Tras la renuncia del expresidente de la Asamblea Henry Kronfle, la legisladora Viviana Veloz dejó vacante la Primera Vicepresidencia y asumió esta dignidad, según lo establecido por la ley. Este 8 de octubre uno de los puntos de la sesión 967 era la elección del suplente a este cargo, sin embargo, ninguno de los tres candidatos propuestos alcanzó las 70 voluntades mínimas.

La bancada del Partido Social Cristiano (PSC) lanzó dos candidatos; Otto Vera, quien obtuvo 27 votos a favor, 11 en contra y 82 abstenciones; y Jaminton Intrigo, quien obtuvo 40 votos a favor, 14 en contra y 72 abstenciones.

Por otro lado, Construye apostó por el asambleísta Gabriel Bedón, quien no fue seleccionado al obtener 51 votos afirmativos, 50 en contra y 24 abstenciones. (AGM).

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En busca de una oportunidad en la carrera electoral, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, deja esta dignidad con seis proyectos de ley presentados durante su gestión, según el Observatorio Legislativo.

A partir de esta primera semana de octubre, el Parlamento cambiará de mando y será presidido por la asambleísta Viviana Veloz (RC), quien estará en funciones hasta mayo del 2025. Se conoce que Veloz asumirá oficialmente el cargo el próximo 3 de octubre.

La nueva agenda parlamentaria

La agenda de la Asamblea tiene varios temas urgentes sobre la mesa como la fiscalización a la crisis energética; el acuerdo con el FMI; el pedido de la vicepresidenta Verónica Abad para enviar a juicio político a la ministra del Trabajo, Ivonne Nuñez, y la canciller Gabriela Sommerfeld; el tratamiento del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, entre otros asuntos.

No obstante, la primera acción de Veloz en el cargo será convocar a sesión plenaria para la elección del Primer Vicepresidente/a del Legislativo. De acuerdo con la asambleísta Lucía Posso, el cargo debería ser asumido por un representante del Partido Social Cristiano (PSC) o Construye, que al inicio de este período fue consolidada como una bancada, sin embargo, ya no cuenta con el número suficiente de asambleístas para serlo.

Desde el PSC la opción a este dignidad es el legislador Otto Vera. Por otro lado, Construye propondrá el nombre de Gabriel Bedón. (AGM).

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«La señora fiscal presentó un escrito indicando que se encuentra lista para abordar este juicio político, dado que han cambiado las condiciones de riesgo de su embarazo, documentación que se entregó bajo reserva y únicamente lo conoce el presidente de la Asamblea Nacional. Ante esta solicitud de parte de la propia accionada lo que corresponde, una vez concluya el receso parlamentario se va a convocar a una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido». expresó el funcionario.

La renuncia de Kronfle y el cambio de presidente

Habrán cambios en la Asamblea Nacional tras el inicio de las elecciones general 2025. El presidente del organismo, Henry Kronfle, como candidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) deberá renunciar al cargo por ley. De manera que ocuparía su lugar la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (RC). Al respecto, Muñoz explicó que Kronfle está optando por un cargo diferente al que tiene, en el caso de Veloz, que busca la reelección, sólo necesita una licencia, por lo que estaría al frente del Legislativo cuando empiece el juicio político contra Salazar.

Asimismo, el Pleno deberá elegir a un nuevo primer vicepresidente que reemplace a Veloz y que tomará la presidencia cuando la asambleísta tome su licencia para la campaña. Si hay miembros del CAL que también opten por la reelección, el Pleno escogerá también a autoridades que los reemplacen. (MIB)

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Quito, 10 jul (La Calle).- Henry Kronfle tomó el micrófono una vez más y, en cadena nacional, salió a responder las declaraciones del presidente Daniel Noboa en un enlace radial este lunes en Guayaquil. Kronfle expresó que lo hace obligado asegurando que “la nueva política no puede ser la vieja política de las mentiras”. Aclaró que no considera su testimonio como una réplica, sino una necesidad de informar a los ecuatorianos lo que es, a su criterio, la verdad.

El presidente del legislativo recalcó la labor del parlamento en favor de la ciudadanía, destacando la aprobación de 25 leyes durante el actual periodo, asegurando que la mayoría están directamente relacionadas a afrontar el tema de seguridad.

Kronfle negó la acusación del presidente sobre la existencia de un pacto para liberar a personas privadas de la justicia. Siendo esta una supuesta referencia a una maniobra en favor del ex presidente Rafel Correa y a una supuesta alianza entre la Revolución Ciudadana y PSC en contra de la bancada del gobierno (ADN).

En múltiples ocasiones,  el legislador sostuvo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sólo se puede recuperar siempre y cuando se trabaje con la verdad. Además, comentó sobre la aprobación de la ley que aplica la consulta popular realizada en abril pasado, rechazando la acusación de que el legislativo haya querido reducir las penas, ratificando que la ley se aprobó igual como fue enviada por el ejecutivo. A esto añadió: “Yo no sé quién asesora al presidente de la República. Pero quien lo esté asesorando no puede seguir a lado de él, lo está haciendo cometer errores garrafales.”

«Bullying político»

De igual manera, el presidente del Parlamento habló sobre las reformas del COIP derivadas de la consulta popular, impulsadas por la bancada del PSC. Kronfle acusó al oficialismo de realizar un tipo de “bullying político” al asegurar que la Asamblea se había pasado de la fecha límite de aprobación de las leyes. Aseguró que se aprobaron dentro del tiempo establecido. Además afirmó que, en cambio, las reformas no recibieron apoyo del oficialismo en el Pleno, con el motivo de darle impulso a la consulta popular.

Durante la emisión, Henry Kronfle también expresó su sospecha de que esta guerra mediática por parte del ejecutivo se debe a la cercanía de las elecciones presidenciales del 2025. Recordando que al inicio del mandato el Gobierno y la Asamblea eran “mejores amigos». Cuando el ejecutivo buscaba apoyo a la declaratoria de conflicto armado y se buscaba aprobar leyes económicas urgentes, y “hoy que entramos en una contienda electoral, ya somos enemigos.”

Asimismo, Kronfle calificó como falsa acusación, su participación detrás del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, promovido por la Revolución Ciudadana, debido a la incursión de la Policía a la Embajada de México en la capital. Recordó que, dentro de las 40 firmas de respaldo en el proceso de fiscalización, ninguna lleva su nombre y tampoco el de ningún miembro de PSC.  

¿Un pacto?

Finalmente, Kronfle desmintió la idea de un pacto para salvar a Willman Terán, reiterando que su bancada (PSC) votó a favor de que el proceso continúe. De la misma forma, Kronfle también fue confrontado con el hecho de la Asamblea rechazó ya tres veces la solicitud de la bancada de ADN para la creación de un Comité que analice las controversiales declaraciones del ex mandatario Rafael Correa sobre invadir el puerto de Guayaquil y parar la economía del Ecuador.

Frente a esto, el legislador respondió que la Asamblea solo puede fiscalizar a los servidores públicos durante sus funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo, con base a la ley orgánica de la función legislativa, asegurando que “no estamos protegiendo al expresidente Rafael Correa». Además, recomendó que si el Gobierno quiere tomar acciones frente a Correa «vayan a la Fiscalía y presenten su denuncia».

Al concluir la entrevista, Kronfle ratificó que no permitirá que se manche el trabajo de la Asamblea por motivos electorales, que el Legislativo “dialoga, resuelve y avanza” y lo más importante que es hora de “menos bla bla bla y más acción.” (N.C)

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»Hoy me acabo de enterar que ya no tengo secretario ni prosecretario de la comisión que presido. Cuando acaben ese tipo de acciones, de desvincular a la gente de confianza con la que trabajamos, ahí nos sentaremos a dialogar», dijo la legisladora, Valentina Centeno.

Anteriormente, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señaló que Kronfle reemplazó a los secretarios de las mesas parlamentarias que está al mando de los legisladores de la bancada oficialista.

»Actuó de manera insólita al desvincular a 40 funcionarios que trabajaban en las cinco comisiones presididas por la bancada oficialista», destacó.

Por su parte, el titular del Legislativo indicó que así como el gobierno dice que está en su derecho y potestad de remover al comandante de la Escolta Legislativa, él también tiene la facultad de hacer lo mismo con las secretarías de las comisiones según lo establece la normativa.

CAL analiza sanción

Centeno señaló que la legisladora Gissella Molina la denunció ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) por mal uso de las instalaciones del Parlamento por lo que podría enfrentar 30 días de suspensión.

»Mi defensa será en torno a decir la verdad. Hay libertad de expresión para unos que vienen aquí a decir groserías en contra del Presidente y su familia y ahí si aplauden, pero cuando la jefa de la bancada de gobierno dice la verdad la quieren sancionar», resaltó. (AGM).

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La mañana de este 8 de junio alrededor de 3 mil personas acudieron al cónclave del PSC que reunió a sus dirigentes: Jaime Nebot y Alfredo Serrano. También estuvieron presentes actores políticos como Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, y Jan Topic, excandidato presidencial.

Uno de los puntos centrales de la convención fue la crítica al veto total del presidente Daniel Noboa a una ley destinada a beneficiar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Nebot, presidente vitalicio del PSC, calificó esta decisión como injusta y enfatizó la importancia de la ley para evitar que el gobierno central «se apodere arbitrariamente del dinero de los ecuatorianos».

Además dejó claro que la convención no tenía como objetivo elegir precandidatos, sino abordar soluciones para los problemas que enfrenta la población. «Nosotros no hemos venido aún a designar candidato alguno a nada y menos a resolver problemas políticos. Hemos venido a plantear soluciones para resolver los problemas de la gente», afirmó.

Por su parte, Kronfle, en su intervención, defendió la labor del partido político y prometió acudir las veces que sean necesarias a la Corte Constitucional para «defender los intereses de los ecuatorianos». Asimismo, lanzó una crítica velada al gobierno actual, declarando: «Que unos sigan bailando en TikTok, nosotros nos vamos a poner a trabajar por el país para cambiarlo». (AGM).

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«Más allá de las reacciones infantiles de algunos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. La más evidente, tuvieron que cancelar la sesión 932, prevista para es día, la única sesión nueva en la que se pueden proponer cambios del orden del día, donde estaba previsto el cambio por parte de un grupo parlamentario que rechazó el cancelar esa sesión», dijo el funcionario en referencia a la bancada de la Revolución Ciudadana.

En rueda de prensa, Torres añadió que el tema del veto limita la función de colegislador del presidente de la República. Que el procurador de la Asamblea, a nombre de Henry Kronfle, habría pedido a la Corte Constitucional que «interprete que el veto del presidente tiene razones constitucionales y por ende debe ser un veto por constitucionalidad y no total». Para el viceministro, existe «un tema de revanchismo por temas no jurídicos sino electorales. Se están preparando para lo que viene y por eso la consigna es atacar y destruir al Gobierno».

Sobre la focalización del subsidio a los combustibles, Torres indicó que se reunirán el 10 de junio con los sectores sociales e indígenas. «Tenemos la prudencia de ver qué pasa el día sábado (8 de junio) y poder continuar con los diálogos que se trasladaron también al sector empresarial educativo y de transporte».

Ante las declaraciones de Kronfle de cambiar de vocero, el viceministro expresó. «Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado. No estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso».

En la otra orilla…

El presidente del Legislativo respondió respecto a la enmienda constitucional y el tema del veto. «El viceministro de Gobierno asegura que las enmiendas constitucionales aprobadas en la Asamblea son los más malicioso del plan antiNoboa. Podemos concluir que Torres es el plan antiNoboa porque el señor Torres dio su apoyo con su firma al proyecto de enmiendas».

Añadió que sobre «los chismes de pasillo» a los que se refiere el viceministro sobre apelar a su presidencia que no son ciertos. «Tengo aquí a los partidos políticos a mi lado y se acaban de reunir hace cinco minutos la jefa de bloque del propio gobierno a pedir que conversemos y llevar un ambiente de paz entre todas las bancadas». (MIB)

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El Ejecutivo argumentó que la iniciativa del Legislativo pretendía la entrega de asignaciones automáticas a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales desde el Banco Central, en perjuicio de otros sectores como seguridad, salud o educación, lo cual afectaría las finanzas públicas y pondrían en riesgo la estabilidad económica.

Asimismo el comunicado detalló que el gobierno maneja de manera responsable los recursos de país estableciendo prioridades y respetando la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s).

»El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional no consideró con responsabilidad elementos que estén acordes a la realidad fiscal del país, lo que pudo ocasionar un desfinanciamiento en el Presupuesto General del Estado», resaltó el gobierno.

El pasado 7 de mayo el Parlamento aprobó con 106 votos afirmativos y 14 abstenciones de la bancada oficialista la Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los GAD’s impulsada por el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el legislador Johnny Terán en el anterior período.

Tensiones Ejecutivo-Legislativo

El Partido Social Cristiano (PSC) rechazó la decisión del Ejecutivo y señaló que el gobierno no puede apoderarse de »plata ajena» aduciendo que está quebrado y que por tanto ahora quiera afectar a las parroquias, cantones y provincias.

Además calificó a este acto como ilegal y antiético, pues se pretendería pagar una deuda que asciende a más de USD 820 millones con »papeles desvalorizados» cuando el pago debería ser en efectivo y completo.

Esta es el segundo veto que Noboa envía a la Asamblea, el primero fue dirigido a la ley que establecía que los vocales de la Judicatura puedan pedir licencia mientras están en prisión preventiva.

Del otro lado, el oficialismo se queda sin respaldo en el Legislativo, tanto en la elección de la terna para la Judicatura y en la enmienda constitucional a los vetos presidenciales, la bancada fue la única que votó en contra.

Ahora la Asamblea deberá tratar el veto del mandatario y ahora necesitarán de 70 votos para ratificarse en el proyecto de ley.

Las relaciones entre ambos poderes del Estado va cuesta abajo, incluso, Kronfle quien es cercano a la familia presidencial ha hecho un llamado de atención al presidente Noboa para que elija bien a sus voceros, pues el viceministro de Gobierno alegó que en el Legislativo se pretende crear un comisión con el objetivo de emitir un juicio político en contra del mandatario. (AGM).

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El pasado 14 de mayo la comisión de Fiscalización convocó a la fiscal Diana Salazar para el tratamiento del Caso León de Troya y ‘La Madrina’, denominado por Fiscalía como Caso ‘Poder Policial’.

La funcionaria acudió a la comisión por primera vez en este período legislativo para explicar y aclarar el detalle de ambos procesos. Sin embargo, resaltó que los legisladores solo deben fiscalizar temas políticos y que en el ámbito judicial a ella le corresponde rendir cuentas a los jueces.

Después de aproximadamente dos horas de comparecencia se llamó en comisión general al exasambleísta Ronny Aleaga, quien previamente aseguró mantener cercanía con la fiscal y que ahora fue acusado en el Caso Metástasis »injustamente». Este llamado generó desconcierto en la sala por lo que la funcionaria y gran parte de parlamentarios abandonaron la sesión.

Las consecuencias

»Lo más grave del tema es haber suspendido la comparecencia de la fiscal Diana Salazar para recibir en comisión general a un prófugo y generar conflicto en la comisión porque eso es lo que se buscaba», dijo el presidente del Legislativo, Henry Kronfle a los medios de comunicación.

Además resaltó que la comparecencia de Aleaga no fue socializada previamente con los demás miembros de la mesa parlamentaria, a quienes también les tomó por sorpresa este llamado.

Asimismo, a través de un comunicado Salazar le dio un plazo de 48 horas a la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para que revele a la Fiscalía el paradero de Aleaga, pues junto al asambleísta Lenin Barreto estarían cometiendo un delito al conocer la ubicación de una persona requerida por la justicia.

La otra versión

Por su parte la legisladora Aguirre aseguró que no conoce el paradero de Aleaga y que ella junto a los nueve asambleístas de la comisión recibieron al mismo tiempo un correo electrónico en donde el exlegislador pedía participar en la sesión.

»Es imperativo que a los nueve legisladores se les requiera la misma información. Tal como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la justicia debe perseguir delitos, no personas», resaltó.

Además argumentó que al atender la solicitud del asambleísta Barreto no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario y que no es la primera vez que se recibe en el seno de una comisión a una persona que se encuentra investigada.

A vísperas de un juicio político

“No le tengo miedo al juicio político”, dijo en su intervención la fiscal Salazar y recalcó que su administración se ha caracterizado por no responder a temas políticos.

Antes de finalizar el mes de mayo, la comisión de Fiscalización deberá calificar el pedido de juicio político contra Salazar y recopilar las pruebas de cargo y descargo para el sustento del proceso.

Tras concluir el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, seguiría el caso de la Fiscal Salazar. Según los cálculos de la asambleísta Aguirre el proceso empezaría el 22 de mayo y admitió que los informes del Caso ‘León de Troya’ y ‘La Madrina’ también formarían parte del seguimiento del tratamiento del juicio político. (AGM).

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«No lo hemos pensado todavía, no lo descartaría pero hay que medir los momentos políticos», dijo en entrevista en A Primer Hora.

Para el funcionario, la aprobación de esta pregunta era importante porque se encadenaba a »los esfuerzos que ha hecho el gobierno en materia laboral» y enfatizó el tema de las 60 mil nuevas contrataciones a jóvenes.

Además, señaló que el gobierno está próximo a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual, a su criterio, implica la inyección de capital fresco para crear nuevas oportunidades que se hubieron agilizado con la aprobación del trabajo por horas.

Además, indicó que los primeros días de mayo entrará en vigencia el acuerdo comercial con China, lo cual implicará el despertar de nuevas industrias que contraten mano de obra joven. No obstante, manifestó que las empresas tendrán que seguirse acoplando a las modalidades de trabajo vigentes.

¿Qué dice la Asamblea?

La posibilidad de que esta propuesta pase por el filtro del Legislativo aún podría ser una realidad. Durante la campaña de Consulta Popular, la bancada oficialista, PSC, Construye y algunos legisladores independientes marcaron su apoyo a la propuesta del contrato por horas.

El presidente del Legislativo, Henry Kronfle, manifestó que las preguntas relacionadas al arbitraje internacional y a la contratación por horas eran importantes para el desarrollo del país, sin embargo, resaltó que la falla del gobierno fue no dar a entender bien los beneficios de las propuestas.

La bancada de la Revolución Ciudadana y asambleístas de Pachakutik expresaron su oposición a este planteamiento, pues se estaría hablando de una regresión de derechos. (AGM).

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En medio de un acalorado debate, la bancada de Construye y RC fueron protagonistas de una riña por la aprobación de las reformas al COIP. En reiteradas ocasiones, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, pidió orden en la sala con la advertencia de una sanción si continuaba el desorden.

La mayoría del Pleno voto en contra de la moción de presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño (RC) del voto en dos bloques. Ante la resolución el bloque parlamentario abanadonó el lugar.

La fuerza política de la RC rechazó la decisión de Kronfle para apresurar la votación y no permitir que se llegara a un consenso. Por otro lado, recalcó que la aprobación de las reformas al COIP constituyen una vía para evitar la consulta popular.

»El presidente mediante decreto puede dejar insubsistente el llamado a la consulta y utilizar eso USD 60 millones en las afectaciones que en este momento están sufriendo las familias ecuatorianas por la inclemencia del invierno», dijo la asambleísta Viviana Veloz.

Por su parte el titular del Legislativo expresó su rotunda negación a las acciones de RC y del oficialismo, bancada que también abandonó la sesión. Indicó que es necesaria una madurez política para llegar a consenso y no imponer solo que ellos quieren.

La reformas en discordia

El legislativo analiza 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos internacionales. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

Si bien la RC señaló que su propuesta no tiene la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa, la legisladora Gissela Garzón manifestó que la verdadera preocupación de algunos legisladores es darse cuenta que no existe el “influjo psíquico” del que fue acusado el expresidente Rafael Correa.

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«Aquí no hay pactos por abajo de la mesa», dijo el titular del Legislativo en un conversatorio con los medios de comunicación.

El próximo 21 de febrero decidirá si dar el visto bueno a los cambios propuestos al COIP. Según Kronfle, la aprobación total del paquete de reformas no tiene la aceptación de la gran mayoría de bancadas por lo que existen las siguientes vías:

• Moción de la Comisión de Justicia: Aprobación total
• Moción de votación por bloques, es decir, lo positivo, lo negativo y lo quer no se cruce con la consulta popular
• Moción de Construye: Archivo total de las reformas

Agregó que también existe la posibilidad de que las propuestas regresen a la comisión parlamentaria para la revisión de textos.

Por su parte, la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) planteó dejar por fuera 17 artículos que ya se serán tratados en la consulta popular. La asambleísta Inés Alarcón manifestó cuentan con el apoyo de legisladores independientes, Partido Social Cristiano (PSC), incluso, del movimiento Construye.

Posición del PSC

Existen varias reformas polémicas que generan el debate al interior del Parlamento, entre ellas el levantamiento de la reserva de información de investigaciones penales y la posibilidad de que entes internacionales revisen las sentencias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Kronfle señaló que desde la bancada del PSC rechazan ambas propuestas, por un lado dijo que levantar la reserva de los casos implicaría la vulneración de los procesos de investigación y podría existir filtración de información importante.

Respecto al recurso de revisión dijo que este mecanismo debería aplicarse en »errores garrafales» y no debería ser un procedimiento simple. No obstante, resaltó que la ley si acoge este recurso amparándose en los procesos de la Corte Interamericana de Derechos (CIDH). (AGM).

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La primera moción fue presentada por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno y se necesitaban 92 votos favorables, sin embargo, con 76 votos a favor, 24 en contra y 28 abstenciones, el Pleno de la Asamblea no alcanzó los votos para ratificarse en la resolución en donde no se aprobó el alza del IVA.

La segunda propuesta fue presentada por la asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, quien planteó el allanamiento del veto parcial del mandatario, en donde se mantenía el incremento del IVA permanente al 13% y temporal del 15% hasta el 2026. No obstante la moción tampoco tuvo el visto bueno del Parlamento con 44 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones.

El asambleísta Blasco Luna señaló que el veto del presidente Noboa es una ilegalidad, pues pide que se incluya algo que no fue aprobado (el alza del IVA). El legislador mocionó el archivo del veto parcial emitido por el mandatario.

Ante esta propuesta, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, pidió al equipo asesor una aclaración respecto a la moción del legislador. Los expertos señalaron que solo se puede mocionar el archivo de un proyecto de ley en su totalidad y no por partes, es decir, la moción sería ilegal.

El veto parcial de Noboa

El pasado 6 de febrero, dos horas más tarde la votación del Pleno sobre el proyecto de ley que propone el incremento del IVA al 15%, el presidente Daniel Noboa envió el veto a ese mismo proyecto de ley.

El Legislativo alcanzó 83 votos para oponerse a este incremento, pero no solicitaron el archivo de la alternativa. De otro lado, aprobó el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%, el 3,25% a las utilidades empresariales y el 25 % de utilidades bancarias y cooperativas.

La decisión no fue del agrado del régimen, por lo que horas más tarde envió la objeción. Tras la indecisión del Legislativo, el presidente puede enviar el informe al Ministerio de la Ley y aprobarlo.

El Ejecutivo, a través de un comunicado, mencionó que la intención del nuevo documento es “mejorar el texto propuesto para su aplicación objetiva y entendimiento pleno”. No obstante, la sorpresa radica en la insistencia del gabinete por subir el IVA.

En este sentido y con cinco votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico recomendó al Pleno de la Asamblea ratificarse en lo aprobado anteriormente. (AGM).

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Después de varios meses, la Asamblea tomó una resolución definitiva respecto al Tratado de Libre Comercio con China. El Pleno debatió diversas opiniones respecto a este acuerdo negociado por el gobierno de Guillermo Lasso.

Antes de la sesión, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, convocó a los medios de comunicación para exponer los puntos favorables de este acuerdo. Al conversatorio acudió la ministra de Producción, Sonsoles García, quien manifestó que el TLC beneficiaría a la economía ecuatoriana y generaría 50 mil empleos. Además, resaltó que existen 822 productos excluídos por lo que no existiría un daño a la producción nacional.

Respecto al daño medio ambiental, la titular de la Cartera de Estado destacó que el Ecuador tiene filtros normativos para impedir que se convierta en el basurero del mundo, sin embargo, no aclaró las claúsulas del negociado en torno a este tema.

Por su parte, el exministro de Comercio Exterior, indicó que los chinos fueron muy generosos con este acuerdo. Resaltó que él conoce muy bien a las personas que negociaron este acuerdo y los calificó de “patriotas”.

Kronfle también se mostró a favor de esta iniciativa y dijo que al no aprobarse el TLC, el Ecuador le daría un mensaje negativo a los demás países para generar negociaciones. De igual manera, destacó que este es un tema técnico más no ideológico.

Los desacuerdos

De acuerdo a la crítica de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, este tratado enriquecerá a los grandes grupos de poder económico, especialmente a la agroindustria exportadora. En este sentido, los campesinos y pequeños emprendimientos serían los principales afectados.

No obstante, la preocupación más grande es la afectación ambiental. Parte del trato sería convertir a Ecuador en un “basurero”, pues el país recibirá toda clase de desechos por cinco años, entre ellos residuos químicos y farmacéuticos.

“La gente que negocia por parte de Ecuador es gente que no ama a su país”, dijo la asambleísta Esther Cuesta.

En términos ambientales, el TLC violaría el Convenio de Basilea y sus enmiendas, comprometiendo a Ecuador a cesar el comercio transfronterizo de desechos. El pasado noviembre del 2023 movimientos ecologistas presentaron un recurso de amicus curiae para frenar este acuerdo. (AGM).

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El pasado 29 de enero la Comision de Régimen Económico aprobó con ocho votos a favor y uno en contra el planteamiento relacionado a la extinción del dominio. Este 1 de febrero los 137 legisladores deberán analizar el respectivo documento.

El objetivo de la propuesta del Ejecutivo busca mecanismos más rápidos para la monetización de los activos de origen ilícitos. Una de las alternativas es que la Procuraduría presente la acusación particular dentro del procedimiento de extinción de dominio e impulse las diligencias probatorias relacionadas con la investigación patrimonial.

¿Qué es la extinción del dominio?

La extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas, consisten en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre los bienes de origen o destinación ilícita.

»Al destinar los bienes decomisados a fines sociales o a compensar directamente a los
perjudicados, se busca mitigar el daño causado, generando un impacto positivo tanto en
las personas afectadas como en la aceptación social de esta medida», propuso el Ejecutivo.

El proyecto de ley puso sobre la mesa varias propuestas que generaría cambios en los procesos judiciales:

• Los delitos contra los recursos naturales mineros se suman a la lista de actividades ilícitas por extinción de dominio.
• La monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado, deberá ser destinada en un 80% a inversión en programas viales, sociales, deportivos y culturales.
• Las personas particulares podrán ser procesados por interferir en las acciones encaminadas a entorpecer la extinción de dominio, no solo los funcionarios públicos.
• El incremento patrimonial injustificado sería una causal de extinción de dominio.
• La investigación patrimonial se reduce del plazo de doce meses a tres meses.
• El investigado podrá acceder a acciones reparatorias civiles o penales si se archiva el caso y se puede reabrir hasta un año después de archivado.
• El acusado tendrá 15 días para responder a la demanda, actualmente el plazo es de 30 días.
• El 10% de lo recuperado se destinará a la modernización y el desarrollo tecnológico de Fiscalía.

Cuestionamientos

El asambleísta del PSC, Jorge Álvarez, tras aclarar que respalda la extinción de dominio cuando es producto de actividades ilícitas, argumentó su posición en contra del informe parlamentario.

Argumentó que no está de acuerdo que “estos ilícitos previamente no tengan sentencia condenatoria, pues es imposible que en la búsqueda de extinguir bienes mal habidos se perjudique a la propiedad privada de personas que hicieron patrimonio respetando la ley”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, enfatizó en que hay que realizar modificaciones a algunos incisos de la propuesta del gobierno. Por ejemplo, la etapa procesal en la que la justicia podrá enajenar de sus bienes a la persona sentenciada.

”Si alguien comete un delito y los bienes que son consecuencia de ese delito ¿van a ser los únicos bienes que pasarán a manos del Estado? ¿y los bienes anteriores al delito?”, cuestionó el titular del Parlamento. (AGM).

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»Nuestra posición ha sido pedirle al gobierno de manera frontal que se tomen otro tipo de medidas para no afectar a la gente más pobre», dijo en entrevista para Teleamazonas.

Resaltó que hay funciones que podría aplicar de manera inmediata el Ejecutivo como, por ejemplo, la focalización inteligente y la eliminación de algunos subsidios. De igual manera, planteó la reestructuración de los contratos ocasionales del Estado, en donde a su criterio es evidente que existe un ‘piponazgo’, en ese sentido propuso terminar algunos de los acuerdos sin liquidación ni indemnización.

Otro punto sobre la mesa fue la reestructuración de la deuda externa con un tiempo de gracia y la utilización de los bienes »no productivos del Estado» para pagar las deudas internas.

»Las reformas tributarias sin una reestructuración del Estado, realmente es dilapidar el dinero de los ciudadanos», destacó.

La cuarta ley

Respecto a la cuarta ley económica urgente enfocada en la extinción de dominio para bienes de la corrupción y el crimen organizado, señaló que está de acuerdo – no solo él sino la gran mayoría del Legislativo – por agilización de trámites que permitan combatir al crimen organizado.

Pese a la intención favorable, enfatizó en que hay que realizar modificaciones a algunos incisos de la propuesta del gobierno. Por ejemplo, la etapa procesal en la que la justicia podrá enajenar de su bienes a la persona sentenciada.

»Si alguien comete un delito y los bienes que son consecuencia de ese delito ¿van a ser los único bienes que pasarán a manos del Estado? ¿y los bienes anteriores al delito?», cuestionó el titular del Parlamento. (AGM).

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»No puede ser de otra manera, al Ecuador le va a ir mejor con el TLC con China», dijo en entrevista para Teleamazonas.

Agregó que existen malos entendidos y desconocimiento respecto a la estructura de este acuerdo, pues resaltó que la producción nacional estará protegida y que no existe una mala negociación ambiental.

El titular del Parlamento invitará a exministros y expertos de las Cámaras de Producción para que expongan sus argumentos al Legislativo. Incluso, solicitará apoyo al actual gobierno para que esclarezca las dudas de algunos asambleístas.

Los desacuerdos

De acuerdo a la crítica de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, este tratado enriquecerá a los grandes grupos de poder económico, especialmente a la agroindustria exportadora. En este sentido, los campesinos y pequeños emprendimientos serían los principales afectados.

No obstante, la preocupación más grande es la afectación ambiental. Parte del trato sería convertir a Ecuador en un “basurero”, pues el país recibirá toda clase de desechos por cinco años, entre ellos residuos químicos y farmacéuticos.

“La gente que negocia por parte de Ecuador es gente que no ama a su país”, dijo la asambleísta Esther Cuesta.

En términos ambientales, el TLC violaría el Convenio de Basilea y sus enmiendas, comprometiendo a Ecuador a cesar el comercio transfronterizo de desechos. El pasado noviembre del 2023 movimientos ecologistas presentaron un recurso de amicus curiae para frenar este acuerdo. (AGM).

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Este 13 de diciembre la Comisión de Fiscalización sesionará para adoptar una resolución para tratar el estado de los juicios políticos represados en el Legislativo disuelto.

Sobre la mesa están pendientes distintos procesos dirigidos a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al exministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.

No obstante, existe un vacío legal que podría estancar estos procesos, pues varios de los proponentes ya no forman parte del actual Parlamento. Según especificó el abogado Esteban Ron a Radio La Calle para seguir con el procedimiento se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al ya no tener a los interpelantes la situación sería difícil.

Actualización 15h00

La mesa parlamentaria archivó tres pedidos de juicio político, suspendió uno y dos serán remitidos al Pleno Legislativo.

Los legisladores resolvieron suspender temporalmente el proceso en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por cuanto hay varios procesos electorales en curso, tal como se pronunció, en su momento, el Procurador General del Estado y de conformidad al artículo 19 del Código de la Democracia.

Así mismo se archivó el juicio contra los exministros Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paula Flores, por el desistimiento expreso de los proponentes, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.

Por otro lado, a pesar de existir las mociones de las bancadas del PSC y ADN para que pase al Pleno, no se obtuvo los votos y se decidió el archivo los dos procesos propuestos por los legisladores Jorge Abedrabbo y Segundo Chimbo, en su orden, en contra del exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.

Mientras que, en el caso del proceso planteado por Mario Ruiz contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, la mesa de Fiscalización resolvió remitir el expediente al Presidente de la Asamblea Nacional, para que ponga en conocimiento del Pleno del Parlamento para que resuelva lo pertinente.

Diana Salazar en la cuerda floja

El pasado 7 de diciembre el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó con cinco votos a favor y uno en contra el pedido de juicio político contra Salazar. El presidente del Legislativo Henry Kronfle argumentó que la mesa parlamentaria califica los elementos de forma y no de fondo.

La justificación de la RC para solicitar el enjuiciamiento fue con base al incumplimiento de funciones. La legisladora Gissela Garzón sostuvo que la funcionaria ha mantenido su desatención en reconocidos casos de corrupción.

“La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde el Parlamento”, publicó en su cuenta de X.

Por su parte, Salazar calificó al juicio como un proceso viciado. El 11 de diciembre remitió al legislativo una solicitud a la Asamblea Nacional con los siguiente cuestionamiento en concreto:

• ¿Cuántas solicitudes de juicio político y en qué fechas fueron presentadas, desde enero de 2021?
• ¿En qué instancia se encuentra cada una de las solicitudes?
• ¿Cuál es el orden cronológico de los juicios políticos que se están sustentando en la comisión de fiscalización?
• ¿Cuántas solicitudes cuentan con informe de la comisión de fiscalización para que pasen a debate en el pleno?
• ¿Cuál es el procedimiento, instancias y tiempo de cada solicitud de juicio?
• ¿Cuándo procede el archivo de un juicio político?

Exministros Santos y Zapata

El primer sentenciado era el exministro de Energía, Fernando Santo, quien logró esquivar el juicio político. Según la proponente de ADN, Nicole Saca, el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que ha llevado a apagones en Ecuador.

El pasado 11 de diciembre la Comisión de Fiscalización no calificó esta solicitud debido a que la Secretaría Técnica no habría concluido con los trámites de la solicitud y el plazo se había vencido.

En la lista de espera queda el exministro del Interior, Juan Zapata, quien está en el ojo de la Asamblea por la solicitud de juicio político remitida por el legislador del PSC, Carlos Vera Mora.

Según el parlamentario, el exfuncionario a pesar de conocer las deficiencias en el equipamiento de la Policía Nacional no ejecutó el presupuesto asignado para el año 2023. Sostuvo que esta omisión contribuyó al aumento de crímenes como asesinatos, secuestros y violaciones, por lo que la Policía se vio incapacitada para combatir al crimen.

“Están en su derecho. Estamos tranquilos, lo dimos todo por el país, arriesgando hasta la seguridad personal y familiar en el peor momento de violencia que vive Ecuador (…) mi concentración estará en una vida privada junto a quienes descuidé por tantos años: mi familia”, respondió Zapata.

Vocales del Consejo de la Judicatura

El pasado 12 de diciembre el legislador de Construye, Jorge Peñafiel entregó en gestión documental su solicitud de juicio político contra la exvocal de la Judicatura, Maribel Barreno, el vocal Xavier Muñoz y el presidente del organismo, Wilman Terán.

»Ellos han cometido actos irregulares (…) sobre todo las omisiones que han cometido al no sancionar a los jueces que utilizando sus cargo liberan delincuentes de la manera más burda y rídicula», dijo el parlamentario a los medios de comunicación. (AGM).

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Chamba ratificó que el proyecto solo pretendería condonar las deudas de los 10 grandes grupos económicos. Aseguró que no apoyarán las decisiones que afecten a la clase media.

«Todo lo que beneficie al pueblo ecuatoriano estará presente Construye, de lo contrario no (…) El beneficio lo tendrá la familia del presidente Noboa y del titular de la Asamblea, Henry Kronfle», repitió.

Enmarcó que se mantendrán en la oposición ante las «acciones equivocadas» que pretenda tomar el Ejecutivo. Cuestionó que el presidente pretenda «darle de baja a USD 48 millones», cuando hay un millón de personas pobres que se mantienen en la central de riesgo.

«No es posible que se intente privilegiar a los grandes empresarios y a los pobres no se los tome en cuenta», apuntó.

Los mayores deudores

Según el portal del Servicio de Rentas Internas, el país tiene un listado de 25 empresas que mantienen deudas en firmes. La lista la encabeza la Exportadora Bananera Noboa con USD 89,379,134.97.

Le sigue Licores Nacionales y Extranjeros Liqours CIA. Ltda., con USD 55 ,984,236.51. A continuación, Bonanza Fruit CO S.A. Corpbonanza con USD 47,090,903.06. López Calle Manuel Ruperto con USD 42,490,242.98.

Sevenseas CORP. S.A. adeuda un total del USD 39,294,056.37. Posterior a eso, Kimtech S.A. con USD 38,630,994.18. En el séptimo puesto está Ode Kronfle Jorge Salomón con USD 37,181,363.58.

La reacción de los analistas

Varios analistas ecónimos y políticos coincidieron en que el proyecto de Daniel Noboa no beneficia en nada a la clase media del país. Por el contrario, continuaría con la línea de económica de los últimos gobiernos.

Además, señalaron que el punto de las zonas francas son una alternativa que no ha mostrado resultados en los países que lo han implementado. Enfatizaron que hay mucho puntos flacos en la propuesta que genera más dudas sobre la hoja de ruta del Gobierno Nacional.

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«Acuerdos por la gobernabilidad»

Henry Kronfle destaca que los acuerdos se centran en trabajar por la gobernabilidad y mejorar la ley. Asegura que la intervención de todos los movimientos políticos garantizará los votos para aprobar proyectos gubernamentales.

«Legislando para el empleo y la eficiencia»

La Asamblea, bajo la presidencia de Kronfle, se enfocará en impulsar el empleo y eficiencia legislativa. Se trabajará en proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal y se buscará despejar 600 proyectos represados, priorizando la dinamización del empleo.

“Compilamos 35 proyectos de (reforma al) Código Orgánico Integral Penal, que ya son uno. Estamos trabajando en los 600 proyectos represados, ojalá los podamos hacer 50 por materia”, señalo.

«Reforma Tributaria y sus matices»

Kronfle elogia la Reforma Tributaria por su impulso a zonas de desarrollo y la deducibilidad para la generación de empleo. Reconoce la necesidad de pulir ciertos aspectos, como la venta ocasional de bienes inmuebles, para fortalecer la industria de la construcción.

“Tiene cosas buenas y hay que pulir otras cosas. Trata de impulsar las zonas especiales desarrollo y las zonas francas (…) Veo muy bien la ley en el impulso a través de la deducibilidad de la generación de empleo para la juventud”, recalcó.

«Vigencia y posible veto presidencial»

Anticipa que la primera ley de Noboa estará vigente antes del 31 de diciembre. Aunque no se ha discutido, duda que el presidente vete su propia ley, a menos que no se ajuste a parámetros aceptables.

«Recuperación de credibilidad y eficiencia legislativa»

Kronfle busca recuperar la credibilidad de la Asamblea a través de un cronograma que permita a los asambleístas trabajar en sus territorios. Aboga por limitar cambios innecesarios en el orden del día y enfocarse en leyes relevantes para evitar pérdidas de tiempo en asuntos triviales.

“Y hay que aprobar las leyes que son necesarias. Y discúlpeme, dejar de perder el tiempo en el Día del Bizcocho, del Mazapán, de la Bicicleta, de la Bujía, porque eso a nadie le interesa”.

El asambleísta debe trabajar en territorio

Kronfle destaca que es necesario que los asambleístas trabajen en territorio y que su tiempo no solo se destine a estar encerrados todo el día en una oficina; aislado de los problemas de la ciudadanía.

“Una vez que pasemos esta etapa de transición de la reapertura de la Asamblea, espero ya en 90 días tener un cronograma para que, por lo menos una semana al mes, el asambleísta no esté encerrado en Quito”, concluyó.

JR

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