal a Glas y así devolverle el »honor nacional» al país. Además, señaló que fue acusada de manera injusta de vulnerar los derechos internacionales, pues ella también tiene nacionalidad mexicana.

Asimismo resaltó que no se trata de una persecución política ya que el exvicepresidente fue sentenciado en el 2017.

La situación de Glas

El exvicepresidente Glas detalló las agresiones durante su detención y los maltratos a los que ha sido sometido. Manifestó que tiene 43 moretones entre las costillas y heridas en las piernas, brazos y cadera.

Además señaló que está en huelga de hambre y que se encuentra en una celda sin acceso a la energía eléctrica y ni siquiera le han devuelto sus lentes. Informó al magistrado que durante su detención no le dijeron el nombre del juez a cargo de su caso y fue sometido a al maltratos y a los golpes de los 15 agentes policiales que ingresaron a la embajada de México.

“Me enfrenté a mercenarios con fusiles solito. Han reconocido que me torturaron porque dicen que me opuse. Yo un hombre de 54 años, que peso 78 kilos y tengo enfermedades traumatoides,” indicó.

La sesión fue suspendida en la madrugada y este 12 de abril será reanudada las 15h00, se espera que el juez del caso tome una resolución final. (AGM)

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Según el funcionario, la ciudadanía ya no puede seguir bajando la cabeza ante el crimen organizado y el narcotráfico. Además, agregó “no puede ser que el crimen organizado encuentre un estado desorganizado”.

Reforma del habeas corpus

Cucalón cuestionó la función de la justicia con los actos delictivos, pues en varias ocasiones se ha soltado a delincuentes por supuesta ausencia de pruebas. El 18 de abril, se dejó en libertad a “Elbi”, líder de los Tiguerones porque no había evidencia suficiente que lo inculpara.

De igual manera, el Ejecutivo junto a la función Judicial presentaron una propuesta para reformar la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, que con esta reforma se evitará el abuso de habeas corpus, aseguró en una entrevista de Ecuavisa.(D.C.)

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La petición de esta medida cuatelar fue presentada el 15 de marzo por los abogados del exmandatario. Ante el estado de salud de Moreno, se solicitaba que su presentación ante la justicia por el caso Sinohydro sea desde Paraguay.

Sin embargo, tras le negativa a la medida cautelar solicitada, su presentación en el Ecuador será olbigatoria; caso contrario las autoridades competentes iniciarán su proceso de extradición.

¿Asilo político?

A inicios de marzo, Moreno confirmó que solicitará asilo político en Paraguay, esto tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers».  

Según Moreno, la razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

El mandatario resaltó lo crítica que es su situación de salud, pues la primera vez que fue hospitalizado tenía un sangrado intenso de la vejiga. Por ende, el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales. (A.G.M).

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Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Institucional, la figura aplica en casos de desaparición forzada cuando se desconoce la ubicación de la persona y hay indicios de la intervención de un agente estatal.

¿Qué dice la ley?

El procedimiento de habeas corpus entrega 24 horas de plazo para otorgar una audiencia y conocer el estatus del caso. Se convocaría a la máxima autoridad competente, en este caso, el ministro del Interior o el comandante general de la Policía.

El juez asignado al pedido es Willian Roman, él dispondrá a las diferentes funciones del Estado las acciones necesarias para encontrar a la víctima. En caso de que no se acaten, podría terminar en la destitución de las autoridades.

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Manosalvas aseguró que no existió ninguna violación de derechos y que se le garantizó al privado de libertad (Jorge Glas) la atención médica que requiere.

Ante esta situación, la legisladora de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) aseguró que el ex segundo mandatario está en condición de secuestrado por parte del gobierno.

Los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha: Eduardo Andrade, Guadalupe Narváez y Santiago Galarza aseguraron que no hay prueba que demuestre la vulneración de los derechos del exvicepresidente.

El pasado 8 de agosto, el juez de Portoviejo, Banny Molina, emitió una orden de libertad inmediata a favor de Glas. Sin embargo, el director General del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, denunció a Molina por su decisión a pesar de que sus funciones estaban suspendidas.

El exvicepresidente deberá continuar en la Cárcel 4, en Quito, cumpliendo con dos penas por el caso de asociación ilícita (seis años) y cohecho pasivo agravado (ocho años).

Por otro lado, el juez Molina deberá enfrentar un juicio por el presunto delito de prevaricato y según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se castiga con tres a cinco años de prisión.

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Prisión para Molina

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no permite la libertad de Jorge Glas, a pesar de la disposición de la justicia ecuatoriana que le concedió el habeas corpus. El mismo juez Banny Molina, que ejecutó esta acción fue arrestado por la Policía Nacional en Manabí, por presunto delito de usurpación de funciones. 

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Este 17 de agosto, los jueces Soledad Manosalvas y Luis Jácome instalaron la audiencia para tratar las dos solicitudes de habeas corpus a favor de Glas.

La defensa del ex vicepresidente presentó las nuevas acciones jurisdiccionales, argumentando que el director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), Pablo Ramírez no hizo efectivo el dictamen del juez Banny Molina.

Sin embargo, ambos pedidos fueron inadmitidos.

«No procede para verificar o ejecutar el cumplimiento de un sentencia, ya que las garantías jurisdiccionales tienen su propia individualización, naturaleza jurídica, objetivos y finalidades diferentes», indicó uno de los fallos.

Por su parte, el abogado Carlos Alvear, uno de los representantes legales de Glas sostuvo que existe una dictadura que interviene en las decisiones judiciales.

«No tenemos seguridad jurídica de lo que pueda pasar con el ingeniero Jorge Glas», expresó.

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Sayán mencionó que las instituciones gubernamentales deben cumplir las órdenes judiciales. El relator de la ONU sobre Independencia Judicial está de acuerdo en conceder la libertad de Glas. Para lo cual, en su twitter expuso “como Relator de la ONU sobre Independencia Judicial, sigo de cerca la situación de una orden judicial de excarcelación del expresidente Jorge Glas que no estaría siendo acatada ni ejecutada por las autoridades del ejecutivo”.

A su vez, Sayán recordó y se apoyó de los Principios Básicos de la Independencia de la Judicatura vigente desde 1985 para poder refutar y comentar sobre el caso del exvicepresidente ecuatoriano. Anunciando que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura (principio 1). Una orden judicial firme debe ser cumplida”.

Prisión para Molina

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no permite la libertad de Jorge Glas, a pesar de la disposición de la justicia ecuatoriana que le concedió el habeas corpus. El mismo juez Banny Molina, que ejecutó esta acción fue arrestado por la Policía Nacional en Manabí, por presunto delito de usurpación de funciones. (J.P)

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La madrugada de este miércoles, 15 de junio, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza fue puesto en libertad, tras llevarse a cabo la audiencia de flagrancia.

Así también, se determinó que la audiencia de habeas corpus interpuesta por el equipo legal de Iza inicie a las 7:30 de la mañana de hoy.

Ya en la audiencia, el líder indígena declaró que en su detención participaron agentes vestidos de civil y que pasó incomunicado a alrededor de 15 horas.

De la misma manera, uno de los testigos de la detención, Patricio Copara aseguró que durante el arresto hubo agresiones raciales hacia su persona. Además, explicó que no pudieron seguir al vehículo particular que trasladó a Iza, debido a que le fueron retiras las llaves del carro.

Otros testigos dijeron que en el momento de la detención los agentes policiales no portaban ninguna orden judicial y que detuvieron el vehículo alegando un control de armas.

Defensa de Iza

Entre las pruebas presentadas, la defensa de Iza mostró capturas de pantalla de los comunicados publicados en las cuentas de Twitter de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, aduciendo ilegitimidad en la detención.

Defensa de la Policía Nacional, Procuraduría General del Estado y del Ministerio del Interior

Mientras tanto, el abogado de la Policía mostró un video en el cual se visualiza la lectura de derechos a Iza en una oficina. La defensa del dirigente indígena exigió se les muestre la fecha y hora del video.

Asimismo, los abogados de la Procuraduría del Estado alegaron legitimidad en la detención de Iza.

Por su parte, Tannia Loyola, abogada del Ministerio de Gobierno aseguró que la acción de Habeas corpus no procede debido a que el presidente de la CONAIE ya salió en libertad.

Juez niega Habeas corpus

Frente a las pruebas y testimonios presentados, un Juez de Cotopaxi negó Habeas corpus para Leonidas Iza, desconociendo que sus derechos hayan sido vulnerados durante su detención.

Tras esta decisión, el proceso legal previsto para el 4 de julio continuará.

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“Está preocupado. Incluso me dijo que si se acepta el pedido no se quiere ir porque no mira la posibilidad de despedirse de nuevo de su mamá e hijos.  Tenemos dos años litigando. La Corte Interamericana se tomaría esa cantidad de tiempo. La excepcionalidad aplica porque hay medidas cautelares que no se han cumplido y está en peligro la vida de Jorge Glas”, dijo la abogada a Radio La Calle.

Vera forma parte del equipo legal internacional de Glas. “Trabajo en un estudio de Bélgica y lidero los temas de Glas. El 9 de abril se le otorgó un habeas corpus y vimos la repercusión que generó eso. Aunque la SNAI expresó que no conocían el paradero del exvicepresidente, finalmente la Corte provincial realizó la audiencia de apelación. La gravedad del caso radica en la presión política que ha sufrido el exvicepresidente”, añadió.

“La Corte Provincial de Santa Elena declaró la nulidad del habeas corpus y todo regresó a foja cero. El SNAI no lo trasladó a Latacunga por razones de seguridad y nos dan la razón de que en los cuatros años que pasó allí, su vida estuvo en peligro”.

Caso Singue

A todo esto, se suma el laudo final de caso Singue donde un tribunal internacional identificó una actitud dolosa por parte del Estado ecuatoriano en el informe de Contraloría que llevó a la investigación penal de este caso.

Este informe tuvo cifras inconsistentes, por lo que, como prueba, no tendría una validez debido a las imprecisiones.

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Nicole Malavé, simpatizante del movimiento Revolución Ciudadana, interpuso la demanda de habeas corpus a favor del ex vicepresidente, según recopiló diario El Universo.

La simpatizante presentó anteriormente una demanda de habeas corpus a favor de Glas en abril de 2022, ante el juez de Manglaralto, provincia de Santa Elena, Javier Moscoso, quién se la concedió y Glas pudo obtener su libertad.

El ex vicepresidente fue liberado el pasado 9 de abril de 2022. No obstante, volvió a ser encarcelado, puesto que el fallo del juez de Manglaralto se declaró nulo.

La audiencia

Soledad Manosalvas, jueza de la Unidad Judicial especializada de Garantías penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito, avocó conocimiento, aceptó a trámite la demanda y convocó a la diligencia en el Complejo Judicial Norte de Quito para la fecha prevista.

Manosalvas requirió al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores (SNAI) le remita la carpeta de Glas y certificados de: no fuga, que se encuentra en mínima seguridad y que indique el tiempo que lleva cumpliendo su pena.

Además, se prevé que en la audiencia comparezca no solamente el vicepresidente, sino también representantes del Centro de rehabilitación social regional Cotopaxi, el Centro de rehabilitación social masculino Pichincha, el SNAI, y la Procuraduría General del Estado.

Además, tendrán que realizar su relato testimonial los médicos de Glas, y el director del centro de privación de libertad de Cotopaxi.

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Por medio de un comunicado, el equipo legal señaló que se trata de una violación del derecho a la defensa de Glas. Sostienen que el exvicepresidente está pagando la factura de la presión mediática y política.

«Las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el ‘habeas corpus’ y la institución del precedente vinculante», dice el texto.

Además, el equipo de abogados manifestó que temen por la vida de su cliente. Asimismo, agregaron que la situación carcelaria y otros factores pondrían poner en peligro la integridad física, psíquica y la dignidad del sentenciado.

«La negativa a escuchar los argumentos del Derecho Internacional (…) resulta preocupante. Contra esa decisión, desde el equipo internacional de defensa de Jorge Glas introducimos una solicitud de revocatoria, pero la decisión de la Corte de Santa Elena de revocar el ‘habeas corpus’ intervenía súbitamente antes del fin del corto plazo para introducirla», han asegurado.

El exvicepresidente, se encuentran en prisión desde finales de 2017, y deberá cumplir dos condenas. La primera de seis años por asociación ilícita y otra más reciente de ocho años por cohecho.

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Glas ingresó este viernes 20 de mayo de 2022 a la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, horas después, el Servicio Nacional Penitenciario (SNAI) anunció que Glas sería reubicado tras registrarse altercados en la prisión de Latacunga por el traslado de 36 reos de una banda criminal a otros centros penitenciarios.

El SNAI informó que personas privadas de la libertad propiciaron altercados y resistencia, dañando infraestructura del centro penitenciario de Cotopaxi. “Al momento se ha tomado el control gracias a las Fuerzas Armadas y Policía”, informó el organismo.

Cerca de las 02:00 de este sábado, Glas llegó a la cárcel 4 de Quito. Su arribo se dio tras la anulación del hábeas corpus que se le otorgó en abril de este año. La Corte Provincial de Santa Elena revocó este recurso y ordenó su captura inmediata.

“Lo estoy enfrentando como se tienen que hacer las cosas, tal cual lo dije desde el primer instante, si se revocaba el hábeas corpus me entregaría y eso hice”, declaró Glas.

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La Corte también alegó indefensión por no haber citado al Procurador General del Estado. En este sentido, dispuso la inmediata localización, captura y traslado de Glas hasta al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

Asimismo, ordena al Comandante General de la Policía Nacional el inmediato y obligatorio cumplimiento de esta decisión constitucional, independientemente de cualquier acción o recurso.

Además, la resolución solicita a la Fiscalía General del Estado que investigue la conducta de todos aquellos funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) que intervinieron en la causa.

También se pide investigar a los funcionarios de la Unidad Judicial Multicompetente de Manglaralto que intervinieron en el sorteo y trámite del proceso.

El Tribunal declaró la existencia de error inexcusable, tipificada como infracción disciplinaria en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, en las actuaciones del juez Moscoso, por lo que deberá enfrentar un sumario administrativo.

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El magistrado pidió enviar el expediente original a la Corte de Justicia de Santa Elena. De acuerdo con el SNAI, “dentro del proceso y sentencia de habeas corpus existe inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba, en un abuso de esta acción constitucional”.

La institución agregó que se ha pedido que los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena actúen y resuelvan el recurso conforme y de acuerdo con los principios básicos que rigen el sistema de justicia. “El recurso judicial en mención se presentó por este Servicio, en estricto respeto y apego al derecho, a la normativa y jurisprudencia vigente en el Ecuador”.

Caso Glas

El 2 de octubre del 2017, la Policía detuvo al exvicepresidente por el caso Odebrecht. Pasaría cinco años en prisión y en ese período de tiempo se lo encontró culpable de dos delitos. Asociación ilícita por el caso Odebrecht con seis años de condena y cohecho por el caso Sobornos con ocho años de cárcel.

El caso Singue todavía no tiene una sentencia final. El pedido de habeas corpus de su defensa la aceptó un juez en Manglaralto y Glas salió de Latacunga al mediodía del 11 de abril. MIB

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Quito, 26 abr (La Calle). – Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, rechazó la solicitud realizada por los presidentes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ), quienes, según Lozada, “parecen desconocer la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre habeas corpus”.

Lozada se pronunció en nombre los jueces del organismo y señaló que el pedido de las autoridades de la Corte y el Consejo constituye «una clara injerencia en las funciones».

Además, aclaró que “la Corte Constitucional (…) emite jurisprudencia en casos concretos, sobre posibles vulneraciones a la Constitución y a los derechos fundamentales”. Puntualizó que no es de su competencia regular procedimientos judiciales y tampoco absolver consultas informales de otros órganos estatales.

Lozada también recordó que, desde 2019, institución ha establecido jurisprudencia sobre la materia en más de 20 sentencias; y dentro del marco normativo constitucional de regulación del habeas corpus.

Igualmente, dijo que dispuso al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a jueces del país en garantías constitucionales.

Lozada reiteró que las autoridades deben cumplir las responsabilidades propias de su competencia previstas en la Constitución. Y manifestó que la entidad que preside se manejará con prudencia para preservar su independencia e imparcialidad.

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Contexto al pronunciamiento de la Corte Constitucional

El pronunciamiento de Lozada responde al pedido de los titulares de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, y del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, luego de su reunión con el presidente Guillermo Lasso.

Ambas autoridades firmaron un documento solicitando, entre los puntos principales, una aclaración y deliitación del recurso de habeas corpus, por parte de la Corte Constitucional.

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Esta resolución ocurrió tras conocer la declaración jurisdiccional previa, por negligencia manifiesta, determinada por la Corte Provincial de Santa Elena.

La resolución de este recurso permitió a Glas salir libertad el pasado 11 de abril. Tras las críticas, Moscoso dijo que «es bochornoso» para él, como autoridad jurisdiccional, escuchar a representantes de poderes del Estado referirse de una manera despectiva.

Jueces Sancionados

Este lunes, el Consejo de la Judicatura (CJ) dictaminó también la medida preventiva de suspensión por 90 días para la jueza de Manglaralto, Érika Moriel. La jueza fue suspendida por presunta infracción ‘gravísima’ al conceder habeas corpus a un ciudadano holandés que tenía difusión roja de la Interpol.

De igual forma, el Cosejo de la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal del juez de Garantías Penitenciarias de Guayas, Pedro Moreira, quien concedió habeas corpus a ‘Alias JR’, cabecilla de «Los Choneros».

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De igual forma, el Cosejo de la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal del juez de Garantías Penitenciarias de Guayas, Pedro Moreira, quien concedió habeas corpus a ‘Alias JR’, cabecilla de «Los Choneros».

Moreira concedió este recurso el pasado 22 de abril, posibilitando la salida de «Alias JR» de la cárcel Regional de Guayaquil. Inicialmente dispuso su atención médica ya que según su defensa, su estado de salud era muy delicado. Luego, su decisión cambió a arresto domiciliario. JR deberá portar grillete electrónico y contará con custodia policial.

En ambos casos, el Consejo de la Judicatura inició los procesos de investigación respectivas a los jueces, a cargo de la Dirección de Transparencia de la institución.

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Aseguró que independencia de poderes no quiere decir indiferencia. “Ni el presidente ni nadie debe politizar la justicia, pero tampoco puede un jefe de Estado permanecer indiferente ante situaciones que propagan el miedo y la indignación en la colectividad”, añadió.

Dijo que no está ahí para dar a los jueces instrucciones de nada ni para emitir criterios jurídicos, pero aseguró que en calidad de presidente de la República no va a permanecer callado ante la indignación, preocupación y miedo que siente el Ecuador.

“Lo que la ciudadanía siente es indignación, estupor, decepción, ante las instituciones y la justicia cuando los ciudadanos se ven en desigualdad de derechos frente a delincuentes comunes. Entonces la sociedad empieza a sentir una profunda decepción hacia las instituciones”, aseveró.

De igual forma, afirmó que jamás permitirá que el Ecuador se convierta en un Estado sitiado por bandas de narcotráfico.

¿Qué medidas se definieron en el encuentro?

“El doctor Saquicela, a quién he transmitido mi malestar, está tomando medidas como las que acaba de anunciar y que deben ser escuchadas de manera especial por todos los jueces de la República del Ecuador, para que los abusos judiciales paren. Confío en que sus gestiones darán resultados y permaneceremos vigilantes para que así sea”, sostuvo Lasso.

Entre las medidas propuestas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, solicitó a la Corte Constitucional que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite al habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que pueden dar paso al abuso de este recurso.

Otro de los pedidos fue que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos por prevaricato. También que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en particular, lo referente con la facultad de actuación en caso de manifiesta negligencia.

Otras propuestas de la Función Judicial

El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, pidió que se restituya al Consejo la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente, las de negligencia manifiesta. “Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia o una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios», señaló.

También solicitó que los jueces de cortes superiores y de tribunales ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que les corresponde, es decir, aplicar la facultad correctiva que tiene un juez superior frente a la actuación de un juez inferior.

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El pasado 20 de abril, Erika Moriel, jueza de Manglaralto, aceptó un habeas Corpus y ordenó la inmediata libertad de un ciudadano Holandés. El civil se encontraba detenido desde el 2 de abril del presente año y contaba con una difusión roja de la interpol.

Asimismo, desde el 10 de abril, en la Dirección de Transparencia, también está abierta una investigación al juez de Manglaralto, Diego Moscoso por otorgar el habeas corpus al exvicepresidente, Jorge Glas.

En ambos casos, la Dirección de Transparencia comprobará si existieron o no posibles irregularidades en el ingreso y conocimiento de los recursos judiciales.

“En caso de que se confirmen presuntas irregularidades, la autoridad competente estabecerá una sanción. Esta puede ser leve (multa o amonestación escrita), grave (suspensión) y gravísima (destitución)”, señala un comunicado del Consejo de la Judicatura.

Mientras se realizan las investigaciones, el Consejo de Judicatura esperará que los afectados por las actuaciones de los jueces de Manglaralto presenten una denuncia y el pedido de declaración jurisdiccional previa, a la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena por negligencia, error inexcusable o dolo.

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La defensa de alias “JR”, uno de los líderes de la banda “Los Choneros”, presentó un informe médico, donde se detalla que Roldán sufre de hipertensión arterial, diabetes mellitus, esteatosis hepática grado 3 y cirrosis hepática.

En base a lo presentado, un juez de Garantías Penales de Guayaquil resolvió conceder de manera parcial, el segundo pedido de habeas Corpus para alias “JR”.

La medida autoriza que el detenido se traslade al hospital Abel Gilbert Portón de Guayaquil, hasta que se recupere.

Junior Roldán se encontraba recluido en la Penitenciaria del Litoral desde 2015, cumpliendo dos sentencias de 22 años por asesinato. Además de estar involucrado en delitos como: delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad, daño a bien ajeno e intimidación.

Frente a esta acción judicial, la Fiscalía General del Estado expresó su rechazó.

“Pese a que las acciones constitucionales – como el habeas corpus- no son competencia de Fiscalía. Cabe recordar que esta Institución advirtió sobre el abuso de este recurso y consultó el alcance del mismo ante la Corte Constitucional en junio de 2021 (…), sin que se hay obtenido respuesta alguna. Es una preocupación para la Institución y para la ciudadanía que todo el trabajo de investigación –sustentado en cada caso- quede en la impunidad”, expresó.

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