El fallo responde a una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) junto a otras cinco entidades estatales. Según la Corte, las resoluciones judiciales previas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, calificando la actuación de los jueces como un «error judicial inexcusable».

Investigación por presunto prevaricato

Entre las medidas dictadas, la Corte dejó sin efecto la devolución de los bienes a los Isaías, así como la compensación económica que les había sido otorgada en instancias previas. Además, ordenó a la Fiscalía investigar a los jueces responsables de las sentencias que beneficiaban a los hermanos Isaías.

El Consejo de la Judicatura también fue instruido para determinar las sanciones correspondientes contra los magistrados implicados.

Contexto del caso

El origen del litigio se remonta a 2018, cuando los hermanos Isaías lograron revertir, mediante decisiones judiciales, la incautación de sus propiedades, realizada tras el colapso del sistema financiero ecuatoriano en 1999. Las sentencias ahora anuladas habilitaron la devolución de bienes que no habían sido vendidos, donados o cedidos por el Estado, según investigaciones previas.

La Corte Constitucional argumentó que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, señalando que la transformación de medidas cautelares en acciones de protección fue improcedente.

Un precedente para la seguridad jurídica

La PGE celebró la decisión como una victoria en la defensa de los intereses públicos. «Este fallo reafirma el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y evita el uso indebido de garantías constitucionales», señaló un comunicado oficial.

El caso Isaías sigue siendo uno de los capítulos más controversiales del feriado bancario, que dejó graves secuelas económicas y sociales en el país.

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La resolución del Tribunal cerraría los 14 años de litigio del proceso en el extranjero. La decisión ratifica la sentencia del 2021 emitida por el juez de Miami, William Thomas, quien dictó el fallo del principio de derecho denominado res iudicata, es decir, las partes no pueden litigar lo que ya fue discutido.

Pese al dictamen del juez, la PGE acudió nuevamente a la Corte Suprema de Florida sin requerir un permiso en la Corte de Apelaciones. Finalmente, el 1 de marzo el caso se cerró a favor de los hermanos Isaías, reportó diario El Universo.

¿Por qué reclamar los bienes de otro país?

Según la justificación de la PGE, “la demanda se fundamentó en la Doctrina de Actos de Estado, que consiste en considerar válidos en el territorio de un Estado extranjero (EE.UU.) los actos emitidos por otro Estado en su territorio (Ecuador)»

La demanda interpuesta solicitó que la justicia de EE.UU. aplique las decisiones adoptadas por el Ecuador en relación con la responsabilidad de los hermanos Isaías. Sin embargo, la respuesta fue negativa, puesto que el Tribunal alegó que el Estado ecuatoriano no tendría razones legales para reclamara los bienes de los Isaías en el país extranjero, quienes viven en Miami desde el 2000.

Caso de los hermanos Isaías

El caso Isaías con Ecuador parte de la deuda que tienen los hermanos con el Estado de aproximadamente USD 661 millones, en 2008. La demanda pretendía la incautación de sus bienes inmuebles y acciones de empresas.

Con lo incautado se busca cubrir el hueco patrimonial que dejó el ya extinto banco Filanbanco, con el Estado. La sentencia por peculado comenzó en el 2012, por presunto abuso de fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE) a Filanbanco a finales de los 90’s e inicios del 2000. (A.G.M).

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El diario británico The Guardian reveló que “Jorge” estaría detrás de varias campañas de desinformación en más 30 países alrededor del mundo. Esta estrategia era utilizada para interferir en elecciones y procesos democráticos mediante la piratería y el sabotaje.

Por su parte, el periódico israelí Haaretz confirmó que los soldados virtuales de Hanan intervinieron en campañas de desinformación en Ecuador. En concreto, Hanan trabajó para los hermanos William y Roberto Isaías, los banqueros señalados como responsables de la crisis financiera de 1999, o mejor conocido como feriado bancario.

El mecanismo israelí operó contra el gobierno del expresidente Rafael Correa. Los bots de “Jorge” impulsaron la campaña con mensajes que aludían persecución política contra los hermanos Isaías, figurándolos como “víctimas de acoso”. Entre otras estrategias está la publicación de noticias falsas e historias “fabricadas” en los principales medios de comunicación.

Al servicio de la desinformación

El equipo de “Jorge” cobra por sus servicios entre USD 6 y 15 millones respecto a la interferencia a las elecciones. En otras campañas, los precios varían desde los USD 160 mil hasta los USD 600 mil. Se conoce que sus operaciones han llegado a África, América del Sur y Central, EE.UU y Europa. (A.G.M).

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«Hay banqueros que vinieron a seguir juicio al Estado por el famoso vuelto. Ya está en el presupuesto del Estado. En la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización hay una artículo donde dice que si le ganan al Estado, éste tiene que pagar del presupuesto general del Estado. Está en el Plan Nacional de inversiones y esto no es una inversión», explicó a Radio La Calle.

Los hermanos Isaías se vieron beneficiados por un tribunal del Guayas que ratificó la devolución de los bienes incautados. Los hermanos mantienen la demanda por USD 2 mil millones al Estado ecuatoriano.

Además, los laudos o deudas en contra de Ecuador también saldrán del presupuesto estatal. «Me ha sorprendido que hayan puesto en inversión algo que le llaman programa de preservación de capital y son recursos que van a permitir atender la amortización y costo de obligaciones firmes del Estado (deuda), cumplimiento de sentencias o laudos, cobertura de gastos relacionados a los procedimientos arbitrales y cumplimiento de sentencias «.

Sobre la deuda pública

«La deuda pública ha crecido en los últimos años, pero ya no para incrementar la inversión pública y cada vez es más importante la participación de los multilaterales y los tenedores de bonos», resaltó la experta.

«En el caso de Ecuador, en la auditoría de la deuda, se conoció que muchos de ellos eran banqueros. Los acreedores de la deuda pública están dentro del país. (…) La deuda crece en medida de que no existe crecimiento económico y esta es una condición gravísima». La experta agregó que después de la recesión económica por la COVID-19 ni el gobierno de Moreno ni el de Lasso se han preocupado por una activación real de la economía, la poca reactivación se dio por factores externos como el aumento del precio del petróleo y las exportaciones.

Presupuesto y proforma presupuestaria

«En la Ley de Reordenamiento de las finanzas públicas hay un artículo en el que los excedentes del precio del petróleo que sobrepasen lo presupuesto en la proforma aprobada por la Asamblea tiene que ir a un fondo, es decir que no se lo puede utilizar, eso habría que cambiar».

Además de ese cambio, los ministros de Economía deben entregar el presupuesto a los ministerios. «Han utilizado poquísimo del presupuesto. El Ministerio de Energía utilizó solo el 5%, el de Vivienda solamente el 7% de vivienda para todos pasamos a vivienda para nadie».

Se ha obtenido un superávit fiscal, los ingresos superaron a los egresos. «Tienen el dinero guardado que incluso los Policía no tienen chalecos antibalas y deben comprárselos de su propio bolsillo. Los patrulleros están dañados ¿Por qué? Por la austeridad, un acto bárbaro y criminal contra la población ecuatoriana. Un austericidio».

Pago de impuestos

«El Gobierno se queja del déficit fiscal, entonces debe cobrar los impuestos. Lasso dijo que iba a luchar contra la evasión fiscal. La CEPAL estima que Ecuador pierde alrededor del 7% del PIB en evasión fiscal. Esto es sobre los USD 7.000 millones. Desde el gobierno anterior imperan las excenciones tributarias. Para unos, grandes facilidades», explicó la economista.

En la Ley tributaria se aplican beneficios a los morosos al fisco. «La ley tributaria se volvieron a incluir condonación de intereses, multas y recargos a deudores que pagan sus impuestos en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y que, en consecuencia, se benefician utilizando los recursos que deberían ser del SRI».

Hasta julio del 2022, los 500 deudores en firme del SRI sumaban USD 1.892 millones. Las deudas impugnadas suman USD 882 millones. Entre los dos suman USD 3.800 millones. Salgado afirmó que Lasso «Gasto del personal en obras públicas es parte de la inversión, pero el pago a personal de salud educación o seguridad son gastos corrientes, no inversión». (MIB)

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Según reporta diario El Comercio, «el tribunal desechó la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) en contra de la sentencia emitida el 10 de mayo de 2022 por el juez Johnny Lituma, que ordenó la devolución de los bienes».

Se declaró sin procedencia y se rechazó la apelación. En el fallo, la Corte Provincial dio la razón la defensa de los Isaías en «todas sus partes». Por tanto, el Estado ecuatoriano deberá restituir las propiedades y accionede las que eran dueños los exbanqueros. Entre las acciones están: Departur Turismo y Apartamentos, Hotel Colón Internacional, Tabacalera Andina Tanasa o Industrial Shulk.

La apelación -desechada al fin y al cabo- fue presentada por la Procuraduría, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) y el Banco Central del Ecuador (BCE). También tuvieron participación el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia de la República.

«Las entidades buscaban impedir que los expropietarios de Filanbanco recuperen los bienes. Solicitaron a la Corte Provincial que se declare la nulidad del dictamen de Lituma y pidieron la declaratoria jurisdiccional por error inexcusable ya que habría supuestas inconsistencias en el fallo inicial», reseñó diario El Universo.

El dictamen de la Corte se dio a conocer a las partes el lunes 12 de septiembre. La resolución fue notificada tras 28 días de audiencia de estrados llevada a cabo el 16 de agosto. En ella, los involucrados, el Estado ecuatoriano y la defensa de los Isaías, expusieron sus argumentos.

Finalmente, la Corte del Guayas precisó que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son de efecto obligatorio, directo e inmediato aplicables por los jueces del Ecuador. Por su parte, Procuraduría no ha anunciado su impugnación a la decisión de la Corte Provincial.

Todavía no acaba

Las autoridades ecuatorianas aún dirigir el caso a la Corte Nacional de Justicia. No obstante, el abogado de los exbanqueros, Jorge Zavala Egas, señlaó que incluso con una nueva apelación debe cumplirse la sentencia de primera instancia.

Un poco de historia

En 2008, la AGD en el gobierno del expresidente Rafael Correa incautó los bienes de los hermanos, basado en un informe de la firmque dictaminó un hueco patrimonial de más de USD 600 millones del Filanbanco.

Fuentes: El Comercio, El Unvierso.

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Ante la negatividad de la resolución, la Procuraduría General del Estado (PGE) expresó “se interpondrá el termino respectivo, un recurso horizontal por falta de motivación, previo  a la presentación del recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de dicho país”.

Recordemos que el caso Isaías con Ecuador parte de la deuda que tienen los hermanos con el Estado de aproximadamente USD 661 millones. La demanda pretendía la incautación de sus bienes inmuebles y acciones de empresas.

Con lo incautado se busca cubrir el hueco patrimonial que dejó el ya extinto banco Filanbanco, con el Estado. La sentencia por peculado comenzó en el 2012, por presunto abuso de fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE) a Filanbanco a finales de los 90’s e inicios del 2000.

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Este 2 de junio, la Procuraduría General del Estado informó sobre el rechazo al recurso de apelación presentado por los hermanos Isaías.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas declaró sin acción el recurso de apelación de Willian y Roberto Isaías para recuperar un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo.

Con la acción presentada, los expropietarios de Filanbanco buscaban beneficiarse de una medida cautelar que prohíba la inscripción o marginación de cualquier acto traslaticio de dominio sobre los terrenos.

Los hermanos Isaías fueron declarados inocentes por el delito de peculado en mayo del 2021. Sin embargo, la sentencia no contemplaba la devolución de los bienes incautados.

Motivo por el cual los banqueros decidieron presentar una demanda por USD 2 000 millones como indemnización contra el Estado ecuatoriano

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Este 10 de mayo, en Guayaquil, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencias resolvió convertir la acción de medidas cautelares presentada hace cuatro años en contra de William y Roberto Isaías Dassum a una acción de protección favorable para ellos.

Frente a la acción judicial, la Procuraduría aseguró que será la Corte Provincial de Justicia la encargada de conocer y resolver el recurso apelado.

“Al amparo de sus competencias constitucionales y legales, esta procuraduría no cejará en la interposición de las acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos”, dice el comunicado.

Por su parte, Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías afirmó que la decisión tomada por el juez es una medida con la que se intenta reparar los daños ocasionados con el proceso de incautaciones a sus defendidos.

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Ante esto, la Procuraduría General del Estado apeló el fallo del juez que benefició a los hermanos Isaías. La resolución deberá ser manifestada por escrito en un plazo de 48 horas .

“Mediante una resolución infundada resolvió convertir una acción de medidas cautelares, presentada hace cuatro años, en una acción de protección favorable a los intereses de los hermanos Isaías”, detalló la entidad en un comunicado.

El 8 de julio de 2008, Carlos Bravo, gerente general de la AGD, ordenó incautar 195 empresas. Entre las empresas constaban medios de comunicación como TC Televisión, Gamavisión y radioemisoras, así como empresas de telecomunicaciones.

El juez también ordenó que se declare en nulidad el proceso de valoración del perjuicio causado por los dueños del extinto Filanbanco.

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Los Isaías plantearon esta acción de protección con el objetivo de que esos bienes lleguen a manos de otras personas, cambien de nombre o sean parte de un contrato.

Este caso judicial se conoce 14 días después de que los hermanos interpusieran una demanda a tres instituciones del Estado por USD 2.000 millones. Los exbanqueros han sido procesados y sentenciados en el país por el delito de peculado. Residen en los Estados Unidos y fueron responsables de la crisis económica que terminó en la quiebra de Filanbanco durante el feriado bancario.

Otro proceso de acción de protección impuesto por los Isaías se mantiene en Pichincha. Las diligencias se retomaron en los últimos meses, pero todavía no hay una sentencia.

Demanda al Estado

En mayo del 2021, la Corte Constitucional declaró la inocencia de los hermanos Isaías por el delito de peculado. La sentencia no contempló la devolución de los bienes, por lo que los exbanqueros demandaron al Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar. La Procuraduría General del Estado tiene 30 días para responder a la demanda. MIB

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«Por ellos, junto a las pueblos y organizaciones sociales hemos puesto nuestra voz de alerta para exigir coherencia a los asambleístas y que se archive este proyecto de ley, pues podría ser el más grande asalto a los bienes públicos, que no generará empleo, crecimiento económico o recaudación fiscal, es una exigencia más del FMI», dice en el documento.

Demanda de los Isaías al Estado Ecuatoriano

La CONAIE también dice que le causa «indignación y sorpresa» el riesgo de que el Estado ecuatoriano tenga que destinar sus exiguos recursos al pago de cuantiosas indemnizaciones a los protagonistas de la crisis bancaria de fines de 1999: los hermanos Isaías.

Asegura que aún más le llama la la atención que el abogado que impulsa estos casos sea una persona cercana al presidente Lasso, quién lo designó como árbitro ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el pasado 11 de agosto de 2021.

«No sólo se ponen en riesgo los limitados recursos públicos que son destinados a Educación, Salud o Vivienda en el Presupuesto General del Estado, sino que un proceso de este tipo lesiona la dignidad y memoria de todos los ecuatorianos. Al respecto, exigimos al presidente Lasso y al Procurador Íñigo Salvador que, defiendan al Estado y no a intereses de grupos económicos; y a la función judicial del Ecuador, a través del Consejo de la Judicatura, que garanticen la transparencia del proceso y la imparcialidad de los juzgadores», demandan.

La CONAIE recuerda que las heridas de la crisis bancaria de 1999 en el Ecuador no se han cerrado y que permanecen frescas en la memoria de los miles de familias a quienes se incautaron sus ahorros y que, en algunos casos, fueron obligadas a migrar para buscar un alivio a las condiciones de empobrecimiento de las que fueron víctimas.

«Por ello, el riesgo de que el Estado ecuatoriano tenga que destinar sus exiguos
recursos al pago de cuantiosas indemnizaciones a los protagonistas de la crisis bancaria de fines de la década del 90, nos causa sorpresa e indignación», insistieron.

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Granja explica que estos perjuicios causados por acción u omisión de funcionarios del Estado, debe ser tratado en un tribunal contencioso administrativo y no en la Corte Nacional (CN), como fue el caso. Además de que la demanda debía presentarse en un plazo de 90 días, lo cual no ocurrió.

El Código Orgánico General de Procesos indica este plazo para la demanda, misma que fue presentada en diciembre de 2021. Sin embargo, la declaratoria de lesividad otorgada por la ONU a los hermanos Isaías, fue en marzo de 2016.

Este recurso resolvía que los hermanos habrían sido perjudicados por el Estado ecuatoriano al incautar sus bienes. A esto se sumó su prohibición del derecho a la defensa durante el gobierno de Rafael Correa. En mayo de 2021, un tribunal CN restituyó el estado constitucional de inocencia de Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum al no probar el delito de peculado que cometieron en el Feriado Bancario.

De árbitro de la CIADI a procurador judicial de los hermanos Isaías

«Más de 5 años después de la declaratoria de lesividad. Si tenían tiempo de 90 días para presentar la demanda, esta ya está prescrita. Ningún tribunal contencioso administrativo (…) debería aceptarles, ni siquiera darles trámite a su demanda. Está prescrita», expresó.

Debido a que superaron el plazo de presentar esta demanda de ‘reparación’ de los hermanos Isaías, sería improcedente. Es decir, los hermanos Isaías no podrían continuar el proceso porque habría prescrito de acuerdo al abogado Granja.

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El 18 de marzo de 2022 se conoció que Roberto y William Isaías iniciarán una demanda en contra del Estado ecuatoriano por supuestos daños causados.

«A consecuencia de errores en las incautaciones, falta de inventario y otros abusos de poder. Esta demanda es consecuencia de esos juicios y de arbitrariedades que ningún Estado de derecho admite. Así lo determinó la ONU, condenando al Ecuador por el Mandato 13, expedido por sus Asamblea Constituyente que negó el derecho a la defensa de los Isaías», respondió Noboa en su cuenta de Twitter.

Así también, a través de unos trinos, el abogado Noboa dijo al expresidente Rafael Correa que «asuma su responsabilidad», ya que una de las causas de la demanda fue el juicio de insolvencia contra los Isaías ejecutado en 2014, «donde no se pudo probar nada».

«Le recuerdo que en 2014, su gobierno inició juicios de insolvencia contra los Isaías. Los perdieron sus propios funcionarios del BCE Y UGEDEP el 2018. La responsabilidad objetiva del Estado y de su Gobierno es consecuencia natural de un sinnúmero de abusos que tarde o temprano, habría que resarcir». expuso.

Asignación de árbitros y cancilleres para el CIADI

El oficio para designar árbitros fue dirigido el pasado 11 de agosto de 2021 al Canciller en ese entonces, Manuel Montalvo, donde constaban los nombres de los árbitros y conciliadores designados por Lasso.

«Por instrucción del Señor Presidente de la República, Guerrillero Lasso Mendoza, solicito a Usted que de conformidad con el Art 13(1) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados, se realicen y comuniquen los instrumentos necesarios por lo que la República del Ecuador designe a las siguientes personas para la conformación de la lista de árbitros y conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI)», dice el oficio.

¿Conflicto de intereses? Noboa responde: «Ninguno señor. Si algún día me toca ser árbitro e algún caso, el Ecuador no formará parte del mismo. Los árbitro internacionales no podemos ser jueces en casos que involucren a nuestros países».

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Quito, 19 mar (La Calle).- Tras la sentencia de la Corte Constitucional que dictaminó la inocencia de los hermanos Isaías Dassum, ex propietarios de Filanbanco e implicados en el Feriado Bancario, ahora demandan al Estado por “las ilegales incautaciones”.

En mayo del año pasado, la Corte Nacional de justicia declaró inocentes a William y Roberto Isaías. Según la sentencia, no se hallaron pruebas del delito de peculado en el Feriado Bancario. Sin embargo, la sentencia no significó que los bienes entregados por Filanbanco en la crisis bancaria, sean devueltos, debido a que fueron decomisados por el cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo.

Según la defensa de los Isaías, las instituciones demandadas son el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar. 

La Procuraduría General del Estado tiene treinta días para responder a la demanda.

El delito de los Isaías

Entre 1998 y 1999 el gobierno de Jamil Mahuad inyectó USD 8 mil millones a 30 entidades bancarias. Una de ellas fue Filanbanco, propiedad de los Isaías. Los bancos debían devolver a sus clientes el dinero invertido en las instituciones y evitar que pierdan sus ahorros.

A pesar de la intervención del gobierno de Mahuad, los bancos se declararon en banca rota. Con ello ocasionaron la mayor crisis financiera de la historia denominada el Feriado Bancario. Pues el dinero invertido fue destinado a sus accionistas y no a los clientes.

Producto de los sucesos, miles de ecuatorianos tuvieron que migrar, entraron en pobreza extrema e incluso se suicidaron.

La sentencia inicial dictaminaba la culpabilidad de los hermanos Isaías. Entonces, debían pagar al Estado USD 650 millones; se ordenó también la incautación de los medios GamaTV, TvCable y TC.

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Por: Diego Álvarez, redactor

Quito, 22 may (La Calle).- El Tribunal Nacional de Justicia rechazó las consideraciones de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre una posible ilegitimidad de la defensa de los hermanos  Roberto y William Isaías, para el recurso de revisión sobre la sentencia ejecutoriada por abuso de fondos de préstamos de liquidez que otorgó el Banco Central a Filanbanco, a inicios de siglo.

 “La perito se atribuye potestades propias del juzgador”, alegó Salazar para Diario El Comercio. Añadió que la experticia “no constituye prueba nueva que quebrante la lógica y la razón del Tribunal de juicio”. Por esta razón, pidió al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Daniella Camacho, Luis Rivera y Marco Rodríguez, que descarte dicho indicio.

De los tres, solo el magistrado Marco Rodríguez consideró los argumentos de la Fiscal, declarando de improcedente al recurso de revisión de los hermanos Isaías. Los jueces Camacho y Rivera se basaron en la pericia, que establece que la sentencia de ocho años de cárcel para los exdueños de Filanbanco fue “errada”, dado que “excluyó circunstancias y distorsionó hechos”.  

En 2012, los Isaías tenían una condena por presuntos abusos de los fondos de préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador a Filanbanco. En marzo del 2019, Estados Unidos negó el pedido de extradición de los hermanos Isaías, que actualmente residen en Miami. El Departamento de Estado consideró que la justicia ecuatoriana “no ha sido capaz de demostrar la existencia del delito”.  

Dado que la sentencia estaba ejecutoriada, la defensa recurrió a la revisión como último recurso para demostrar la inocencia de los dueños de Filanbanco.

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