Según un comunicado, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) arremeten de manera violenta a los campesinos de la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, para dar seguridad a la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining. S.A.

Las comunidades y organizaciones responsabilizan a la titular de la empresa minera Hancock Prospecting, Gina Rinehart, y al presidente Guillermo Lasso de los graves abusos a los derechos humanos.

Ante las acusaciones, hicieron un llamado a la Corte Constitucional para aceptar y priorizar un acción de protección interpuesta por los miembros de la comunidad. El documento recalca que la empresa Hanrine ingresó ilegalmente al territorio.

La minería en Buenos Aires

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció a través de redes sociales los graves daños de la empresa minera Hanrine la parroquia de Buenos Aires. Las FF.AA. custodian los proyectos impulsados por esta compañía privada. Además, se han producido diversos enfrentamientos violentos con los campesinos de la zona.

Plan de Seguridad Minera

A partir de este 2023, el Gobierno anunció que trabajará en un plan de seguridad que busca proteger a las concesiones donde ha existido presencia de minería ilegal. También se busca erradicar “los ataques violentos contra los campamentos”, según el Ministerio de Energía y Minas.

La fase inicial cuenta con 11 proyectos mineros que serán declarados como Áreas Reservadas de Seguridad. En estos caso, los militares podrán intervenir en situaciones de ataques y violencia. Las diversas concesiones protegidas se encuentran en las provincias de Bolívar, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Imbabura y Azuay. (A.G.M).

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Policías, militares y seguridad privada se desplegaron para asegurar el paso de la maquinaria pesada y el establecimiento de campamentos.

Según fuentes de El Triunfo, los uniformados arrestaron a dos comuneros durante la intervención. Además, denunciaron el ingreso violento y el uso de gas lacrimógeno contra los pobladores desarmados.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, expresó su desacuerdo mediante su cuenta de Twitter. “El plan de la seguridad de Lasso pone a la fuerza pública al servicio de las mineras y en grave peligro a la población”, publicó.

Así mismo, la bancada Pachakutik denunció las agresiones mediante un comunicado. “Este mal uso de los recursos públicos los fiscalizaremos, porque mientras la delincuencia y los corruptos se apoderan de las calles e instituciones del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas protegen a una empresa minera transnacional depredadora”, manifestó.

El artículo 57 de la Constitución de Ecuador en territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. (O.S.V)

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Desde hace casi 3 meses, los moradores de la comunidad cerraron el camino hacia las minas en las montañas de Buenos Aires, Ibarra. Se oponen a la minería legal e ilegal en la zona y se manifiestan, particularmente, contra la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining. La firma extranjera posee cinco concesiones, en más de 12.000 hectáreas, para realizar exploración inicial.

Según un boletín de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Ambiente (CEDENMA), en la madrugada del 3 de agosto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron con “7 buses y decenas de patrullas y camionetas con más de 500 policías, mientras, aparentemente, un grupo de militares se habría dirigido directamente a la zona de la concesión minera de la empresa australiana Hanrine”.   

Testimonios recopilados por la CEDENMA, exponen que “los policías patearon a varias mujeres” y “les echaron gas a los ojos”. Se registran varios heridos y cuatro detenidos.

A las 7h00, ingresaron 10 camiones de la empresa custodiados por la Policía Nacional.

Según los dirigentes de Buenos Aires, la operación de minería sería ILEGAL, pues “no cumple con la consulta ambiental ni la consulta previa libre e informada, ni a las comunidades que conforman la parroquia, ni a la comuna Awa de Palmira”.

El medio La Barra Espaciadora, en un reporte desde la localidad, expone la denuncia de que los mineros ilegales que protagonizaron los incidentes del 2019 en las minas de Buenos Aires estarían trabajando con Hanrine. Desde la parroquia La Libertad (Ibarra) documentan la existencia de un nuevo campamento de la minera, que pretende ampliar su zona de trabajo en 4.000 metros más. Están marcando caminos a través de los bosques primarios, sin poseer fichas ambientales.

Denuncias previas

La activista Gabriela Fraga, denunció uno de los varios incidentes entre los comuneros y la empresa extranjera. El 11 de octubre del 2020, las Fuerzas Armadas, La Policía Nacional y la Seguridad Privada de Hanrine, reprimieron brutalmente a los manifestantes. “Dispararon con armas de fuego a la comunidad”, aseguró Fraga.

Varias organizaciones por los Derechos Humanos y usuarios en redes sociales se manifestaron contra la represión por parte de Fuerza Pública. Aquí mencionamos a algunos:

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