Quito, 3 ago (La Calle).- El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó a Radio La Calle que los dos hospitales móviles que posee están activos en la ciudad de Pedernales, en Manabí, y en el cantón de Alausí, en Chimborazo. Estas infraestructuras sanitarias desaparecieron del radar mediático tras su uso en el terremoto de abril de 2016 en la costa ecuatoriana.

Los dos complejos hospitalarios fueron adquiridos en 2011 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. La firma Gens Sapiens recomendó su compra por USD 35,1 millones a la importadora Soluciones y Suministros (Solysum) . Desde entonces, han estado operativos en distintos puntos del Ecuador.

«Cada hospital cuenta con personal calificado y experimentado para brindar las atenciones acorde a la cartera de servicios (…) cuentan también con acreditación internacional», señaló a este medio Edy Quizhpe, subsecretario Nacional de Provisión de Servicios de Salud, subrogante.

Hospital Rodante Nro. 1

El Hospital Móvil Nro. 1 se encuentra en el ingreso a Pedernales, frente a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), desde noviembre de 2018. Realiza contigencias en todo el cantón y sectores aledaños. Actualmente atiende cirugías traumatológicas, pediátricas, generales, de emergencia y electivas. En lo que va del 2022 ha servido más de 48 mil atenciones y prodecimientos.

Su asignación presupuestaria en el 2021 fue USD 4.396.129. La mayor parte de este monto se destina para cubrir los pasivos por USD 3.7 millones, mientras que para los medicamentos y dispositivos médicos el saldo es de USD 686 mil.

Este hospital «tiene la capacidad para trasladarse de acuerdo a los protocolos a diversos lugares del país, ante situaciones de emergencias, desastres o riesgo, permitiendo el acceso a los servicios de salud dentro y fuera de la ciudad», expresó Pilarcita del Jesús Álvarez, gerenta del hospital.

Hospital Rodante Nro. 2

El Hospital Móvil Nro. 2 actualmente opera en Alausí, en la provincia del Chimborazo. Fue desplazado desde marzo de 2019 para brindar contingencia al Hospital Básico de Alausí. Funciona los siete días de la semana y recibe pacientes de otras provincias.

Atiende las especialidades como traumatología y ortopedia, medicina interna, cirugía general, ginecología, cardiología, pediatría y cirugía vascular. Además, cuenta con centro quirúrgico, servicio de imagen, laboratorio tipo LAC1 y una ambulancia de soporte vital avanzado.

Este complejo hospitalario está conformado por cuatro vehículos pesados. «Cada uno es un tráiler contenedor para farmacia, cocina y lavandería, bodega y quirófano. Todos poseen autosuficiencia en agua, electricidad, manejo de desechos y esterilización», precisó Alejandra Guerra Cadena, gerenta del segundo hospital.

El hospital está avaluado en USD 17.6 millones y su costo de mantenimiento mensual es de alrededor de USD 45 mil.

Las respuestas del Ministerio de Salud sobre los HM (aquí)

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El memorando empezó a circular el mismo día de su emisión, este lunes 18 de abril. En la misiva se menciona que este problema se había suscitado días antes con respecto a la adquisición particular de anestesia por el familiar de un paciente.

Explica que estos medicamentos fueron comprados ya caducados y por ello el procedimiento no pudo continuar. Y, al no existir abastecimiento de anestesia ni paracetamol, este procedimiento y otras cirugías fueron suspendidas.

«Debido a la falta de medicación que afecta a nuestro Nosocomio, el servicio de Anestesiología se ve obligado a suspender las cirugías ya que se corre muchos riesgos al recibir medicación que no cumple con los debidos procesos de control de calidad», dice el final del memorando.

La falta de medicinas no es un problema nuevo que aqueja al sector público hospitalario, pero ha escalado hasta el punto de suspender cirugías, de que no haya los medicamentos más básicos como el paracetamol o los reactivos más esenciales para los examenes médicos. El Gobierno aún no emitió respuesta alguna frente a esta grave situación.

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La red está conformada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Así lo anunció Ximena Garzón, quien señaló que el proyecto iniciará en hospitales de ‘segundo y tercer nivel’ de esas ciudades.

Garzón explicó que estos hospitales dispondrán de una receta impresa con las indicaciones médicas, misma que tendrá «un código especial». Luego, quien asista a la farmacia particular, estará interconectado con el sistema digital del Ministerio de Salud Pública. Después, el dependiente de esta farmacia particular entregará las medicinas requeridas y se cerrará la receta, generándose una factura para el pago correspondiente.

La Ministra añadió que en el sistema digital, además de constar la historia clínica en formato electrónico, consta la receta electrónica y las órdenes de exámenes que se lleven a cabo dentro de las unidades del MSP. Ello estará unido a inventarios para conocer cuántos medicamentos se dispensan, a quién y si corresponde a la enfermedad para la que se prescribió.

¿Cómo se llevará a cabo la externalización de farmacias?

«Este sistema electrónico tiene la facilidad de estar además conectado con organismos de control, con el Ministerio de Finanzas, con la Contraloría, lo cual nos va a permitir que no se vuelvan a desviar estos fondos…», dijo la ministra en una entrevista con Radio Democracia, el pasado miércoles.

El MSP hizo una convocatoria a consorcios, asociaciones y cadenas de farmacias, entre muchos, para que concursen en el proyecto. Dos de tres empresas interesadas ya fueron aprobadas. Esto, ya que existe un comité calificador que determina si ‘cumplen con los requisitos’ para dar este servicio, dijo Garzón. Las firmas interesadas deben alcanzar 12 requisitos para concursar en la iniciativa.

Uno de ellos es contar con un esquema de conectividad de ‘alta disponibilidad de al menos 99,90%’ y corroborarlo con un certificado emitido por el proveedor de servicios de internet. El proceso de externalización tendría 323 medicamentos como ibuprofeno, morfina, ácido fólico o loratadina.

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El proceso es llevado adelante con la incertidumbre de compañías farmacéuticas. Ellas solicitan su inclusión en el plan de externalización para la red de salud pública.

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Mediante este convenio, la empresa privada administrará la parte física de los hospitales. Es decir, se encargará del mantenimiento de equipos, de infraestructura, seguridad, limpieza y alimentación. Los servicios de salud, como entrega de medicinas, seguirán en manos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

“El MSP será siempre el rector de los hospitales públicos. En este caso la empresa hará la administración de la parte física de los hospitales. El mantenimiento del equipo, de la seguridad, de la alimentación, la infraestructura y la limpieza. La parte de salud seguirá a cargo del MSP y garantizamos la gratuidad. Esperemos que al finalizar el primer semestre podamos llevar adelante esta alianza”, dijo en entrevista con Teleamazonas.

Fábrica de vacunas

La ministra también anunció que aproximadamente dentro de un año y medio se instalará una fábrica de vacunas en alianza con Sinovac. El objetivo no es solo proveer vacunas contra la COVID-19 si no también las del esquema de vacunación y también poder venderlas en otros países de la región.

“Será una alianza público-privada con el instituto Izquieta Pérez, Sinovac y el Ministerio de Salud”, explicó la funcionaria.

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Quito, 12 de dic, (La Calle).-Tomé la foto de esta portada de un diario local ecuatoriano, que señala: «Familiares en busca de medicinas», pero cuyo editor no tuvo ni la ética ni los… pantalones, para señalar en ese titular la grave responsabilidad del gobierno (en representación del Estado) en este criminal vaciamiento de medicinas, insumos y exámenes, para poder privatizar pronto todo lo que queda del sistema público y del seguro social de salud en soletas. El sector privado de salud tiene todo. A ese no lo topan. El lugar donde tomé la foto fue el puesto de revistas de las afueras de la puerta principal de ingreso a nuestro H-CAM, que es el hospital de los afiliados y jubilados. El puesto de diarios y revistas se halla a la salida y allí fui con Nelly a esperar en un banquito que pedimos prestado, al taxi que venía tras acabar la cita con la oncóloga del Hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social, y donde se atendía Nelly desde el 2014 sin problemas hasta el 2017 en que empezamos a cubrir nosotros mismos los gastos de medicinas inexistentes.

Salimos sin fecha para la gammagrafía ósea que según la médica debe de hacerse «urgente». La empleada respondió que recién en febrero de 2022 atenderán a los que les mandaron ese examen oncológico en marzo 2021. Porque no tienen no se qué insumo. Es decir que pueden tardar hasta 7 meses más para la gammagrafía de Nelly. En cuanto a la medicina de hormonoterapia, que ella requiere cada día, tampoco hubo. Otra vez. Ni siquiera el paracetamol que le daban para las cefaleas. Como en el régimen de Moreno, hoy sucede igual. Ya han de culpar al comunismo otra vez. Nos volvemos a casa, sin medicinas, sin gammagrafía y con las noticias de una prensa evidente en un país castrado.

No son capaces, esos titulares y la inmensa mayoría de enfermos, de decirles a los Lassos, Borreros, Garzones y a su élite, partido y sector privado, que nos vean a los ojos mientras le mienten a una sociedad catatónica.

Las órdenes son: no den nada. Solo con lo que gastó en el yate offshore el hijito, se podrían brindar gammagrafías a mil pacientes con Cáncer. Empero, en mi mail acabo de recibir como cliente del Banco de Guayaquil publicidad repetida para adquirir su nuevo seguro privado de salud. En cualquier parte del mundo eso es un delito ético si eres a la vez banquero y a la vez gobernante. Dejas en soletas al HCAM, pero propagandizas tu seguro privado de salud. Y habrá proletas que consideren lo más normal este ultraje.

Imaginaremos qué hacer para obtener la Gammagrafía y las medicinas otra vez. Tenemos sólo hasta enero la hormonoterapia, y eso gracias a la solidaridad de algunas gentes buenas y maravillosas.

Nelly es un ser lleno de decoro y dignidad. Vamos a retirar a Robin y a recibir a Tahís de su escuelita de discapacidades intelectuales.  Y hay que desayunar algo al llegar.

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Poco después atendió la llamada de Radio la Calle. “Padezco un cáncer gástrico, vine para mi segunda quimioterapia gastando alrededor de 440 dólares en medicación y en el hospital ni siquiera tienen dextrosa”. En su voz se nota la fatiga que arrastra su estado. Finalmente, la dextrosa al 5 por ciento la tuvo que comprar un familiar de otro paciente. Doce dólares más en gastos.

“Decenas de pacientes nos encontramos en la misma situación” aclara Patricio. Luego de tres días de quimioterapia, volverá a casa y retornará en 15 días, hasta acabar con su tratamiento de cuatro sesiones. Posterior, pasará por una intervención quirúrgica.

Otras medicinas que faltan

¿Qué medicamentos faltan actualmente en las casas de salud?,  casi se ha normalizado la falta de Redemsivir de 100 mg, un medicamento para tratar de frenar el avance del SARS-COV-2, que ha mostrado su eficacia incluso contra el Ébola.  

Otro medicina que se denuncia su falta redes sociales es el Tocilizumab o Actemra, es una antiinflamatorio necesario para la artitis reumatoide, se usa para combatir complicaciones generadas por el Coronavirus, en especial el daño pulmonar grave. Su precio oscila entre los 300 dólares.

En redes se anuncian aparentes “canales oficiales” para dar con esta medicina, vital en el actual contexto de la pandemia en el país.

Para algunos pacientes de COVID-19 se hace necesario también tomar Rivaroxaban de 15 miligramos. La caja de 46 comprimidos cuesta 44 dólares con 66 centavos y hay que tomarla durante tres meses.

Un doctor que solicitó ser no identificado, afirmó que faltan relajantes musculares en los hospitales públicos como el Midazolam fentanyl. Su uso es efectivo para pacientes que están en Unidades de cuidados intensivos, funciona al retrasar la actividad cerebral y consciencia.

La Piperacilina Tazobactam también falta, se usa para la detener la neumonía bacteriana y las infecciones.

Finalmente está la prueba “Dimero D”, que es vital para determinar si existen trastorno de circulación de la sangre, embolia pulmonar o coagulación diseminada.

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Los fiscalizadores verifican la fecha de caducidad, el etiquetado y el precio en el caso de las farmacias privadas. Como resultado se han clausurado varias farmacias; el sábado pasado, por ejemplo, se clausuró una farmacia en La Bahía. Las autoridades reportaron la venta de productos caducados, como antibióticos, protectores gástricos, cremas antimicóticas, etc. En el establecimiento también se encontraron fármacos gratuitos.

Juan Carlos Vidal, coordinador zonal 8 de la Arcsa, declaró que acudieron a los hospitales del Ministerio de Salud (MSP), como el Guasmo sur, Abel Gilbert y maternidad del Guasmo; luego, al hospital de Los Ceibos y al Teodoro Maldonado Carbo, del IESS, donde encontraron fármacos que no tenían el correcto etiquetado.

“Esto no se dio en todos los hospitales; solo un grupo pequeño de fármacos no tenían de forma correcta el registro sanitario nacional y la frase “Prohibida su venta”, expuso Vidal.

¿Qué dicta la ley?

Según el artículo 170 de la Ley Orgánica de Salud (LOS), los medicamentos para su venta deben cumplir con los siguientes requisitos: estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de venta al público y fecha de expiración. Tampoco deben estar caducados; no deben provenir de instituciones de servicio social, de programas estatales, de donaciones, entre otros aspectos. La sanción por incumplir la Ley es la clausura temporal o definitiva y una multa de hasta diez salarios básicos ($4000).

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Entre los nombres que aparecen está Fausto Terán del Partido Social Cristiano quien supuestamente mantiene injerencia dentro del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. También, Johanna Cedeño de Alianza PAIS que abarcaría el Hospital de Calderón e Isidro Ayora en Pichincha. Por otro lado, está Guadalupe Salazar también de Alianza PAIS con el Hospital General Monte Sinaí en Guayaquil. Así Mismo, Michel Doumet de Alianza PAIS quien habría exigido el Hospital Infantil Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

Karina Arteaga de Alianza PAIS estaría a cargo del Hospital de El Carmen. Por su parte, el procesado morenista Daniel Mendoza habría solicitado el Hospital de Bahía de Caráquez y el Hospital de Especialidades de Portoviejo. El también morenista Carlos Vera tiene a cargo el Hospital Verdi Cevallos.

En total 19 supuestamente asambleístas tendrían a su cargo varios hospitales públicos. De acuerdo a las publicaciones del medio digital, la ministra de Gobierno María Paula Romo sería la articuladora entre el Ejecutivo y los asambleístas. Pese a que ella lo negó, en el mapa también figuran el viceministro de Gobernanza, Fausto Holguín y el asesor del Ministerio de Salud Pública, Andrés Alarcón.

El expresidente Rafael Correa reaccionó a la publicación. “Nosotros construimos los hospitales, y estos miserables se los repartieron. ¡Cómo no estar indignados!”, escribió.

Conversaciones con Romo

El portal web también mostró unas conversaciones entre Mendoza y Romo, donde supuestamente el primero recomienda a personas para ocupar puestos públicos. Un extracto del diálogo dice:

Mendoza: Hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número si lo quieres llamar.

En otra conversación Mendoza le recomienda a la economista Karen Argandona para un puesto en Gerencia. A lo que Romo responde: Listo. Va Karen. En un mes evaluamos.

De acuerdo a las filtraciones, Romo niega todas las conversaciones, al igual que los asambleístas que contestaron sus llamadas. Otros siguen sin pronunciarse. (JBS-DR-AB-SGA)

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