En un comunicado oficial, la empresa explicó que la decisión responde a una deuda que se ha prolongado por más de un año y al agotamiento de los esfuerzos por sostener la prestación de servicios sin recibir los pagos correspondientes. “El monto y la antigüedad de la cartera vencida son críticos, por lo que mantener el financiamiento se vuelve insostenible para nuestra organización”, señaló indicó en un comunicado. A pesar de esta medida, la compañía manifestó su disposición a buscar soluciones caso por caso para minimizar el impacto en los pacientes.

Denuncias desde las clínicas de diálisis

Cristina Freire, vocera de las clínicas de diálisis, denunció la falta de recursos para la atención de los pacientes renales mientras el gobierno asigna fondos a otros sectores.

“El Estado debe 200 millones de dólares a las clínicas de diálisis. Dicen que no hay dinero para los tratamientos, pero sí para bonos electorales como el que se otorgará a policías y militares”, criticó en entrevista para La Defensa. Según Freire, cerca de 5.000 trabajadores del sector han dejado de recibir sus salarios por meses debido a la falta de pago estatal.

Freire también destacó que el personal sanitario de los centros de diálisis enfrenta una situación crítica, ya que muchos han tenido que recurrir a fundaciones para conseguir insumos. “Hay entre 3.000 y 3.500 especialistas en nefrología, cardiología, nutrición y psicología afectados, además de camilleros y licenciados en enfermería. También hay al menos 1.000 personas más que forman parte del personal administrativo y de apoyo, todos trabajando en condiciones precarias”, añadió.

Desabastecimiento de medicamentos en hospitales

El desabastecimiento de insumos médicos se ha convertido en una problemática recurrente en los hospitales públicos del país. Diego Jimbo, representante del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, alertó que la escasez de medicamentos ha llegado a niveles críticos y que, en algunos casos, los hospitales se ven obligados a prestarse medicinas entre sí para ocultar la falta de abastecimiento. “Ahora ni siquiera hay medicamentos que cuestan 10 o 20 centavos”, denunció.

Durante una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 20 de marzo, Jimbo reveló que un delegado del Ministerio de Economía aseguró que hay USD 226 millones destinados a la compra de medicamentos. Sin embargo, el Ministerio de Salud solo ha ejecutado USD 29 millones de ese presupuesto. “Eso de que no hay plata no es verdad”, subrayó, cuestionando la ausencia de representantes del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la reunión.

Crisis en el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil

La falta de pagos también ha repercutido en la seguridad de los hospitales. En el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, los guardias de seguridad abandonaron sus puestos debido a atrasos en sus sueldos de hasta tres meses. La empresa Líder Seguridad, encargada del servicio, adeuda a 84 vigilantes, quienes decidieron retirarse ante la falta de respuestas.

“Sin utilidades, sin décimos, sin nada. Teníamos que trabajar tres días de mañana, tres días de noche y dos días libres. Solo vinieron el día que recibieron el contrato y de ahí desaparecieron”, denunció uno de los guardias afectados a Ecuavisa.

Esta situación ha generado alarma, especialmente por la presencia de internos con antecedentes penales en la casa de salud y la falta de control en los accesos. Desde la tarde del 26 de marzo, las dos garitas de ingreso al hospital han permanecido desprotegidas. Familiares de los pacientes han manifestado su preocupación por la falta de vigilancia, lo que incrementa la vulnerabilidad del establecimiento.

Ante la ausencia de los guardias, las autoridades del hospital activaron el Código Plata, un protocolo de emergencia utilizado cuando ingresa un paciente con heridas de bala y se requiere resguardo policial. Sin embargo, la medida no ha sido suficiente para tranquilizar a médicos y pacientes, quienes temen por su seguridad.

A la crisis de seguridad se suma la incertidumbre sobre el servicio de alimentación en el hospital. En redes sociales se denunció la suspensión del servicio debido a una deuda de seis meses con la empresa proveedora. Aunque posteriormente se informó que el servicio se mantiene de manera parcial, la falta de claridad sobre el abastecimiento de alimentos ha generado preocupación entre pacientes y familiares.

Ausencia de respuestas del Gobierno

El Ministerio de Salud Pública no ha emitido un pronunciamiento sobre la falta de pago a los centros de diálisis, la escasez de medicamentos o la crisis en el Hospital Monte Sinaí. La falta de respuestas ha generado indignación entre pacientes, familiares y trabajadores del sector sanitario, quienes exigen soluciones urgentes.

Organizaciones de la sociedad civil y expertos advierten que, de no tomarse medidas inmediatas, la crisis en el sistema de salud podría agravarse, poniendo en peligro la vida de miles de ecuatorianos. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor continúan creciendo en un sector clave para la atención de enfermedades crónicas y catastróficas en el país.

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“Advertí que empezaría con visitas sorpresas a los hospitales. Vine al Hospital de Monte Sinaí a escuchar de primera mano las necesidades que tienen sus pacientes: cómo los atendieron y qué les falta. Revisamos punto por punto las instalaciones para poner en orden la salud”, dijo Lasso en un tuit.

Los ciudadanos se quejaron de la demora en la atención, muchos de ellos tiene que esperar información de sus familiares en las calles. Mientras escuchaba las demandas de los pacientes, solicitó de inmediato un fármaco para una paciente diabética que lo necesitaba. Sin embargo, el medicamento no existía en el inventario.  

«Regresaré para cerciorarme personalmente que se haya cumplido con los cambios y comprobar que se haya puesto la salud en orden», agregó el titular del Ejecutivo.

A pesar de que las visitas sorpresas no se advierten, el presidente encontró un hospital en condiciones precarias y con falta de medicamentos. Esta situación es la misma que afecta a gran parte del sector de la salud.

La voz de los pacientes

En un comunicado de la Alianza Nacional por la Salud (ANS) se manifestó que han trascurrido más de dos años desde que el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, visitó 55 hospitales en 11 provincias levantando un diagnóstico de necesidades.

Después de estos recorridos existieron dos declaratorias de emergencia, una en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, las autoridades se percataron de la falta medicamentos y médicos especialistas.

Por otro lado, declararon que el problema con el IESS es más crítico, pues existió una disminución de USD 100 millones en el presupuesto. También hay incumplimiento de las acciones de protección de varios pacientes y la falta de medicamentos, incluso, de los más básicos.

Inversión en Salud

Según el ministro de Salud, José Ruales, el Estado espera invertir este año cerca de USD 90 millones en la compra por catálogo de fármacos para el cáncer y enfermedades raras, VIH, tuberculosis y lepra. Estos medicamentos son muy caros y no estaban disponibles en el mercado y no son ofrecidos a los hospitales por problemas de pago.

“El 2022 cierra con un 80 % de abastecimiento a diciembre de 2022, en promedio», dijo el ministro a Radio Sonorama por denuncias de escasez, hechas por asociaciones de pacientes y familiares de personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas. (A.G.M).

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Entre los nombres que aparecen está Fausto Terán del Partido Social Cristiano quien supuestamente mantiene injerencia dentro del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. También, Johanna Cedeño de Alianza PAIS que abarcaría el Hospital de Calderón e Isidro Ayora en Pichincha. Por otro lado, está Guadalupe Salazar también de Alianza PAIS con el Hospital General Monte Sinaí en Guayaquil. Así Mismo, Michel Doumet de Alianza PAIS quien habría exigido el Hospital Infantil Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

Karina Arteaga de Alianza PAIS estaría a cargo del Hospital de El Carmen. Por su parte, el procesado morenista Daniel Mendoza habría solicitado el Hospital de Bahía de Caráquez y el Hospital de Especialidades de Portoviejo. El también morenista Carlos Vera tiene a cargo el Hospital Verdi Cevallos.

En total 19 supuestamente asambleístas tendrían a su cargo varios hospitales públicos. De acuerdo a las publicaciones del medio digital, la ministra de Gobierno María Paula Romo sería la articuladora entre el Ejecutivo y los asambleístas. Pese a que ella lo negó, en el mapa también figuran el viceministro de Gobernanza, Fausto Holguín y el asesor del Ministerio de Salud Pública, Andrés Alarcón.

El expresidente Rafael Correa reaccionó a la publicación. “Nosotros construimos los hospitales, y estos miserables se los repartieron. ¡Cómo no estar indignados!”, escribió.

Conversaciones con Romo

El portal web también mostró unas conversaciones entre Mendoza y Romo, donde supuestamente el primero recomienda a personas para ocupar puestos públicos. Un extracto del diálogo dice:

Mendoza: Hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número si lo quieres llamar.

En otra conversación Mendoza le recomienda a la economista Karen Argandona para un puesto en Gerencia. A lo que Romo responde: Listo. Va Karen. En un mes evaluamos.

De acuerdo a las filtraciones, Romo niega todas las conversaciones, al igual que los asambleístas que contestaron sus llamadas. Otros siguen sin pronunciarse. (JBS-DR-AB-SGA)

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