Hasta el momento han sido removidos tres presidentes de órganos colegiados en dos funciones del Estado ecuatoriano. A través del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo (COA), en febrero de 2022 Hernán Ulloa, que ascendió como consejero suplente, removió a la entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida. Luego, en abril de 2024, el consejero Andrés Fantoni replicó la misma estrategia para remover a Nicole Bonifaz de la presidencia. Y, esta semana, con tres de cinco votos a favor, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió quitarle a Fernando Muñoz sus atribuciones como máxima autoridad administrativa y representación legal, judicial y extrajudicial del órgano encargado de velar por la justicia electoral en el país.

El denominador común en estos tres casos es la aplicación del COA como norma suplementaria, a pesar de la existencia de norma especializada para cada Entidad y Función del Estado. De acuerdo con los artículos 65 y 67 del Código de la Democracia, para el caso del TCE, son atribuciones del presidente convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como de presidirlas. Sin embargo, el pasado lunes 12 de agosto, los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega se autoconvocaron a una sesión extraordinaria para revisar las faltas administrativas de Muñoz y, finalmente, removerlo de la presidencia.

El juez y expresidente del TCE calificó a esta acción como un “asalto al poder electoral” y una ilegalidad cometida en favor de intereses políticos que estarían detrás del control de la Función Electoral, por lo que habría iniciado un proceso de denuncia contra los tres jueces por usurpación de funciones. Lo mismo hizo Bonifaz en julio pasado, pero el Consejo de la Judicatura resolvió negarle la acción de protección y Fantoni sigue en el poder del CPCCS designando autoridades que sí son del agrado de Noboa. Ahora, resolver la ilegalidad cometida por Fantoni, Calvache, Guarderas y Verdezoto estaría en manos del Legislativo.

Según el ahora extitular del TCE esta ilegalidad tiene su origen en la aplicación irregular del COA que, además, desestabiliza la institucionalidad del Tribunal. Por un lado, porque la sesión de Pleno no fue realizada legítimamente; por otro lado, porque su nombramiento como presidente fue consensuado por los cinco miembros principales del organismo para un periodo de tres años. Y, finalmente, porque su posible destitución le correspondería a la Asamblea Nacional y Contraloría General que, hasta el momento, no se han pronunciado.

Según el abogado constitucionalista Esteban Ron Pérez, la aplicación del COA es legítima cuando las normas específicas no indican cómo proceder en estas situaciones no previstas. Para el experto electoral Daniel González, esta legitimidad también deberá ser corroborada con las pruebas que presenten los tres jueces del TCE demandados como, por ejemplo, si la sesión extraordinaria del 12 de agosto fue convocada por Ivonne Coloma en su facultad de presidenta subrogante, si es que Muñoz, en efecto, solicitó permiso con cargo a vacaciones para esa fecha y su ausencia temporal le otorgue esa atribución a Coloma. Caso contrario, lo que se esté resolviendo en las sesiones jurisdiccionales del Pleno del Tribunal, a partir del lunes pasado, podrían nulitarse y afectar los procesos legales.

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Pero, allá de las cuestiones de forma que aún no están claras, lo que ha despertado interrogantes sobre estos cambios repentinos en el TCE es el aparente interés que tendría el presidente Daniel Noboa en que Verónica Abad sea inhabilitada de sus derechos políticos para evitar, así, que ocupe la presidencia durante su campaña electoral. Otra coincidencia que inquieta es que el actual consejero del CPCCS Juan Esteban Guarderas está detrás de la denuncia en contra de la vicepresidenta de la República y, al mismo tiempo, que esté presionando en apresurar el concurso de renovación TOTAL de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, por cierto, va en contra de lo establecido en los reglamentos.

El papel del CPCCS es crucial para este periodo, pues es el organismo encargado de llevar a cabo los procesos de designación de las autoridades de la Función Electoral y otras funciones. Pero, particularmente, es apremiante que se designen a los nuevos jueces del TCE y nuevos vocales del CNE antes de los comicios de febrero de 2025. Tal parece que los pactos políticos en estas entidades están resultando eficaces para mover las fichas políticas. Sin los debidos procesos, y a vista y paciencia del Ejecutivo, las autodenominadas mayorías del CPCCS y TCE se han tomado a la fuerza el control para hacer y deshacer, incluso con lo establecido en la Constitución, con tal de lograr los objetivos del gobierno de turno.

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El decreto ejecutivo 695 fue emitido el 20 de marzo con las modificaciones a tres artículos del reglamento de la LOCGE. El nuevo texto reforma al artículo cuatro y dice que “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación esté integrado con el 50 % o más de recursos públicos, serán sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.

El economista señaló que si estas instituciones son controladas por la Superintendencia, las acciones -que se aplicarían si encuentran un mal uso de recursos públicos- se regirán a las sanciones de la entidad de control.

En este sentido, recalcó que los reglamentos de Contraloría son distintos; incluso, pueden impulsar acciones de carácter penal. Pese a las evidentes intenciones del mandatario, el decreto es legal dado que son reformas al reglamento, mas no a la ley en general.

Flashback

En diciembre del 2022, un Tribunal de la Corte de Justicia del Guayas ratificó la anulación de la designación de Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos.

Según la entidad, la designación carecía de motivación porque “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”.

En el mes de noviembre, la Asamblea Nacional posesionó a González como titular de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) de Hernán Ulloa ignoró esta acción y designó a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente. Además, exigió al Legislativo que lo posesionen.

“Por eso es la obsesión del Gobierno de Lasso de tomarse el Cpccs para colocar a gente anuentes a su política”, dijo Borja.

La economía del Ecuador y el panorama mundial

Respecto a la caída del Credite Suisse, indicó que es improbable que exista una afectación a la reserva internacional del Ecuador. Señaló que existen parámetros para que el dinero sea alojado en bancos con mayor seguridad, como el Banco Internacional de Pagos que el de las bancas privadas. A pesar de su pronóstico, el Banco Central del Ecuador (BCE) tendrá que pronunciarse oficialmente.

No obstante, resaltó que el incremento de las tasas de interés a nivel global sí pueden afectar la economía ecuatoriana. Estados Unidos tomó medidas para protegerse, pero estas acciones excluyen a los países tercermundistas. Por ende, puede existir una reducción en los bonos del país. (A.G.M).

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La madrugada del 10 marzo, cuatro de los siete consejeros resolvieron aprobar este informe de nulidad a las acciones de los exconsejeros destituidos por el Legislativo. Entre las resoluciones del anterior pleno del Cpccs estaba la designación de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos.

Desacuerdos en el Cpccs

La decisión del Cpccs, que actualmente lo preside Gina Aguilar, se tomó en base a un fallo de la Corte Provincial que ratificó la censura y el juicio político de los exconsejeros. La moción la interpuso el consejero Olindo Nastacuaz, sin embargo, hubo reacciones negativas en la mesa.

Los consejeros Aland Molestina, Mónica Moreira y Carlos Figueroa expresaron su negativa ante esta propuesta. De hecho, Figueroa reclamó que él fue el primero en presentar una moción y no la trataron.

“Yo sabía que ustedes tramposamente iban a hacer esto. Por eso suspendió la sesión en la tarde. Es el colmo, no está cumpliendo su palabra, presidenta”, resaltó.

Finalmente, la moción de nulidad se aprobó con los votos de Olindo Nastacuaz, Graciela Mora, Teddy Tama y Gina Aguilar. Gran parte de las acciones anuladas estarían relacionadas a la administración, no obstante, una de las más importantes sería la designación de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos.

En este sentido, Mora recalcó que Raúl González es el superintendente de Bancos electo, sin embargo, no ha podido ejercer sus funciones. La Asamblea Nacional lo posesionó en su cargo en julio del 2022.

Designación de Roberto Romero Von Buchwald

La madrugada del 3 de diciembre el Cpccs designó a Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos. La resolución fue tomada por los cuatro consejeros que habían sido destituidos por Legislativo.

El anterior pleno del Cpccs tomó esta decisión luego de analizar los planes de trabajo presentados por la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso y estaba conformada por: Felipe Cabezas- Klaere, Rosa Marí Herrera y Roberto Romero Von Buchwald. (A.G.M).

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El asambleísta del PSC, Luis Almeida denunció a la magistrada por su «sometimiento al gobierno». «Al fin respira vientos de libertad. ¡Nunca más sicarios judiciales», expresó a través de su cuenta e Twitter.

Ibarra permitió que Hernán Ulloa asuma la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (Cppcs), luego de revocar las medidas de protección a favor de Sofía Almeida el 1 de agosto de 2022.

Además, la jueza aceptó una acción de protección contra el Cpccs por haber designado a Raúl González como superintendente de Bancos, el pasado 27 de julio de 2022.

Según Ibarra, en el concurso se vulneraron «los derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadanía denunciante».

Ante esta decisión, el abogado de González, Roland Friend, solicitó a la Corte de Guayas que declare error inexcusable. Además, mencionó que en la audiencia de acción de protección en el caso del titular de la Súper de Bancos existió conflictos de intereses.

González sin puesto

La jueza de Samborondón, Larissa Ibarra aceptó este recurso y anuló el proceso designación de González. Por ende, ordenó al Cpccs que elija un nuevo principal con una terna que debía enviar el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por González y algunos consejeros. Según la entidad, la designación carece de motivación “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”. (N.J.C)

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La resolución fue tomada en la sesión del 13 de febrero con siete votos a favor. Terán sería el cuarto juez que asume este cargo, y  reemplazará a Álvaro Román, quien fue nombrado como presidente del CJ por orden del Corte Constitucional (CC).  Ahora, como la establece la Constitución deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional.

¿Quién es Wilman Terán?

Dentro de su experiencia profesional, Terán es abogado por la Universidad Central y tiene dos posgrados en Derechos Humanos y Derecho Penal. Por otro lado, fue juez de Garantías Penales en Santo Domingo de los Tsáchilas y director de asesoría jurídica del Conagopare.

Antes de su designación, tenía el cargo de conjuez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil. También era integrante de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescente infractores de la Corte Nacional.

Una decisión polémica

“Es un agrado no haberme equivocado en mi votación, ni argumentación; y una lástima que «no haber cambiado mi voto» fuera considerado como incumplimiento por la Corte Constitucional” dijo el expresidente del Cpccs, Hernán Ulloa.

El 15 de diciembre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) envió una terna constituida por los jueces Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Antonio Rivera. Sin embargo, los antiguos consejeros, que luego fueron destituidos por la CC, no llegaban a acuerdos para elegir al nuevo titular de la CJ, después de varias ternas emitidas.

En esta última ocasión, los vocales también resolvieron no elegir a ninguno de los candidatos para presidir el CJ. La decisión se tomó pese a que los candidatos cumplieron con los requisitos pertinentes para el proceso. En este sentido, decidieron solicitar una nueva terna por falta de acuerdos y la CNJ se pronunció al respecto.

“La Corte Nacional de Justicia ha cumplido con el país, puesto que como lo dispone la norma constitucional, su presidente ha enviado en cuatro ocasiones la terna para la designación del titular del CJ, el 22 de febrero, 16 de mayo, 22 de agosto y 16 de diciembre del 2022”, dijo en su defensa mediante  un comunicado oficial. (A.G.M)

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Además, el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, convocó a una reunión del Consejo de la Judicatura para resolver la posible suspensión del juez Lindao.

Román aseguró que en esta junta conocerán el informe y con base en la denuncia de la Fiscalía tomarán una decisión con el futuro del juez.

“No toda sentencia de los jueces se deben cumplir, porque a veces no es competente y debe tener una orden legitima. Sobre todo, que debe estar revestido”, manifestó.  

Reclamo de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado criticó las decisiones que toma la función Judicial ante las acciones del juez de La Concordia, Ángel Lindao. A través de un comunicado comentó que se pone en “tela de duda” la administración de justicia.

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Moya desestimó un sumario disciplinario contra el juez Lindao por presuntas irregularidades en el caso Norero. Moya indicó que este expediente rebasó su fecha de vigencia y archivó la causa el pasado 23 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia planteada y el recurso de apelación impuestos por la Procuraduría e Inmobiliar, declaró “negligencia manifiesta” las acciones de Lindao.

“La Fiscalía expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia, en claro perjuicio de la sociedad ecuatoriana”, reza el comunicado.  

Más embarradas…

Ángel Lindao ha protagonizado varios escándalos judiciales. Uno de ellos fue la restitución a los cuatro consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Estupiñán, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Además, obligó al Legislativo a pedir disculpas de manera pública y a colocar una placa con el lema: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Más liberaciones arbitrarias…

Lindao concedió una medida cautelar que deja en libertad a Wilson Ruiz, acusado de sicariato. La Fiscalía manifestó que Ruiz participó en la muerte del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga.

El juez, en su resolución, dispone que durante el tiempo de condena que le falta no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

Caso Norero

El magistrado de La Concordia habría incurrido en acciones irregulares en el caso “Norero” investigado por el presunto delito de lavado de activos. Carlos P., uno de los procesados, presentó una acción de protección en reclamo de la mansión de Norero y su pareja sentimental. Pese a que existe una medida cautelar de prohibición de enajenación de bienes, Lindao falló a su favor.

Según la Fiscalía, esta acción de protección llegó a conocimiento del juez por un “sorteo irregular” debido a la falta de competencia en la causa penal. (N.J.C)

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Desde la bancada, aseguraron que realizarán la respectiva investigación y fiscalización para determinar la verdad de los hechos. Además, se presume que la víctima de violación también sufrió de un intento de asesinato por parte del exfuncionario.

Funcionarios del Cpccs piden su reintegro

Una decena de funcionarios desvinculados del Cpccs solicitaron a la justicia constitucional la reparación de sus derechos.  Las autoridades atendieron a su pedido y ordenaron el reintegro inmediato en todos los casos, sin embargo, Ulloa hizo caso omiso a esta disposición y los reemplazó con personas allegadas a él y otra autoridades.

Los afectados espera que tras la destitución de los consejeros del Cpccs por parte de la Corte Constitucional puedan recuperar su trabajo. Los ex trabajadores denuncian la doble moral de Ulloa porque él exige la aplicación de la justicia para defender su puesto pero no respeta las decisiones “a favor de los más vulnerables”. (A.G.M)

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En primera instancia, la CC destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por incumplir la sentencia de no haber nombrado un presidente definitivo para el CJ. Cuatro ternas fueron negadas por el Cpccs liderado por Hernán Ulloa.

Tras la decisión, la Corte dispuso que hasta entonces Álvaro Román presida temporalmente el Consejo de la Judicatura en su calidad de suplente. El entrante presidente ya había planteado una acción de protección contra la designación de Fausto Murillo.

Según Román, él debía asumir el CJ tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a inicios de 2022. El Cpccs Transitorio lo eligió como vocal suplente y no a Fausto Murillo, reportó Ecuavisa.

¿Y ahora qué?

La Corte señala que el órgano competente debe elegir un candidato de la cuarta terna para presidir el CJ. Román estará a la cabeza mientras no haya titular definitivo. Además, el CJ deberá ofrecerle disculpas pública y un pago de USD 5 mil, recogió el medio televisivo.

Por su parte, los siete consejeros deberán abandonar sus cargos. Los exvocales Sofía Alméida, Juan José Dávalos y David Rosero aseguraron que cumplieron con sus atribuciones en cuanto a la designación del presidente del CJ.

Los consejeros destituidos resaltaron que las decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se tomaban en una mayoría de cuatro funcionarios.

«Claramente hicieron todo lo posible por mantener a su amigo (Fausto Murillo) en la Presidencia del Consejo de la Judicatura», reza el comunicado.

También, solicitaron que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie considerando las pruebas de descargo presentadas por escrito y en la audiencia de verificación.

En la otra orilla, el expresidente Hernán Ulloa aceptó la decisión de la Corte, pero enfatizó que no concuerda con el dictamen. Instó a la Corte a actuar de manera inmediata contra la Asamblea Nacional por el desacato a una sentencia del 2019.

Según Ulloa, el Pleno también debería ser destituido por no obedecer la resolución de la Corte sobre el derecho a la consulta previa y legislativa, que hasta la fecha no han enviado el informe sobre las leyes orgánicas que regulen el derecho a dicha consulta.

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Esto se suscitó, luego de que Ulloa anunció que interpondrá una acción de incumplimiento de sentencia en contra de la Asamblea por el retiro de la placa (cuya frasa inscrita dice: «Ningún poder del Estado está en por encima del control constitucional», ordenada por el juez Ángel Lindao.

Además, Ulloa presentará otra acción de incumplimiento contra la Asamblea Nacional por no posesión del Superintendente de Bancos y por la no posesión de consejeros suplentes.

«La Asamblea Nacional, en representación de los ciudadanos, sus verdaderos mandantes, no se someterá a intervenciones inconstitucionales de ninguna otra Función del Estado, ya que estos carecen de eficacia jurídica y no claudicará en la defensa de sus derechos y aspiraciones de mejora y desarrollo del pueblo«, concluyó el comunicado.

Los asambleístas que firmaron la proclama son Mireya Pazmiño (Pachakutic), Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), Luis Esteban Torres (PSC) y Mauricio Zambrano (UNES) junto al presidente de Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

JR

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“No permitiré el doble discurso de legisladores que ofenden a la Corte Constitucional y al país exigiendo, por un lado, nuestra destitución, y el mismo día de la acción de seguimiento, incumplir con la sentencia que nos restituyó en el cargo”, resaltó el titular.

Para Ulloa, la Asamblea Nacional también incumplió con sus funciones. Por ejemplo, la falta de posesión del Superintendente de Bancos y los consejeros suplentes. También se refirió a las consecuencias por el retiro de la placa: “Ningún poder está por encima del control constitucional” de las instalaciones del Legislativo.

El Cpccs y el juez de La Concordia

En noviembre del 2022, Lindao aceptó una acción de protección impuesta por los consejeros para anular la destitución que resolvió el Legislativo en su contra, luego de que cambiaran el reglamento para elección de contralor del Estado.

Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. A partir de esta acción, la decisión de destitución del Parlamento quedó sin efecto. Según el funcionario, hubo “inobservancia e irrespeto” a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. (A.G.M).

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Además, Ponce criticó fuertemente la intención de reelección de los consejeros gobiernistas, mismos que fueron señalados y destituidos en su momento por la Asamblea.

La consejera suplente desistió de su cargo para evitar “ser parte de un juego perverso”. Su “principalización” es necesaria para el proceso de reelección.   

Ponce también cuestionó al Consejo por no haber designado: Contralor, Presidente de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, y miembros de los cinco Consejos Nacionales para la igualdad.

Ponce expresó su disconformidad con los miembros del Pleno, tachándolo de “ineficaz, incapaz y escandaloso”. Igualmente, señaló un fracaso en la gestión. Esto generó rechazo en la ciudadanía y conllevó al planteamiento de dos preguntas en la Consulta Popular para limitar las funciones del organismo.

¿Por qué la principalización?

De 45 candidatos, se elegirá a siete vocalías para el Consejo de Participación Ciudadana. Cinco de los siete miembros actuales hacen parte de ese grupo y buscan la reelección.

Según El Universo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, optaron por hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña para iniciar el periodo de promoción de las candidaturas.

Por su parte, David Rosero y Javier Dávalos, “se encontraban en uso de vacaciones, que concluirían en esta semana; pero, hasta el momento, no se ha confirmado su solicitud de licencia”.

Debido a las ausencias en los miembros del Consejo de Participación ciudadana, Hernán Ulloa, presidente de la institución, solicitó a la Asamblea posesionar a los vocales suplentes, entre ellos, Karina Ponce.

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“La Corte Nacional de Justicia ha cumplido con el país, puesto que como lo dispone la norma constitucional, su presidente ha enviado en cuatro ocasiones la terna para la designación del titular del CJ, el 22 de febrero, 16 de mayo, 22 de agosto y 16 de diciembre del 2022”, dijo en su defensa Corte Nacional de Justicia (CNJ), en un comunicado oficial.

Como respuesta, el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, recalcó que su administración es respetuosa y responsable. En este sentido, dijo que tiene la obligación de “cumplir dentro del plazo requerido por la CC con la remisión de toda la información.

Una quinta terna

El 2 de enero, el Cpccs instaló una sesión para elegir al nuevo presidente del CJ, pero ninguno de los candidatos convenció al Pleno del organismo. La cuarta terna estaba conformada por los jueces en funciones Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera.

Después de dos horas de debate, la mayoría gobiernista del Cpccs resolvió no elegir a ninguno de los candidatos para presidir el CJ. La resolución se tomó pese a que no fueron impugnados y cumplieron con los requisitos pertinentes para el proceso. En este sentido, decidieron solicitar una nueva terna por falta de acuerdos.

El apoyo de la Asamblea a la Corte Constitucional

El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, apoyó la decisión de la CC sobre la rendición de cuentas al Cpccs respecto a este proceso.

“No lo han hecho. Se han burlado de tres jurisconsultos que estaban en la terna. Devuelven la terna nuevamente, se burlan de la Corte Constitucional y eso no podemos permitirlo y hay que respetar el poder constituido. Así que creo que luego de este incumplimiento tendrá la Corte Constitucional que destituir, una vez más, a los destituidos”, señaló en rueda de prensa. (A.G.M).

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El restituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, y sus tres homólogos no pudieron explicar que Párraga haya presentado siete acciones de protección en La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, casi a la misma hora. Una de estas, recayó en el juez Ángel Lindao que falló a favor de los consejeros.

«A mi no me consta aquello. No, en absoluto, no conocemos a la persona, pero le agradecemos que haya planteado esta acción», refirio Ulloa. En cambio, la consejera Ibeth Estupiñán dijo: «Alguien me mandó a decir que el señor (Carlos Párraga) me conocía cuando yo era niña (…) yo no recuerdo si el me conoce».

La consejera Sofía Almeida mostró su rechazo hacia las declaraciones de sus pares. «Como insultan la inteligencia de los ecuatorianos. «Por sus acciones los conocereis», mencionó.

Ulloa añadió que las decisiones de la Asamblea Nacional desorganizan la administración pública y generan desestabilidad. «Una de las consecuencias del incumplimiento de las sentencias constitucionales y, también, de las medidas cautelar es la destitución del servidor público que la incumple», afirmó.

Sobre el pleito

El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo un juicio contra cuatro integrantes del Cpccs por incumplimiento de funciones en el cambio del Reglamento para la Elección de Contralor General del Estado.

La noche del 22 de noviembre, el Legislativo resolvió la destitución y censura de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Sin embargo, el juez de La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la decisión de la Asamblea.

No obstante, el Legislativo ratificó en su resolución y convocó a sesión para que cuatro consejeros suplentes asuman como principales. Al final, ninguno asistió a la posesión.

A la par, los vocales destituidos volvieron a las instalaciones del Consejo y retomaron sus cargos. Ulloa argumentó que el poder judicial no se dejó intimidar y el Estado de derecho triunfó. En cambio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, rechazó la injerencia de la Función Judicial y la bancada socialcristiana presentó tres denuncias contra la mayoría gobiernistas del Cpccs y el juez Lindao.

Lo más reciente del pleito fue la inasistencia de la Mayoría Legislativa para no posesionar al superintendente de Bancos designado, Roberto Romero. Por ello, Ulloa y compañía mantienen sus querellas con los legisladores.

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Lindao notificó a los involucrados, entre ellos la Asamblea Nacional, esta decisión como parte de las de reparación para los consejeros la tarde del 16 de diciembre. El juez recalcó la legalidad de este proceso, luego de que la designación de Raúl González se declaró nula.

Mientras tanto, Gonzáles aún está a la espera de la resolución de un Tribunal de la Corte Provincial del Guayas, donde apeló el falló que le otorgó la jueza Larissa Ibarra y anuló su designación como superintendente.

Para que no se resienta el Cpccs

Entre las medidas de reparación que dispuso Lindao están:

• Declarar la nulidad del juicio político porque se los llamó a declarar sin que haya aprobado un informe;
• el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debía presentar disculpas públicas;y,
• en menos de 48 horas el Legislativo debe colocar una placa en el edificio con la frase “Ningún poder del Estado está por encima del Control Constitucional”.

Ya no pudo más…

Saquicela convocó a los asambleístas a una sesión en el Legislativo el 18 de diciembre de 2022, a las 20:30 para posesionar , finalmente, a Roberto Romero. Esto como acato a las disposiciones que ordenó Lindao.

La mano todopoderosa Lindao…

El juez Ángel Lindao aceptó una acción de protección que interpuso el ciudadano Manuel Párraga Quiroz y dejó sin efecto la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Cpccs.

Según el magistrado, hubo «inobservancia e irrespeto» a los derechos constitucionales de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. En el documento, dispuso a Saquicela, y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que revoquen los efectos de la resolución del juicio político.

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“El pleno de la Asamblea rechaza la injerencia de la justicia y de cualquier otro poder del Estado en el Parlamento”, indicó Saquicela a través de su cuenta de Twitter.

Además, la tarde de este 9 de diciembre la Asamblea aprobó con 89 votos a favor la noción impuesta por el asambleísta Esteban Torres para ratificar la destitución de los consejeros.

Acción de protección

Lindao aceptó una acción de protección impuesta por los consejeros para anular la destitución que resolvió la Asamblea en su contra, luego de que cambiaran el reglamento para contralor del Estado.

Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. A partir de esta acción, la decisión de destitución el Parlamento quedó sin efecto. Según el funcionario, hubo “inobservancia e irrespeto” a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. (N.J.C)

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Los ciudadanos Graciela Viviana Morales Ramírez y Aland Molestina Malta, también convocados a la posesión, no se presentaron.

El presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, convocó a una nueva sesión virtual para el miércoles 7 de diciembre, a las 16:00, en la que intentarán posesionar a los restantes consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la convocatoria no se incluyen nombres, debido a que deben verificar la lista enviada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Asamblea Nacional destituyó a cuatro de los siete consejeros del CPCCS, el pasado 18 de noviembre. Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo continúan en sus cargos gracias a una medida cautelar dictada por un juez constitucional de La Concordia.

Antes de Gina Aguilar, el ciudadano Olindo Nastacuaz también fue posesionado por la Asamblea.

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Asamblea Nacional demandará penalmente a consejeros gobiernistas

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, expresó para Radio Pichincha que demandará penalmente por simulación de funciones a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).

El Legislativo ya había presentado una notitia criminis por la misma causa contra Hernán Ulloa, María Fernando Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

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Pazmiño acusó a Ulloa de designar a Romero en “la clandestinidad”, en horas de la madrugada de este 3 de diciembre. Además, señaló que la mayoría gobiernista del Cpccs se tomó atribuciones que no están dentro de sus funciones. Es decir, la capacidad de posesionar autoridades es competencia de la Asamblea Nacional, mas no del Cpccs, que solo tiene la facultad de designar autoridades.

“Entre gallos y media noche, violan la Constitución y la Ley”, expresó Pazmiño a través de su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional

Del mismo modo, el Pleno de la Asamblea anunció que no reconocerá la designación de Romero como nuevo Superintendente de Bancos, porque el acto lo realizaron “funcionaros destituidos”.

“No permitiremos que ninguna otra Función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder Legislativo. Amparados en la ley, ¡nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional!”, reza el comunicado.

Asimismo, precisó que aceptar la decisión del juez Ángel Lindao sobre la reincorporación de los consejeros destituidos del Cpccs sería violar la Constitución y la independencia de las funciones del Estado.  

“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un Pleno Legislativo, y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden”, detalla el documento.

El Pleno enfatizó que es responsabilidad de las máximas autoridades, incluyendo a la Fiscalía, adoptar gestiones adecuadas que sancionen este tipo de delitos. “A fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado y asegurarse la democracia del país”, dice el comunicado.

Destitución de los consejeros

Además, esta designación entra en conflicto por la situación política y judicial que mantiene cuatro miembros  del Cpccs. Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán fueron destituidos por mayoría de votos en el Pleno del Legislativo por:

• Incumplimiento de funciones
• Intento de modificación del reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado
• La falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, el juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Con este recurso quedó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los funcionarios.

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“Todo acto de estos señores que están atrincherados en donde no les corresponde, será de nulidad absoluta”, recalcó el titular.

Según Saquicela, gran parte de los funcionarios en Cpccs fueron puestos por el presidente de este órgano del Estado, Hernán Ulloa. Por lo tanto, tiene la posibilidad de adueñarse de las instalaciones. Desde el Legislativo, emitieron una solicitud al Ministerio de Trabajo para que se les suspenda el sistema de Quipux a los consejeros destituidos, sin embargo, aún no lo hacen.

La revocatoria

El 22 de noviembre, el juez de Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó una medida cautelar interpuesta por el ciudadano Manuel Párraga.  La acción dejó sin efecto la destitución de los consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Ante la situación, Saquicela solicitó una revocatoria en la resolución.

Como respuesta, el denunciante cambió la medida cautelar autónoma a una medida de protección en el mismo trámite. También aseveró que si no se da la revocatoria va a presentar la apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo.

“Yo creo que cualquier juez, menos el que está comprometido con esta situación, podrá revocar una situación de esta naturaleza”, resaltó.

Además, mencionó que en el informe, el juez pedía que se deje sin efecto la sesión 112, que fue el día de la recomendación de juicio político. Sin embargo, días más tarde ratificó un “error de tipeo” en el documento por lo que pedía que fuera anulada la sesión 115, que fue el día de la destitución.

Un juicio justo

En la sesión 49 del Pleno del Cpccs, Ulloa manifestó que en el juicio político no existió un informe sobre el cual puedan defenderse. Todo giró en torno a la moción presentada por la asambleísta, Mireya Pazmiño.

Saquicela explicó que la Comisión de Fiscalización sustanció el juicio político. Durante este proceso, los siete consejeros investigados en ese momento tuvieron el derecho a la defensa. Posteriormente, la Comisión tenía un plazo de ocho días para presentar el informe, pero pidieron una prórroga de cinco días. Luego de este tiempo no se presentó el informe porque no alcanzaron los votos para su consolidación.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en 48 horas se debe emitir un documento que detalle las razones por las cuales se archivó el trámite. Sin embargo, la Comisión pidió la reconsideración y emitió un informe fuera del plazo por lo que jurídicamente era inexistente, según el titular del Legislativo.

De acuerdo con la ley, si no existe una resolución en la Comisión, el Pleno debe tomar una decisión respecto a la aprobación de un juicio político. En este sentido, en el debate se dio paso a la orden del juicio político a los cuatro consejeros del Cpccs y días después se resolvió su destitución. (A.G.M).

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El Legislativo convocó a la sesión 816 para este 24 de noviembre a las 16:20. Durante la reunión del Pleno estaba previsto que Carlos Figueroa, Karina Ponce, Jaime Chugchilán y Mónica Moreira tomen sus cargos. Sin embargo, ninguno asistió a la posesión de su cargo.

La sesión -que solo duró un poco más 20 minutos- fue suspendida y será retomada el 28 de noviembre a través de medios virtuales.

¿Por qué no asistieron?

Los consejeros suplentes Carlos Figueroa y Karina Ponce anunciaron horas antes que no acudirían al Pleno de la Asamblea debido a que la situación legal de los vocales del Cpccs no es clara. Por su parte, Jaime Chugchilán no asistió, porque tiene orden de prisión por un juicio penal por estafa masiva.

Finalmente, Mónica Moreira no se pronunció al respecto, pero de todos modos no se presentó ante el Legislativo.

Ulloa y compañía ganan

Tras conocer el fallo de un juez de La Concordia, los cuatro consejeros que habían sido destituidos por la Asamblea, retomaron sus cargos el miércoles 23 de noviembre.

La mayoría gobiernistas formada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo celebraron su retorno a las instalaciones del Consejo.

La vocal Sofía Almeida denunció a través de sus rede sociales que el edificio contaba con presencia policial para no permitir el paso a la posesión de los nuevos consejeros. Asimismo, se había dispuesto la fumigación del establecimiento con el mismo fin.

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Con este nuevo panorama, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo vuelven a sus puestos como mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana.

«La medida cautelar suspendió los efectos de censura y destitución como tiene que ser. Un juez ha tenido la valentía para sobrellevar las injerencias y presiones que la Asamblea trató de imponer a la Función Judicial. No nos dejamos marcar la cancha,. Se hizo control de la constitucional», dijo el presidente Hernán Ulloa.

Respuesta de la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, rechazó la injerencia de la justicia en las decisiones del primer poder del Estado, el Legislativo. Asimismo, ratificó la convocatoria del jueves 24 de noviembre a las 16:30 para posesionar a los cuatro nuevos consejeros del Cpccs.

«Hay que respetar la institucionalidad, la Constitución y la independencia de poderes. Nos ratificamos en la posesión de los nuevos vocales. No se puede manosear la justicia y romper con el orden la Función Legislativa. En el marco legal se hizo el enjuiciamiento político», precisó Saquicela.

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