La tabla la encabeza Venezuela con el 69 %, le sigue Perú con el 55 % y, finalmente, Ecuador con el 53 %. Mientras que en los últimos lugares se encuentran México con el 30 % y El Salvador con el 30 %.

Una situación desde el 2020

Según datos de la fundación internacional World Vision, en Ecuador el 26% de las familias no puede costear sus gastos de alimentación, por lo que muchas de ellas acuden a las ollas comunitarias que realizan organizaciones sociales como Luna Roja, La Unión o la Pobla.

“Nos organizamos porque vimos como crecía la necesidad y los víveres que debía entregar el gobierno no llegaban. Hay mucha gente aquí que solo come una vez al día porque no le alcanza para más”, le dijo Carla Espín, miembro de Luna Roja a diario Expreso. 

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En la lista, Ecuador ocupa el quinto lugar de 13 países de América Latina con el mismo problema. El primer puesto lo tiene Venezuela con el 72 %, seguido de Honduras, Perú y Nicaragua con cifras similares a las ecuatorianas, 59 %, 56 % y 55 %, respectivamente.

De la otra punta, los mexicanos son los ciudadanos que menos se ven afectados por esta penuria, aunque es casi un tercio de su población (32 %). El Salvador y Costa Rica ocupan los siguientes lugares con 34 % ambos.

Sobre la encuesta

Son encuestas de opinión pública de CID Gallup, con metodología de llamadas a teléfonos celulares o entrevistas cara a cara, con muestra mínima de 1200 ciudadanos en cada país. Tiene un margen de error ±2.8 puntos (nivel de confianza 95%) y fueron realizadas entre mayo y junio 2023.

Foto: BBC

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En América Latina, las desigualdades sociales han tenido vigencia y variaciones en función de las distintas épocas históricas. Entre las sociedades aborígenes esas desigualdades se hacen visibles desde el período que los arqueólogos denominan como “desarrollo regional”, con “señoríos”, cacicazgos y curacazgos.

Las grandes culturas imperiales de Aztecas, Mayas e Incas, sobre las cuales hay ricas referencias entre los primeros cronistas de indias y que han sido estudiadas ampliamente por etno-historiadores contemporáneos, se basaron en profundas divisiones jerárquicas y evidentes desigualdades sociales. Pero, sin duda, la conquista y el coloniaje ibérico, inauguraron los procesos que han servido de base para explicar el origen de las desigualdades contemporáneas.

Durante la colonia se sancionaron legalmente las diferencias, sobre principios racistas y clasistas, de modo que los “blancos” no solo concentraron el poder, sino que tuvieron privilegios en cargos públicos, títulos o educación. Los indígenas -y peor los negros esclavos- no solo fueron sometidos y reducidos a condiciones de pobreza extrema, sino que su fuerza de trabajo fue permanentemente sobrexplotada. Los indígenas no podían ascender en la sociedad y tampoco educarse como lo hacían las castas “superiores”. Las terribles condiciones de vida y trabajo de los indígenas y de las capas más “bajas” de la sociedad colonial, marcaron la estructura social de América Latina.

La situación no cambió con las independencias y la constitución de los Estados Nacionales. Por lo menos hasta mediados del siglo XIX se mantuvo la esclavitud, mientras los pobladores fueron excluidos de la “democracia” por no contar con ingresos mínimos ni saber leer o escribir y los indígenas fueron expresamente marginados. La hegemonía de terratenientes y comerciantes permitió que gozaran del privilegio de la riqueza legalmente reconocida. Fueron los liberales y radicales quienes progresivamente cambiaron esas herencias, al reconocer derechos individuales universales y la igualdad jurídica de los ciudadanos, aunque esa ciudadanía censitaria continuó restringida hasta bien entrado el siglo XX.

El principio de “igualdad” simplemente jurídica y legal, derivado del pensamiento ilustrado y de la filosofía republicana, ha predominado durante el siglo XX, encubriendo las desigualdades sociales que la realidad económica siempre impuso. Ensayistas y politólogos constantemente denunciaron esas realidades. Pero ha sido el desarrollo de la economía el que ha permitido ya no solo visualizar las desigualdades sociales, sino medirlas. Sin duda el refuerzo que ha dado la historia económica ha sido fundamental.

La economía no fue una carrera o especialización autónoma sino desde las décadas de 1920 y 1930, aunque no en todos los países. Normalmente los estudios de economía eran reducidos y vinculados a la formación de los abogados, como también ocurrió largamente con la sociología y la politología. La “teoría económica” provenía, sobre todo, de los grandes países capitalistas centrales y no era raro que a sus autores se les tuviera como autoridades indiscutibles.

En todo caso, lentamente comenzaron los estudios económicos sobre las realidades nacionales en distintos países y se levantaron precarias estadísticas sobre asuntos nuevos, ya que fueron tradicionales las estadísticas -muy elementales- sobre comercio exterior y hacienda pública. El despegue de la economía latinoamericana está vinculado a los gobiernos “populistas” de las primeras décadas del siglo XX, a las facultades de economía que se fundaron, también a la conformación de bloques mundiales (capitalismo, socialismo y Tercer Mundo) después de la II Guerra Mundial, la creación de organismos internacionales a raíz de los Acuerdos de Bretton Woods, en forma particular a las actividades de la CEPAL creada en 1948 y singularmente a las políticas desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970.

Hoy contamos con una diversidad de estudios sobre América Latina en los cuales se ha esclarecido el asunto relativo a las, aún antes de los modernos e interesantes, en los que, sin embargo, América Latina está ausente.

Los estudios contemporáneos han permitido comprender, con mayor profundidad, algunas situaciones. Está muy claro que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo; que la ideología neoliberal introducida en la región desde la década de 1980 solo agravó los términos de la desigualdad social; que esa desigualdad continúa afectando la vida y las condiciones de trabajo de amplios segmentos de la población, caracterizados por la pobreza, el desempleo y el subempleo, que afecta sobre todo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La pandemia de la Covid incluso agravó las desigualdades sociales, sin que todavía se recuperen las situaciones anteriores a 2020, como ha ocurrido en Ecuador, donde las desigualdades incluso se han agravado: mientras en 2019 el ingreso mensual por persona del 5% más rico era 43,28 veces superior al del 5% más pobre, en 2020 era 59,25% mayor, en 2021 fue 47,68% y en 2022 es de 47,72% (). Y el tema es tan significativo que entre los 17 en 2015 y que deberían cumplirse hasta 2030, constan: fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de las desigualdades.

Desde luego, queda igualmente en claro, que el cuadro económico de las desigualdades sociales no solo es fruto de un pasado histórico de exclusiones y explotación humana, así como de concentración de la riqueza en minorías constituidas como clases dominantes en las distintas etapas seguidas por los países latinoamericanos, sino que es una realidad derivada del poder en los Estados, captado por esas minorías ricas.

Por consiguiente, las soluciones al problema de las desigualdades sociales no pasan únicamente por su reconocimiento teórico y la formulación de políticas económicas destinadas a la redistribución de la riqueza, sino por la reestructuración de las condiciones del poder. Y esta perspectiva toma cada vez mayor fuerza en América Latina, de modo que hoy existe un proceso de construcción y toma de conciencia social -cuya extensión en el tiempo es imprevisible-, sobre la necesidad de superar las desigualdades sociales y avanzar en la inevitable afectación que ello provocará sobre las capas concentradoras de la riqueza.

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Una inédita inseguridad ciudadana se ha sumado a la pobreza que sigue siendo el problema mayor de los ecuatorianos con todas sus graves extensiones recayendo sobre su educación, salud, nutrición, vivienda, seguridad social y servicios públicos, es decir, sobre su calidad de vida y posibilidades efectivas de progreso. Es que la pobreza no es solo falta de ingresos suficientes sino de oportunidades efectivas para atender todos esos componentes de calidad de vida. El viejo camino de las políticas económicas desde hace 40 años nunca resolvió esos problemas.

El ingreso real per cápita no solo que ha retrocedido al nivel de hace 10 años sino que la capacidad adquisitiva de cada ecuatoriano medida en paridad de poder adquisitivo (PPA) es la más baja de la región. En un reciente informe la FAO dice que 2.7 millones de ecuatorianos no tienen acceso a alimentos y literalmente están muriendo de hambre. Son los que nacen pobres y mueren pobres, aquellos que sin capacidad de ahorro hacen que la pobreza se transmita de una a otra generación.

Los indicadores económicos y sociales muestran inestabilidad económica e insuficiente crecimiento, tanto que entre los años 2017 a 2022 el crecimiento anual promedio del PIB fue apenas 0,9 %, mientras la ecuación de desempleo más subempleo atrapa al 67 % de la población económicamente activa que quiere trabajar, puede trabajar y busca trabajar.

Las cifras son de escándalo

Según el último informe del INEC sufren pobreza por ingresos el 25,0 % y pobreza extrema el 10,7% de una población total de 18 millones de ecuatorianos. El 39,2 % de la población total vive en pobreza multidimensional bajo las graves privaciones y carencias de los pobres. En la población rural los porcentajes se duplican. Una persona es pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita inferior a 2,92 dólares diarios y pobre extremo si percibe menos de 1,65 dólares diarios.

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF señala que en Ecuador la desnutrición crónica infantil afecta al 27,2% de los niños menores de dos años y que este problema no solo repercute en la productividad del país sino que causa grave impacto en la salud, desarrollo y capacidades a lo largo de toda la vida de los niños.

La mezcla de mala economía y pandemia COVID fue terrible para los ecuatorianos y una vez más el viejo camino seguido para conducir el Estado y la economía ni mínimamente resolvio sus principales problemas sociales y económicos. Especialmente desde hace 6 años la aplicación de principios neoliberales asociados a la «receta única» de letal «austeridad» y al fetiche del «Estado mínimo», no solo no los resolvieron, sino que como es evidente los profundizaron, agravando los daños en servicios públicos, crecimiento, informalidad, inequidad, seguridad y pobreza.

Frente a la izquierda anacrónica, ineficiente y opresora, frente al capitalismo salvaje con toda su destructiva avidez, codicia e inequidad, hay otro camino. Es el camino amigable con la vida y el planeta que que toma lo mejor del avance de la humanidad para construir una alternativa de Gobierno, solidaria pero a la vez eficiente, competitiva y productiva para crear crecimiento y progreso compartido.

¿Cuál debe ser el camino?

Es el camino para combatir con eficacia la pobreza y transitar hacia la prosperidad. Es el camino que comienza por eliminar del Gobierno los intereses económicos en conflicto y sustituirlos por los principios que rigen el bien común. Es el camino que rechaza dogmas y fanatismos para apoyar con inversión pública un crecimiento económico sostenible y sustentable que tiene orientación y dirección.

Es el camino que propicia la justa participación del mercado y del Estado. Que corrige los excesos del Estado y los abusos del mercado, que utiliza la inversión pública para que las familias prosperen. Es el camino que comprende que no puede haber desarrollo económico si no mejora la calidad de vida de la gente. Que no habrá paz si no hay justicia social.

El otro camino no deprime la economía. La reconstruye sin trasladar el peso del «ajuste» a las familias pobres ni a la clase media. Es el camino que también debe reconstruir la institucionalidad y la vigencia real del Estado de Derecho, garantizando a los ciudadanos seguridad jurídica y respeto. Es el camino en la coyuntura y en la perspectiva.

El otro camino es aquel donde los equilibrios macroeconómicos no son un fin en sí mismos sino medios útiles para alcanzar objetivos superiores. Un camino donde pragmáticamente se aplica lo que sirve al bien común, venga de donde venga, libre de recetas talla única que ignorando las realidades sociales de los pueblos, impiden alcanzar crecimiento económico, compartido y suficiente, oprimen a la gente, profundizan la inequidad y perennizan la pobreza.

El camino de la decencia…

Es el camino que sin fetiches combina responsabilidad fiscal con crecimiento económico, privilegiando políticas públicas que favorezcan a todos los ciudadanos, especialmente a los pobres y vulnerables. Es el camino que prioriza el destino y buen uso de los recursos del Estado, protege la vida y el planeta, genera crecimiento suficiente y buen empleo, permite ofrecer salud y educación, seguridad social y ciudadana, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

No es un camino de mentes lentas, ni de élites, ni para élites, tampoco pone en venta la Patria. Es un camino definido con solidaridad, decencia, conocimiento, ilustración y experiencia, sin intereses económicos en conflicto, construido desde el bien común y orientado hacia el bien común, una alternativa socialmente justa y económicamente eficiente para que realmente funcione y sirva a la gente, un acuerdo que junte los mejores equilibrios entre el estado, el mercado y las familias, un camino sin prisiones mentales para ofrecer progreso y paz.

Es el camino que rechaza las formas de parecer y no ser, de ofrecer y no cumplir, de mentir y negar, de encender velas para Dios y el diablo. El otro camino no solo es posible, también es imprescindible, pero requiere vencer la resignación y escoger a los hombres y mujeres necesarios para construirlo y transitarlo junto con la gente.

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Quito, 17 abr (La Calle).- Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Ecuador ocupa el segundo lugar en América de acuerdo con el índice de desnutrición infantil. El panorama en general del hambre es desalentador según el organismo.

Según la FAO, Ecuador solo está después de Guatemala, con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en la región, con el 23%. Por ello, la UNICEF reportó que la desnutrición crónica infantil es considerada uno de los principales problemas de salud pública en el Ecuador, dado que tres de cada 10 niños menores de dos años la padecen.

Antes de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó sobre la prevalencia de subalimentación del 7,9%, y un 7,1% de prevalencia de inseguridad alimentaria, que representa 1,3 millones de personas subalimentadas y 1,2 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria grave.

En el 2020 la prevalencia de la desnutrición en el total de la población fue del 14,4%.

¿Qué hace el gobierno?

“El Ecuador debe poner fin a la desnutrición crónica. El país no puede esperar ni un segundo, ni un minuto, ni un día más. El Estado tiene que tomar acciones ya”, dice el informe del organismo.

En el país, desde 1993 solo se han realizado 12 programas de salud y nutrición a escala nacional. No obstante, no se ha tomado especial cuidado a los niños menores de cinco años. En el 2018 incrementó casi en 3 puntos porcentuales la desnutrición en niños que no han cumplido los dos años yendo del 24,8% a 27,2%.

Pese que el ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso ha sido combatir la desnutrición infantil, no se ha tomado ninguna medida que contrarreste las cifras. La venta del Banco del Pacífico es la única solución a largo plazo que pretende acabar con la problemática sin que se tomen otras alternativas.

El hambre en el mundo ante el conflicto bélico

Según la Agencia DW, mientras la guerra en Ucrania sigue su curso, en las cocinas de todo el mundo se siente el aumento de los precios de los alimentos, y la sombra de una extensión del hambre en el mundo empieza a cobrar fuerza.

Según el Instituto de Recursos Mundiales, la zona del Mar Negro es un granero planetario y Rusia y Ucrania representan el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de las de maíz y el 78% del aceite de girasol.

Pero la guerra ha interrumpido la producción y distribución e inflado aún más los precios de los alimentos. Al hecho de que los granjeros ucranianos no saben si podrán realizar la próxima cosecha, se suma la prohibición de exportar granos decretada por el Kremlin.

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destacó que el índice de precios de los alimentos alcanzó un máximo histórico en marzo, aumentando un 12,6% en comparación con febrero.

A través de ese índice, la FAO mide la variación de precios de los productos básicos alimentarios. Por su parte, en la Unión Europea, el precio de la comida, el alcohol y el tabaco subió un 4,1% en comparación con febrero, mes que ya había visto un incremento del 3,5% en comparación con enero.

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Quito 26 de dic (La Calle).- Alrededor de 235 millones de personas necesitarán ayuda por la pandemia, el cambio climático y las guerras, según ONG’s. Los expertos advirtieron que las consecuencias son «catastróficas», especialmente en África, Latinoamérica y Oriente Medio.

«Nos enfrentamos posiblemente a la peor crisis desde que existen las Naciones Unidas. La caída del empleo, casi 500 millones de empleos perdidos, el aumento de la pobreza, que se estima que puede llegar por encima de los 500 millones o el aumento del hambre, son los indicadores más claros», dijo Jaime Atienza, portavoz de Oxfam Intermón.

De acuerdo con las estadísticas de la institución, la población que necesita ayuda humanitaria aumentó en un 40%. Para el 2021, las Naciones Unidas pidieron USD 35.000 millones, equivalente a un 20% más del monto que en el 2020.Solo en Siria, la organización requiere de USD 10.000 millones para asistir a 20 millones de personas.

«Hay miles de personas que no tienen otra manera de sobrevivir y de salir adelante; solo hace falta salir a la calle para darse cuenta de la situación en la que están tantas familias», manifestó Raquel Fernández de UNICEF en Líbano.

La niñez es la más afectada

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ya realizó el mayor pedido de fondos de la historia para este sector. La institución solicita un total de 5.300 millones de euros destinados a 300 millones de personas. «En 2021 habrá más niños y niñas viviendo en zonas de conflicto que en 2020 y también hay un número mucho más importante, 86 millones de niños y niñas que no estaban en pobreza y ahora sí lo estarán en 2021», alerta David del Campo, director de programas internacionales de Save the Children.

La ONU pide que se asegure la vacuna para los sectores más pobres de la población en este 2021. De lo contrario se evidenciará una mayor desigualdad alrededor del mundo, según señaló el portavoz de Oxfam Intermón.

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“Nos organizamos porque vimos cómo crecía la necesidad y los víveres que debía entregar el gobierno no llegaban. Hay mucha gente aquí que solo come una vez al día porque no le alcanza para más”, le dijo Carla Espín, miembro de Luna Roja a diario Expreso. Luna Roja realiza ollas comunitarias en el sector de Guamaní al sur de Quito.

“Trabajo con fundaciones desde los 18 años y es la primera vez desde el feriado bancario que hay que hacer ollas populares porque la necesidad es tanta que nada la cubre”, explica Juan Marín, otro de los voluntarios.

La ayuda también llegó al sector de Carapungo, norte de Quito, donde el colectivo La Pobla ha realizado doce ollas populares, y ferias de trueque. La situación se torna difícil para las familias con niños y adolescentes.

Pobreza extrema

Una persona en extrema pobreza no llega a ganar USD 47 mensuales. EN esta situación ya se encontraban dos millones de personas antes de la pandemia de Covid-19. Según un informe de la UNICEF, hasta diciembre 1.8 millones entrarán en este rubro.

El Banco de Alimentos que impulsa la Universidad Politécnica Nacional tuvo que cerrar una de las bodegas debido a la gran cantidad de personas que se apostaban en busca de comida. “Nos hemos habituado tanto a ver el hambre que hasta nos parece normal. Ecuador produce suficiente comida para asistir a toda su población, lo que falta es una distribución equitativa. Se desperdician 100 toneladas de comida diaria que podrían alimentar a cientos de personas en situación de vulnerabilidad”, indicó José Luis Guevara, director de la institución.

Privatización para la ayuda

El gobierno entregó canastas alimenticias y maneja programas como “Círculo de hambre cero”. Sin embargo, no han presentado políticas públicas para que la población en extrema pobreza salga. Para la vicepresidenta, María Alejandra Muñoz, hacen falta nexos con la empresa privada.

“El impacto del coronavirus en la estructura social y económica coloca al país en mayor riesgo de inseguridad alimentaria (…) se buscarán alianzas con organizaciones y empresas que puedan “apadrinar” espacios como comedores populares”, dijo.

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Según los datos de la PMA, la cifra de personas que sufren de hambre llega a 135 millones, a las que se suman otros 130 millones adicionales que están al borde de la inanición provocada por el coronavirus.

«Si no nos preparamos y actuamos ahora para asegurar el acceso, evitar déficits de fondos e interrupciones en el comercio, podríamos enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses», advirtió el funcionario.

Los países más vulnerables a la crisis alimentaria son los afectados por conflictos bélicos, crisis económica y cambio climático como: Haití, Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán, Sudán del Sur y Siria.

«Si no podemos llegar a estas personas con la ayuda vital que necesitan, nuestro análisis muestra que 300.000 personas podrían morir de hambre cada día durante un período de tres meses. Esto no incluye el aumento de la inanición debido al covid-19», sostuvo.  

Eso significaría la muerte de 27 millones de personas a nivel mundial por causas relacionadas al hambre.

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