Durante el proceso, Glas relató que «ya debería estar muerto», pues ingirió 60 pastillas en un intento de suicidio acaecido el pasado abril. Agregó que sufre maltratos en la cárcel ‘La Roca’ en Guayaquil, que cambiaron las esposas por correas plásticas, en su celda hay ratas y – de acuerdo con el exvicepresidente – se han subido a su cama en cinco ocasiones, lo han mordido en las piernas y en su espacio del presidio, hay heces de roedores.

El psiquiatra de Glas, Michael Brune, explicó al juez que es necesario que su paciente tenga una vida fuera de la cárcel para observar mejoras. Agregó que los trastornos del exvicepresidente nunca desaparecerán y no volverá a ser la persona con un estado mental sano.

Su abogado agregó que sufre de varias enfermedades, entre esas, fibromialgia y espondilitis anquilosante, para las que no está consumiendo su tratamiento. El juez suspendió la audiencia y está pendiente el veredicto. (MIB)

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La captura surge después de que el Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI)  encontró inconsistencias en las boletas de excarcelación de Jorge Glas y Daniel Salcedo. El funcionario se encontraba en su casa de San Jacinto (cantón Sucre).

Mediante un comunicado en sus redes sociales el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la detención del juez. La aprehensión del implicado estuvo a cargo de la Unidad Judicial de la Policía, en colaboración de la Subzona de Inteligencia de Manabí.

Es preciso recordar que la Fiscalía abrió la investigación tras la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura. “Hay elementos fuertes que pueden llevar a sostener que se cometió ese delito”, señaló Fausto Murillo, titular de la Judicatura, en Ecuavisa. De allí que su director solicitó la aprehensión del juez.

El detenido ya se encuentra en manos de la Fiscalía del Ecuador.

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“Libertad, libertad. Glas amigo, aquí estamos contigo”, gritaban los simpatizantes del exvicepresidente.

Los ciudadanos exigían el cumplimiento de la acción legal a favor de Glas, luego que el Consejo de la Judicatura ordenó su revocatoria.

Por su parte, el abogado de Jorge Glas, Edison Loaiza, explicó que se están poniendo demasiadas trabas para la liberación de su defendido, pues se están desobedeciendo órdenes judiciales al no ejecutar lo emitido en la boleta presentada.  

Además, aseguró que el nuevo director de la Cárcel 4 debe acatar la orden del juez y no revisar nuevamente el expediente del exsegundo mandatario, debido a que es una acción que no le compete dentro de sus funciones.

“Lo que le corresponde al director cualquiera que sea es acatar una orden judicial. En este caso, de un juez constitucional”, manifestó.

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«El 5 de agosto, la Sala de lo Penal de la Corte provincial de Manabí había revocado un auto de sobreseimiento a favor del juez Molina y dictó un auto de llamamiento a juicio por el supuesto delito de prevaricato», dice parte del comunicado.

Este llamado a juicio se debe a que en 2018, Molina ordenó que una sentencia por el delito de peculado cumpla la pena de prisión en su domicilio. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando se llama a juici a un juez se suspende la jurisdicción del mismo, por lo que su sentencia no tendría validez.

«En este escenario y en estricto apego a la Constitución y la Ley, el CJ anuncia a la opinión pública que actuará con absoluta firmeza en el ámbito de sus competencias«, anunció el organismo.

De acuerdo con la sentencia de Molina se aceptó un pedido de hábeas corpus pedido por Eduardo Araujo, en el que también salieron beneficiados Glas y Salcedo por encontrarse vulneraciones a sus derechos de salud e integridad física.

Desde presidencia

El presidente Guillermo Lasso también emitió un pronunciamiento sobre la sentencia. «Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación a ciudadano que atente contra el ordenamiento jurídico y permita la anarquía a la que intentan llevarnos algunos jueces».

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El nombre de Leandro Norera conocido como “El patrón” resonó en Ecuador el 25 de mayo de 2022, cuando en una serie de operativos en Guayaquil, la Policía Nacional decomisó lingotes de oro, armas, joyas, fajos de billetes y detuvo a Norera junto a otras seis personas, entre ellos su hermano y su pareja.

Este martes 26 de julio, mediante un comunicado, el (SNAI) alertó a la ciudadanía sobre un posible caso de abuso de la acción constitucional de Hábeas corpus para los procesados del operativo Despegar.

“En los últimos días se han presentado de manera simultánea diversas garantías jurisdiccionales, a favor de las personas procesadas en este caso. Pese, a que esto se encuentra prohibido por norma expresa conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, configurándose un abuso del derecho”, indicó el comunicado.

Frente al hecho, el SNAI solicitó a la función Judicial actuar de manera pertinente para alcanzar la justicia de forma efectiva e imparcial.

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“Compañeros y ciudadanos, una vez más regreso a prisión. Lo dije y lo repito Glas no huye. Creo que ya lo he demostrado en exceso. La infamia se ha impuesto una vez más. La podredumbre de un sistema de justicia que no tiene parecido en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a mi familia, a mis amigos, a los militantes y a los que no son militantes y que saben que lo que hacen en mi contra es una infamia sin antecedentes en la historia”, dijo el exvicepresidente.

Añadió que han excedido con creces el grado de vileza en contra de una persona por tener un solo ideal. “Que los ecuatorianos y ecuatorianas que la pasen mal la pasen menos mal. Que tengamos un buen vivir para todos los ecuatorianos. Regreso a la cárcel con mucho dolor, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es historia viviente. Hasta la victoria siempre”.

La sentencia

La resolución de los jueces contiene seis puntos:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el juez Diego Moscoso, por falta de competencia. Así como por haber causado indefensión al no notificar a la Procuraduría General del Estado.
2. Disponer la inmediata localización, captura y traslado de Jorge Glas a la Cárcel de Latacunga.
3. Oficiar a la Fiscalía que investigue a los funcionarios del SNAI que intervinieron en este proceso.
4. Solicitar al Ministerio Público que indague a todos los funcionarios judiciales de Manglaralto que participaron en el caso.
5. Remitir el expediente a Latacunga.
6.  Declarar el error inexcusable del juez Moscoso, con lo que el Consejo de la Judicatura podría destituirlo.

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La audiencia de apelación al habeas corpus, que permitió la excarcelación de Jorge Glas, el pasado 10 de abril, está prevista para este miércoles 18 de mayo.

La Policía Nacional fue alertada ante la posible instalación de un artefacto explosivo cerca a la Corte Provincial de Santa Elena, a pocos minutos de iniciar con la audiencia. Pese a la alerta, la audiencia se desarrolla sin dilataciones.

De igual manera y, a pesar que varias personas solicitaron amicus curiae para el proceso, se ha definido la presencia de 33 testigos. Así también, varias personas se dieron cita a las afueras del complejo judicial, con el fin de brindar su apoyo al exvicepresidente.

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“La embajada de Alemania se permite solicitar el acceso virtual a la audiencia en el proceso de apelación del hábeas corpus del ciudadano ecuatoriano – alemán Jorge David Glas Espinel el 18 de mayo en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, para comparecer a la justicia en conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y en el marco de la asistencia consular a ciudadanos alemanes”, dice el documento.

La embajada también aclaró que el pedido se debe a la nacionalidad alemana de Glas. “La Embajada de la República Federal de Alemania en Ecuador quiere aclarar que el Sr. Jorge Glas también tiene nacionalidad alemana. En marco de la asistencia consular que otorgamos a cualquier ciudadano alemán se incluye la posibilidad de observar el proceso judicial”.

Agregaron que la observación del proceso judicial se estipula en la Convención de Viena sobre asuntos consulares y es un acompañamiento rutinario. MIB

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) y la Procuraduría General del Estado apelaron el fallo emitido por un juez de Santa Elena. La medida permitió la liberación Glas, el pasado 10 de abril.

En la audiencia Diana Salazar impugnará la sentencia. Asimismo, intervendrán políticos y varios simpatizantes y militantes del movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Quienes solicitaron presentarse en la audiencia de apelación lo harán bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal), es decir se trata de terceros interesados en la causa.

Glas salió de la cárcel de la ciudad andina de Latacunga (centro) luego de permanecer más de cuatro años en prisión por dos condenas a seis y ocho años. Los delitos de los que se le acusa son asociación ilícita y cohecho en el caso de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y un caso de Sobornos.

Al momento se encuentra pendiente la fecha para la audiencia de apelación de una tercera sentencia de ocho años de cárcel. El delito que se lo acusa entra bajo la figura de peculado al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo petrolero Singue.

Fuente: Sputnik

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El juez Pedro Moreira, del Tribunal de Garantías Penitenciarias del Guayas, dispuso que ‘JR’ vaya a su casa para recibir la atención médica. Junior se negó a internarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón. Alegó que su vida corría peligro y aseguró que prefería quedarse en la cárcel Regional donde cumple una sentencia de 22 años por asesinato.

Según los argumentos de su defensa, Roldán sufre de varias enfermedades: hipertensión arterial, diabetes mellitus, esteatosis hepática, grado 3 y cirrosis hepática. Tendrá prohibido salir del inmueble y deberá usar un grillete electrónico.

Posición del Gobierno

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, criticó la decisión del juez y expresó que se esta abusando de las garantías constitucionales.

El juez Enrique Moreira, que en su decisión oral concedió parcialmente el hábeas corpus de JR alias ‘Junior’, acaba de notificar por escrito el cambio de decisión y le autoriza traslado a su domicilio. Es inconcebible el abuso de garantías constitucionales, que ciertos jueces se pongan al servicio de quienes han cometido actos ilegales. Advertimos que decisiones de esta naturaleza tienen consecuencias directas en materia de seguridad, incluida la del sistema penitenciario”, expresó el ministro.

Criticó al sistema de justicia en estos casos. “Mientras el sistema de justicia no se comprometa a proteger la paz y la vigencia del Derecho, ningún esfuerzo de la Policía para garantizar la seguridad ciudadana será suficiente. MIB

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Salcedo y su defensa, Abdalá Bucaram Pulley, solicitaron la salida de prisión y continuar con sus sentencias en su domicilio. Su abogado argumentaba que había recibido amenazas de muerte a través de un correo.

El tribunal indicó que negó el pedido de hábeas corpus porque no ha caducado la prisión en su caso. Salcedo tiene una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad.

La Fiscalía

la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que se le niega este recurso judicial, por el hecho de que, Abdalá Bucaram Pulley y su equipo de abogados tratan de desconocer lo señalado en el artículo 541, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que dice:

“El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán esos plazos”, indicó la institución.

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El trámite de hábeas corpus inició a las 11:00 de este lunes 24 de agosto. Esto, después que el Tribunal aceptara a trámite la demanda el pasado viernes 21 de agoto a las 21:00. A esa hora la defensa recibió la notificación. Por este motivo, la jueza Luz Marina Serrano debió entregar un informe motivado sobre su decisión.

Serrano fue quien ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario y vigilancia policial durante las 24 horas a Bucaram.

Delincuencia organizada

De acuerdo a la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha los procesados en el caso conformaron un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas». Ellos, dijo, operaban en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Según desprendieron las primeras investigaciones, el grupo nació para beneficiarse económicamente sobre la venta de insumos médicos a hospitales públicos. Entre ellos está la comercialización de pruebas para Covid-19 y mascarillas, productos necesarios en medio de la emergencia sanitaria.

Además de la delincuencia organizada, la Fiscalía investiga a los procesados por enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria y hasta delitos contra la vida.

Como fruto de las investigaciones, el exmandatario también es investigado por tráfico ilícito de armas y municiones y por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado. Este último, por poseer figuras de propiedad del Estado en su domicilio.

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“Sufro de ceguera total en uno de mis ojos y con el otro solo puedo ver un 30%, a causa de una retinopatía, glaucoma y cataratas. Sufro también de hipertensión, diabetes e insuficiencia renal grado dos y neuropatía, todo lo cual se encuentra debidamente documentado en el registro de atenciones médicas del IESS al cual no he podido tener acceso. Debo indicar a usted que a pesar de todas mis afecciones, NUNCA LOGRÉ SACAR MI CARNET DE DISCAPACIDAD por la serie de trabas burocráticas que siempre fueron puestas para mis chequeos”, asegura María Eulalia en la solicitud de hábeas corpus que está procesando el abogado Hernán Ulloa, quien ofreció sus servicios

Orden de arresto

El pasado 27 de julio, agentes de la Policía Nacional arrestaron a María Eulalia con una orden de captura por un presunto delito que data de 2001, donde ella junto a tres personas más fueron acusados por faltante de dinero en la caja del Hospital Francisco Icaza Bustamante.

La mujer asegura que “luego de 6 años de haberse dictado el auto de llamamiento a juicio y sin haberse notificado a los defensores técnicos particulares que mantenía en aquella fecha, se dio paso a una juzgamiento en mi ausencia, vulnerando mi derecho a la defensa y por ende al debido proceso”

María Eulalia está recluida en el Centro de Privación de la Libertad Femenino de Guayaquil, ubicado en el Kilómetro 17 vía a Daule. Junto a su abogado, la adulta mayor presentó una demanda contra la psicóloga Marina Teresa Salazar León, directora del Centro de Privación de la Libertad, debido a que no ha brindado las atenciones médicas que requiere el estado de salud de la detenida.

Hábeas Corpus

La tarde de este jueves 30 de julio, el abogado de María Eulalia solicitó una garantía de Hábeas Corpus por el estado de salud que tiene su defendida, que es aún más vulnerable por la pandemia de Covid-19.

Organizaciones de Derechos Humanos

En el marco de la pandemia, la Organización de Estados Americanos emitió una Guía con enfoque en derechos humanos frente a Covid-19. Este informe exhorta a que las personas privadas de libertad tengan posibilidad de implementar medidas de distanciamiento, que podría implicar “la liberación inmediata de personas que se encuentran en una particular situación de riesgo como los adultos mayores y personas con otras enfermedades; la liberación de personas de baja peligrosidad; la liberación anticipada de personas que han cumplido casi toda su condena; y el otorgamiento de permisos de salida temporales…”.

Frente a estas recomendaciones, el presidente Lenín Moreno indultó a las personas que forman parte de grupos de atención prioritaria. En ese grupo se encuentran personas adultas mayores, mujeres que habitan con niños en los centros de reclusión, personas con discapacidad y personas que padecen de enfermedades catastróficas y crónicas.

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«Como dijo mi hermana en su comparecencia en la Asamblea Nacional, esta es una persecución política. La alcaldesa de Guayaquil también participó y no se le juzga porque no es correísta», declaró su hermana Priscila al inicio de la audiencia.

En las afueras de la Corte Provincial, militantes y asambleistas afines al movimiento Revolución Ciudadana (RC) apoyaron con cánticos a la prefecta.

Paola Pabón permanece detenida desde el 14 de octubre en la cárcel de Latacunga bajo el delito de rebelión. A ella se suman las detenciones de Cristian González y Virgilio Hernández, ambos militantes del movimiento RC.

MIB – BIG

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