En la audiencia, el primogénito de Petro aseguró que la campaña electoral de su padre recibió dinero que no se reportó de forma debida. Además, de acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro indicó que sí recibió altas sumas de dinero de ‘El hombre Marlboro’, el hijo del Turco Hilsaca y un “empresario poderoso de Cúcuta”, informó Noticias Caracol.

Tras su decisión de colaborar con las autoridades, el juez decidirá si pone a Nicolás Petro en prisión preventiva o utiliza medidas sustitutivas. El proceso judicial en su contra es por presunto enriquecimiento ilícto y lavado de activos.

Durante la audiencia contra Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez del pasado 02 de agosto, según la Fiscalía se evidenció el derroche de dinero y el alto costo de vida de la pareja, algo que, con sus salarios, no habrían podido costear.

«Algunos datos revelados en esta audiencia son el pago de una millonaria mansión por 1.600 millones de pesos, arriendos por montos como 54 millones y 38 millones de pesos mensuales, la compra de un Mercedes Benz por 200 millones de pesos y gastos en establecimientos por 157 millones de pesos», recoge Noticias Caracol.

Sin embargo, por el momento, no hay ninguna prueba en audio o papel que vincule el dinero obtenido de manera ilegal por Nicolás Petro y su esposa a la campaña de su padre.

¿Qué dice el presidente Petro?

El presidente del vecino país ha respondido desde su cuenta de Twitter a las declaraciones de su hijo. «Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida política está en función de la justicia social y la Paz de Colombia».

Sobre un tuit de la directora de la revista Semana, Vicky Dávila acerca de que el mandatario habría sabido del ingreso de dinero ilegal a su campaña, el presidente respondió. «Esto es una mentira. Pero para irradiarla ahora varias cadenas ponen esta afirmación como algunas fuentes de la fiscalia dicen» asi propagan la mentira. Hasta el dia de hoy no hay una sola frase, o audio de meses de conversaciones grabadas en los audios de mi hijo y su exposa o en los videos que la autora tiene de todas mis reuniones privadas de la precampaña y campaña interceptadas por organismos gubernamentales sin que aparezca una sola frase que confirme este infundio».

El primer mandatario también publicó un comunicado donde expresa que ha recibido, con dolor, información de presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa y que, de darse las investigaciones correspondientes, el conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, será su representante para este caso.

Agregó que seguirá cumpliendo con la agenda presidencial. «Nadie ni nada podrá detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción; y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y compromiso por una Colombia mejor». (MIB)

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Los migrantes señalaron que los costos por trasladarse desde Sudamérica hasta EE.UU. ascienden a los USD 20 mil mediante coyoteros. El trayecto de varios días comienza por el desierto del Valle de Juárez sin comunicación alguna.

Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde octubre de 2022 a marzo de 2023, se registraron 58.845 ecuatorianos en EE.UU., es decir, cuatro de cada diez migrantes son encontrados en El Paso.

Las principales razones de migración serían la inseguridad y desempleo en Ecuador. Cientos se marchan con la esperanza de conseguir mejores posibilidades, indicó El Diario Mx.  

Los costos para salir del país ilegalmente son altos y no existen garantías de seguridad a los pasajeros. Reportes de la organización 1800-Migrante, señalaron que cerca de 148 personas desaparecieron o fallecieron en los últimos 13 años.

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«No porque sea Radio Visión o el periodista Diego Oquendo sino porque el artículo 117 de la ley lo dice con toda claridad. En un estado de derecho debe imperar la ley y no la voluntad de los particulares, ni siquiera la voluntad de los gobernantes», dijo en entrevista con Radio La Calle.

Jurado añadió que la ley dice que está prohibida toda forma de transferencia, arrendamiento, venta de una frecuencia del espectro radioeléctrico. “Las frecuencias son bienes públicos. No les pertenecen a las personas que tenían una concesión, son de todos los ecuatorianos. Tener una concesión por parte del Estado es correcto, pero está prohibido transferirlas”.

El experto dijo que al transferir más del 50% de acciones de la frecuencia, se entrega también la frecuencia, una transacción ilegal. “Radio Visión tiene el derecho de vender las acciones, pero debe devolver la frecuencia al Estado porque no puede venderla como parte de su patrimonio».

Venta de Radio Visión

El pasado 25 de julio, el periodista Diego Oquendo Silva anunció que Visión saldría del aire el 1 de agosto, ya que las acciones y la frecuencia se vendieron a Roberto Omar Machado. Así puso final a una carrera de más de medio siglo en el periodismo ecuatoriano.

Nació en Quito en 1938. Es también poeta y abogado. En su carrera trabajó en los diarios El Tiempo, donde empezó en 1965, y diario Hoy, ambos desaparecidos. También pasó por Expreso y El Universo de Guayaquil.

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Estas deudas han afectado a varios ciudadanos. CNT a través de notificaciones les pedía que cancelen las órdenes de cobro. Sin embargo, los ciudadanos aseguraron que no han contratado ningún servicio para dicho cobro.

María Gabriela Erazo es una de las afectadas por estos servicios sin un contrato previo. Según la empresa, la ciudadana tiene una deuda de USD 270 por una línea telefónica, con equipos incluidos. Según el contrato, Erazo solicitó el servicio el 28 de junio del 2007.

La ciudadana acudió en varias ocasiones a CNT, pero la respuesta siempre fue la misma. «Debe cancelar la deuda porque el servicio presuntamente contratado consta en el sistema de la entidad»

Ante la negativa de la telefónica, acudió a la Fiscalía General del Estado, organismo que el 16 de diciembre de 2021, solicitó a CNT los contratos, audios, videos y documentos que demuestren que la ciudadana adquirió un plan con la empresa.

El 23 de diciembre, la analista de post ventas masivas de CNT, Ximena Plaza, respondió a la Fiscalía. Según la analista la entidad no cuenta con el contrato, pero la deuda consta en el sistema transaccional.

Plaza argumentó que hasta el año 2015 un contrato físico no era requisito obligatorio para acceder a servicios. Esto porque así se establecía en la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992.

No obstante, este argumento no fue aceptado por la Fiscalía por lo que señaló que, al no poseer CNT un contrato físico, ni un documento que respalde la contratación de un servicio o plan por parte de la ciudadana María Gabriela Erazo, no existe deuda alguna.

Entre enero y febrero de 2022, CNT recibió 2.161 quejas por procesos de coactiva. Por tal motivo, la entidad suspendió por dos ocasiones los cobros, hasta el pasado 15 de abril.

La Fiscalía detectó 2.107 casos de suplantación de identidad ente los años 2017 y 2021.

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Big Money al mando de ‘Don Naza’, asesinado en circunstancias que todavía no se han aclarado por parte de las autoridades tampoco se salva de contar como clientes a las fuerzas del orden. 300 policías habrían entregado su dinero al exmilitar para que se duplique.

El auge de las redes sociales permitió difundir de manera más rápida y a más personas sobre las actividades de estos grupos ilegales. Esto provocó también una presión social a las autoridades. Fiscalía General investiga a Renacer, mientras que de Big Money se han conseguido bases de datos donde constan los usuarios que ingresaron a este sistema piramidal. Un juez terminó con el caso, otorgando el sobreseimiento de los cargos y medidas en contra de ‘Don Naza’, su esposa y los implicados.

Sin embargo, hace 16 años, sin redes sociales, la estafa del caso Cabrera permitió que mucha gente no pudiera recuperar su dinero. Además que, en extrañas circunstancias, militares se hicieran con los billetes que quedaban en la oficina del notario José Cabrera.

El caso Cabrera

Cuando el notario Cabrera de Machala murió de un infarto en Quito, la noticia pasó desapercibida rápidamente. Unos días después, la ciudadanía se enteraba que, durante 15 años, este funcionario manejaba una pirámide de dinero que tenía como clientes desde obreros hasta jueces, políticos y, por supuesto, militares y policías.

El notario segundo José Cabrera había estado, desde 1990, captando —en la notaría— altas sumas de dinero a cambio del pago de intereses que incluso llegaban al 10 % mensual. Es decir, si alguien entregaba $ 10.000 recibía al mes $ 1.000 solo por concepto de intereses. Muchísimo más de lo que la banca legal de cualquier parte del mundo podía ofrecer.

Entre los clientes de Cabrera estaban el ahora presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; la esposa del alcalde de Machala en 2005, Carlos Falquez, quien ahora es asambleísta provincial por el PSC. También el exministro de Defensa, Oswaldo Domínguez

Cabrera poseía USD 800 millones y 35 mil clientes. 6.000 eran militares y 560 policías. El expresidente Alfredo Palacio destituyó al alto mando militar.

Actualmente existirían más de una decena de empresas que captan dinero de forma ilegal y en la que todavía policías y militares colocan su dinero, cuando ellos debería denunciar este tipo de prácticas que van contra las leyes. El ministro del Interior, Patricio Carrillo dijo que los policías que aparecen agradeciendo sus USD 10.000 a ‘Don Dieguito’ y ‘Don Marquito’ serán sancionados. Sin embargo, no hay acciones contundentes para los uniformados que participan de estos delitos. MIB

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“Piensan que esta Asamblea es como el Congreso del pasado donde el que más grita y agrede, tiene la razón. Con sus hechos están demostrando que ya no les importa cumplir con las formas y su compromiso con el pueblo. Siguen aplicando su estrategia de desestabilización y siembran el caos en nuestro país. No les permití en el Pleno de la Asamblea. Ahora lo intentaron desde el Consejo de Administración Legislativa (CAL)”, dijo la funcionaria.

De acuerdo con Llori, los denunciantes están en contra de la ley y la Constitución.  “Quedó claro la lamentable ansia de poder y prepotencia de algunos asambleístas que quieren pescar a río revuelto. Entregaron la presidencia del CAL a un grupo de legisladores que de manera ilegal buscan una destitución sin respetar el debido proceso”.

Denuncia sin validez

Sobre la calificación de la denuncia en su contra, dijo que era ilegal y no tiene validez. “Quiero ser enfática. No he incumplido mis funciones como presidenta de la Asamblea Nacional. La denuncia no tiene sustento alguno y no cumple con los requisitos. No voy a ceder a las agendas propias ni a los caprichos políticos de ciertas bancadas.

El CAL calificó la denuncia del asambleísta Esteban Torres tras más de una hora de debate por un problema en la firma del legislador denunciante. La resolución solicita que la presidenta de la Asamblea convoque de forma inmediata a sesión del Pleno para conformar una comisión multipartidista para evaluar si Llori incumplió sus funciones tras no acatar en dos ocasiones el pedido de apelación a la presidencia. MIB

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En primera instancia, el Proyecto de ley no cumple con la legalidad y constitucionalidad, por lo tanto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debería devolver al ejecutivo, viola el art. 136 de la constitución, el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y varios fallos de la corte constitucional.

Borja menciona que hay inconsistencias entre los objetivos a alcanzar y los instrumentos. Son normas que benefician a una minoría del menos del 1 % de los ecuatorianos, implica regresar a momentos inéditos de la historia, por ejemplo, con el art. 70 se altera el esquema laboral empleado y empleador.

Decisiones para los privilegiados

El gobierno está apurado en aumentar los beneficios para un sector minúsculo, porque se le puede acabar capital político.  Este proyecto es incendiario, las modificaciones tributarias en contra de los trabajadores son graves. Una persona que gana USD. 2000, con el actual esquema no paga impuestos, pasaría a pagar USD. 800 de impuestos anuales. Es un golpe a la base social del propio gobierno.

En cuanto al impuesto a la renta lo que se hace es disminuir la posibilidad de deducción de gastos, para Borja es absurdo desde el concepto, la renta es la diferencia entre el ingreso y los gastos, si usted tiene USD. 1000 de ingresos y USD. 800 de gastos la renta es de USD. 200, y sobre esto se debería tributar, pero, ahora se tributa sobre el ingreso (USD. 1000) y le dan créditos tributarios, que es sobre el 10 o 20% de su gasto total, colocando un tope al gasto, un aproximado de 7 canastas básicas, en números redondos USD.  5000 al año, el 10% es USD. 500. Baja de USD. 14500 de gastos que se podía deducir en el anterior esquema a USD. 500 máximo que se deducen en el actual esquema.

Con este dinero el gobierno quiere cubrir pagos de laudos arbitrales y deudas externas. El beneficiado no es el pueblo.

Soluciones factibles

Los grandes beneficiarios son los ultras ricos, en la tabla tributaria no se topan las grandes fortunas. Si se gravará a empresas que evaden los impuestos o que llevan capital a paraísos fiscales, se obtendría un incrementó para el fisco, y ahí sí estaríamos hablando de solidaridad, el que más tiene más paga, esa minoría está intocada, indicó Borja.

El art.70 y el 75 pueden ser el foco, pero dejamos de lado otros artículos. El decreto 95, habla de modificar el esquema de contratación, cambiar a contratos de participación de los servicios que hay ahora, CREO apoyó la ley mal llamada de Fomento Productivo donde las trasnacionales se quedan con el 87,5% y apenas el 12,5% va al estado. El esquema “productivo” de Lasso, de 500 mil barriles diarios a un millón diarios, no le beneficia en nada al estado, pues las trasnacionales se quedan con casi el 88%.

Borja finalmente hace un llamado a los bloques de Pachakutik, UNES, Izquierda Democrática para evitar que la ley pase como un “trole”. Los beneficios son minúsculos con respecto a los perjuicios. Hay que tratar cada tema, enviar leyes urgentes sobre temas laborales y si no se aprueba, vamos a la consulta popular para ver si los ecuatorianos quieren regresar a la esclavitud.

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