La Policía Nacional acudió al lugar para recopilar los indicios e iniciar con las investigaciones. En el sector no se encontraba el torso de la víctima, sin embargo, a unos cuantos metros se encontraban las prendas de vestir del difunto.

Las piezas estaban dentro de fundas plásticas negras arrojadas en el suelo que intentaban armar un el cuerpo, reportó Radio Pichincha.

Feriado de terror

El pasado 3 de noviembre, ciudadanos del cantón Arenillas, en El Oro, encontraron una cabeza humana cerca de una iglesia de la ciudadela La Libertad. Según las autoridades, el occiso tenía los ojos vendados y la boca tapada con cinta de embalaje.

Los antisociales dejaron una nota junto a la parte humana hallada. «Esto le va a pasar al que copie a Los Loos o a los Box, y a los que anden matando gente inocente», dice la carta.

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El padre José María Huerga señaló que los implicados se habrían infiltrado en la ceremonia, luego forzaron la puerta del dormitorio del sacerdote y se llevaron todo el dinero.

«Era una herencia familiar y eso me tocó, lo demás fue la recopilación que se hizo durante las ceremonias de julio», detalló para Diario El Extra.

Recalcó que el dinero se iba a invertir en arreglos de pintura y mampostería que se trabajaban desde hace un año.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes forzaron la puerta, se llevaron todo el dinero y salieron campantes por la puerta secundaria de la iglesia.

«Ellos ya sabían donde estaba el dinero, porque no atacaron a nadie más, no rompieron vidrios. Fueron directo a eso», recalcó.

Huerga presume que uno de los 15 albañiles que trabajan en el lugar sirvió como «cerebro» para el atentado. La Policía Nacional investiga el hecho.

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A través de redes sociales se viralizó un vídeo en el que varios uniformados de la Policía realizaron una explosión controlada del artefacto en las afueras de una iglesia.

Según varios moradores del sector, dos sujetos se aproximaron al sitio, tiraron el artefacto cerca de la puerta y huyeron. Inmediatamente, llamaron a las autoridades y la Unidad de Antiexplosivos se hizo cargo. Aún no se ha identificado el origen del dispositivo, según Radio Govea.

El pasado 30 de abril se decomisaron materiales explosivos en una operación policial dentro de la cooperativa Unión de Bananeros, sur de Guayaquil. Los uniformados señalan que tiene relación con este hecho, según el medio Qué Noticias.

Un miembro de la Unidad de Explosivos señaló que antes se recibían dos amenazas de bomba al mes, ahora son cuatro al día, según información recogida por diario El Universo.

Otros altercados

El ministro de Interior, Juan Zapata señaló que la Policía Nacional frustró un intento de robo a un banco en la Troncal, provincia de Cañar. Los miembros hicieron uso “legítimo de la fuerza”  donde se registraron tres detenidos y un fallecido. (A.F)

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Señaló que su participación como intermediaria terminó el 14 de octubre de 2022, cuando el movimiento indígena propuso la creación de una comisión de seguimiento. Comentó que los temas que se tratarán son de carácter técnico y financiero que van más allá de sus posibilidades.

Detalló que esta nueva comisión debería elegir a quienes se encargarán del proceso de diálogo. Es decir, decidir quién será el facilitador del diálogo, el relator, quién definirá tiempos, el cronograma, los responsables de medios logísticos y traducirlos en proyectos y programas de territorio.

El Monseñor apuntó que no hay problema en que continúen las reuniones en la CEE, pero sugirió que si van a tratar temas financieros se deberían hablar en el Ministerio de Economía y Finanzas. Si los temas son de carácter judicial lo recomendable sería en la cartera de Trabajo o la Asamblea Nacional. Además, enfatizó que sea la academia la que se encargue de la mediación de este diálogo.

Aseguró que el movimiento indígena le pidió que continúe como garante de las mesas, sin embargo, el Gobierno aún no se ha pronunciado. “Si nos solicita lo pensaremos, pero dependerá de lo que nos pida”, precisó.

Además, señaló que la advertencia del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinosa de una nueva movilización es una medida precipitada. “Es exagerado porque ni siquiera se ha instalado la comisión de seguimiento, ni el plan de ejecución que involucra a esta organización”, explicó. (N.J.C)

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En la junta están tres representantes de las iglesias católica y evangélica, una experta en delincuencia y justicia, un delegado de la Defensoría del Pueblo, una académica, una coach en cultura de paz, un abogado y una activista por la paz.

«La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación estará integrada por un equipo de expertos nacionales e internacionales, y entre sus principales objetivos deberá generar estrategias, planes y proyectos para fortalecer el sistema nacional de rehabilitación social», explicó Lasso en su cuenta de Twitter.

Además, aseveró que los comisionados analizarán las causas y efectos de la actual situación para establecer un pacto de convivencia interna con responsabilidad, dignidad y humanidad. «Este gobierno está comprometido con terminar la violencia en los centros penitenciarios a través de un enfoque de DDHH», dijo.

El mandatario indicó que la Comisión empezará a trabajar de inmediato. «La seguridad es la prioridad número uno del despacho presidencial y estamos cumpliendo. Gracias por aceptar esta misión de gran importancia. Cuenten con todo mi respaldo y el del gobierno», sostuvo.

Los religiosos son Jorge Narváez, el padre Luis Barrios y Pruedencio Loor. La experta en justicia es Claudia Garzón, la representante de la academia es Miriam Delgado. Mónica Ingarévalo y Nelsa Curbelo son representantes de la sociedad civil, Christian Nieto es el representante del defensor del Pueblo y Ricardo Morales es abogado.

Una larga crisis

La crisis en las cárceles del país empezaron durante el Gobierno de Lenín Moreno y, en casi sietes meses de gestión, el Gobierno de Lasso no ha logrado solucionar este problema.

La última masacre ocurrió el 13 de noviembre pasado, en la Penitenciaria del Guayas. Más de 300 asesinatos se registraron en las cárceles ecuatorianas, durante 2021.

En el amotinamiento de noviembre, que dejó alrededor de 68 muertos, la crisis se reportó a las 19h00, cuando presos de un pabellón empezaron un ataque por entrar en otro.

La Policía acordonó los exteriores de la prisión, sin embargo, los reos transmitieron en vivo y en directo la masacre, a través de redes sociales. Las imágenes que se difundieron dan cuenta de varios hechos abominables: quema de cuerpos en los patios, sangre como ríos y pánico en el centro de la escena. 

Fue una noche de terror, en medio de las súplicas de los privados de libertad, solicitando acción policial.

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“Los hechos coyunturales no afectan a la coherencia de nuestra misión que va más allá de cualquier ideología. Reiteramos que, como institución de educación superior católica, somos respetuosos de la Constitución, la normativa jurídica, el modus vivendi, la legislación eclesiástica. El Estatuto de la PUCE rige y orienta las actividades académicas y de gestión de nuestra Universidad”, reza la misiva.

De acuerdo a los firmantes, la cercanía del jesuita con “nóveles directivos con una sola ideología claramente identificada, ha perdido la importancia de la diversidad de ideas, que un centro de estudios debe tener”.

Esta carta tenía alrededor de 120 firmas con los nombres de: Jaime Mantilla Anderson, ex gerente de Diario Hoy Benjamín; Ortiz Brenan, ex canciller de Jamil Mahuad; Abelardo Pachano de la Junta Bancaria y Fabricio Villamar, asambleísta independiente, entre otros.

En las «jornadas de peligro»

No solo eso. Ponce es criticado por su apertura a fines no académicas en “jornadas de peligro” para la democracia en Ecuador. Esto en referencia al rol de la Universidad durante las protestas de octubre de 2019. El Consejo termina la carta señalando: “La doctrina social de la Iglesia y el magisterio del Papa Francisco nos inspiran y mueven preferencialmente a estar junto a los más pobres a los descartados y vulnerados. Desde esas fronteras geográficas y existenciales hacemos academia. Renovamos nuestro compromiso por forjar un país en el que la pluralidad de pensamiento y la libertad académica sean factores primordiales para el respeto en nuestra comunidad”.

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“Debemos concentrar una fuerza ciudadana delante de las iglesias. Si es que son 200 personas ellos no van a tener la fuerza necesaria para enfrentar. Hay doy factores: la ciudadanía y la Policía, que juntos, deben enfrentar a los desadaptados (…) Hay que ubicar a los líderes, hacerles un seguimiento, pasar esa información a la Policía y entregarlos. Tómenles fotografías”, aconsejo el militar retirado.

Pazmiño confesó haber activado esta organización paramilitar desde inicios de octubre y que lo ha hecho todos los días. “Tenemos que organizarnos, buscar líderes que dirijan gente y expliquen a la gente lo que quieren hacer estos sediciosos”, dijo Pazmiño.

Indicaciones de Pazmiño

Estas reuniones apuntar a combatir desde la propia ciudadanía a la movilización social anunciada por distintos sectores populares, y que se convocó para este jueves en varias provincias del país.

Pazmiño recomendó a los participantes utilizar parlantes en las iglesias, cerrar las puertas de estos lugares y llamar a la comunidad a defenderlos. “Eso faltó en Chile, se debe anunciar que se aproxima una manifestación para motivar a los feligreses para que salgan a cuidar los templos religiosos”, dijo el militar.

El ex militar, acusado de haber colaborado para frustrar un operativo antinarcóticos, dijo que coordinó con el concejal Bernardo Abad las acciones de seguridad para “precautelar el orden en la ciudad”. Abad tiene fuertes vínculos con los grupos de derecha y es más que un simpatizante de los grupos skinheads del Ecuador.

“Estos desadaptados deben saber que estamos con la fuerza pública. Debemos organizar grupos de vigilancia, que brinden su apoyo a la policía, fuerzas de choque que puedan activarse inmediatamente, que enfrenten a los manifestantes. Si la policía y los militares están desbordados debemos apoyarlos como ciudadanos”, agregó Pazmiño.

“Los indígenas vinieron, hicieron lo que quisieron. Lo único bueno que hicieron fue dejar medio limpiando el parque del Arbolito. Ellos creen que pueden venir a Quito lo que sea e irse tranquilos”, dijo en referencia al dirigente del movimiento indígena del Cotopaxi.

Otros asistentes

Entre los asistentes a la reunión además de Pazmiño, estaban Juan Francisco León quien fungía como moderador de la reunión. El ciudadano es ingeniero comercial y en su participación indicó preocupación por la poca asistencia de personas en la sala. “Es un tema de egos a nivel de quiteño notables mi estimado coronel (a Mario Pazmiño). Creen que uno va a brillar más que otro y jóvenes”, dijo.

“Es un reto lo que usted acaba de dar, desde el mismo barrio es fregado coordinar. Hay egos de barrio y estos terroristas, subversivos saben que estamos así. Polarizados”, agregó. Otros nombres como García Moreno (probablemente un seudónimo, César Benitez, Manuel Santamaria, Daniel Ullauri, Antonia Salazar, Diego León, Erick Escobar y por supuesto Mario Pazmiño.

El acuerdo

El grupo acordó grabar los rostros de los manifestantes. “Debemos grabar el incidente, diciendo, estoy en este lugar y ojalá tener los rostros de los desadaptados. Los quiteños no permitimos que vengan a destruir la ciudad. Queremos trabajo, seguridad, justicia. Esto es lo que necesitamos”.

Las voces

“Las feninazis vinieron a Guayaquil a destruir la propiedad de los guayaquileños (…) A estas feminazis un poquito de agua las calma”.

César Benítez, grupos Provida Guayaquil

“Tenemos que detener a las hordas subversivas, no pueden sembrar la anarquía”.

Juan Francisco León Sandoval

“No van a tocar nuestros templos. Tenemos que saber cuáles son sus funetes económicas para cortarlas, porque sin dinero estos anarquistas no hacen nada. Hemos pedido a los párrafos que estén atentos y que cada iglesia con su consejo pastoral cuide los templos”.

Amparito Ecuador

“Van a venir a envenenar el agua e incendiar el sector del Batán”.

Vicky Páez

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Este día, 3 de septiembre del 2020, se celebran cien años del nacimiento de uno de los fundadores del neovanguardismo latinoamericano, el argentino León Ferrari (1920-2013).

No puede pasar desapercibida su obra; menos aún en este tiempo en que la discusión y el conflicto político envuelven con extremo despotismo nuestras anómicas sociedades.

Arte y religión

Es en este contexto donde Ferrari cobra total vigencia, al intervenir el espectro político, ideológico y religioso desde la praxis artística; irrumpiendo en los escenarios del poder hegemónico.

Una de sus obras icónicas “La civilización occidental y cristiana” (1965), consiste en una instalación tridimensional de un avión bombardero estadounidense sobre el que descansa la imagen de un Cristo crucificado.

Su referencia a los horrores de la guerra de Vietnam y el silencio cómplice de la Iglesia católica hacen que esta obra nos descubra al arte como instrumento contra la violencia de Estado y la violación de los derechos humanos, por ejemplo.

En el contexto político latinoamericano, durante los últimos años, hablamos de retrocesos cuando observamos que, en lugar de incrementar el ejercicio de los derechos fundamentales, la imbricación entre ideología, religión y capital, ha generado una regresión de todo cuanto había logrado la lucha social durante décadas de disputas.

Hasta hace treinta o cuarenta años, León Ferrari veía con preocupación esa influencia de la “civilización occidental”; como una amenaza no solamente económica sino ideológica, que ahonda posturas religiosas que atentan contra la vida, reproduciendo la guerra.

Por ello, cuánta razón tenía al afirmar que “el arte no será ni la belleza ni la novedad. El arte será la eficacia y la perturbación…”.

La censura marcó la carrera de Ferrari, censura que no ha sido ajena a varios artistas nacionales que han ido por la misma línea. Un ejemplo es el guayaquileño Hernán Zúñiga y su obra “La Adolorida de Bucay”, retirada del Salón de Julio, del municipio de Guayaquil, por pedido del alcalde León Febres Cordero.

Arte y violencia

Ferrari interpreta a la sociedad como un filtro que deja pasar algunas cosas que le son convenientes o inocuas. Mientras que otras son veladas y omitidas del espacio colectivo.

El infierno, para la Iglesia, forma parte de un esquema, donde la tortura se convierte en un hecho aleccionador. Extrae de contexto el horror de la violencia que observamos impávidos en los templos religiosos. Pero se oculta cuando se trata de la agresión de un Estado represor, de una sociedad patriarcal, o de una decisión selectiva sobre la vida y la muerte.

Esa violencia que vemos en los infiernos de la desidia, del despotismo y del poder. Es imposible no hacer una analogía entre el silencio de la Iglesia y la postura de los medios de comunicación durante los levantamientos de octubre del 2019; donde las mutilaciones, los crímenes de Estado y la violencia fueron omitidos, censurados.

También viene a la mente la contradictoria posición de ciertos grupos políticos y religiosos ante la aprobación del Código Orgánico de Salud. Grupos que se oponen a salvar la vida de una mujer en situación de riesgo obstétrico.

El arte social, entonces, se convierte en un instrumento de provocación -y por tanto de emancipación -que hunde el dedo en la llaga de un país y de una sociedad agonizante. País que prefiere observar los infiernos desde una obra de arte en la que nunca estará representado el asesino de mujeres, el sacerdote pedófilo o el político corrupto. Un infierno que tampoco mostrará los vínculos de esa misma Iglesia con el poder político y el capital.

Arte y blasfemia

A León Ferrari lo llamaron blasfemo, y en muchas ocasiones grupos religiosos irrumpieron a sus exhibiciones para destruir la obra; pero él aseguraba que, luego de ser destruida, finalmente, ésta quedaba completa.

Una interpretación de la misma violencia con la que la sociedad asume su condición: “Creo que nuestra civilización está alcanzando el más refinado grado de barbarie que registra la historia”, aseguraba.

Es muy probable que la obra estampada en una camiseta, que luciera la Ministra de Gobierno en los últimos días, se haya completado con la interpretación de toda una sociedad que vio, en ese acto de farándula, representadas la violencia, la indolencia y el infierno.

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En el dictamen, hubo agravantes por tratarse de «ministros de culto» y «responsables» del instituto donde se cometieron los delitos, además que las víctimas eran menores de edad, según informó RT. Fueron 25 hechos los encontrados en su contra y las denuncias planteadas llegaron por al menos 10 personas.

El juicio concluye después de casi 4 meses con la participación de 42 testigos.

Los antecedentes

El sacerdote Corradi Soliman, que actualmente tiene 83 años, también estuvo implicado en casos de corrupción de menores en La Plata, Argentina, e Italia y ya cumplía prisión domiciliaria.

Por su parte, Corbacho Blanck de 59 años y Gómez Bravo de 49 estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, esperando la sentencia.

Petición de penas

La Fiscalía, Inicialmente, solicitó 45 años de prision para los sacerdotes y 22 para el jardinero.

Este lunes, los sacerdotes Nicola Bruno Corradi Soliman y Horacio Hugo Corbacho Blanck, así como Armando Ramón Gómez Bravo recibieron la sentencia de 42, 45 y 18 años respectivamente, por abusar sexualmente de dos niños sordos en el Instituto Próvolo de la provincia de Mendoza, en Argentina.

En el dictamen, hubo agravantes por tratarse de «ministros de culto» y «responsables» del instituto donde se cometieron los delitos, además que las víctimas eran menores de edad, según informó RT. Fueron 25 hechos los encontrados en su contra y las denuncias planteadas llegaron por al menos 10 personas.

El juicio concluye después de casi 4 meses con la participación de 42 testigos.

Los antecedentes

El sacerdote Corradi Soliman, que actualmente tiene 83 años, también estuvo implicado en casos de corrupción de menores en La Plata, Argentina, e Italia y ya cumplía prisión domiciliaria.

Por su parte, Corbacho Blanck de 59 años y Gómez Bravo de 49 estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, esperando la sentencia.

Petición de penas

La Fiscalía, Inicialmente, solicitó 45 años de prision para los sacerdotes y 22 para el jardinero.

La ONG Xumek, en cambio, planteó 50 años para Corbacho, implicado en 16 delitos y 15 para los otros dos involucrados.

La ONG Xumek, en cambio, planteó 50 años para Corbacho, implicado en 16 delitos y 15 para los otros dos involucrados.

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