Borja detalló, entrevista con La Calle, que solo el chaleco antibalas -similar al que utilizó el presidente Daniel Noboa- cuesta USD 1.500, una camioneta blindada nivel 3 costaría USD 15 mil, el seguro privado y el médico de cobertura nacional o internacional valorado en más de USD 100.

Ante los últimos acontecimientos, indicó que desconoce si existe una iniciativa por parte del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Gobierno Nacional para evitar que sucesos similares se repitan. No obstante, recalcó que como asociación trabajan en un plan que se enfoca en la seguridad y lo presentarán al CJ en los próximos días.

El proyecto plantea una disponibilidad presupuestaria para seguridad, creación de un sistema de protección y participación de la policía de protección de Estados Unidos (EE.UU.) para jueces y fiscales. Según la presidenta, estos agentes aportarán con experiencia y conocimiento a los uniformados del país.

Hay un acuerdo para su seguridad

Borja mencionó que firmar le acuerdo ministerial, en noviembre 2023, fue «el peor error«, pues trasladó el costo de la protección policial a la institución que requiera el servicio. Es decir, los funcionarios deben cancelar el hospedaje, alimentación y viáticos de los agentes asignados como su dispositivo de seguridad.

También, detalló que si un fiscal es victima de una amenazas «tiene que pasar por los procesos de la burocracia y acoplarse a las normas que cambiaron en noviembre de 2023″. Luego del trámite, le asignan un dispositivo de seguridad, conformado por un mínimo de dos policías. Esto dependerá del grado de peligrosidad del magistrado.

Atentados a jueces

Según Borja, los atentados y homicidios contra jueces creció en 2022 y las autoridades no han tomado acciones para frenar estos incidentes. Además, explicó que el CJ recibió 60 solicitudes de jueces que requerían protección policial en 2023.

«No existe seguridad, la única alternativa es el teletrabajo ante un sistema que es reactivo y no preventivo para protegernos de estos eventos «, dijo.

La muerte de Suárez

César Suárez fue asesinado el 17 de enero de 2024 cuando se dirigía a una audiencia de manera telemática. Luego del suceso, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que especificaba que el magistrado -ese día- supuestamente rechazó su cerco de seguridad. Borja tachó de absurda esas declaraciones.

Repitió que no es voluntad del fiscal, sino responsabilidad del Estado velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Además, reprochó que pese al grado de riesgo que tenía el fiscal, las autoridades no hicieron nada para protegerlo.

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Reacciones de Fiscalía

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que pidió el pasado 10 de septiembre, fecha y hora para la audiencia de reformulación de cargos y cambio de medidas. Adelantó que solicitarán el cambio de delito penal contra Kenny A. Ahora la acusan de muerte culposa.

«La FGE trabaja para brinda acceso a la justicia a las víctimas y recuerda a la opinión pública que la Función Judicial trabaja como un engranaje, en el cual cada institución debe cumplir con sus competencias y asumir la responsabilidad de sus decisiones, en todos los procesos», anunció la institución.

Cuando Kenny A. atropelló a Roberto Malta, el 5 de septiembre, la FGE pidió prisión preventiva. Pero la jueza Heydi Borja, de la Unidad Judicial Florida Norte, le otorgó medidas sustitutivas.

¿Quién era Roberto Malta?

Tan solo tenía 38 años cuando Roberto Malta Ziadé fue atropellado. Era la madrugada del sábado 5 de septiembre y tan solo abrió la puerta de su vehículo estacionado en el sector de Urdesa, al norte de Guayaquil. Tras caer en coma y hospitalizado en el Luis Vernaza, Malta falleció a ocho días del suceso.

En redes sociales, sus amigos expresaron su dolor. «Solo te nos adelantaste un poco», decía uno de los mensajes de despedida.

Según las primeras investigaciones, Kenny A. conducía en supuesto estado de embriaguez.

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