La jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, recibió la petición el 21 de abril y concedió tres días hábiles a las partes para presentar sus argumentos. La decisión final sobre el cierre del caso dependerá de los pronunciamientos recibidos.

Mireya Pazmiño, exasambleísta y denunciante original del caso, rechazó la solicitud de archivo a través de su abogado, Washington Andrade, quien calificó la investigación como “lenta y prolongada”. Además cuestionó la rapidez con la que la jueza Camacho procesó el trámite. “Nos sorprende que en un solo día se haya gestionado lo que usualmente toma meses. Sospechamos un intento de favorecer al expresidente”, declaró Andrade, anunciando una oposición formal al archivo.

Caso Flopec

El expediente se remonta al juicio político contra Lasso en 2023. La Corte Constitucional admitió únicamente la acusación de peculado, relacionada con contratos petroleros entre Flopec y el consorcio Amazonas Tanker Pool. Un informe de la Contraloría de 2021 determinó que estos acuerdos generaron pérdidas de USD 6,1 millones al Estado, al alquilar buques a costos superiores a los ingresos obtenidos.

La firma Amazonas Tanker, registrada en Islas Marshall (paraíso fiscal), fue incorporada mediante un adendo en 2020, antes del inicio del gobierno de Lasso (mayo de 2021). Los legisladores del período previo a la muerte cruzada sostuvieron que el exmandatario conocía las irregularidades y omitió actuar. Además, señalaron que el entonces gerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, intentó rescindir los contratos, pero fue reemplazado por figuras cercanas a Hernán Luque, designado por Lasso en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

La defensa de Lasso y el contexto político

En mayo de 2023, durante su comparecencia ante la Asamblea, Lasso negó toda responsabilidad y aseguró que los contratos se firmaron previo a su mandato. “No hubo denuncias formales en Fiscalía cuando asumí”, sostuvo en una cadena nacional. Días después, activó la “muerte cruzada” (Decreto 741), disolviendo el Legislativo y convocando a elecciones anticipadas. Este mecanismo paralizó su proceso de destitución en el Parlamento.

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La CNJ, a través de un comunicado, pidió formalmente que la justicia argentina envíe a Luque al país. El juez a cargo del caso ratificó el pedido el 26 de febrero. El implicado deberá rendir cuentas a la justicia ecuatoriana por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

«Corresponde a la Cancillería ecuatoriana gestionar este pedido de manera expedita», finaliza el documento.

Un año y piquito…

Aunque la promesa del expresidente Lasso fue traer «del cogote a Luque» luego de que todo el entramado se filtrara en los medios de comunicación, el implicado pasó un largo tiempo en Argentina. Según el exministro del Interior, Juan Zapata, el ahora recluso salió de Ecuador el 9 de enero de 2023. Desde entonces la notificación de su arresto se difundió en la Policía Nacional y la Interpol.

Luque guardaba una estrecha relación con el Lasso por sus cargos en el Banco de Guayaquil. Fue vicepresidente de las Oficinas de Banca Personal y Comercial del Banco de Guayaquil, según el portal de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

A parte de su larga estadía en el Banco de Guayaquil, el exjefe de Estado lo nombró coordinador de las 13 empresas públicas, a través del decreto ejecutivo 107, el 14 de julio de 2021.

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Según la Policía, las autoridades iniciaron las acciones para la extradición de Luque. El sospechoso salió de Ecuador el pasado 9 de enero de 2023, así lo confirmó el exministro del Interior, Juan Zapata. Desde entonces, Lasso aseguró que movería «cielo, mar y tierra» para que el sospechoso rinda cuentas a la justicia.

¿Pero, quién es Hernán Luque?

Cuando se filtraron los audios del caso «El Gran Padrino», Luque fue identificado como el supuesto operador de Danilo Carrera, cuñado de Lasso, en la presunta red de corrupción en el sector eléctrico.

En el clip, Luque le comentó a Rubén Cherres (+), mejor amigo de Carrera, que abrirían cuentas en Andorra para depositar el dinero. Luque solicitaba USD 150 mil mensuales a cambio de contratos y nombramientos en las empresas públicas. Además, pedía USD 30 mil para Danilo.

«Así como que me da tranquilidad esta hue*v#d* en mi cabeza», expresa en el audio.

El implicado guardaba una estrecha relación con el expresidente por sus cargos en el Banco de Guayaquil. Fue vicepresidente de las Oficinas, de Banca Personal y Comercial del Banco de Guayaquil, según el portal de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

A parte de su larga estadía en el Banco de Guayaquil, Lasso lo nombró coordinador de las 13 empresas públicas, a través del decreto ejecutivo 107.

Se les escapó…

Luque abandonó el país el 9 de enero de 2023, según la información confirmada por Zapata. Desde entonces, «solicitaron» a la Policía dar con el paradero del sujeto. Entre las contradicciones de Lasso en torno al caso, está la supuesta renuncia o despido del implicado.

Según el exjefe de Estado, despidió al funcionario porque no confiaba en él; así lo afirmó el 23 de enero. Sin embargo, meses atrás alegó que desconocía las razones por las que el exgerente de EMCO abandonó el puesto. Además, en su intento de defender a su gobierno, argumentó que no porque su alfil haya «caído en la tentación» de aceptar dinero había que generalizar la corrupción en su gabinete.

“Bueno pues la gente renuncia y si quiere cambiar de posición, yo que puedo hacer”, dijo el expresidente.

Supuestamente lo investigaban

Luego de que el exmandatario expresara en todos los medios de comunicación que solicitó a la FGE que investigara a Luque, Carrera y Cherres, la entidad desmintió este hecho. La información la solicitó el exasambleísta Esteban Torres.

La Fiscalía indicó que después de revisar el Sistema de Actuaciones Fiscales (SIAF) y de acuerdo a los parámetros de búsqueda no se encontró ninguna investigación previa. El régimen emitió un comunicado en el que aseguraba que no «solaparía a nadie«. Sin embargo, nunca se realizó una solitud formal.

¿Allanamientos selectivos?

Durante la investigación por el Caso Encuentro, la Fiscalía realizó varios allanamientos, pero ninguno a las «piezas claves» del entramado. De acuerdo con las declaraciones de la titular de la institución, Diana Salazar, no era necesario «allanar» domicilios para determinar la culpabilidad de los implicados.

Alegó que la tardanza de los diferentes procedimientos en el caso se debía a la gravedad de la investigación, por la precisión de los lugares, autorizaciones y solicitudes de información. Además, los allanamientos se realizaron 20 días después de que el caso tomara relevancia nacional e internacional.

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El pedido de la fiscal Luzmila Lluglla lo aceptó el juez de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, Renán Andrade, detalla El Universo.

El magistrado ordenó una audiencia reservada para que se realice un examen, explotación, recuperación, análisis y extracción de la información de los dispositivos mencionados.

De la misma manera, pidió que se permita el reconocimiento de grabaciones de los equipos enlistados para el examen. Los dispositivos que se pretenden explotar forman parte de tres cadenas de custodias en el entramado que se investigan desde enero de 2022.

Antes de eso, la parte defensora de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque, exgerente de EMCO, presentaron un recurso de apelación ante el arresto domiciliario y prisión preventiva, respectivamente, dictadas por las autoridades. Aún se desconoce la fecha de audiencia para resolver esta petición.

Sin embargo, Calixto Vallejo, abogado de Carrera, apuntó que las pruebas que presentó la FGE contra su defendido carecerían de sustento jurídico. Indicó que lo «más razonable» sería que el tribunal falle a su favor.

De la misma manera, la defensa de Gabriel Massuh, otro implicado, también apeló la orden de prisión preventiva de manera oral. No obstante, no se aprobó porque no presentó el pedido de manera oficial y en el tiempo establecido.

El entramado

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que fueron acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político contra Lasso y decidió disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

La entrada Caso Encuentro: Fiscalía tiene luz verde para recuperar información de dispositivos incautados en la investigación se publicó primero en La Calle.

La Fiscalía General del Estado informó que el «juez (Renán Andrade) -tras conocer la causa- resolvió cambiar la fecha prevista anteriormente por pedido de la institución de control», publicó en su cuenta de X. Un día antes (13/11/2023), tanto la Fiscalía como el juez se acusaron de dilatar el proceso al postergar con sus acciones la audiencia. No obstante, después de dos intentos -finalmente- se pusieron de acuerdo.

La audiencia se instalará dentro de 10 días a las 08:25 en la sala de audiencias 208 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

“Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento”, reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que “se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía”.

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señaló que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién el lunes 13 de noviembre, conoció el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, adujo que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional reagendó la audiencia y por tercera ocasión se convocó a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023, fecha ya cancelada.

“Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía“, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Cámara de Comercio de Quito

La entrada Caso Encuentro: Por tercera ocasión se cambia la audiencia de formulación de cargos se publicó primero en La Calle.

Los ocho sospechosos por delincuencia organizada en la presunta red criminal conocida como caso Encuentro serán acusados ya cuando Guillermo Lasso esté fuera del poder.

La Fiscalía expresó su rechazo a la decisión del juez Renán Andrade de reprogramar la audiencia para mediados de diciembre. En contraste, la justicia argumentó que han sido las acciones de Fiscalía las que han postergado el proceso.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

«Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento», reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que «se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía».

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señala que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién hoy, lunes 13 de noviembre, conoce el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, aduce que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional se debe reagendar la audiencia y por tercera ocasión se convoca a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023 desde las 09:00 hasta las 16:00 en la sala de audiencias 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

«Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía«, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Fedenador

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Vallejo mencionó que la urgencia por obtener esa prueba era para «comprobar que no se haya editado o realizado a través de inteligencia artificial». Alegó que los audios no tienen ninguna validez para ellos, sin embargo, la FGE consideró lo contrario.

Además, aseguró que «ya existe un libreto» que las autoridades están «empecinadas» en utilizar para implicar a Carrera.

«Si no tengo el audio original y no tengo un contexto no vamos a saber qué parte le quitaron o aumentaron», recalcó en un Café con JJ.

De la misma manera, enfatizó que Carrera supuestamente no conocía a la mitad de los involucrados en esta trama. No obstante, el abogado mencionó que sí conocía a Hernán Luque Lecaro porque «coincidió en una de las empresas donde laboró». Según él, nunca llamó a (Luque) para crear contratos en las empresas públicas o pedir favores al gobierno.

«Solo lo politizaron»

De acuerdo al magistrado, La Posta politizó el caso y en ese momento «los fiscales y los jueces empezaron a perder objetividad». Vallejo está tan seguro de que el día de la formulación de cargos podrá «destruir todas las pruebas» que inculpan a Carrera.

«Nos quieren poner difícil el trabajo para que no expresemos ante el juez los argumentos», alegó.

El abogado apuntó que las autoridades de la Fiscalía no le entregaron la información sobre la investigación porque no la tenían «organizada y numerada». Argumentó que al desconocer parte del proceso solicitó que se posponga la audiencia de formulación de cargos, que estaba prevista para el 31 de octubre.

«Cómo se supone que voy a preparar una defensa si no me entregan a tiempo el papeleo y eso está estipulado en la ley», alegó.

La nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos es el 16 de noviembre de 2023. Según Vallejo, se espera que ese día rinda su versión el exsecretario de Anticorrupción, Luis Verdezoto.

Sobre la supuesta cooperación de Luque

Vallejo manifestó que la supuesta cooperación de Luque se queda en rumores, pues hasta el momento no se ha presentado a ningún llamado de la FGE. Comentó que todo los procesos y mecanismos que se han impugnado se ha realizado por parte de sus abogados.

Mencionó que, a diferencia de él, su defendido se ha mantenido en el país y se presentó a la primera audiencia que se canceló.

«Yo me reuní con él el fin de semana y no saldrá del país. Es el único que se ha quedado a afrontar la situación», finalizó.

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La audiencia se realizará a las 14:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

El pasado 25 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia contra Carrera.

El impulso fiscal también apunta a que se acuse a seis personas más por la presunta red criminal inicialmente conocida como “El Gran Padrino”, investigación de La Posta.

El origen del origen

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El supuesto entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada “El Gran Padrino”, expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico.

Apareció ocho meses después

El 1 de octubre, Carrera señaló que todas las acusaciones en su contra son falsas y que durante varios meses ”ha soportado” la campaña difamatoria.

Según él, esta denuncia solo pretende dañar la imagen del gobierno y responsabilizarlo del control de ”un sinfín” de empresas públicas que ”ni conoce, ni quiere conocer”. Recalcó que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba, ni se podrá presentar.

”Qué manera de hacer el ridículo (…) a mis 85 años sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias”, dijo en un video difundido en redes sociales.

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El exsecretario abandonó el cargo después de presentar el primer informe sobre el «Caso Encuentro» o «El Gran Padrino». El presunto caso de corrupción envuelve al presidente, Guillermo Lasso y a varias empresas del Estado.

El documento tenía posibles escenarios de corrupción en las empresas públicas CNEL, Flopec y Celec. Además, recomendó analizar el círculo cercano de Hernán Luque, exdelegado del Gobierno ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Por otro lado, el exsecretario de la Administración Pública, Iván Correa afirmó que el documento tenía especulaciones genéricas “mal llamadas hipótesis”. Añadió que “tampoco se definió políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción”.

¿Qué hizo Luis Verdesoto?

El exsecretario, Luis Verdesoto aseguró que durante sus 8 meses en el puesto se realizaron investigaciones rigurosas con las empresas públicas. «Nos sentamos a trabajar con el material que teníamos más el que habíamos solicitado, con decenas de horas de entrevistas con funcionarios públicos«, respondió para Primicias.

Verdesoto admitió que las investigaciones sobre corrupción en Ecuador «son terriblemente caóticas«. Creó un esquema para ordenar los datos y así, la investigación termine bien.

Se resolvió que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y Petroecuador no han tenido auditorías nunca. De la misma manera, se recomendó al Gobierno ha iniciar auditorías a todas las empresas del sector público.

Por otro lado, el exfuncionario llegó a la conclusión de que las empresas con más riesgo y más capacidad económica en casos de corrupción son las energéticas.

¿Por qué se creó la Secretaría?

El presidente de la República, Guillermo Lasso, creó la Secretaria de Política Pública Anticorrupción el 3 de mayo de 2022 con el objetivo de frenar la corrupción en el país. «La lucha en contra de la corrupción, a todo nivel, en todo lugar y en todos los sectores será de manera implacable y permanente”, dijo.

La Secretaría se encargaría de generar alertas tempranas en alas de alto riesgo de corrupción. Los sectores principales eran: petróleo, energía, telecomunicaciones, obra pública, seguridad social, compras públicas, financiamientos, presupuestos, inversión extranjera, gobiernos seccionales, control del narcotráfico, entre otros. (D.C.)

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La legisladora comentó que esta demanda también va para el expresidente del Directorio de EMCO, Hernán Luque; el cuñado del presidente, Danilo Carera; el exsecretario de Administración Pública, Iván Correa y Osca Zambrano.

Recalcó que entre las pruebas que ratifican este delito están: el contrato de la empresa Flopec, el dictamen de la Contraloría y las comparecencias de las autoridades en la Comisión de Fiscalización.

«Sabemos que la Fiscalía va a actuar con rectitud porque esto es de interés de todo el país. Cómo es posible que un presidente interprete la ley y dé más poder a Luque. Él sabía que se estaban llevando la plata de los ecuatorianos», aseguró.

Por su parte, el abogado de la legisladora Washington Andrade solicitó a la fiscal, Diana Salazar, que incluya a Pazmiño y a su familia en el programa de víctimas y testigos por la gravedad de la denuncia.

«La asambleísta ha decidido dar sustento real y hay muchos riesgos porque esta trama de corrupción hace presumir que hay mafias incrustadas en el país», mencionó el abogado.

Apoyo internacional

Andrade indicó que solicitaron asistencia penal de Panamá y Estados Unidos para que el caso tenga la sustentación del caso.

• Información de inversiones, socios y accionistas relacionados con la empresa Amazonas Tanker Pool Company. Asimismo, declaraciones de impuestos y patrimoniales, activos y transacciones financieras o bancarias, realizadas por la compañía con ocasión de sus ingresos provenientes del contrato con Flopec.
• Toda la información respecto de si se ha iniciado algún proceso investigativo o de determinación tributaria (o su equivalente) respecto de la compañía Amazonas Tanker Pool Company, sus accionistas o relacionados.

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Jurado comentó, en entrevista para Radio La Calle, que los errores que cometieron los legisladores son de «forma», por lo tanto, son cosas que pueden ser subsanadas. Además, reiteró que esta decisión la refuerzan los 58 asambleístas que piden esto.

«La CC no tiene la responsabilidad de fijarse en los errores de forma, esta hubiese continuado con el proceso. No había problema en el tratamiento», mencionó.

Según el jurista, los grandes medios de comunicación y los operadores del Gobierno consideraron que este error podría ser un sustento para «echar abajo al juicio político».

«Si bajamos el codo a través del aparato mediático y los operados del Gobierno habremos perdido», indicó.

También indicó que algunos «voceros del Gobierno» pretenden imponer las reglas judiciales sobre las legislativas frente al tiempo que tienen para entregar el documento. Jurado especificó que en las normas de la Asamblea no se establecen tiempos fijos.

«Es el CAL o el Pleno el que tiene la decisión en las etapas legislativas. En ese plazo nunca mencionan que ya el informe se despacha o se rechaza», apuntó.

El trabajo de la Corte Constitucional

Jurado explicó que la CC tiene el deber de verificar tres cosas en la solitud de juicio político:

• La constatación de firmas. Es decir, que se haya cumplido con el número necesario;
• singularizar la infracción. Cuáles son las acusaciones a las que se evocan. En este sentido, serían dos: concusión y peculado por directa o indirecta acción; y,
• la relación lógica de la conducta de Lasso con los delitos que se le acusan.

En este último punto, los legisladores debieron especificar los hechos. El mandatario publicó el decreto ejecutivo el 18 de agosto en el que ponía en manos de un solo organismo el control de las empresas públicas que es EMCO.

«Aquí el primer enlace, Lasso violó la ley al emitir un decreto que la reformaba. Ningún decreto puede modificar la ley», dijo.

Después, nombra a Hernán Luque como el presidente de EMCO, a través de otro decreto. «Es decir, todo el control se puso en manos de una persona que no era ajena al presidente. Luque formó parte del Banco de Guayaquil por más de 23 años», refirió.

Tercero, en 23 febrero de 2022, el jefe de Estado y Luque se reunió por más de 40 veces durante toda su gestión. Además, recalcó que el exgerente de Flopec EP, Johnny Estupiñán ya había advertido a Lasso las irregularidades de Luque en la gestión y decidió no prestarle atención.

«Lasso debe conocer la comisión de delito y entender que desde su puesto tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley», refirió.

¿Pero, qué es un juicio político?

Jurado explicó que un juicio político no es un juicio convencional, es decir, no es un juicio penal o civil. En este procesos se realiza un acto de fiscalización en el que se rechaza la actitud del gobernante porque incumplió su labor o tuvo acciones de omisión.

«En este caso, hay unas conductas que indican que el mandatario colobaró en los delitos que se le acusa, que son concusión peculado y es la materia central de la solicitud», puntualizó. (N.J.C)

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“No hacer nada sería ser cómplices y eso al menos no lo vamos a hacer nosotros”, dijo en entrevista para Radio La Calle.

Por otro lado, Torres aclaró que no firmó la petición para este juicio porque forma parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que analizará esta solicitud. Sin embargo, dijo que después de la sesión enviaría un oficio para adherirse al pedido de juicio político contra el presidente Lasso.

Torres afirmó que el documento cumple con todos los requisitos para que pase el filtro jurídico. No obstante, resaltó que la Corte Constitucional tomará una decisión política respecto al tema. En este caso se necesitarían seis de nueve votos tanto para que se apruebe o no esta petición.

¿Muerte cruzada?

El parlamentario ratificó la necesidad de que el presidente se vaya del cargo por los presuntos entramados de corrupción en los que está enredado su Gobierno. En este sentido, señaló que Hernán Luque, principal sospechoso del caso “El Gran Padrino”, tiene registrados varios ingresos al despacho presidencial.

La salida del juicio político sería la más razonable por la presunta omisión del Gobierno ante los casos de corrupción. No obstante, Torres es “realista” ante el tema y cree que puede existir una caída de votos a la hora de la verdad, aún así espera estar equivocado.

Pese a que el escenario es complicado, la muerte cruzada no sería una opción ya que no tiene cabida. El legislador califica a esta opción como la menos inteligente ya que no hay causales para que el presidente Lasso emita este decreto. En este caso manifestó que podría repetirse la historia de Perú, en donde el expresidente Castillo intentó disolver el Congreso y terminó saliendo del cargo.

Además de que la Asamblea desconocería este decreto por falta de argumentos, piensa que existiría una fractura social en el país y una discusión jurídica muy amplia. Por otro lado, el Gobierno rompería el bloque de 25 personas que tiene en el Legislativo. “En el poder lo más importante no es llegar sino salir bien”, resaltó. (A.G.M).

La entrada Torres: «Creo que no existirán los 92 votos para la censura de Lasso» se publicó primero en La Calle.

Esta información la solicitó el asambleísta Esteban Torres (PSC) quien cuestionó si el jefe de Estado o algún otro miembro del Gabinete presentó la denuncia. La Fiscalía indicó que después de revisar el Sistema de Actuaciones Fiscales (SIAF) y de acuerdo a los parámetros de búsqueda no se encontró ninguna investigación previa.

EL 14 de marzo, Presidencia emitió el comunicado en el que aseguraba que no «solaparía a nadie» aceptó que la FGE investigue a los implicados en el «Caso Encuentro» o «Gran Padrino». Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado una solicitud formal.

Esta decisión la tomó tras los audios filtradas por un medio digital en el que exgenerales de la Policía «recomendaron» archivar el informe «El León de Troya» que evidenciaba supuestos nexos con la mafia albanesa.

Además, el pasado 17 de enero, el presidente «solicitó» al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional localiza a Luque y Cherres. No obstante, tres meses más tarde aún se desconoce el paradero de los presuntos implicados.

Carrera, Luque y Cherres en el mismo charco…

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada «El Gran Padrino», expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico. (N.J.C)

La entrada «El Gran Padrino»: Lasso nunca denunció a Carrera, Luque y Cherres se publicó primero en La Calle.

La Comisión que investiga el caso «El Gran Padrino» solicitó estas bitácoras como parte de la investigación del supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas, que estaría encabezada por el cuñado de Lasso, Danilo Carrera.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, indicó que estos documentos no tiene carácter reservado, secreto o secretísima. También explicó que es «inconsebible» que el Gobierno se niege a entregarlos.

«Esta información es de carácter público, no pueden escudarse que es reservada. Solo los gabinetes de seguridad pueden ser considerados como secretos», mencionó Veloz.

La comisión cerrará las comparecencias este 15 de febrero de 2023 y la discusión del informe se realizará el 22 de febrero.

Sin embargo, ni Lasso ni Carrera se presentaron ante la mesa para rendir su versión. De hecho, el mandatario prefirió presentarse en la condecoración del vicepresidente Alfredo Borrero, por su «gran mérito», que acudir al llamado.

Más pedidos de información

Pedro Zapata, otro miembro de la comisión, explicó que solicitaron información al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre movimientos inusuales de Carrera; el exgerente de EMCO, Hernán Luque y Rubén Chérres principales sopechosos de este entramda de corrupción.

Además, mencionó que la Superintendencia de Compañías entregó información sobre la creación de nueve empresas relacionadas con los implicados con un capital de USD 800 en julio de 2021.

Delitos por los que serían inculpados

En este caso, la Fiscalía investiga los delitos de supuesta concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. Asimismo comentó que la Asamblea puede establecer responsabilidades políticas a los funcionarios supuestamente implicados, según El Comercio. (N.J.C)

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El fracaso del referéndum dejó mal parado al Gobierno e Iván Correa no se salva de la salida masiva de los funcionarios. El exfuncionario fue uno de los primeros en anunciar la consulta popular. Ahora se despide del gabinete del Ejecutivo sin terminar sus cuatros años de gestión.

El reemplazo de Correa será Sebastián Corral Bustamante, quien actualmente es embajador de Ecuador en Londres, en donde lleva año y medio en el cargo. Además, desempeñó el puesto de Gerente General de Teleamazonas por quince años. Otra gerencia que dirigió fue la de la empresa Dinediciones, que edita la revista Diners

La carta de Pipo Laso

En una carta abierta el exsecretario de comunicación, Leonardo Laso, recomendó  al presidente la salida del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo y el secretario de Administración Pública, Iván Correa.

Laso pidió de manera ambigua una “patada” al exsecretario Correa, quien puso a Hernán Luque en el cargo. Enfatizó en que generalmente los ministros y funcionarios que escoge son “mediocres, corruptos o las dos cosas”. (A.G.M).

Noticia en desarrollo…

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El mandatario aseguró que este ataque quiere perjudicar las obras que ha realizado su gobierno, al intento de poner en orden la economía y a los empleos generados. “Estamos bajo ataque. Un ataque grosero y mentiroso”, exclamó.

Además, comentó que La Posta, medio que difundió el caso, son unos «asesinos de la reputación». Aludió que bajo sus títulos de periodistas estarían comentiendo delitos de injuria y calumnia.  

Tarde, pero muy tarde…  

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó nueve allanamientos la madrugada del viernes 20 de enero. Esto en el marco de la presunta trama de corrupción ‘El Gran Padrino‘.

Como resultado se levantaron: documentos, dispositivos de almacenamiento, dispositivos móviles, computadoras, joyas y otros elementos.

Entre la lista de implicados nunca estuvo el cuñado de Lasso, Danilo Carrera. Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, no existen pruebas suficientes para investigar a Carrera.  

Sobre el entramado de corrupción

El caso «El Gran Padrino» expuso a Danilo Carrera como el principal beneficiario de esta supuesta red de corrupción. Su operador de confianza sería Rubén Chérrez, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico.

En esta red también aparece Leandro Cortázar, quien en un audio declaró que habría tenido un vínculo con el sector eléctrico desde hace varios años. Sin embargo, fue en el período de Lenin Moreno en donde tomó casi el manejo total de CNEL. (N.J.C)

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El canciller ecuatoriano aportó con su versión tras ser llamado por Fiscalía. Esto luego de que su nombre resonara en uno de los audios que sustentan la existencia de dicha trama corrupta, anteriormente llamada ‘El Gran Padrino’.

En los mencionados audio publicados por el medio digital La Posta, se escucha una supuesta conversación vía telefónica entre Carrera y Chérrez. Durante el diálogo, este último mencionó que «aunque parezca mentira yo pongo ministros ahí«. E incluso aseguró que está en la capacidad de pactar reuniones con el canciller Holguín, en el domicilio de Carrera.

«Como lo pedí el pasado lunes en una comunicación a la fiscal general Diana Salazar, vengo a rendir mi versión libre y voluntaria sobre los hechos de aquel audio donde se me ha mencionado. Vengo a ratificar lo que puse en un comunicado público en que no conozco al señor Chérrez, no sé quién es, y que no tengo ninguna relación personal o profesional con Danilo Carrera”, expuso Holguín antes de rendir su declaración en la Fiscalía.

Asimismo el canciller aclaró que responderá a todos los cuestionamientos de autoridades de fiscalización, asambleístas y periodistas.

Canciller negó todo vínculo con cuñado de Lasso

Según Holguín, las únicas ocasiones en las que coincidió con Danilo Carrera fue en un par de viajes oficiales. Incluida una reunión con el embajador de Rusia. En aquella vez, Carrera acudió en condición de dirigente deportivo.

“Por mis labores como funcionario al ser Carrera una persona familiar del presidente lo he visto en algunas ocasiones, pero nunca en mi vida he tenido alguna relación personal o profesional con él”, insistió.

Según la información difundida por La Posta, entre los implicados en la presunta trama de corrupción figuran Danilo Carrera; Iván Correa, secretario de la Administración Pública del Gobierno; Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador, Rubén Chérrez, Martha Morlas, Leonardo Cortázar, entre otros nombres.

Aparentemente, esta compleja estructura exigía coimas para adjudicar contratos en las empresas públicas eléctricas. El caso es investigado por Fiscalía desde el 10 enero. Al momento existen 16 sospechosos.

JR

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Para el funcionario, los resultados del informe de Verdesoto se limitan a esbozar especulaciones genéricas “mal llamadas hipótesis”. Añadió que “Tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción”.

Correa también reveló que el ex secretario Anticorrupción informó (en su carta de renuncia) que el informes presentado “puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el Gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores”.

La renuncia de Verdesoto fue aceptada por el presidente Guillermo Lasso “por la falta de resultados concretos”.

“El Gobierno de Ecuador rechaza de manera firme y enfática el mal uso que se pretenda dar a ese informe”, concluyó el funcionario.

Verdesoto optó por renunciar a su cargo

Luis Verdesoto renunció el pasado lunes 23 de enero. Esto luego de presentar el “Primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas” efectuada por la Secretaría Anticorrupción en torno al “Caso Encuentro”. Estuvo ocho meses en el cargo.

Dicho informe presenta hipótesis sobre posibles escenarios de corrupción en las empresas públicas CNEL, Flopec y Celec.

También sé argumentó la necesidad de analizar el círculo cercano de Hernán Luque (uno de los presuntos implicados), anteriormente delegado del Gobierno de Guillermo Lasso, ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). En la actualidad, Luque está fuera del país.

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La investigación realizada por la Secretaría exponía la posible existencia de lavado de activos mediante la contratación pública y operaciones comerciales e inmobiliarias. El informe también recomendaba la ampliación de fuente para examinar el círculo cercano a Hernán Luque, involucrado en el presunto entramado de corrupción del Gran Padrino.

En la explicación de Verdesoto, el actual modelo de gobernanza en las empresas públicas carece de los respectivos controles para prevenir los actos de corrupción. Además, las normativas corporativas incorporadas en el 2015 a través de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), permitía la autonomía de los gerentes favoreciendo sus intereses.

Presuntas irregularidades en empresas estatales

En el documento también se analiza la existencia de presuntas irregularidades e ilícitos en diferente empresas. En el caso de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) la Secretaría manifestó que todo aparentemente todo funcionaba como un monopolio.

Los grupos corruptos accedían y a utilizaban información privilegiada en beneficio propio. Entre los beneficiados estaba integrado por el equipo de áreas técnicas y de apoyo, directivos de área y el gerente general. 

La Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) se destacan los posibles actos de corrupción en el monopolio del transporte. Además de una falta de control en la dirección y la operación de la empresa, sobretodo en el ámbito de gestión y finanzas.

Por otro lado, el informe detalló que Flopec opera con 12 buques de carga. Dos son propiedad de la empresa, cuatro alquilados y seis son aporte de un socio. En este sentido, se recalcó Flopec incurre en grandes gastos para el alquiler de los buques. El documento precisó que se trata de USD 30 mil por día, frente a ofertas que no superan los dos tercios de ese valor.

La repentina renuncia de Verdesoto

Luis Verdesoto renunció al cargo de secretario Anticorrupción sin presentar el primer informe de presuntas irregularidades del Caso Encuentro, que involucra al cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera.

A las 10:30 de este lunes 23 de enero estaba prevista una rueda de prensa en la que Verdesoto socializara con los medios de comunicación los avance de la investigación de la Secretaría. Sin embargo, no asistió a rendir declaraciones. (A.G.M).

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La entrevista realizada por el periodista Milton Pérez al presidente Lasso fue transmitida en cadena nacional la noche del 22 de enero. El principal asunto tratar fue la presunta estructura de corrupción en el Gobierno Nacional. Fiscalía llamó a la investigación “Caso Encuentro”.

La repentina renuncia de Hernán Luque a la presidencia del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) reflejó la confusión en las respuestas de Lasso. Hace un mes, en entrevista con Carlos Vera se limitó a decir que desconocía la razón del abandono al cargo.

“Bueno pues la gente renuncia y si quiere cambiar de posición, yo que puedo hacer”, dijo el presidente.

En esta ocasión, se “sinceró” ante las cámaras y manifestó que Luque salió del Gobierno porque no sentía confianza en él y pidió su renuncia. Según el presidente, el motivo sería porque “no tenía la certeza de que comprendió que este es un Gobierno que lucha contra la corrupción”.

En este sentido, el titular de Estado resaltó que no por el hecho de que Hernán Luque haya caído en «tentación» de ganar dinero hay que generalizar la corrupción en todo su Gobierno. «Ese señor Luque va a tener que venir al Ecuador para presentarlo a Fiscalía», recalcó.

El Gran Padrino

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El supuesto entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada “El Gran Padrino”, expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Chérrez, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico.

En el organigrama armado por la Posta también se encuentra Jorge Orbe y Julio León, quienes forman parte de la red de Hernán Luque y Nicolás Andrade. Este último, recientemente fue despedido de la gerencia de Celec por una mala administración.(A.G.M).

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