La madrugada del 10 marzo, cuatro de los siete consejeros resolvieron aprobar este informe de nulidad a las acciones de los exconsejeros destituidos por el Legislativo. Entre las resoluciones del anterior pleno del Cpccs estaba la designación de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos.

Desacuerdos en el Cpccs

La decisión del Cpccs, que actualmente lo preside Gina Aguilar, se tomó en base a un fallo de la Corte Provincial que ratificó la censura y el juicio político de los exconsejeros. La moción la interpuso el consejero Olindo Nastacuaz, sin embargo, hubo reacciones negativas en la mesa.

Los consejeros Aland Molestina, Mónica Moreira y Carlos Figueroa expresaron su negativa ante esta propuesta. De hecho, Figueroa reclamó que él fue el primero en presentar una moción y no la trataron.

“Yo sabía que ustedes tramposamente iban a hacer esto. Por eso suspendió la sesión en la tarde. Es el colmo, no está cumpliendo su palabra, presidenta”, resaltó.

Finalmente, la moción de nulidad se aprobó con los votos de Olindo Nastacuaz, Graciela Mora, Teddy Tama y Gina Aguilar. Gran parte de las acciones anuladas estarían relacionadas a la administración, no obstante, una de las más importantes sería la designación de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos.

En este sentido, Mora recalcó que Raúl González es el superintendente de Bancos electo, sin embargo, no ha podido ejercer sus funciones. La Asamblea Nacional lo posesionó en su cargo en julio del 2022.

Designación de Roberto Romero Von Buchwald

La madrugada del 3 de diciembre el Cpccs designó a Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos. La resolución fue tomada por los cuatro consejeros que habían sido destituidos por Legislativo.

El anterior pleno del Cpccs tomó esta decisión luego de analizar los planes de trabajo presentados por la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso y estaba conformada por: Felipe Cabezas- Klaere, Rosa Marí Herrera y Roberto Romero Von Buchwald. (A.G.M).

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En la acción de medidas cautelares que solicitó, la consejera le exige al Legislativo cumplir con su deber constitucional y posesionar a los vocales principales y suplentes del Cpccs.

Además del plazo para posesionar a los consejeros, la jueza dispuso a la Asamblea que “se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de la presente resolución”.

El Consejo lleva más de una semana sin autoridades. La Corte Constitucional (CC) destituyó a los sietes miembros del organismo por no posesionar al presidente del Consejo de la Judicatura.

Pedido de ampliación de Aguilar

La consejera pidió a la CC la ampliación sobre la verificación del cumplimiento de la sentencia sobre el CJ.

Según Aguilar, el incumplimiento de la Asamblea impide que los consejeros sesionen y pone en riesgo los derechos constitucionales para ejercer sus funciones.

Además de ella, los cuatro miembros destituidos, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Juan Javier Dávalos y David Rosero, también solicitaron la ampliación y aclaración de la Corte.

Destitución de los consejeros

El 23 de enero de 2023, La Corte Constitucional (CC) destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por incumplimiento de sentencia al no haber nombrado un presidente para el Consejo de la Judicatura (CJ).

Por unanimidad, los jueces de la Corte determinaron que los vocales incumplieron la sentencia del pasado septiembre.

«La Corte declaró el incumplimiento deliberado y sistemático de la Sentencia Constitucional correspondiente a nombrar un titular para el Consejo de la Judicatura. En tal virtud decidió destituir a los siete consejeros del Cpccs», reza el boletín de la autoridad de justicia.

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Además, el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, convocó a una reunión del Consejo de la Judicatura para resolver la posible suspensión del juez Lindao.

Román aseguró que en esta junta conocerán el informe y con base en la denuncia de la Fiscalía tomarán una decisión con el futuro del juez.

“No toda sentencia de los jueces se deben cumplir, porque a veces no es competente y debe tener una orden legitima. Sobre todo, que debe estar revestido”, manifestó.  

Reclamo de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado criticó las decisiones que toma la función Judicial ante las acciones del juez de La Concordia, Ángel Lindao. A través de un comunicado comentó que se pone en “tela de duda” la administración de justicia.

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Moya desestimó un sumario disciplinario contra el juez Lindao por presuntas irregularidades en el caso Norero. Moya indicó que este expediente rebasó su fecha de vigencia y archivó la causa el pasado 23 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia planteada y el recurso de apelación impuestos por la Procuraduría e Inmobiliar, declaró “negligencia manifiesta” las acciones de Lindao.

“La Fiscalía expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia, en claro perjuicio de la sociedad ecuatoriana”, reza el comunicado.  

Más embarradas…

Ángel Lindao ha protagonizado varios escándalos judiciales. Uno de ellos fue la restitución a los cuatro consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Estupiñán, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Además, obligó al Legislativo a pedir disculpas de manera pública y a colocar una placa con el lema: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Más liberaciones arbitrarias…

Lindao concedió una medida cautelar que deja en libertad a Wilson Ruiz, acusado de sicariato. La Fiscalía manifestó que Ruiz participó en la muerte del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga.

El juez, en su resolución, dispone que durante el tiempo de condena que le falta no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

Caso Norero

El magistrado de La Concordia habría incurrido en acciones irregulares en el caso “Norero” investigado por el presunto delito de lavado de activos. Carlos P., uno de los procesados, presentó una acción de protección en reclamo de la mansión de Norero y su pareja sentimental. Pese a que existe una medida cautelar de prohibición de enajenación de bienes, Lindao falló a su favor.

Según la Fiscalía, esta acción de protección llegó a conocimiento del juez por un “sorteo irregular” debido a la falta de competencia en la causa penal. (N.J.C)

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El restituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, y sus tres homólogos no pudieron explicar que Párraga haya presentado siete acciones de protección en La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, casi a la misma hora. Una de estas, recayó en el juez Ángel Lindao que falló a favor de los consejeros.

«A mi no me consta aquello. No, en absoluto, no conocemos a la persona, pero le agradecemos que haya planteado esta acción», refirio Ulloa. En cambio, la consejera Ibeth Estupiñán dijo: «Alguien me mandó a decir que el señor (Carlos Párraga) me conocía cuando yo era niña (…) yo no recuerdo si el me conoce».

La consejera Sofía Almeida mostró su rechazo hacia las declaraciones de sus pares. «Como insultan la inteligencia de los ecuatorianos. «Por sus acciones los conocereis», mencionó.

Ulloa añadió que las decisiones de la Asamblea Nacional desorganizan la administración pública y generan desestabilidad. «Una de las consecuencias del incumplimiento de las sentencias constitucionales y, también, de las medidas cautelar es la destitución del servidor público que la incumple», afirmó.

Sobre el pleito

El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo un juicio contra cuatro integrantes del Cpccs por incumplimiento de funciones en el cambio del Reglamento para la Elección de Contralor General del Estado.

La noche del 22 de noviembre, el Legislativo resolvió la destitución y censura de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Sin embargo, el juez de La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la decisión de la Asamblea.

No obstante, el Legislativo ratificó en su resolución y convocó a sesión para que cuatro consejeros suplentes asuman como principales. Al final, ninguno asistió a la posesión.

A la par, los vocales destituidos volvieron a las instalaciones del Consejo y retomaron sus cargos. Ulloa argumentó que el poder judicial no se dejó intimidar y el Estado de derecho triunfó. En cambio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, rechazó la injerencia de la Función Judicial y la bancada socialcristiana presentó tres denuncias contra la mayoría gobiernistas del Cpccs y el juez Lindao.

Lo más reciente del pleito fue la inasistencia de la Mayoría Legislativa para no posesionar al superintendente de Bancos designado, Roberto Romero. Por ello, Ulloa y compañía mantienen sus querellas con los legisladores.

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Miembros de los bloques de UNES, Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Socialcristiano, a través de un comunicado, expresaron su disconformidad con las recientes respuestas y posiciones del Gobierno.

Por una parte, denunció la constante intromisión de otras Funciones del Estado en las decisiones del Legislativo. Además, remarcaron su respaldo en el artículo 131 para llamar a juicio político contra los cuatro consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

También mencionaron el desacato de los consejeros al presentar más de seis acciones de protección en su necedad de permanecer en sus puestos, que fue aceptada por el juez Ángel Lindao. “Cayó en manos de un juez que ya fue desacreditado por actos dudosos y reñidos con la ley”, refirieron.

Desacuerdo a la respuesta del Gobierno

Además, rechazaron la postura del Gobierno Nacional al emitir el comunicado donde criticaba el accionar de la Asamblea al no presentarse en la posesión del superintendente de Bancos el domingo 18 de diciembre.

“En lugar de rechazar tales acciones, una vez más, pretende lacerar al Estado Constitucional de Derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan arbitrariamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”, detalla el comunicado.

En cuanto al accionar del juez Ángel Lindao enfatizaron que agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales.

“Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y a la Corte Interamericana de Derechos Humano, a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional”, reiteraron.

Una primera advertencia…

La mayoría legislativa emitió un primer comunicado el pasado 18 de diciembre, en este se negaban a reconocer a Roberto Romero como el nuevo superintendente de Bancos. Aseguraron que esta designación respondía a la «intromisión de un juez desacreditado (poder judicial) en la Primera Función del Estado».

Los asambleístas rechazaron y advirtieron el «ridículo» abuso de derecho con el que se pretende utilizar la justicia para beneficiar a Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. Esta designación dada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) es un proceso que «carece de legitimidad», dijo la Asamblea Nacional.

Respuesta del Gobierno Nacional

El Ministerio de Gobierno acusó que la decisión de la Asamblea de no presentarse a la sesión 833 es una “omisión que no solamente denota indiferencia e indolencia (…) sino que irrespetar y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales”, reza el comunicado. (N.J.C)

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Lindao notificó a los involucrados, entre ellos la Asamblea Nacional, esta decisión como parte de las de reparación para los consejeros la tarde del 16 de diciembre. El juez recalcó la legalidad de este proceso, luego de que la designación de Raúl González se declaró nula.

Mientras tanto, Gonzáles aún está a la espera de la resolución de un Tribunal de la Corte Provincial del Guayas, donde apeló el falló que le otorgó la jueza Larissa Ibarra y anuló su designación como superintendente.

Para que no se resienta el Cpccs

Entre las medidas de reparación que dispuso Lindao están:

• Declarar la nulidad del juicio político porque se los llamó a declarar sin que haya aprobado un informe;
• el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debía presentar disculpas públicas;y,
• en menos de 48 horas el Legislativo debe colocar una placa en el edificio con la frase “Ningún poder del Estado está por encima del Control Constitucional”.

Ya no pudo más…

Saquicela convocó a los asambleístas a una sesión en el Legislativo el 18 de diciembre de 2022, a las 20:30 para posesionar , finalmente, a Roberto Romero. Esto como acato a las disposiciones que ordenó Lindao.

La mano todopoderosa Lindao…

El juez Ángel Lindao aceptó una acción de protección que interpuso el ciudadano Manuel Párraga Quiroz y dejó sin efecto la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Cpccs.

Según el magistrado, hubo «inobservancia e irrespeto» a los derechos constitucionales de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. En el documento, dispuso a Saquicela, y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que revoquen los efectos de la resolución del juicio político.

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“El pleno de la Asamblea rechaza la injerencia de la justicia y de cualquier otro poder del Estado en el Parlamento”, indicó Saquicela a través de su cuenta de Twitter.

Además, la tarde de este 9 de diciembre la Asamblea aprobó con 89 votos a favor la noción impuesta por el asambleísta Esteban Torres para ratificar la destitución de los consejeros.

Acción de protección

Lindao aceptó una acción de protección impuesta por los consejeros para anular la destitución que resolvió la Asamblea en su contra, luego de que cambiaran el reglamento para contralor del Estado.

Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. A partir de esta acción, la decisión de destitución el Parlamento quedó sin efecto. Según el funcionario, hubo “inobservancia e irrespeto” a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. (N.J.C)

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Pazmiño acusó a Ulloa de designar a Romero en “la clandestinidad”, en horas de la madrugada de este 3 de diciembre. Además, señaló que la mayoría gobiernista del Cpccs se tomó atribuciones que no están dentro de sus funciones. Es decir, la capacidad de posesionar autoridades es competencia de la Asamblea Nacional, mas no del Cpccs, que solo tiene la facultad de designar autoridades.

“Entre gallos y media noche, violan la Constitución y la Ley”, expresó Pazmiño a través de su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional

Del mismo modo, el Pleno de la Asamblea anunció que no reconocerá la designación de Romero como nuevo Superintendente de Bancos, porque el acto lo realizaron “funcionaros destituidos”.

“No permitiremos que ninguna otra Función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder Legislativo. Amparados en la ley, ¡nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional!”, reza el comunicado.

Asimismo, precisó que aceptar la decisión del juez Ángel Lindao sobre la reincorporación de los consejeros destituidos del Cpccs sería violar la Constitución y la independencia de las funciones del Estado.  

“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un Pleno Legislativo, y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden”, detalla el documento.

El Pleno enfatizó que es responsabilidad de las máximas autoridades, incluyendo a la Fiscalía, adoptar gestiones adecuadas que sancionen este tipo de delitos. “A fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado y asegurarse la democracia del país”, dice el comunicado.

Destitución de los consejeros

Además, esta designación entra en conflicto por la situación política y judicial que mantiene cuatro miembros  del Cpccs. Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán fueron destituidos por mayoría de votos en el Pleno del Legislativo por:

• Incumplimiento de funciones
• Intento de modificación del reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado
• La falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, el juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Con este recurso quedó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los funcionarios.

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“Todo acto de estos señores que están atrincherados en donde no les corresponde, será de nulidad absoluta”, recalcó el titular.

Según Saquicela, gran parte de los funcionarios en Cpccs fueron puestos por el presidente de este órgano del Estado, Hernán Ulloa. Por lo tanto, tiene la posibilidad de adueñarse de las instalaciones. Desde el Legislativo, emitieron una solicitud al Ministerio de Trabajo para que se les suspenda el sistema de Quipux a los consejeros destituidos, sin embargo, aún no lo hacen.

La revocatoria

El 22 de noviembre, el juez de Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó una medida cautelar interpuesta por el ciudadano Manuel Párraga.  La acción dejó sin efecto la destitución de los consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Ante la situación, Saquicela solicitó una revocatoria en la resolución.

Como respuesta, el denunciante cambió la medida cautelar autónoma a una medida de protección en el mismo trámite. También aseveró que si no se da la revocatoria va a presentar la apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo.

“Yo creo que cualquier juez, menos el que está comprometido con esta situación, podrá revocar una situación de esta naturaleza”, resaltó.

Además, mencionó que en el informe, el juez pedía que se deje sin efecto la sesión 112, que fue el día de la recomendación de juicio político. Sin embargo, días más tarde ratificó un “error de tipeo” en el documento por lo que pedía que fuera anulada la sesión 115, que fue el día de la destitución.

Un juicio justo

En la sesión 49 del Pleno del Cpccs, Ulloa manifestó que en el juicio político no existió un informe sobre el cual puedan defenderse. Todo giró en torno a la moción presentada por la asambleísta, Mireya Pazmiño.

Saquicela explicó que la Comisión de Fiscalización sustanció el juicio político. Durante este proceso, los siete consejeros investigados en ese momento tuvieron el derecho a la defensa. Posteriormente, la Comisión tenía un plazo de ocho días para presentar el informe, pero pidieron una prórroga de cinco días. Luego de este tiempo no se presentó el informe porque no alcanzaron los votos para su consolidación.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en 48 horas se debe emitir un documento que detalle las razones por las cuales se archivó el trámite. Sin embargo, la Comisión pidió la reconsideración y emitió un informe fuera del plazo por lo que jurídicamente era inexistente, según el titular del Legislativo.

De acuerdo con la ley, si no existe una resolución en la Comisión, el Pleno debe tomar una decisión respecto a la aprobación de un juicio político. En este sentido, en el debate se dio paso a la orden del juicio político a los cuatro consejeros del Cpccs y días después se resolvió su destitución. (A.G.M).

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Para el presidente del Cpccs, Hernán Ulloa, no hubo informe para ejercer una defensa en el juicio político del 15 de noviembre. Todo giró en torno a la moción presentada por una asambleísta. Esta acción sería ilegal y vulneraría sus derechos.

Como primera acción, Ulloa manifestó que enviará una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para aclarar que no pueden posesionar a nuevos consejeros, ya que él y sus compañeros siguen en funciones.

Los cuatro consejeros, Ibeth Esupiñan, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco bravo ratificaron su permanencia en el Cpccs y aprobaron las acciones contra el Legislativo. Los funcionarios remitirán al juez de La Concordia un comunicado de incumplimiento de medida cautelar por parte de Saquicela. También levantará una denuncia en Fiscalía por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente.

La renuncia de Chugchilán

En el orden del día se tenía previsto conocer la renuncia del Jaime Chugchilán. El funcionario suplente reemplazaría a uno de los cuatro consejeros del Cpccs destituidos por el Legislativo.

Por su parte, el presidente del Cpccs mencionó que no se puede tomar una postura respecto a la renuncia, porque no está  dentro de las funciones de la entidad. La justificación es que el consejero suplente  nunca fue posesionado por la Asamblea Nacional.

La competencia para tomar una resolución respecto a este pedido sería del Consejo Nacional Electoral (CNE). Si esta entidad aprueba la renuncia de Chugchilán, se daría paso al siguiente suplente para tomar el cargo de consejero.  “Nosotros no hemos generado una pugna contra ustedes, más bien valoramos esa posición altiva para no caer en el juego  de la Asamblea Nacional”, dijo Ulloa a los consejeros convocados para ser posesionados en el Legislativo.

Las acciones contra Rosero y Almeida

Finalmente, la mesa aprobó la denuncia contra los consejeros Sofía Almeida y David Rosero, por usurpación de funciones. Esta acción afectaría a los concursos que el Cpccs lleva a cabo, según Ulloa. También  será emitido un informe de las acciones de los consejeros a la Asamblea Nacional y a la  Comisión de  Fiscalización, para el respectivo control político. (A.G.M).

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Rivadeneira señaló que los consejeros expulsados (Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y ella) trabajarán como un solo grupo y se defenderán de la misma manera ante la resolución del Legislativo.

Comentó que impugnarán una acción de protección, porque consideran que el juicio “fue nulo, violó los derechos humanos, al debido proceso y es discriminatorio”. Además, mencionó que acudirán a instancias internacionales para defender los derechos que fueron vulnerados en este proceso.

Recalcó que la intención de los bloques de UNES y PSC es tomarse el Consejo, pues David Rosero anunció que será el nuevo presidente.

Revisión al reglamento de selección de contralor del Estado

Rivadeneira indicó que la intención de Almeida, de cambiar nuevamente el reglamento de selección de contralor del Estado, incurriría en una falta grave. Esta decisión puede ser objeto de otro proceso de interpelación.

“No se puede revisar ningún reglamento, porque la bancada de Pachakutik, UNES y PSC se escudaron bajo esa teoría. Una vez iniciado el concurso no se puede modificar, ni revisar las comisiones ciudadanas. Antes del juicio el Cpccs ya revisó el reglamento y si lo vuelven hacer podrían incurrir en incumplimiento de funciones y pueden ser llevados a juicio político”, comentó para El Universo.

A lo que Almeida explicó que si es necesario revisar y cambiar los puntos del reglamento de selección se determinará de manera unánime con los miembros del Cpccs.

“Hay que analizar jurídicamente si se corrige algo. Todos los procesos se analizan en el Pleno del Consejo con una decisión de cuatro consejeros”, detalló.

Nuevas autoridades para el Cpccs

Por otro lado, la consejera Almeida indicó que el proceso de selección del presidente y vicepresidente del Cpccs, se realizará de manera interna.

“Una vez que la Asamblea Nacional posesione a Jaime Chugchilán, Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce, nos reuniremos y ojalá tomemos por unanimidad sobre quien tome su dirección”, precisó.

Aseguró que cualquier consejero puede postular para el puesto de autoridades dentro del Cpccs, pues lo que más se necesita en estos momentos es voluntad y decisión para restaurarle la seguridad al país, dijo Almeida.

¿Cómo quedan los procesos del Cpccs?

La expresidenta puntualizó que los procesos que mantiene el Cpccs no tienen que ser paralizados. Al contrario, tienen que seguir avanzando para desvincular la imagen de la Institución a todos los problemas internos que han presenciado. “La entidad tiene que seguir con el trabajo. Tiene que continuar con las veedurías, observatorios e investigaciones de manera unificada”, puntuó.

Pronunciamiento de Ulloa

Mientras tanto, Ulloa aseguró que no ha presentado ninguna medida de protección y desconoce por qué su nombre aparece en el acta difundida en redes sociales.

Informó que en las próximas horas pondrá una medida, peor extenderá la convocatoria correspondiente a los medios de comunicación. (N.J.C)

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