La decisión fue anunciada al término de la primera sesión del Comité, un ente creado recientemente por Decreto Ejecutivo. Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue enfático al señalar que la medida busca «quitar el financiamiento a las mafias de la salud que por años han luchado por capturar hospitales».

Lama reveló que existen al menos 100 investigaciones internas en curso por presuntas irregularidades y destacó la repetición «sospechosa» de ciertos proveedores en los procesos de compra. Afirmó que, por primera vez, se implementará un «sistema digital incorruptible» para rastrear de forma transparente el inventario y la distribución de todos los medicamentos.

Ajuste en el flujo de recursos y compras

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, aportó cifras concretas que evidencian el problema: de los USD 200 millones presupuestados este año para medicamentos, apenas se han ejecutado USD 100 millones. Aseguró que, a pesar de esta inversión, el desabastecimiento en los hospitales persiste, lo que apunta a «muchas irregularidades» en los mandos medios operativos.

Jimmy Martín, titular de la cartera de Salud, detalló que la descentralización no recaerá en cada hospital o dispensario, sino que se concentrará en el Ministerio de Salud y el IESS, quienes asumirán la responsabilidad directa de las adquisiciones para garantizar mayor control y eficiencia. «Tenemos que dar un paso firme, pero también estratégico y coordinado desde el Ejecutivo», afirmó.

Desde la Secretaría General de la Administración Pública, Cynthia Gellibert sentenció: «Durante décadas, la salud ecuatoriana siempre fue tratada como un negocio. Hoy este Gobierno le pone punto final al negociado en los hospitales».

Medidas insuficientes

La decisión gubernamental no estuvo exenta de críticas. Desde la bancada de Revolución Ciudadana, la asambleísta Christina Jácome tachó al nuevo Comité de redundante, al recordar que ya existe el Consejo Nacional de Salud (CONASA), establecido por ley y con experiencia en la materia. «Parece que algunos prefieren inventar comités y redescubrir el agua tibia», ironizó.

Su colega la asambleísta Viviana Veloz, consideró que la medida «llega tarde» y no ataca el fondo del problema: la falta crónica de presupuesto. Veloz exigió la declaratoria de emergencia del sistema de salud, argumentando que la crisis actual «desbordó hospitales y golpea más fuerte que en la pandemia«. Enumeró una serie de requisitos que, a su juicio, son indispensables: inversión real en infraestructura, equipos, pago a personal y una lucha firme contra la corrupción.

Frente al reclamo de emergencia, el Gobierno se negó en rotundo. Su postura oficial es que no existen las causales legales para tal declaratoria y que, además, esta podría abrir una «puerta a la corrupción».

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La denuncia fue difundida por la periodista María Fernanda Suasnavas Lamboglia, quien expuso el caso en su cuenta de X, exigiendo respuestas al nuevo director del IESS, Edgar Lama Von Buchwald.

Dos días en pasillos del HCAM, cero acción

Mientras el cerebro de Fernando sangraba, el protocolo institucional parecería tomarse vacaciones. El paciente fue estabilizado con medicamentos, pero no fue intervenido. El equipo médico explicaría a los familiares que el neurocirujano de turno “regresará el lunes”.

“¿Cómo es posible que se priorice la disponibilidad del personal sobre la vida de un paciente que requiere atención inmediata?”, cuestionó Suasnavas.

En lugar de quirófano, calmantes. A cambio de acción, espera. En lugar de una política de emergencias médicas 24/7, silencio.

¿Qué pasa con las cirugías en el HCAM?

El caso de Fernando no es aislado. En Ecuador, según datos del mismo IESS, cerca del 60 % de las unidades médicas no cuentan con cobertura especializada completa durante fines de semana y feriados. Las emergencias neurológicas —como hemorragias cerebrales— tienen una ventana crítica: las primeras 24 a 72 horas son decisivas.

“Una hemorragia intracraneal no entiende de agendas ni días libres”, explica el médico neurólogo Carlos S., quien prefirió mantener el anonimato. “No actuar rápido puede significar daño cerebral irreversible o la muerte”.

¿Y la industria de la salud pública?

Este caso revive preguntas urgentes:

• ¿Qué significa tener una “red de salud pública” si no hay quirófano cuando se necesita?
• ¿Quién responde cuando una vida depende del reloj y la burocracia decide esperar?
• ¿Por qué seguimos aceptando que los hospitales funcionen como oficinas de lunes a viernes?

Si el nuevo director del IESS quiere cambiar la historia del sistema, debe comenzar por lo básico: garantizar atención 24 horas para emergencias. Todo lo demás es discurso.

El país sigue viendo cómo el sistema de salud pública falla cuando más se lo necesita. El IESS no puede permitirse que un paciente con hemorragia cerebral tenga que esperar a que “sea lunes” para que alguien lo salve.

Este no es un reclamo aislado. Es una exigencia ciudadana. Es una emergencia.

Finalmente, la periodista anunció que recibió una respuesta del director del IESS, sin embargo no la hizo pública.

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La iniciativa, que modificará el artículo 216 del Código del Trabajo, apunta a garantizar la sostenibilidad del beneficio y frenar los despidos anticipados de trabajadores cercanos a cumplir los 25 años de servicio, según Nuñez.

El nuevo modelo plantea un fondo de ahorro acumulativo, alimentado por aportes de empleadores y trabajadores, cuyos porcentajes serán definidos mediante un estudio actuarial del IESS. Los recursos no dependerían de la continuidad laboral en una misma empresa, sino que se transferirían al trabajador tras acumular 25 años de cotización, incluso en múltiples empleos. El fondo operaría como un fideicomiso gestionado por el Banco del IESS (Biess).

Núñez argumentó que el sistema vigente —que obliga a las empresas a cubrir íntegramente la jubilación patronal tras 25 años de servicio— ha generado «incentivos perversos». Según datos del Ministerio, menos del 4% de los trabajadores del sector privado acceden a este beneficio. Resalt las empresas optan por desvincular a empleados con más de 19 años de antigüedad para evitar costos. «Hoy, el sistema castiga al trabajador experimentado y perjudica a las empresas, que pierden talento capacitado», señaló.

Tres motores de la reforma

1. Baja cobertura: Solo el 4% de los trabajadores acceden a la jubilación patronal.
2. Despidos estratégicos: Las empresas prescinden de empleados cerca de cumplir los 25 años, dificultando su reinserción laboral.
3. Pérdida de capital humano: Empleadores reconocen que despedir a personal calificado afecta su productividad.

Críticas y plazos

Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, cuestionó que los trabajadores deban aportar al fondo: «Sería un ahorro programado, no una jubilación patronal. Es una línea roja para nosotros». No obstante, admitió la necesidad de dialogar para «asegurar derechos y formalización laboral».

El Consejo tiene un mes para conformar una mesa técnica tripartita (empleadores, trabajadores e IESS), la cual dispondrá de 90 días para diseñar el proyecto definitivo. Posteriormente se lo enviará a la Asamblea Nacional, donde se debatirá su implementación.

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Pacientes renales en Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo y Tulcán se toman las calles para exigir el pago de más de USD 200 millones que el gobierno les adeuda desde hace 15 meses. Se desmiente al Gobierno por anunciar supuesto pago.

Según información de los manifestantes, la deuda del Ministerio de Salud con los centros médicos asciende a USD 200 millones , mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adeuda otros USD 90 millones. Esta situación ha afectado directamente a 10.000 pacientes, quienes han visto reducidas sus sesiones de hemodiálisis y han debido cubrir costos adicionales para su tratamiento.

«En muchas clínicas, los pacientes no reciben sus tres terapias semanales. Les piden comprar insumos que pueden costar hasta 70 dólares por sesión«, dijo a Radio Pichincha Gabriela Álvaro, representante de los pacientes renales.

Falsas promesas

Frente a las protestas, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció el desembolso de USD 4 millones para 37 clínicas dializadoras. No obstante, los afectados aseguran que la cantidad es insuficiente y que no se ha especificado a qué centros se han destinado los fondos. «Esa cantidad solo alcanza para una semana de atención», señaló Álvaro.

Las manifestaciones también se registraron en otras ciudades como Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo y Carchi. Decenas de personas, muchas de ellas de la tercera edad, se concentraron en la Plaza Grande de Quito, frente al Palacio de Carondelet, exigiendo respuestas.

«Si no nos hacen la diálisis, vamos a morir en una semana. Con una diálisis que no nos hacen, nosotros nos intoxicamos y no avanzamos ni siquiera a caminar. No nos avanzamos a mover», gritaba una paciente renal.

Durante la jornada, los pacientes denunciaron que en ocasiones anteriores han sido desalojados con gas lacrimógeno cuando intentaban protestar en el Ministerio de Finanzas. Además, aseguraron que las autoridades no los atienden directamente, sino que delegan a funcionarios de menor rango que solo ofrecen promesas sin cumplir.

Según cifras de las asociaciones de pacientes, en 2024 más de 1.000 personas con insuficiencia renal fallecieron debido a la falta de tratamiento oportuno. «La diálisis es vida, queremos vivir», coreaban los manifestantes, quienes advirtieron que sin una solución inmediata, su situación seguirá agravándose.

La crisis sanitaria que atraviesan los pacientes renales se ha convertido en un problema humanitario que requiere una respuesta urgente del Gobierno. La exigencia es clara: que se cumpla con el pago de la deuda para garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar más pérdidas humanas.

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La jueza Carlota Sigüenza determinó que Rosa Argudo tenía la posibilidad de ser reincorporada a su cargo en el IESS. Sin embargo, su defensa rechazó esta opción, argumentando que la sindicalista ha sido víctima de linchamiento mediático y acoso laboral, según un reporte de Diario El Mercurio.

En lugar de la restitución, la jueza dispuso que Argudo reciba una indemnización económica por despido ineficaz. Se trata de una fuerte suma, pues llevaba 36 años en la institución y 21 de ellos como Secretaria del Sindicato Único de Trabajadores.

Una trayectoria de 36 años en el IESS marcada por controversias

El 27 de septiembre de 2024, fue separada de su cargo como auxiliar de esterilización en el Hospital José Carrasco Arteaga, tras un caso de aparente nepotismo y otras supuestas irregularidades dentro de la institución.

Durante una comparecencia ante los asambleístas del Azuay, el 25 de junio de 2024, Rosa Argudo confirmó que cinco familiares suyos trabajaban en el IESS.

Además, fue señalada por supuestas irregularidades en el manejo de fondos sindicales. Entre ellas, impulsar la compra del Hotel San Antonio en Cuenca por parte de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss), un inmueble que, al parecer, pertenecía a familiares suyos.

Rosa Argudo señaló en declaraciones recogidas por El Mercurio que su despido intempestivo «hasta me beneficia, porque yo no vendo por arvejas».

Por su parte, el asambleísta Adrián Castro, quien ha impulsado procesos de fiscalización en su contra, expresó al portal PRIMICIAS su preocupación por la postergación de la audiencia en varias ocasiones, lo que coincidió con los días previos a las elecciones. Además, cuestionó que, antes de la instalación de la audiencia, ya circulaban afirmaciones sobre un fallo a favor de Argudo.

Castro también criticó la defensa técnica del IESS, asegurando que dejó «mucho que desear». Añadió que Argudo aún enfrenta investigaciones penales en la Fiscalía, relacionadas con el manejo del sindicato del IESS.

«La investigación penal sigue y marcha bastante bien. De la justicia penal no se va a poder zafar tan fácil y lo saben. La señora tendrá que devolver hasta el último centavo de lo mal habido que pueda tener», comentó Castro.

IF

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En el lugar se realiza: termoterapia, hidroterapia, ultrasonidos e inclusive un robot para el tratamiento de pacientes con trastornos neurológicos, una tecnología que solo existe en ese hospital público. La noticia preocupa tanto a pacientes como a médicos. Alrededor de 400 pacientes se atienden diariamente en ese lugar.

El presidente del directorio del IESS, Eduardo Peña, confirmó a Ecuavisa la decisión e indicó que se busca prescindir de los pagos externos a funerarias para las velaciones y entierros de los afiliados. Según Peña, se gastan hasta USD 1.400 por entierro y ofrecer el servicio gratuito les ahorraría USD 18 millones. Garantizó que el Centro de Rehabilitación seguirá funcionando, pero no precisó cuándo y dónde será el traslado.

La vocal del Consejo Directivo del IESS, María de los Ángeles Rodríguez dijo que, independientemente de la posición de Peña, la decisión debe discutirse en el Directorio con los demás vocales. «No estamos de acuerdo en el que el IESS se meta a reactivar una empresa (exequiales) a prestar servicios que deberían prestarlo el sector privado». Agregó que si se movilizan a otro lado, la clínica deberá readecuar nuevamente las instalaciones para los servicios de fisioterapia que ofrecen. (MIB)

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Las dializadoras enfrentan una grave crisis económica generada desde junio del 2023 por la deuda de más de USD 140 millones por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de USD 85 millones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La suspensión del servicio afectaría a 17 mil pacientes renales derivados del MSP y 8 mil afiliados y pensionistas del IESS. Asimismo, por la falta de pago las clínicas externas adeudan cinco meses de salarios al personal de salud.

Frente a este problema, los prestadores de servicios externos hicieron un llamado a las autoridades del gobierno para sentarse a un diálogo que permita llegar a acuerdos concretos. De igual manera, solicitaron a los directivos del IESS que procedan a contratar una nueva plataforma digital que les permita subir información para la auditorías correspondientes.

El paquete integral de diálisis tiene un costo de USD 1.456 por paciente. El servicio incluye de 12 a 14 sesiones, chequeos y controles médicos con nefrólogos, nutricionistas, cardiólogos y psicólogos, exámenes periódicos, y tratamientos para controlar la hipertensión y diabetes que también padecen los pacientes renales.

El calvario de las dializadoras

“Nosotros no pedimos el pago total de la deuda, pero sí una voluntad de poder pagar y seguir atendiendo a los pacientes, que es lo más importante en este gran problema. Vamos a seguir, aquí o en las calles, reclamando hasta que se nos preste la atención debida”, indicó Juan Acurio, presidente del Directorio de Hemodiálisis, en las instalaciones de la Asamblea.

Agregó que para poder subsistir las clínicas tienen que prestarse los insumos médicos para las diálisis. También indicó que el coordinador provincial del IESS en Guayaquil, Javier Torres, manifestó dos soluciones para salir de este problema: cerrar las clínicas o demandar al IESS. (AGM).

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«Ayer (26 de junio) me envía un mensaje que una vez que me paguen los USD 4 millones, en efecto nos lo pagaron, si yo no levantaba la medida (dejar de recibir pacientes derivados del IESS) me enviaba a la Contraloría. Eso es una amenaza y yo le respondí que la ignorancia es atrevida porque Solca tiene todos los años un examen especial de la Contraloría y hasta la fecha, la Institución no tiene una glosa. (…) La prepotencia, el poder marea», dijo en Un café con JJ.

Agregó que la forma en que Peña se refirió al comunicado de Solca como «un sueño de perros», es una grosería no solamente para Solca sino para sus pacientes. «Ellos tienen sueños. Sueños de ser curados y nuestro sueño como Solca es curarlos. Es inadmisible que un presidente del IESS se exprese así de un comunicado reclamando algo justo«.

¿Cuál es la situación de Solca?

Cada entidad de Solca es autónoma, indicó el presidente. Aclaró que son siete instituciones operando en el país y que cada una tiene su administración y presupuesto independiente. En Quito, por ejemplo, la deuda que mantiene el IESS asciende a USD 120 millones. «Por lo que se desmiente lo que dijo el doctor Peña de que el problema es con nosotros solamente (Guayaquil), también le debe a los demás Solca«, dijo. En Guayaquil, la deuda de USD 100 millones es desde el 2023. Antes de que asuma Peña, la deuda era de USD 60 millones, ya que en el gobierno anterior se pagó una parte.

La deuda total entre las siete instituciones de Solca y el IESS ascendería a un promedio de USD 250 a 300 millones. «No hemos suspendido las atenciones sino recortar esa atención a los nuevos pacientes porque no tengo inventarios. Los que que ya iniciaron un tratamiento, lo continuarán porque deben ser respetados». (MIB)

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Los contratos relacionados a la compra de insumos médicos rodean los USD 34.3 millones, de los cuales USD 26.4 millones son costeados por el MSP y USD 7.9 millones vienen del IESS.

»Muchos de los proveedores tienen el RUC para confección de ropa, venta de licor y actividades de entretenimiento, es decir, no son personas idóneas», dijo Germán Rodas, presidente de la CNA en entrevista para Ecuavisa.

Explicó que las comisiones técnicas de contratación se encargaban de eliminar el número de oferentes, descartándolos por cualquier motivo hasta que solo queden dos ofertas. El análisis de los documentos de las negociaciones son del período 2023 y parte del 2024, y contemplan los hospitales; IESS Quito Sur; Carlos Andrade Marín, en Quito; Teodoro Maldonado, en Guayaquil; Monte Sinaí, en Guayaquil; entre otros.

Casos de nepotismo

Por otro lado, el pasado 25 de junio asambleístas del Azuay sesionaron en la casa legislativa de Cuenca para fiscalizar los problemas del sistema de salud en la provincia. A la mesa parlamentaria comparecieron funcionarios del Hospital de Especialidades “José Carrasco Arteaga” del IESS de Cuenca, institución que ya lleva dos denuncias por mala praxis médica.

Rosa Argudo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IESS, compareció ante las autoridades, pero se mostró evasiva ante ciertas preguntas por lo que su respuesta constante era que le »pidan por escrito» la información.

Pese a las constantes negativas, admitió que cinco de sus familiares trabajan en el hospital, pero no reconoció que la compañía Vending Company SAS, a nombre de una de sus hijas, es la empresa de máquinas expendedoras de alimentos en el IESS.

La funcionaria no respondió sobre el título de los nueve predios que tendría en la capital y evadió la pregunta en relación a la autorización de una auditoría a las finanzas del Sindicato de Trabajadores del IESS.

La penosa situación del sistema salud ocurre en medio de varias denuncias de desabastecimiento de medicamentos y falta de atención médica. Recientemente la Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) anunció que ya no atenderán a los pacientes derivados del IESS por falta de pago, la escasez de insumos médicos y la severa limitación de medicamentos oncológicos. (AGM).

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A través de una rueda de prensa, la titular de la cartera de Estado justificó la cifra de más de 105 mil empleos juveniles, entre diciembre del 2023 hasta abril del 2024, que señaló el presidente Daniel Noboa durante su informe a la nación. La lista estaría encabezada por la provincia del Guayas con un total de 34.469 contrataciones.

El gran cuestionamiento respecto a estos datos gira en torno a las condiciones de empleabilidad. Según la ministra Nuñez, la modalidad de los contratos es de plazo indefinido a un año, sin embargo, cuestionó las cifras de afiliaciones que registra el IESS.

Realizando una comparación, durante el período de abril del 2023 al 2024 existió una caída de 8.752 afiliados y durante de diciembre del 2023 hasta febrero del 2024 más de 13 mil jóvenes de hasta 30 años dejaron de aportar al IESS.

Nuñez indicó que esto podría deberse a un registro tardío por parte del Seguro, asimismo anunció que pedirá una reunión con los técnicos de la entidad para que manejen de mejor la información estadística en la página web.

«Nunca va a existir un incremento como nosotros lo tenemos marcado. El IESS registra los avisos de entrada, pero también los avisos de salida. Ese número va variando cada mes», resaltó la funcionaria.

Las cifras y las condiciones de empleo

De acuerdo a lo expuesto, la provincia del Guayas encabeza la lista de contratación juvenil con una cifra de 34.469 empleos; Pichincha con 30.753; Azuay con 7.006; y Manabí con 5.497. La mayoría de nuevos contratos están relacionados a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, del otro lado, existen 103 empleos bajo relación de dependencia en el sector público.

La empresa privada lidera la generación de empleo juvenil y a partir del 2025 recibirá los incentivos tributarios que establece la Ley de Empleo Joven. En el caso particular de Quito, las compañías con más contrataciones han sido Utopía Farms; Cresa Retail; y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

La ministra aclaró que los empleos no son de alto rango por la edad de los jóvenes. Además, publicará la información actualizada de estos datos una vez esté restaurada la página web del Ministerio del Trabajo, pues alegó que quedó destruida por la anterior administración. (AGM).

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Tras los cortes de energía cotidianos, Catalina Ayala debe mantener refrigerada la insulina en un cooler con hielos cubiertos de algodón para la preservación de la medicación. Su hijo, Diego Ponce, señala que la insulina debe mantenerse en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, pues no sirve si es expuesta al calor.

Asimismo mencionó que si esta medicación no está en el rango de temperatura adecuada pierde su eficacia, resaltó que no es tóxico pero es como »inyectarse agua» y pondría en peligro la vida del paciente diabético porque se dispararía la glucosa en la sangre, lo cual podría desencadenar en un coma diabético.

El costo de la insulina

Su madre debe inyectarse de 15 a 20 líneas de insulina rápida antes o después de cada comida para evitar que se suban los niveles de glucosa. Por otro lado, en la noche se le administra la insulina lenta para no amanecer con la glucosa elevada.

Este medicamento es proporcionado por el IESS, sin embargo, cuando no existe el abastecimiento necesario, los pacientes deben comprarlo de su bolsillo. Los precios varían de acuerdo al uso, es decir, de USD 15 a USD 20 la más barata, pero la insulina lenta cuesta entre USD 40 y USD 60. La duración de la insulina es de una a dos semanas de acuerdo al paciente.

Según el portal Pasadena Health Center (PHC), no cumplir con el tratamiento de insulina puede causar cetoacidosis diabética, la cual ocurre cuando el cuerpo no produce su propia insulina o la suficiente. Los niveles de azúcar en sangre llegan a ser tan elevados que la sangre se vuelve ácida, las células se deshidratan, y el cuerpo deja de funcionar.

Afectaciones en la Costa

»Acá en Quito no es difícil mantener el frío porque estamos en una media de 15 a 20 grados, no así en la costa que están entre 25 a 40 grados, es una preocupación latente para mí y la sociedad diabética», resaltó Ponce.

Según datos del INHAMI, actualmente el clima en cantones como Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo, Manta, Salinas, Guayaquil y Santa Rosa oscila entre los 25 a 33 °C. (AGM).

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Según los datos solicitados por la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, el pico más alto del decrecimiento de afiliaciones de los adultos de 30 a 35 años se registra en Esmeraldas con una cifra de 1.006 casos. Asimismo, El Oro registra una dismunición de 676 afiliaciones; Loja -594; Imbabura – 416; y Carchi -296.

Por otro lado, la información expone la crítica situación de los jóvenes ante el escenario del desempleo. En este caso, El Oro es la provincia con un notable decrecimiento de personas asegurada al IESS, pues existen una disminución de 1.841 afiliados; le sigue Imbabura con -1.458; Esmeraldas -1.451; Santa Elena -746; y Napo -483.

¿Y el empleo joven?

A mediados de marzo, con alevosía y orgullo, el presidente Daniel Noboa anunció que más de 63 mil jóvenes cuentan con un empleo “digno y legal”. Según el primer mandatario, este sería el resultado de la aprobación de la Ley de generación de empleo.

El proyecto de ley se aprobó hace apenas dos meses y medio. Sin embargo, el jefe de Estado alegó que “esta es la oportunidad” para que los jóvenes se incluyan en la “reactivación económica” del país.

“Por más que sufran los sufridores esa es la cifra real. Es el ejemplo claro de que esto es una realidad y que seguirá creciendo”, dijo en la conferencia.

El otro lado de la moneda

En contraparte a las declaraciones de Noboa, los datos del Ministerio de Trabajo y el INEC revelan otra realidad. De enero al 5 de febrero de 2024, más de 80 mil personas se quedaron sin empleo. Según la entidad, el finiquito responderían a: un acuerdo entre las partes, conclusión de la obra o contrato, entre otros.

Además, el INEC detalla que la tasa de desempleo se ubicó en 3,9 % hasta enero de 2024. En comparación al 2023, el desempleo bajó tan solo el 1 %. En enero de 2023, se ubicó en 3,8 %. De acuerdo a la entidad, el empleo a jóvenes de entre 15 y 24 años alcanzó al 8,7 %. Mientras que, al sector de 25 y 34 años se mantuvo en 27.3 % entre enero de 2023 y 2024.

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La autoridad del IESS indicó que hace 90 años »cuando se pensó la seguridad social en el mundo» el promedio de vida era de 71 años, y que hoy en día es de 83 años.

»Hay que pensar cuanto cobramos por la jubilación porque las condiciones cambiaron», dijo en entrevista para Teleamazonas.

Actualmente, la base de cálculo de la jubilación son los cinco mejores años de sueldos durante el trayecto de aportes al IESS. En este sentido, Peña considera que el tiempo para calcular el monto de jubilación debería subir hasta los 30 años.

Además, planteó elevar el valor de los aportes mensuales. Hoy en día se maneja con el descuento del 20.6 % al salario del afiliado, sin embargo, propuso que el porcentaje suba hasta el 30% dependiendo el caso.

»Si no hacemos nada hoy, en 2 o 3 años vamos a tener problemas graves de flujo (…) este año irá a la Asamblea este proyecto y espero yo que también sea aprobado este año», resaltó Peña.

La deuda y la proforma

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) requirió al gobierno un presupuesto de USD 3.706 millones. Sin embargo, la proforma presentada por el Ministerio de Economía definió una asignación por USD 2.392 millones.

Frente a esta situación, Peña manifestó que el cálculo se lo realizó el anterior año y sin tomar en cuenta la medida del alza del IVA, lo cual ahora mejora sus expectativas. También señaló que aceptarán los bienes inmuebles por parte del Estado para compensar la deuda pendiente. (AGM).

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El ciudadano señaló ante la mesa parlamentaria que la proforma 2024 destina USD 2.393 millones para la seguridad social, pero falta alrededor de USD 1.300 millones, pues el IESS habría solicitado USD 3.706 millones.

“No consta ningún rubro económico para la salud y rehabilitación”, dijo y agregó que el gobierno también debía revisar los rubros por riesgos de trabajo y lo destinado al Seguro Social Campesino.

Actualmente el IESS atiende a 3.1 millones de afiliados activos y aproximadamente 550 mil jubilados pensionistas y adultos mayores.

¿Qué dice la proforma?

Los justificativos de asignaciones presupuestarias a la Seguridad Social contemplan los siguientes montos:

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Los legisladores señalaron que los problemas económicos que enfrenta el IESS también se debe al mal uso de los carnés de discapacidad por lo que consideran necesario tomar cartas en el asunto.

»Un golpe duro que ha recibido por parte de algunos que se han pasado de listos desde el 2014 que se aprobó la reforma a la Ley de Discapacidades para el beneficio anticipado de la jubilación», dijo Polanco en rueda de prensa.

Agregó que conocen del caso de un médico en Guayaquil que ha otorgado 200 certificaciones de discapacidad de manera fraudulenta para que las personas puedan acceder a los beneficios del carné. La investigación ya está en manos de Fiscalía.

Abuso de privilegios

»Sucede que habrá personas con discapacidad que no están en el medio laboral y hay personas con carnés falsos que están ocupando los puestos de otros que verdaderamente lo necesitan», resaltó Pasquel.

Los parlamentarios enviaron solicitudes de información a seis instituciones, entre ellas el Conadis para verificar los procesos de carnetización; a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para ver que beneficiarios han accedido al descuento en la importación de autos; en el IESS se analizará el registro de jubilados con discapacidad.

Este caso será tratado en la Comisión del Trabajo en la Asamblea Nacional para su posterior informe. (AGM).

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Empiezan los cuestionamientos respecto a uno de los funcionarios del gabinete de Daniel Noboa. Varios datos arrojan la ilegalidad del nombramiento del Ministro del Deporte, Andrés Guschmer.

En primer lugar, registra impedimento en el Ministerio del Trabajo para ejercer un cargo público dado que tiene una deuda pendiente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Accionista en Teleamazonas

Además registra acciones de USD 68 mil Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. (Teleamazonas), la cual estaría manteniendo contratos con el Estado. Este caso sería similar al del exsecretario de Administración Pública, Sebastián Corral quien seguía siendo accionista de la misma compañía mientras cumplía con sus funciones en el gobierno de Guillermo Lasso.

”No podrán ser ministras o ministros de Estado las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales”, dice el artículo 152 de la Constitución.

Otro punto en contra es su declaración patrimonial en la Contraloría, pues en el apartado de »acciones y participaciones» registra USD 23.813 pero el valor expuesto en el portal web de la Superintendencia de Compañías es mayor.

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«De forma denigrante y deliberada sin contar con sustento se solicitó se dé por terminado mi contrato, desvinculación que fue producto del Acoso Laboral que recibí», detalla el documento.

De acuerdo a las declaraciones de la víctima, sufrió ese trato deplorable desde abril de 2023, cuando inició sus actividades laborales en la institución. Emilia comenta que el implicado se refería con términos vulgares, groseros e irrespetuosos hacia las mujeres del área.

«Gordo, no pierdas el tiempo, ésta compró el título (…) tonta, idiota, loca, ahora entiendo por qué el papá de su hijo la dejó», fueron algunos insultos que recibió Emilia.

La mujer comenta que la noche del 21 de enero, el ahora director, David N., (quien además es mejor amigo de Roberto A.) le informó -a través de un mensaje de WhatsApp- sobre su desvinculación de la entidad. Esto ocurrió, pese a que días atrás se había renovado su contrato.

Además, alegó que este despido se debe al reclamo que realizó en varias ocasiones por el acoso que recibía. De la misma manera, indicó que no se efectuó el debido proceso en este caso ni se respetó los derechos como funcionaria pública. Hasta el momento, no ha recibido una respuesta por parte de la entidad y continúa con su proceso legal.

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»Estos jóvenes tendrán beneficios y ya podrán aportar para su jubilación, además podrán tener cobertura médica y dental», dijo el directivo.

Peña espera que este programa puede activar la aportación de entre 60 mil y 70 mil nuevos afiliados durante el primer año. Este proyecto permitiría que los jóvenes aporten con USD 50 mensuales, por debajo del valor mínimo actual que es de USD 80.

También destacó que el problema que actualmente existe en el IESS es que el radio de jubilados contra aportantes es de 1 a 5 y, para que sea sostenible, debe existir de 8 a 9 aportantes por cada jubilado.

Otros proyectos sobre la mesa

El pasado 4 de enero Peña anunció que enviará a la Asamblea un proyecto de Ley de reforma al IESS. El Consejo también analiza la posibilidad de que los familiares del afiliado que reciben atención médica tengan que pagar por ella.

“Todos estos participantes que fueron incluidos en las atenciones del IESS, léase los hijos entre 3 y 18 años, nunca fueron aportantes”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

Asimismo destacó que existe un distorsión en la norma, pues las personas que se afilian a los 60 y se jubilan a los 70, reciben lo mismo que una persona que registró su afiliación a los 18. (AGM)

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»Mi decisión es de índole personal. Reitero mi compromiso con la institución y la firme
convicción de que salvaguardar los intereses de nuestros afiliados debe estar siempre en primer lugar», dijo en un documento remitido al presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña.

El pasado 3 de enero el Consejo Directivo nombró a la autoridad. Para Peña, el funcionario estaba apto para realizar un gran trabajo y que los afiliados, jubilados y trabajadores »apreciarían su esfuerzo».

Lynch es Licenciado y Máster en Educación especializado en Liderazgo, Gerencia y Dirección de empresas con 20 años de experiencia. Al llegar al puesto planteó tres ejes de trabajo: aumentar el abastecimiento de medicinas, bajar las deudas con proveedores, cobrar a los morosos con el IESS. (AGM).

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El IESS a través de un comunicado informó que luego de cumplir con las normas y reglamentos del Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) optó por esta decisión. Además, reiteró que la administración actual no mantiene ningún proceso abierto con RECAPT. Una empresa con la que el IESS canceló sus servicios por presuntas irregularidades en el proceso

«Esto no responde a ninguna presión mediática (…) Nuestro compromiso es brindar un servicio eficiente», detalla el comunicado.

Luego de varios días de no conocer una respuesta por exfuncionarios, el exministro de Salud, José Ruales apareció en redes sociales para indicar que el Ministerio de Salud Pública (MSP) inicio un proceso técnico y ordenado de trasformación digital, equipamiento e historia clínica digital y modernización de servicios con Business Intelligence (BI) desde el 2022.

Ademas, alegó que en ese mismo año inició el proceso de «agendamiento del MSP mediante apoyo técnico del BID. Sin embargo, no contrató ni adjudicó algún proceso para gobierno actual.

«El sistema reducirá el costo de la contratación del sistema de agendamiento del proveedor externo de CNT», justificó.

¿Pero, cuál es la realidad de los ecuatorianos?

Los ciudadanos denuncian a diario el pésimo sistema para agendar una cita en el IESS. Algunos mencionaron que la espera puede ir desde unas cuantas semana hasta varios meses. Son los casos de Rolando Baño y Diana Paula, que contaron para Radio La Calle, que para agendar una cita el IESS es «toda una odisea».

Rolando intentó pedir una cita para su nieto, pero el sistema lo mantuvo en espera varias horas y al final no obtuvo respuesta. Luego de varias llamadas pudo contactarse con alguien, sin embargo, le informaron que ya no habían cupos en el área que necesitaba.

«Es perder el tiempo, nos tienen ahí esperando y al final solo nos dicen que no hay o que llame más tarde, pero casi nunca puedo contar con surte», dijo.

Pese a los reclamos y a las solicitudes de la ciudadanía ante las trabas que mantienen para reservar una cita, las autoridades se han pronunciado al respecto ni indicaron que si iniciarán otro proceso.

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