El actual mandatario llegó hasta la ciudad de Manta para la entrega de las 25 de 186 ambulancias que se distribuirán a nivel nacional. Pese a los escándalos en casos como el »Gran Padrino» o la controversial adquisición de chalecos para la Policía, el jefe de Estado aseguró que su gobierno trabaja honestamente.

»Nosotros no pagamos comisiones, no hicimos favores a nadie ni tuvimos compadrazgos y amiguismos», dijo en referencia a la entrega de ambulancias.

De acuerdo con el presidente saliente, su gestión es un ejemplo de la »buena política», pues la »mala política» englobaría a los exasambleístas que trataron de destituirlo. Aseguró que lo mejor fue mandarlos a su casa y que tras su decisión »el 75 % de los ecuatorianos respiró paz en el Ecuador».

»Más parecían Tiko Tiko o payasos de circo (…) Espero que la nueva Asamblea comprenda que la actitud de la anterior fue vergonzosa», resaltó.

Unas palabras a Daniel Mendoza

Buena parte de su discurso estuvo lleno de represalias al exasambleísta Daniel Mendoza, quien fue acusado junto a otros exfuncionarios de desviar los fondos destinados a la construcción del Hospital de Pedernales. En mayo del 2023 obtuvo la prelibertad.

»Daniel Mendoza devuelve el dinero que te robaste», gritó el presidente Lasso. También detalló las obras que se podían haber realizado con los USD 8 millones perdidos. Según él, ese monto serviría para adquirir 60 ambulancias más. (AGM).

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«Luego de analizar los argumentos presentados en la audiencia, el juez Nacional Marco Rodríguez acogió la solicitud del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, y negó el pedido de la defensa técnica de Daniel M. El magistrado mantuvo la prisión preventiva en su contra. Esto debido a que no se han justificado hechos o elementos nuevos», reza el boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado.

La defensa de Mendoza argumentó que al no existir riesgo de interferir con la justicia ni peligro de fuga. Además de su colaboración para esclarecer el caso, es plausible que se revise las medidas cautelares. Y que en su lugar se dicte prohibición de salida del país, arresto domiciliario y uso de grillete electrónico para el político manabita.

Sin embargo, el Magistrado señaló que “la defensa del procesado ha confundido colaboración con la justicia con desvanecimiento de los elementos que sirvieron para dictar la medida». Así mismo, Wilson Toainga, fiscal general subrogante, puntualizó que la medida no es procedente. Los indicios que involucran al exlegislador no han desaparecidos, sino que se han profundizado y agravado conforme avanza la investigación.

El exasambleísta por Manabí es investigado por ser partícipe de una organización criminal. Organización que se beneficiaba de la adjudicación irregular del contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales. La red de corrupción involucra a altos funcionarios públicos y legisladores. (CE).

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Durante la noche del miércoles 16 de septiembre, las calles Guayaquil, Daule y Portoviejo recibieron la marcha de decenas de policías y el precipitado movimiento de vehículos de la fuerza pública. Se trataba de un operativo coordinado por la FGE. Cuando el amanecer anunció la madrugada del jueves, la Fiscalía había capturado a nueve personas. Ellos están presuntamente implicados en una red de delincuencia organizada dentro de la institución pública BanEcuador. La FGE celebró el hecho en su cuenta de twitter, pocas horas después. 

Antecedentes

En el Gobierno de Moreno, una red de corrupción se articuló alrededor de buena parte del sector público. Así, la crisis sanitaria develó la existencia de redes de delincuencia organizada  e institucionalizada. Tramas de corrupción en las casas de salud del país, irregularidades en la venta de insumos médicos e incluso la falsificación de carnés de discapacidad son elementos de estos procesos de corrupción, cuya importancia es revelar negligencias en la gestión del ámbito público. 

En mayo, la FGE capturó a Jean Carlos Benavides, ex asesor de Daniel Mendoza, implicado en la trama de corrupción del Hospital de Pedernales. Por su parte, hace pocas horas, Benavides señaló que BanEcuador también era un escenario de corrupción institucionalizada. Según Benavides, desde BanEcuador, él pudo consumar la efectivización de diez cheques, a nombre del Consorcio Pedernales Manabí. Los documentos financieros tenían un valor individual que ascendía a los USD 40.000.

Daniel Mendoza

El pasado 19 de julio, el exasambleísta morenista Daniel Mendoza, con prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada, ingresó, al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos.

El juez autorizó que sea el único sospechoso que continúe en la cárcel 4 de Quito, donde está recluido desde el pasado 5 de junio. El resto de procesados deberán ser traslados a otros centros. (JBS)

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La moción corrió por cuenta del presidente de la mesa y asambleísta por Alianza PAIS (AP), José Serrano y contó con el apoyo de los legisladores Liliana Durán de Revolución Ciudadana y Franco Romero de la Bancada de Acción Democrática Independiente.

Tras el pedido, Azuero ahora será juzgado en el pleno de la Asamblea. El documento final también lo remitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Contraloría General del Estado (CGE). A estas instituciones pedirán que inicien investigaciones y determinen las responsabilidades de todas las autoridades involucradas independiente de la función o institución a la que pertenezcan y que, con su gestión, permitieron la trama de corrupción de la construcción del Hospital de Pedernales.

Al final de la sesión la Asambleísta, Amapola Naranjo, volvió a señalar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y sostuvo su preocupación por la participación de altos mandos del Gobierno en actos de corrupción.

Rebeldía de Azuero

La comisión Multipartidista informó que las sesiones debieron continuar en Rebeldía por la ausencia del denunciado. La mesa llamó a Azuero a comparecer el 30 de agosto. Sin embargo, el legislador no llegó a la cita telemática y se limitó a presentar una prueba por medio de su defensa. A partir de esto, la Comisión señala que el asambleísta Azuero hizo caso omiso al proceso administrativo, aunque sí usó su derecho a la defensa.

El más importante de los elementos aportados por la Fiscalía y que sirvió para el proceso, fue la conversación entre Azuero y Mendoza. En ella, evidenciaron que existe una presunta negociación de votos en la Asamblea. Según la Comisión, este hecho revela que existiría un entramado de corrupción dentro de la función legislativa. La misión era intercambiar “favores” para salvar de juicios políticos a funcionarios relacionados con el Ejecutivo.

Hospital de Pedernales

De acuerdo a la Comisión Multipartidista, las pruebas demuestran que los recursos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales no los habrían usado para su objetivo. Por el contrario, los cobraron terceras personas vinculadas con el ex asambleísta Daniel Mendoza y el acusado Eliseo Azuero, para intereses propios. Además, la comisión determina que estos actos fueron bajo el consentimiento de autoridades del Ejecutivo. Entre los señalados está el ex director del Servicio de Contratación de Obras, SECOB.

Según la Comisión, el asambleísta “sin límites y con excelsa y notoria ambición trasgredió la barrera de sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, pues valiéndose de su calidad y condición de legislador violentó el mandato que otorgó el mandante al dedicarse a ofrecer, tramitar, recibiendo y administrando recursos del Presupuesto General del Estado, gestionar nombramientos de cargos públicos”. Además, pide adoptar una resolución que promueva la eficaz, efectiva y transparente lucha contra la corrupción en todos los estamentos públicos. (AB)

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Eliseo Azuero, quien tiene orden de prisión preventiva y está prófugo de la justicia, decidió enviar un vídeo como prueba de descargo. Así mismo, pidió que su abogado se presente en su lugar para rendir versión. Ante esto los asambleístas cuestionaron el accionar del funcionario, porque la comisión indica que las comparecencias son indelegables y personales.

El proceso de investigación contra el asambleísta Eliseo Azuero, que debió continuar en rebeldía debido a la ausencia del acusado en la comparecencia, convocada por la Comisión Multipartidista terminó hace minutos. Con la misma tónica de las anteriores reuniones los citados para rendir versión se abstuvieron. De los cinco comparecientes, tan solo Danilo Fabricio Veliz respondió a las preguntas de la Comisión. Los vinculados quienes están privados de su libertad manifestaron que no responderán las preguntas sin la presencia de sus abogados.

Versión de Danilo Veliz

Danilo Veliz, la única persona que respondió a las preguntas de la Asambleístas Amapola Naranjo dijo que su hermano José Veliz era el responsable de los procesos administrativos de la empresa Roselvec S.A. Esta empresa fue implicada en la trama de la construcción del Hospital de Pedernales. Veliz aceptó que su hermano manejaba información sobre los valores y hacía quiénes iban dirigidos por su fuero de Gerente en la empresa.

Los llamados a declarar su versión sobre la investigación de Azuero son procesados por el Caso Fortuner. Ese fue el nombre que dieron las autoridades a la investigación sobre la construcción del Hospital de Pedernales, donde según las investigaciones operaba una organización delictiva. (AB)

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La asambleísta Amapola Naranjo denunció a Eliseo Azuero por violar los artículos 127 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así, según la denuncia, Azuero gestionó cargos públicos e ingresos del Estado, ajenos a su función de asambleísta, para la construcción del Hospital de Pedernales.

La Comisión Multipartidista tendrá 10 días, a partir de su conformación, para presentar el informe con los resultados de la investigación. Mientras tanto, durante el proceso, el asambleísta Azuero podrá defenderse de las acusaciones en su contra. La Comisión será la encargada de recomendar la destitución de Azuero.

El proceso contra Azuero

El 17 de julio del 2020, la Fiscalía General del Estado presentó una conversación entre los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. En esta conversación, los legisladores mencionan supuestos arreglos políticos con varios funcionarios públicos, asambleístas y ministros, en torno al proceso de investigación del Caso Pedernales.

Para el 30 de julio, el vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso (PSP) informó que el pleno analizará la denuncia en contra de Eliseo Azuero. La legisladora de Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo solicitó la destitución del legislador del BADI. Azuero está implicado en un presunto delito de corrupción en el llamado Caso Mendoza.

“Una vez que se ha presentado la denuncia (…) debemos revisar en el CAL si tiene firma y rúbrica notarizada de la denunciante (…) El plenario legislativo deberá conformar una comisión tripartita y multipartidista, a fin de sustanciar el proceso. Emitir un informe en un plazo máximo de 10 días para que el plenario legislativo tome la decisión final”, indicó Donoso. (DR)

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Danny C. formó parte de la comisión técnica encargada de análizar la viabilidad de adjudicar el contrato para la construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Pedernales Manabí. 

Según Edwin Romero, defensa del acusado, Danny C. alertó a sus superiores sobre los riesgos que implicaba adjudicar el contrato a dicho consorcio. Según Romero, hay informes firmados por el acusado, que demostraban cómo el Consorcio Pedernales Manabí pretendía beneficiarse del contrato. El acusado incluso dio a conocer que no cumplía con los requisitos para su adjudicación. A pesar de ello, la empresa se benefició de la firma por más de USD 16 millones. 

Antecedentes

En el 2019, el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) adjudicó el proceso de la construcción del Hospital de Pedernales a la firma Trippmaan. El contrato ascendía a los USD 15,7 millones. No obstante, la obra no llegó a concretarse y SECOB canceló el contrato. Hasta que, en febrero del 2020, la obra fue adjudicada al Consorcio Pedernales Manabí y se agudizaron las irregularidades.  

El caso del Hospital de Pedernales es la parte más visible de una presunta red de corrupción que habría repartido hospitales públicos como cuotas políticas entre algunos asambleístas. Daniel Mendoza, asambleísta oficialista, y Eliseo Azuero ya enfrentan procesos penales por este caso. El 24 de julio del 2020, la ministra de gobierno, María Paula Romo, y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, comparecieron ante la Fiscalía. Un audio entre Mendoza y Azuero habría sido el indicio más relevante. (JBS)

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Ocles es la protagonista del caso Kits Alimenticios. La Comisión concluyó que la exsecretaria de Gestión de Riesgos vulneró los artículos 226, 227, 389 numeral 6 y 390 de la Constitución. Estos obligan a las autoridades públicas a administrar de forma eficiente y equitativa los recursos frente a un desastre natural. 

Alexandra Ocles, según la Comisión de Fiscalización, también incumplió los procesos de contratación pública. La Comisión recomendó que el informe sobre la exsecretaria llegue tanto a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El fin es profundizar en las investigaciones y aportar datos adicionales sobre los movimientos financieros de los exfuncionarios públicos.  

Sobre el Caso Hospital de Pedernales

La Subcomisión de Fiscalización creada para este caso, concluyeron que es evidente los organismos del Estado, actuaron de forma ineficiente y poco eficaz. Era el Estado el encargado de receptar las denuncias sobre irregularidades en los procesos contractuales del Hospital de Pedernales. La subcomisión estuvo presidida por los asambleístas Jimmy Candell y Silvia Vera

El documento realizado por la subcomisión recomienda al Legislativo, a la Contraloría y a la sociedad civil hacer el seguimiento de la ejecución del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales. 

Por último, los informes realizados por la subcomisión sobre este caso también llegarán a manos de la Fiscalía General del Estado para que “extraiga nuevos indicios y elementos de convicción válidos dentro de los procesos instaurados contra los transgresores de la ley”. (DR)

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Ahora, el pleno de la Asamblea Nacional decidirá, con 70 votos, la destitución del parlamentario Mendoza o el archivo del informe. Además, los comisionados pidieron que el documento se envíe a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado.

Según el informe aprobado la tarde del 2 de julio, Mendoza incurrió en la causal de destitución previsto en el artículo 163 numerales 2 y 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Otra de las recomendaciones de la Comisión fue la que el pleno devele una placa con un crespón negro y con letras claras al ingreso del Palacio Legislativo. El mensaje deberá ser: “La Asamblea Nacional en aras de la lucha frontal contra la corrupción, censuró públicamente a Daniel Isaac Mendoza Arévalo por enfrentar formulaciones de cargos penales que los vinculan a redes de corrupción y lavado de activos, que se han apropiado indebidamente de recursos públicos para la construcción del Hospital  Básico de Pedernales en la Provincia de Manabí y los han destinado a satisfacer fines particulares”.

Además, el pleno deberá pedir disculpas publicas al pueblo ecuatoriano de manera especial al manabita, «por todos los casos en que asambleístas han defraudado la voluntad popular», finaliza el documento.

Daniel Mendoza es investigado por supuestos casos de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales. El legislador presentó su renuncia a la dignidad de asambleísta el 1 de julio de 2020. Sin embargo, la asambleísta Verónica Guevara de Revolución Ciudadana, pidió que no se recoja la renuncia.

Lea la resolución completa aquí:

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La petición la realizó después de la detención del legislador oficialista por el presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital de Pedernales.

En el documento, la legisladora se fundamenta en las prohibiciones constantes en los numerales 2 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

¿Qué dice la Ley?

Según el numeral 2 del artículo 163, los asambleístas no pueden «ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional». Además, el numeral 4 niega que los legisladores puedan «percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta».

Si los parlamentarios incurrieran en las prohibiciones, otro legislador podrá presentar una denuncia juramentada, debidamente motivada, dirigida al presidente del Legislativo, César Litardo.

Posteriormente, Litardo lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para, en el plazo máximo de cinco días, calificarlo.

Así, el pleno del Legislativo conformará una Comisión Multipartidista de investigación, con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta diez días. En ningún caso, ésta Comisión Multipartidista presentará su informe sin que el asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que no se presente en el plazo de tres días.

El pleno escuchará al asambleísta, después de conocer el informe.

Casi a la medianoche del mismo día, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva en contra de Mendoza y cuatro procesados más por la misma investigación.

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Según los argumentos de la fiscal, se trató de una estructura de delincuencia organizada. En la misma, Mendoza coordinaba acciones para obtener contratos de obras públicas en la provincia de Manabí.

La fiscal agregó que en chats materializados encontraron cómo le rendían cuentas. En uno de esos chats dice textualmente “de parte del asambleísta (Daniel) Mendoza”.

Pero no solo los chats fueron constancia, también las computadoras del Consorcio Pedernales-Manabí. En los dispositivos existen registros de pagos a funcionarios públicos donde estaban los nombres de Mendoza y del director general del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo.

Por esos motivos, Salazar solicitó la prisión preventiva en contra de Mendoza por existir un «alto riesgo de fuga». La misma medida pidió para Tamayo, Jennifer C., Tania S. y Ángel A.. Por su parte, para la también procesada Olga M. solicitó arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Para los seis requirió la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por USD 8 millones. Para validar la solicitud, presentó 15 elementos de convicción.

Defensa de los procesados

El asambleísta Daniel Mendoza intervino en la audiencia para defenderse. Dijo que es padre de tres niños pequeños y el sustento de su hogar.

Su abogada María Moreira agregó que el legislador colaboró con la justicia. «A pesar que no se encontraba en su casa, después del allanamiento, acudió por su voluntad a ponerse a disposición y colaborar con la investigación», resaltó.

A las 19:00 arribó hasta la Corte Nacional de Justicia, en Quito, el legislador para la audiencia de formulación de cargos. Minutos después, llegó Tamayo.

La defensa de Tamayo alegó que su defendido no está mencionado ni en la materialización de teléfonos, las escuchas telefónicas o el informe de la Contraloría General del Estado. Agregó que «vive de su sueldo». Dentro de su defensa, también resaltó la afectación médica de Tamayo y su edad. “Mi defendido tiene 64 años, 9 meses y 11 días. Antes de que la instrucción fiscal termine será un adulto mayor», dijo para añadir que dictar prisión preventiva podría ser «una sentencia de muerte». Así solicitó una la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

Las esperanzas de la construcción del Hospital de Pedernales se esfuman

La investigación gira en torno al presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. La ciudad fue el epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016. Cuatro años después, el anhelado hospital sigue en espera.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos descartó nuevamente la construcción del Hospital. «Estamos considerando varias opciones, quizás un hospital móvil -que no significa una carpa- que vamos a poner ahí, estamos conversando con varias instancias. Yo creo que hasta fines junio, si yo mismo me pongo esa meta, vamos a trabajar el Ministerio de Salud y las instancias necesarias para que el Hospital de Pedernales sea una realidad», declaró.

El operativo, para este caso, incluyó allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez. Las primeras indagaciones apuntan a Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza. El representante del consorcio que construye el hospital, José Véliz Saltos, ya había sido detenido el pasado 14 de mayo.

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